“Estamos peor que en los 90”

La Vaca
 
Entrevista a Claudio Lozano
 
El economista de la Central de Trabajadores Argentinos fue uno de los mayores críticos al modelo neoliberal que tiñó la década pasada. Asumió como diputado nacional en diciembre de 2003, tras integrar una lista que promovía el kirchnerismo. Ahora, convertido en un crítico del modelo K, cuestiona la mirada optimista que existe sobre la política oficial. Argumenta que no hubo cambios estructurales y que si bien la economía nacional ya produce más que en el 98, los índices de desempleo y pobreza son mayores que entonces. Lo que descendió –dice- es el ingreso promedio de los argentinos. Señala que lejos de achicarse la brecha entre ricos y pobres, la distribución de la riqueza profundiza su regresión. “El derrame tiende a agotarse, lo mejor ya pasó”, pronostica. Diagnostica que “el modelo vigente es un modelo hacia afuera, de colocación de naturaleza barata en el mercado mundial”. Pero además de trazar una radiografía de la situación actual, Lozano propone soluciones. Asegura que el Gobierno, sin realizar cambio alguno, está en condiciones de otorgar, de manera inmediata, un ingreso universal para todos los niños que les permitiría a cinco millones de personas salir de los niveles de pobreza. ¿Por qué no se implementa? También ofrece una respuesta.

-Los diarios nos reciben cada mañana con una nueva noticia sobre la mejoría económica, ¿qué tan bien estamos según su análisis?

-Por lo general la visión vulgar del debate económico suele presentar diferencias entre ciclos recesivos y ciclos de expansión. Pero el modo en que se distribuye esa carga recesiva o los beneficios del crecimiento quedan, en general, fueran del análisis. Efectivamente, acá hay una diferencia. Argentina vive una etapa de recuperación económica que es diferente en su dinámica al proceso de fuerte caída que tuvo desde mediados de 1998 hasta mediados de 2002. En ese período, la Argentina cayó 20 puntos, que son casualmente los que está recuperando a tasas aceleradas en los últimos tres años. Ahora estamos apenas un poco por encima del nivel de actividad económica de 1998. Pero esta visión deja afuera las condiciones de organización misma de la economía. El colapso de la convertibilidad y la devaluación cambiaron el esquema de negocios de la Argentina sin que se haya alterado su régimen de alta concentración, sin que se haya alterado el patrón distributivo de profunda regresividad, sin que se observen cambios sustantivos en el modo de intervención del Estado y sin que haya diferencias sustantivas en el tipo de inserción que el país tiene en términos productivos y financieras en la economía mundial. Los basamentos estructurales de la experiencia que la Argentina vivió en los últimos 30 años siguen intactos. Lo único que cambió tras la devaluación, fue el régimen de negocios.

¿Qué cambió y qué sigue igual?

-En la etapa pasada los negocios principales y de mayor rentabilidad eran los vinculados a la especulación financiera o a las áreas de servicios privatizadas y, consecuentemente, los niveles de rentabilidad de actividades productivas eran menores. En la etapa actual, la renta que obtienen las actividades productivas son mayores, y la de las áreas vinculadas a los servicios de las áreas privatizadas son menores que antes. Pero el hecho de que haya un cambio en el esquema de negocios sin modificación en los basamentos más estructurales determina algunas cosas: si bien se recuperó el nivel de actividad económica, llegando a los niveles del 98, la recuperación en términos sociales es más lenta. Lo que parece observarse es que la Argentina termina de organizar un esquema económico después de la devaluación que se sostiene en condiciones de mayor explotación de la fuerza de trabajo y de mayor pauperización que los que dominaron las condiciones de funcionamiento de los 90.

¿En base a qué datos saca estas conclusiones?

-Ejemplo: la Argentina tiene mayores niveles de actividad económica que en el año 98, pero cuenta con una tasa de desocupación superior a la que existía en aquel momento. En el 98, la desocupación estaba en el orden del 11 por ciento. Hoy, incluyendo, a los que perciben planes, la Argentina está en el orden del 13 por ciento. Y el ingreso promedio de los argentinos actualmente es inferior al que había entonces: está un 25 por ciento por debajo de aquel momento. Hay otra relación muy importante, que ha cambiado y es muy determinante: la relación entre el ingreso promedio y el nivel necesario para que un hogar tipo no sea pobre. En la Argentina actual, el ingreso promedio está aproximadamente 10 puntos por debajo de lo que necesita un hogar para ser pobre. En el 98, el ingreso promedio estaba 34 por ciento por encima de lo que necesitaba un hogar para no ser pobre. En aquel momento había 10 millones de pobres, hoy existen 15 millones.

Ya me lo imagino a Néstor Kirchner confrontando con usted, diciendo: "Esos son los que dicen que con Menem estábamos mejor…".

-Lo que hay que hacer es entender la realidad. La situación social argentina no se construyó de un día para otro. Fue el resultado de una etapa de reestructuración de la economía que implicó el predominio de la actividad financiera en desmedro de lo productivo. Implicó también cambios distributivos importantes. Pero el modo de construirse fue a través de distintas crisis: hubo una en el 76/77, que fue el momento de instalación del proyecto regresivo de la dictadura, hubo una nueva crisis en el 82, otra en el 89, una en el 94/95 y la última en 98/2002. Cada crisis lo que nos demuestra es que luego de su pico se instituye un plan de relativa normalidad que siempre es mejor al momento propio de la crisis. Por lo tanto si uno compara el modelo de la tablita cambiaria de (José Alfredo) Martínez de Hoz del 78 al 81 va a encontrarse con situaciones, en términos relativos, mejores que las que caracterizaban el período de la crisis 75/76. Ahora lo que lo no sucedió nunca es que se volviera a los niveles previos a la crisis. Y esto pasó en todos los casos.

¿Y qué perspectivas ve ahora de que se vuelva a los niveles previos a la crisis?

-Lo que uno observa no es alentador. Porque si uno hoy tiene niveles de actividad superiores a los del año 98, no es lógico que tenga mayor tasa de desempleo, debería tener menor. La lógica sobre la cual se organiza la salida productiva y exportadora de la Argentina actual se sostiene en mayor explotación de la fuerza de trabajo y mayor empobrecimiento de la sociedad. Es cierto que estamos mejor que en 2002. Pero también es cierto que estamos peor que en los 90. Y no es claro que la cosa mejore. Si vamos al patrón distributivo, hoy tenemos en términos de participación del total del PBI, que los que están ocupados y no son patrones reciben 5 ó 6 puntos por debajo de lo que recibían en 2001. Y si bien hubo una pequeña recomposición en 2003, lo cierto es que en 2004 y 2005 se agudizó la desigualdad. Da la sensación que se estabiliza un nuevo piso de pobreza: si en los 90 la pobreza estaba en el orden del 25 por ciento, ahora da la sensación es que ese piso estará por arriba del 35 por ciento, sino el 40. Porque digo esto: porque cada vez hay más datos que indican que el crecimiento tiene un menor derrame.

¿A qué datos se refiere?

-El nivel de empleo que genera cada punto de crecimiento de la economía, cada vez es menor. La economía generó mucho empleo en 2003, la mitad en 2004 y la mitad de la mitad en 2005. La economía creció en los últimos tres años casi al 9 por ciento cada período. Entonces, ese mismo 9 por ciento cada año genera menos empleo. El segundo elemento es que la composición del empleo no se ha alterado: sigue repartiéndose por mitades entre empleo formal y empleo ilegal o informal y estos últimos tienen un menor nivel de ingreso. El tercer dato es que el empleo en blanco que se genera -que es el que se propagandiza- tiene niveles salariales inferiores a los históricos. La persona que ingresa hoy a un trabajo no lo hace con el promedio salarial de los trabajadores que ya están en el mercado, sino por debajo. Estos tres elementos indican que el derrame tiende a agotarse, por eso cada vez es menos lo que bajan la pobreza, la indigencia y el desempleo. Además, hay otro tema importante: la capacidad de sostener esta tasa de crecimiento, que depende del volumen de inversión. Con una inversión que está en el orden del 20 por ciento del PBI no parece posible sostenerla. Hasta ahora eso se logró porque hubo una ganancia de productividad muy grande sobre la base de la capacidad instalada. Pero, en verdad, lo que se invierte es de carácter marginal. Eso se advierte cuando se mira la composición de la inversión. El 60 o 65 por ciento proviene de la construcción, se vincula al boom inmobiliario residencial y privado, que es una de las actividades que en el modelo vigente tiene niveles importantes. Pero esto nos reenvía a lo que dije antes: el boom inmobiliario tiene que ver con la distribución del ingreso. Porque con una distribución profundamente injusta como tiene la Argentina, el patrón del mercado interno está basado en el consumo de los segmentos altos de la población. Los dos sectores que están funcionando son el de la construcción residencial y el automotriz. La construcción residencial tiene límites en términos de inversión reproductiva y la industria automotriz, en realidad, es una armaduría, porque los autos se traen en forma completa del exterior o se fabrican con una elevada proporción de componentes importados.

¿Cómo definiría al modelo K?

– El modelo vigente es un modelo hacia afuera, de colocación de naturaleza barata en el mercado mundial. El patrón de exportaciones no tiene diferencias respecto al anterior a la crisis. La devaluación no ha modificado el perfil exportador en términos de agregación de valor. Y, en segundo lugar, es un modelo hacia arriba, en el sentido de atender las demandas de los sectores más acomodados de la población. El modelo se sostiene orgánicamente en una distribución más regresiva. Sobre este esquema se construye la ideología desarrollista el gobierno actual. Todas sus políticas tienen como único objetivo ver cómo se sostiene la tasa de inversión. El gobierno no ha tomado como eje el tema de la distribución del ingreso.

¿Se anima a enunciar medidas concretas que permitan una mejor distribución de la riqueza?

-Lo primero que hay que entender es que una economía con alto nivel de concentración, con una fuerte desindustrialización y con un mercado informal tan grande, solo reproduce desigualdad si uno la deja funcionar sin producir intervenciones específicas. Así las cosas, la economía puede crecer pero de manera desigual. Y para modificar eso hay que actuar en todas las áreas. Si existe un mercado formal que representa sólo el 30 por ciento del mercado laboral, lo que hay que pensar son políticas de carácter universal. Si el Gobierno fija el salario mínimo y cree que de esa manera se le pone un piso al mercado laboral, se equivoca. Porque en realidad el salario mínimo tiene que ver con los trabajadores privados que están en blanco y con los trabajadores del sector público a nivel nacional. Pero deja afuera a los desocupados, a los que están en negro, a los trabajadores de los estados provinciales que están en blanco (que no se rigen por el salario mínimo). En consecuencia, el verdadero salario mínimo no son los 630 pesos que se fijaran por última vez, sino que son los 150 del plan Jefas y Jefes o los 225 pesos del plan Familias, según el último anuncio Lo que uno tiene que tener es una estrategia de transferencia de ingresos que le llegue al conjunto de la población. El FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza) había planteado un programa que planteaba un seguro de desempleo y formación para el desocupado y se completaba con una asignación universal para todos los pibes y una jubilación universal para todos los mayores sin cobertura. El seguro de empleo y formación más la asignación universal permitían a los hogares estar por encima de la línea de pobreza. Un estado debería garantizar que nadie se ubicara por debajo.

El posibilismo político dice que eso es sólo una utopía

-Objetivamente, la Argentina tiene condiciones para hacerlo. Basta observar el producto, la generación de riqueza anual, y lo que consumen los hogares. El total que consumen los argentinos equivale a la compra de canastas básicas para que 120 millones de personas no sean pobres. Si tenemos 15 millones de pobres es porque mientras que algunos se quedan con muchas canastas otros no tienen ninguna. Lo que se requiere es un tipo de intervención que replantee la transferencia de ingresos. Y si se cambia la distribución, cambia la demanda. Ya no tendrías demanda sostenida por el sector de altos ingresos sino por los sectores populares. Esto, a su vez, cambia el perfil de producción.

Concretamente, ¿de dónde obtendría los recursos económicos para la asignación universal?

-De los recursos fiscales que se disponen. Si uno hace números, el Estado estaría -aún después de haberle pagado la deuda al Fondo-, con niveles de recaudación suficientes para pagar inmediatamente 70 pesos por pibe y garantizar la ayuda escolar anual de 130 pesos. Estas dos cosas hoy tendrían un impacto muy significativo: cinco millones de personas dejarían de estar por debajo de la línea de pobreza o de indigencia. Si encima el Estado pusiera en marcha alguna estrategia de reconstrucción de su capacidad financiera, poniendo en marcha una reforma impositiva, los logros podrían ser mayores. Pero el gobierno ha clausurado esa discusión. Ya lo había clausurado (el ex ministro Roberto) Lavagna y ahora que aparecieron versiones de que la nueva ministra, Felisa Micelli, quería hacer algo, fue el mismo Presidente que dijo que ni había que hablar del tema. Si hubiera una reforma impositiva se recaudaría más: la Argentina recauda mal y poco.

¿Por qué?

– La Argentina recauda 26 ó 27 puntos mientras que Brasil recauda 35 puntos. Y recauda poco porque lo hace mal. La carga impositiva está formulada en base a impuestos sobre el consumo, que tienden a gravar a los sectores medios y de menores ingresos. Hay un escaso peso sobre las rentas. El impuesto a las ganancias mantiene exenciones a los pagos de dividendos en las sociedades, al cobro de alquileres, a las rentas financieras, a la compra-venta de títulos. Y todo esto con independencia de la fuerte fuga que hay vinculada con la ausencia de articulación entre la administración tributaria nacional y las administraciones tributarias provinciales. Porque la verdad es que es muy difícil cobrar ganancias o bienes personales a nivel nacional sin vincularlo con lo que las provincias cobran en términos de inmobiliario urbano o rural, o automotriz. La ausencia de coordinación implica que no haya un padrón único de grandes contribuyentes. Hay más elementos, como la reforma previsional. Hoy existe una cantidad de fondos que se transfiere de los trabajadores en actividad a las administradoras de fondos de jubilación y pensión, un régimen que no resuelve el sistema previsional. Si se retomara el sistema público, se recuperarían 7.000 millones por año. También se podría restituir las contribuciones patronales a los niveles que tenían en 1993. En ese momento se modificaron con el argumento de que el dólar estaba 1 a 1, pero estamos 3 a 1. Si se quiere, esto podría hacerse exceptuando a las pequeñas empresas. Todas estas reformas implicarían recursos múltiples, sin pensar si quiera en el uso de las reservas.

¿Por qué razón, entonces, un gobierno que podría pasar a la historia por terminar con la pobreza no toma este tipo de medidas?

-Hay dos razones por las que nunca se llevan adelante las políticas de carácter universal. La primera es porque la universalidad pone en cuestión a buena parte del sistema político argentino. El hecho de que uno no tenga recursos para el conjunto de los pobres hace necesaria algún tipo de intermediación para cubrirlos monetariamente. Esto implica que hay alguien que dice "este recibe y este no". Eso ha construido una parte relevante de lo que son las practicas clientelistas del sistema político actual. El primer punto de confrontación de las políticas de universalidad es que rompen las prácticas políticas que caracterizan a los partidos dominantes. El plan Jefas y Jefes llegó a tener mas de dos millones de beneficiaros, de los cuales 250 mil era manejados por organizaciones sociales. El resto lo entregaba el Estado provincial o municipal. El segundo tema es que si yo garantizo un piso de ingresos para las familias postergas equivalente a los niveles de pobreza, le pongo un piso más alto al mercado laboral y potencio la capacidad de discusión de los trabajadores ocupados. Consecuentemente, pongo en discusión las ganancias extraordinarias de las principales empresas del país. Implica también una confrontación con la estructura económica actual.

¿Cuándo se habla de la nueva política no se plantea terminar con estas prácticas?

-Actualmente no hay una estrategia para desbordar el sistema político tradicional, solo existe un cambio en la organización de los actores: desaparecen algunos cacicazgos pero se mantienen otros. Hay una renovación de carácter generacional de estructuras pre-existentes. Puede perder poder (Eduardo) Duhalde, pero dentro del kirchnerismo hay un montón de duhaldistas y hasta menemistas. Además, como en esta lógica desarrollista se cree que si las principales empresas invierten se genera empleo y se resuelven los problemas, se percibe de una manera negativa presionar sobre la rentabilidad de las empresas. Y esto, desde una interpretación benigna. Desde una mirada maligna se podría decir que hay más intención de preservar los ingresos de las empresas que a mejorar la situación de la gente.

Sin embargo, hoy no se escuchan en vos alta discursos que defiendan intereses empresariales. Al menos de manera tan obscena como en los 90.

-A partir 2001 hay un punto de inflexión en la vida política argentina. La sociedad fue capaz de cuestionar la experiencia política del neoliberalismo, pero tuvo como límite no haber sido capaz de construir una fuerza política que permita sostener un proceso de transformación. Esa etapa política existe y se expresa en algunas cosas: hoy, por ejemplo, el discurso legítimo para esta sociedad tiene que confrontar con lo que pasó en los 90. Y ese discurso, que tiene límites, se pudo sostener hasta ahora porque la transformación económica ha sido muy fuerte respecto al momento propio de la crisis. Naturalmente hay una visión de que se está mejor respecto al 2002, pero lo que va a empezar a discutirse ahora es "cómo es esto de que estoy peor que hace cinco años". Porque ahora hay una política de contener la inflación, pero el principal sustento es anclar los ingresos de la gente. Si los precios no tienen que subir más que un uno por ciento mensual, los salarios ¿cuánto suben?. Porque si siguen igual, no se recuperan. En el 2005, una porción muy chica, el 6 ó el 7 por ciento de la fuerza de trabajo creció por encima de la inflación en promedio. Los trabajadores en negro, los trabajadores públicos, los que cobran planes crecieron por debajo de la tasa de inflación. Acá lo que va a empezar a notarse es que no se plantea una solución a la distribución del ingreso. Las estadísticas del INDEC son una señal, y el rechazo del Gobierno a esa metodología -que es la misma que se utilizaba hasta el mes anterior-, también. La brecha entre el 10 por ciento más rico de la población y el 10 por ciento más pobre se expandió a 31 veces. Lo mejor ya pasó, lo que viene ahora es una desaceleración de la tasa de crecimiento. Se crecerá menos, con derrame inferior.

¿Esa puja distributiva es la que motiva una mayor conflictividad gremial en relación con los 90?

– Hay un desplazamiento en el eje del conflicto. Antes estaba situado en quienes resistían el cierre de fuentes de trabajo, o se materializaba en un ámbito territorial a través de quienes habían quedado excluidos. Ahora lo que hay es una pelea por la distribución, y lo dominante del conflicto aparece en el ámbito gremial. Ahí aparece otro tema donde el gobierno tiene grandes contradicciones. Si quiero profundizar un proceso de distribución de ingreso necesito actores con capacidad de disputar en todos los lugares. Pero el problema que existe es que hay límites precisos a la actividad sindical. Más allá de las estructuras existentes, una tendencia muy fuerte de los grandes establecimientos, consiste en no permitir la organización de los trabajadores. Si alguien entra a Coca Cola, en Barracas, te hacen firmar la renuncia, que se ejecuta en el mismo momento que participas de una actividad gremial. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque la presión que existe con una tasa de desempleo del 13 por ciento es lo suficientemente significativa para que el trabajador lo acepte. Esto también determina que las grandes empresas, que son las que mejor pagan, tienen también la mayor tasa de explotación laboral. Si uno compara lo que percibe un trabajador en relación con la productividad de una empresa, la diferencia es brutal. La tasa de explotación es altísima, porque el resto del mercado laboral le fija un piso de discusión muy baja.

2 comentarios en ““Estamos peor que en los 90”

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