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¿Dónde está la información del Ejército sobre detenidos-desaparecidos?

Página 12
 

Explicar lo inexplicable

Las cintas informáticas con los datos sobre detenidos-desaparecidos desaparecieron de la Jefatura de Inteligencia del Ejército. Un acta dice que fueron destruidas por obsoletas en 2002. Pero hay más dudas que certezas.

 

 

Por Horacio Verbitsky

Las 253 cintas de carrete abierto informático en las que se almacenó toda la información sobre las personas detenidas-desaparecidas durante la última dictadura militar fueron destruidas en la Jefatura de Inteligencia del Ejército, durante la gestión del senador Eduardo Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo, cuando Horacio Jaunarena era ministro de Defensa y Ricardo Brinzoni Jefe de Estado Mayor del Ejército. Esto habría ocurrido el 7 de agosto de 2002 si se diera crédito a un acta que el Ejército entregó a la Justicia para explicar la inexplicable desaparición de ese material. Según el acta, esas cintas serían incompatibles con la actual tecnología y la “destrucción física y baja definitiva” de ese material se habría ordenado “por obsoleto, anticuado y caído en desuso”. Sin embargo, la misma acta “deja fehaciente constancia de que dicho material carece totalmente de información, datos y/o registro de toda índole”, afirmación que contradice su presunta obsolescencia. Esto hace sospechar sobre la falsedad ideológica del Acta, entregada por el Ejército al juez federal Guillermo Montenegro, quien el mes pasado allanó la jefatura del Estado Mayor y constató que el material había desaparecido del lugar de almacenamiento. Si el material ha caído en desuso, ¿cómo es posible afirmar que no había en él información útil?

La pista original me fue suministrada por un político que desempeñó funciones públicas en todos los gobiernos habidos desde 1980, quien a su vez la había recibido de alguien con manifiesto conocimiento interno sobre los lugares y los mecanismos de la inteligencia castrense. El 19 de enero de 1999, luego de una verificación preliminar que acreditó la calidad de la fuente y la verosimilitud de lo que afirmaba, puse los datos en conocimiento del juez federal Adolfo Bagnasco, quien instruía la causa Nicolaides, por el robo de bebés. El fiscal Miguel Angel Osorio requirió el allanamiento y Bagnasco lo ordenó. De acuerdo con las precisas indicaciones del plano trazado por el informante, la comisión judicial llegó sin error ni vacilación a una oficina del séptimo piso del bunker castrense de Paseo Colón. Resultó ser nada menos que la cintoteca informática de la Jefatura de Inteligencia del Ejército. De acuerdo con la denuncia, la información sobre la guerra sucia estaba contenida en una serie de rollos de computadora Bull, una tecnología francesa que el Ejército usaba en aquellos años pero que ha abandonado. En el allanamiento fue posible establecer que los datos originados en ese soporte magnético habían sido comprimidos, encriptados y transferidos a discos de otras tecnologías más modernas. A pedido del Ejército, que adujo consideraciones de defensa nacional, Bagnasco no secuestró el material sino que lo reservó en la misma oficina en la que había sido hallado y ordenó su peritaje a la Policía Federal. Sin las claves, que el Ejército jamás suministró, no fue posible identificar los discos a los cuales se habían transferido los datos originales. También fracasó el intento de abrir archivos para constatar su contenido. El juez no ordenó el secuestro del material ni solicitó la colaboración de especialistas nacionales o extranjeros para quebrar los códigos secretos.

La segunda desaparición

Luego de la renuncia de Bagnasco, Montenegro obtuvo por concurso ante el Consejo de la Magistratura la designación en el juzgado federal 7. Al revisar el expediente del robo de bebés descubrió que Bagnasco no había dado ninguna indicación acerca del procedimiento a seguir con el material que dejó en manos del Ejército. El mes pasado, Montenegro allanó nuevamente el Estado Mayor y con el mismo plano llegó hasta el mismo lugar. Pero la sala estaba vacía. El actual jefe de Estado Mayor, Roberto Bendini, le dijo que el material había sido destruido. Montenegro le reclamó el acta de destrucción que prevén los reglamentos militares y Bendini, se la envió. En realidad son dos actas: una de noviembre de 2000, en la que el entonces jefe de Sistemas y Comunicaciones de la jefatura de inteligencia, coronel Esteban Guillermo Carlucci, rompió la faja y levantó la clausura de la cintoteca; la otra, del 7 de agosto de 2002, que da cuenta de la presunta destrucción del material. La firman el coronel Adalberto Alfonso y el mayor Gastón Irigoyen, como jefe y subjefe del Departamento de Sistemas y Comunicaciones; el suboficial Juan D. Bazán, como supervisor de la Cintoteca; el agente civil de inteligencia Norberto A. Gómez, como encargado de la Cintoteca; y los agentes civiles de Inteligencia Manuel Llerena y Dante E. Razzani, como supuestos encargados de la destrucción del material. El acta no dice de qué modo se habría consumado. No sería superfluo que el juez Montenegro investigara si las afirmaciones del Acta coinciden con la realidad o constituyen la segunda desaparición de los desaparecidos por parte de una estructura más resistente de lo que desearía el Gobierno nacional a dejar atrás la sombra de Videla, Viola, Galtieri y Bignone.

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Rel. Internacionales

Chile: multitudinaria protesta estudiantil

La Nación
 
Primera crisis en la gestión de Bachelet: exigen en las calles reformas al sistema educativo

 
Hubo choques con la policía, 14 heridos y 509 detenidos; 600.000 jóvenes se movilizaron y paralizaron las clases en el país
 
 

SANTIAGO, Chile- Una violenta jornada de protesta estudiantil concluyó ayer en Chile con 14 heridos y por lo menos 509 detenidos, en la primera gran crisis que enfrenta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a menos de tres meses de asumir.

En la mayor huelga nacional que afecta al sector educativo de los últimos 30 años en Chile, unos 600.000 estudiantes secundarios de todo el país, respaldados por universitarios, políticos y ciudadanos en general, paralizaron ayer sus clases para exigir reformas al sistema educativo, al que consideran "clasista", elevar la calidad de la enseñanza y eliminar la brecha social entre colegios privados y públicos.

La mayoría acató el llamado de sus dirigentes y protestó en el interior de sus escuelas, pero algunos miles salieron a la calle en Santiago y en lugares distantes entre sí, como Valparaíso, Copiapó y Punta Arenas, en el extremo sur. Aunque los líderes juveniles anunciaron que su movilización sería pacífica, alumnos de colegios secundarios chocaron con la policía en diferentes zonas de Santiago y en otras ciudades. Los choques se iniciaron cuando los estudiantes intentaron marchar desde la Universidad Nacional de Chile hasta el Ministerio de Educación, vecino al palacio presidencial de La Moneda. La policía intentó detener la marcha con carros hidrantes y disparos de gases lacrimógenos, pero los estudiantes lograron replegarse y rompieron el cerco policial.

La jornada de paro había sido ratificada anteayer después de que fracasara la mesa de diálogo de las autoridades con los estudiantes, quienes la abandonaron indignados, entre otros motivos, por la ausencia en la negociación del ministro de Educación, Martín Zilic. Ayer, el ministro, junto con otros representantes del gobierno, se reunió con 25 dirigentes estudiantiles para examinar las demandas de los alumnos, pero no llegaron a un acuerdo. La negociación continuará hoy.

Mientras se desarrollaba el diálogo en la Biblioteca Nacional, en el centro de Santiago, en las afueras del recinto, cientos de manifestantes se enfrentaron en una batalla campal con la policía, que sólo cesó al concluir la reunión. La intendencia de Santiago informó que en la capital los incidentes dejaron 509 detenidos, según un balance provisional. Entre los heridos por pedradas y golpes figuran nueve policías, dos camarógrafos, un fotógrafo y por lo menos dos estudiantes, señaló el informe.

Secundarios movilizados

Los jóvenes, cuyas edades van de los 14 a los 17 años, empezaron con protestas callejeras hace un mes para pedir pases escolares gratuitos en el transporte público y de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que deben rendir para ingresar en la enseñanza superior y que cuesta unos 50 dólares. Al no obtener respuesta por parte del gobierno, aumentaron sus demandas: más raciones alimentarias y cambios a la jornada escolar completa, aunque su principal solicitud se centra en cambios de fondo a la ley orgánica constitucional de enseñanza (LOCE), que fue firmada por el ex dictador Augusto Pinochet el día anterior a dejar el poder en 1990, la que entregó la responsabilidad de la educación a las municipalidades, algunas de ellas con abundantes recursos económicos y otras muy pobres. Hasta ese día las escuelas en Chile estaban a cargo del Estado.

El dirigente estudiantil Javier Romero dijo que los estudiantes quieren que "el Estado sea el único garante y administrador de la educación pública; sólo así se dará una mayor igualdad", agregó. El sistema educativo chileno se caracteriza por ofrecer una mejor enseñanza a quienes pueden pagarla.

La LOCE estableció la libertad de la libre empresa por sobre el derecho a la enseñanza, según los expertos. Empresarios particulares crean escuelas, cobran a los padres y a la vez reciben una subvención estatal por cada estudiante inscripto. Los estudiantes piensan que esto incide en la calidad de la educación, pues lo que prima es la búsqueda del beneficio económico.

Varios colegios particulares se adhirieron al paro en solidaridad con las protestas, incluso la escuela privada La Girouette, donde estudia la hija menor de Bachelet, Sofía. La presidenta dijo el lunes que su gobierno trabajará para que "la educación en Chile sea cada día mejor". Y agregó: "Que nadie se equivoque, esta presidenta se la va a jugar por la educación".

Agencias AFP, AP, Reuters y DPA

 
 
 
 
 
 
 
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Rel. Internacionales

EE.UU. movilizó tropas de Kuwait para frenar la violencia en Irak

La NaCión
 
El Pentágono desplazó 1500 soldados para restablecer el orden en una provincia

 
BAGDAD.- El Pentágono destacó 1500 soldados más en Irak para restablecer el orden en la provincia occidental de Al-Anbar, mientras aumenta también el temor a una guerra civil en el sur del país.

La escalada de violencia en Al-Anbar, dominada por los sunnitas, llevó a Estados Unidos a movilizar dos batallones adicionales desde Kuwait, según informó el vocero del Pentágono, Bryan Whitman.

La decisión parece alejar un poco más las perspectivas de una reducción importante de las tropas norteamericanas este año en Irak, donde actualmente hay destacados unos 135.000 soldados estadounidenses.

La coalición trata especialmente de retomar el control de la ciudad sunnita rebelde de Ramadi, capital de la provincia de Al-Anbar y considerada "la ciudad más violenta de Irak", donde se sospecha que los insurgentes de Al-Qaeda son los autores de una ola de asesinatos de soldados estadounidenses.

La violencia también va en aumento en el sur del país, donde se teme que las pugnas entre facciones chiitas por los yacimientos petrolíferos desencadene una guerra civil.

La seguridad se deterioró especialmente en Basora, donde facciones rivales de la mayoría chiita luchan por una porción del poder que ostentan tras el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein, en el que dominaban los sunnitas.

"La situación en Basora se está volviendo crecientemente tensa", dijo anteayer un funcionario del gobierno iraquí. "Podría convertirse en un conflicto armado abierto entre los grupos chiitas si no se resuelve", agregó.

Sin embargo, los atentados se repiten a diario en todo el país, donde ayer dejaron por lo menos 54 muertos y 120 heridos, en la jornada más sangrienta de las últimas semanas.

Los ataques más graves se produjeron contra un popular mercado en Al Husseiniya -unos 30 kilómetros al nordeste de Bagdad-, en la ciudad de Hilla -100 kilómetros al sur de la capital- y en una panadería de Bagdad.

Anteayer, otra ola de ataques había dejado 50 muertos, entre ellos dos empleados de la cadena de noticias estadounidense CBS que fallecieron en Bagdad. La corresponsal de la CBS Kimberly Dozier, que se encontraba con ellos y resultó gravemente herida, fue trasladada ayer a un hospital militar estadounidense en Alemania, donde será sometida a varias operaciones.

El coronel W. Bryan Gamble dijo que Dozier respondió a los estímulos durante el vuelo, abrió sus ojos y movió los dedos de los pies cuando fue transferida, aunque es demasiado pronto para conjeturar sobre su recuperación.

Agencias DPA, AFP, ANSA y Reuters

La UE anula la entrega de datos

  • LUXEMBURGO (AFP).- La Corte Europea de Justicia (CEJ), la máxima autoridad del continente, anuló ayer la decisión de la Unión Europea (UE) de transferir a Estados Unidos datos personales de pasajeros a través de compañías aéreas, una medida tomada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La CEJ otorgó un plazo hasta el 30 de septiembre próximo para que ambas partes renegocien una nueva base jurídica para el acuerdo, al considerarse ahora como inadecuada la protección de esos datos -número de teléfono del pasajero, dirección electrónica, número de tarjeta de crédito- por parte de Estados Unidos.
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Rel. Internacionales

Colombia: los desplazados, otro desafío para Uribe

La Nación
 
Son casi dos millones

 
Dejaron su hogar por la violencia
 
BOGOTA.- Se los puede ver junto a los semáforos vendiendo golosinas y chucherías o pidiendo limosna. También en centros de atención de indigentes o mientras tramitan subsidios en organismos públicos: son los desplazados por la acción de la guerrilla y los paramilitares en Colombia, testigos mudos y aterrorizados de la violencia.

Pero en cierto modo son invisibles. Si bien existe algún tipo de asistencia humanitaria para ellos, el Estado colombiano no logró aún resarcirlos del todo por su sufrimiento.

Muchos, de hecho, buscan ser invisibles. Están amenazados y temen que el largo brazo de los ejércitos irregulares los pueda encontrar aún en la ciudad. Su drama está en aumento. Solucionarlo constituirá un desafío de grandes proporciones para el segundo mandato del presidente Alvaro Uribe, reelegido anteayer. Los organismos públicos bogotanos reciben unas 300 declaraciones por semana de nuevos grupos de familia, el doble del primer trimestre del año pasado.

Actualmente, 42 familias resultan desplazadas por la fuerza cada semana, 162 por mes. En total, son 1,7 millones en todo el país, de acuerdo con las cifras del gobierno, y 2,5 millones según las Naciones Unidas, en este país de 43 millones de habitantes.

"La situación va más allá de las cifras. Refleja una grave crisis humanitaria por el impacto del conflicto armado. Colombia es el segundo país en el mundo en cantidad de desplazados después de Sudán", dijo a LA NACION el coordinador del proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de Recepción de desplazados de la Defensoría del Pueblo, Renán Cuesta.

En general, los desplazados que se encuentran en las principales ciudades colombianas provienen de zonas fronterizas entre Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, consideradas fundamentales para el narcotráfico y el contrabando de armas.

Con el corazón en la boca

Se van porque los echan grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), paramilitares de ultraderecha, de los cuales unos 30.000 hombres se desmovilizaron recientemente, o los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A veces escapan luego de estar confinados por estos mismos grupos, que les impiden moverse de sus lugares de residencia y son capaces en muchos de los casos de retirarles sus propios documentos de identidad, o directamente huyen aterrorizados. Algunos, dentro del desesperado escape, pueden tener la desgracia de pasar por un campo minado y terminar mutilados.

"El desplazamiento es un arma de guerra. Cuando los paramilitares llegaron a Llorente [en el departamento de Nariño, cerca de la frontera de Ecuador], escogieron al más pequeño, al más anciano y a una mujer que acababa de dar a luz para matarlos. Si con una acción así no se causa terror a la población para que se vaya y para lograr el control del sector, no se causa con nada", dijo Cuesta.

Los desplazados no provienen siempre del interior colombiano. De hecho, un 13% de los 1,7 millones se desplaza dentro de Bogotá. Muchos huyen a otros barrios de la capital luego de haber vivido en Ciudad Bolívar, una villa miseria del sur de la ciudad donde grupos paramilitares asesinan jóvenes (700 en seis meses, según una denuncia) a los que consideran capaces de trabajar con la guerrilla.

Y los que no soportan ya vivir con el corazón en la boca buscan salir de Colombia y se transforman en refugiados a los que los países que los reciben les brindan asistencia humanitaria. La solución de esta problemática es difícil porque el Estado no cuenta con los cuantiosos recursos para trabajar en la prevención, en la reparación de los damnificados y en su restablecimiento en sus zonas de origen.

Por Leandro Uría
Enviado especial

 
 
 
 
 
 
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POLÍTICA

Noticias de América latina

La Nación
 
BRASIL
Crecen los indicios de fusilamientos

  • SAN PABLO (ANSA).- Más de 30 de las 160 víctimas que provocó la ola de violencia desatada por el crimen organizado en San Pablo murieron "fusiladas", según un análisis divulgado por la Defensoría Pública del estado. Según los datos, nueve de los 46 policías que murieron, en su mayoría en los dos primeros días de los ataques, el 13 y 14 de mayo, recibieron tiros en la nuca, mientras 22 de los 123 sospechosos abatidos fueron baleados en condiciones similares.

NICARAGUA
Ortega quiere buenas relaciones con EE.UU.

  • MANAGUA (DPA).- El ex mandatario y candidato presidencial Daniel Ortega afirmó ayer que si gana las elecciones, el 5 de noviembre próximo, buscará "relaciones respetuosas" con Estados Unidos y que espera de Washington la misma actitud. Agregó además que "los Estados Unidos se tienen que ir convenciendo de que los tiempos han cambiado y que ya no son los dueños del mundo". Ortega también dijo que reanudaría relaciones diplomáticas con China y que limitaría los vínculos con Taiwan al área estrictamente comercial y de inversiones.

MEXICO
Tormenta tropical en la costa del Pacífico

  • MEXICO (ANSA).- La tormenta tropical Aletta se mantiene por tercer día consecutivo frente a las costas del Pacífico mexicano, causando severas inundaciones en zonas como los balnearios de Acapulco y Zihuatanejo, en el estado sureño de Guerrero. Sin embargo, tiende a alejarse y se ubicaba ayer por la mañana a 220 km al sur-suroeste de Zihuatanejo. La primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico mantiene vientos máximos de 55 km por hora, y un índice de peligrosidad "moderado", según un boletín oficial.
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POLÍTICA

No ceden las quejas por falta de gasoil

La Nación
 
La crisis energética: reunión de petroleras con Moreno

 
 La escasez, que se notó también en la Capital Federal, afecta al transporte y al agro en todo el país
 

 
Un productor agropecuario del Chaco se comunicó ayer personalmente con un director de una petrolera y le comentó su inquietud: "Estoy perdiendo la cosecha", le dijo. Momentos más tarde, el propietario de una estación de servicio de la misma provincia agregó ante el mismo ejecutivo: "Si me das un millón de litros los vendo. Los productores pagan lo que sea".

Así está el escenario nacional de abastecimiento de combustibles para los hombres del campo, los camioneros y algunos automovilistas. La cosecha gruesa de soja, terminada en un 90%, y la siembra de trigo, que está por empezar, han contribuido, junto con el crecimiento económico, a la escasez de gasoil, cuya demanda subió casi un 5% en los últimos 12 meses. Las quejas volvieron a oírse ayer, esta vez más sonoras. No sólo en las provincias, sino también en la Capital Federal. La respuesta de las petroleras era anoche la misma: el faltante afecta sólo a las estaciones independientes, comúnmente llamadas "blancas", porque las que tienen marca, propias o tercerizadas, están abastecidas.

Lo que ocurre es que la falta de suministro a las blancas provoca que los consumidores se dirijan a otras estaciones y, así, el crecimiento de la demanda, aunque menos visible, existe de todos modos: muchas bocas de expendio de bandera no pueden adquirir tanto como quisieran. Aunque las petroleras estén entregando, como dicen, bastante más de lo que entregaban el año pasado.

"No hay gasoil", indicaban ayer carteles en dos estaciones YPF de Corrientes al 3300 y Almirante Brown al 600, en la Capital Federal. En la compañía de capitales españoles explicaron que el inconveniente había sido puntual y se había solucionado en el día. "No tenemos un problema como marca y no lo vamos a tener en los próximos días. Hay un récord de abastecimiento de nuestra parte."

Algunas petroleras volvieron anoche a tener que darle explicaciones al secretario de Coordinación Técnica, Guillermo Moreno. No fue, como se esperaba, una reunión conjunta con el funcionario, uno de los hombres más temidos por el empresariado nacional, sino encuentros por separado. Cada empresa hizo su descargo. Alguna, incluso, se defendió diciendo que el problema no era propio, sino de sus competidores.

Camiones detenidos

Una multitud de camiones, la mayor parte de ellos cargados con soja, permanecía ayer detenida en las inmediaciones de Tostado, departamento de 9 de Julio, 300 km al noroeste de la ciudad de Santa Fe, a la espera de la llegada de combustible desde las destilerías del sur de la provincia. En varias localidades de la ruta 34, entre Rafaela y Ceres, en el límite con Santiago del Estero, se vivía una situación similar. Y en estaciones próximas a Reconquista se vendían sólo 20 litros por auto y 200 por camión. El precio, además, había subido: no era ya de $ 1,60 el litro, sino de 2,20. La preocupación se hizo pública también entre los camioneros. "Alarma en Fadeeac por desabastecimiento de combustible", se tituló ayer un comunicado de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, que definió la situación como "grave", agregó que causaba perjuicios a la actividad y denunció la existencia de "sobreprecios y restricciones en los cupos de venta de gasoil en algunas estaciones de servicio".

Se sumaron entidades del agro. Carbap fue la más áspera: "La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa expresa su asombro por la reiterada falta de planificación en materia de combustible, dado que para marzo del año pasado nos encontrábamos con similar problema afectando a la producción".

La situación llevó al secretario de la Producción de Entre Ríos, Daniel Welschen, a enviarle una carta al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron: le pidió que intercediera ante las petroleras. Y en Tucumán, la Cámara del Petróleo, Gas y Afines y la Asociación de Transportistas y la Sociedad Rural locales planeaban, en las últimas horas, un reclamo conjunto al gobierno nacional.

Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION
Con la colaboración de José E. Bordón, desde Santa Fe

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POLÍTICA

Sancionan a cuatro oficiales del Ejército

La Nación
 
La relación con las FF.AA.: derivaciones del acto en el Colegio Militar

 
Por orden de Kirchner, fueron castigados los responsables de la seguridad de la ceremonia por el aniversario de la fuerza
 
 

El Ejército vive momentos de tensión por las sanciones impuestas anoche a los responsables de la seguridad del acto por el 196° aniversario de la fuerza efectuado anteayer en el Colegio Militar, cuando un grupo de manifestantes cuestionó de viva voz al presidente Néstor Kirchner.

Anoche, y tras una jornada de permanentes reuniones y consultas entre la ministra de Defensa, Nilda Garré, y el jefe de la fuerza, teniente general Roberto Bendini, sólo pudo saberse oficialmente en el Ejército que habían sido sancionados los cuatro responsables de la seguridad del acto.

Aunque no se difundieron ni sus nombres ni sus grados, trascendió que se trata de cuatro oficiales jóvenes a los que se les habrían impuesto entre 10 y 20 días de arresto, lo que significa una fuerte sanción disciplinaria que podría implicar el fin de sus carreras.

Los castigos fueron impuestos por el director del Colegio Militar, el general de brigada Raúl Gallardo, y las actuaciones para determinar las responsabilidades de cada uno de los militares fueron derivadas a la jefatura del Ejército.

El Ejército aún analiza qué sanciones impondrá, según lo reclamó el Gobierno, a los oficiales superiores que se retiraron antes del final del discurso de Kirchner o bien le dieron la espalda.

Con estas cuatro sanciones, el Ejército tuvo que castigar a diez oficiales en actividad en menos de una semana por diversas razones disciplinarias.

El conflicto comenzó el miércoles último, cuando cinco jóvenes oficiales concurrieron de uniforme y sin autorización al homenaje a las víctimas de la subversión de los años 70, que se efectuó en la plaza San Martín, durante el cual se agredió verbalmente al jefe del Ejército y al gobierno de Néstor Kirchner.

Fuentes militares dejaron trascender anoche que la situación de la fuerza es delicada por la fragilidad del mando de Bendini. "De los 23 generales que tendrían que haber acompañado a Bendini en el aniversario de la fuerza, en el Colegio Militar, sólo asistieron 8. Eso marca la falta de autoridad interna que tiene el jefe del Ejército", explicaron a LA NACION.

Señales previas

La señal previa a esa situación se vivió el sábado último, en el Campo Argentino de Polo, cuando en la exposición del "Bicentenario", Bendini fue el único militar que se presentó de uniforme y los pocos oficiales en actividad que lo acompañaron estuvieron vestidos de civil y se retiraron casi sin saludar al jefe de la fuerza.

Además, el sábado último, aunque Bendini encabezó el espectáculo de destreza militar que se ofreció en la cancha principal del Campo de Polo, nunca se anunció públicamente que se encontraba en el lugar, a diferencia de la ceremonia que había encabezado allí el año último, en la cual además había efectuado un fuerte discurso de balance de su gestión.

Tanto en la plaza San Martín como en el acto en El Palomar, una de las figuras centrales y claramente contrarias a la gestión del presidente Néstor Kirchner en materia militar fue Cecilia Pando, esposa de Pedro Mercado, el mayor que fue echado del Ejército por las opiniones públicas vertidas por su esposa.

Fue la segunda oportunidad en que Pando sorprendió tanto al Presidente como a la seguridad de un acto. Ya que en marzo, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, Pando había cuestionado de viva voz al Presidente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, a donde había ingresado sin inconvenientes y sin que hubiera sido reconocida por la seguridad oficial.

Mientras tanto, resuenan las críticas hacia el discurso de Kirchner en el Colegio Militar de parte de dos ex ministros de Defensa y conocedores del clima actual castrense. "Si realmente el Presidente hace un esfuerzo integrador y no visualizara desde un punto de vista unilateral esta situación de malestar mejoraría sensiblemente", dijo Horacio Jaunarena.

Ricardo López Murphy tiene "la percepción de que el Presidente tiene un singular encono con las fuerzas que él manda y ni soporta verlas desfilar". Y añadió: "Eso me parece una situación anómala".

En defensa del mensaje presidencial se refirió Estela de Carlotto. "Las expresiones del Presidente son acordes con su personalidad, un hombre de lenguaje directo y claro. Y fueron muy duras, pero merecidas", sintetizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

La senadora María Perceval (FV-Mendoza), presidenta de la Comisión de Defensa, presentó un proyecto de declaración para rechazar el acto de la plaza San Martín.

"Vergüenza"

En un acto por el aniversario del bautismo de fuego de la Gendarmería, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, opinó ayer que el gobierno de Néstor Kirchner puso fin a "24 años de vergüenza" al reconocer a los combatientes de la Guerra de las Malvinas. "Tenemos que hacernos cargo de lo que sucedió", dijo.

 
 
 
 
 

Darían marcha atrás con el cierre de liceos

 El Presidente analizaba la decisión
 
 
El presidente Néstor Kirchner habría decidió dar marcha atrás con la desactivación de los liceos militares, según comentó el gobernador mendocino Julio Cobos luego de reunirse ayer con el mandatario en la Casa Rosada.

Esa iniciativa, que fue adelantada por LA NACION el martes último y confirmada luego por la ministra de Defensa, Nilda Garré, provocó fuertes reacciones entre alumnos, familiares y egresados de esos institutos.

En su condición de egresado del Liceo Militar General Espejo, el gobernador Cobos acercó su preocupación a Kirchner y habría conseguido la promesa de que no se producirían cambios en ese sistema escolar.

"Si sirve esto para llevar tranquilidad a todas las institutciones liceístas, me dijo que no tiene pensado ninguna reestructuración", explicó Cobos sobre su conversación con Kirchner.

El proyecto de transferir los nueve liceos militares de la órbita del Ministerio de Defensa a las jurisdicciones de las provincias es explicado por Garré como una forma de evitar la militarización de la educación.

Esos institutos cuentan con escolaridad primaria y secundaria, incluso con salas de jardín de infantes, en algunos casos. La instrucción militar se da en los dos últimos años del secundario.

Kirchner habría hecho trascender ese mensaje por medio de Cobos para bajar algunas tensiones en el escenario castrense. En el acto del Día del Ejército, y en pleno discurso del Presidente, un grupo de padres irrumpió con sus protestas contra el traspaso de las escuelas.

Cobos afirmó: "Coincidimos con el Presidente que el Ministerio de Defensa tiene la competencia, porque los liceos, además de brindar una educación, están formando reservistas".

Si bien es mínima la proporción de cadetes que pasan luego al Colegio Militar, a la Escuela Naval o a la Escuela de Aviación Militar para formarse como oficiales, su condición de oficiales de la reserva los vuelve importantes dentro de la estructura castrense, ya que no hay otra manera de formar ciudadanos capacitados para tener mando de fracciones menores de tropas en caso de una movilización.

Por su parte, el intendente cordobés Luis Juez se comprometió a mediar también en la conflictiva situación que se originó en los liceos militares, según consignó la agencia de noticias DyN.

Así lo señaló ayer Julio Righi, uno de los padres que participaron en una reunión con el jefe comunal. "Más allá que él [por Juez] sea liceísta, se ha hecho eco de esta preocupación que tenemos los padres de los alumnos de este colegio", indicó.

Y agregó: "Nos aseguró que hará el esfuerzo necesario para acompañarnos en una reunión que va a gestionar con la ministra Garré para que ella nos explique los alcances de su proyecto o lo que tiene en mente con respecto a los liceos militares".

Además, legisladores de Tucumán de distintas bancadas políticas se comprometieron ante un grupo de padres, alumnos y profesores a impulsar un proyecto de resolución por el cual solicitarán hoy al Gobierno que mantenga abierto el Liceo Militar Gregorio Aráoz.

El encuentro, presidido por el vicegobernador Fernando Juri, sirvió para que los miembros de la Comisión de Padres Autoconvocados, Docentes y No Docentes manifestaran su malestar por la iniciativa del Ministerio de Defensa.

El representante de esa comisión, Héctor González, sostuvo que buscan el apoyo de las autoridades de la provincia para que la medida no tenga un curso legal y así evitar el cierre del establecimiento militar.

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POLÍTICA

Fuerte apoyo de radicales a Kirchner

La Nación
 
La mira en 2007: respuesta a la convocatoria del Gobierno

 
Los principales gobernadores e intendentes de la UCR aceptaron el llamado a la concertación, pero pidieron garantías
 

 
Por primera vez desde que el presidente Néstor Kirchner convocó formalmente a una "concertación plural", los gobernadores e intendentes con mayor peso del radicalismo se reunieron ayer para aceptar el convite oficial.

Formalmente, en la reunión se redactó un documento que invitó a "acuerdos programáticos amplios y plurales que representen cabalmente las nuevas demandas de una ciudadanía emergente y esperanzada de haber dejado atrás los ciclos de estancamiento y decadencia".

Detrás de escena, la sola presencia de los gobernadores e intendentes más importantes del radicalismo mostró una movilización interna que podría trasladar la mayor parte de los votos de la UCR al kirchnerismo. También marcó el camino hacia una previsible fractura partidaria, ya que ni el alfonsinismo ni la conducción del comité nacional, actualmente en manos del diputado mendocino Roberto Iglesias, comparten la idea de aliarse con el oficialismo.

De todos modos, en la reunión de ayer pesó la opinión de los radicales más moderados, que le pusieron algunas condiciones al eventual acuerdo con Kirchner. Entre otras cosas, quieren que el Gobierno les haga un espacio para hablar de coincidencias en políticas públicas y se niegan a formalizar una definición antes de fines de año, a pesar de que la decisión de la mayoría ya está tomada.

En la reunión, que duró más de cuatro horas y que se realizó en el Hotel Savoy, estuvieron cuatro de los seis gobernadores radicales: Julio Cobos (Mendoza), Arturo Colombi (Corrientes), Miguel Saiz (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Y el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral (ausente con aviso por un viaje a Chile) mandó en su lugar al diputado Genaro Collantes, presidente de la UCR provincial.

En cambio, Roy Nikisch (Chaco) no envío representantes, por el tono oficialista que se preveía para el encuentro, según dijeron a LA NACION fuentes del partido.

Además de mostrar que cinco de las seis provincias gobernadas por la UCR apoyarían un acuerdo con Kirchner, la reunión de ayer congregó a más de una veintena de intendentes radicales. El número pasa inadvertido si se considera que el partido gobierna más de 400 municipios de todo el país. Sin embargo, por los salones del Hotel Savoy pasaron cinco intendentes bonaerenses de peso, como el marplatense Daniel Katz (líder de la ciudad más grande que gobierna la UCR), además del neuquino Horacio Quiroga (la capital patagónica más grande en manos de un radical) y varios jefes comunales llegados desde Mendoza, Córdoba y Salta. "El Presidente convoca y estamos dispuestos a dialogar", dijo a LA NACION Saiz, vocero de la reunión junto con Cobos.

Por su parte, la Juventud Radical se acercó al lugar de las deliberaciones, pero con otras intenciones: con un marcado perfil opositor, pidieron que el partido rechace la invitación oficialista.

La pregunta

"¿Por qué Kirchner no y Lavagna y Duhalde sí?", les contestó Saiz. Así, ensayó la respuesta que habrá en adelante ante eventuales cuestionamientos de las autoridades partidarias.

No obstante, Saiz, como varios de los presentes, puso la pelota en la cancha del Presidente. "El [por Kirchner] mandó un mensaje el 25 de mayo. Hay que ver si lo cumple", expresó. Es que el rionegrino responde al grupo de los que creen que el sí definitivo debe esperar hasta fines de año, para estar seguros de que Kirchner aceptará discutir políticas de Estado como la nueva ley de coparticipación, políticas educativas y futuras reformas provisionales y tributarias.

Los representantes de las cinco provincias radicales discutieron cómo instalar en el partido la discusión de la convocatoria del Presidente, según confiaron a LA NACION varios participantes del encuentro. La intención de máxima de los radicales kirchneristas es que la convención nacional de la UCR (y no sólo el comité nacional) se exprese sobre el tema.

Pasadas las 15, los intendentes que alteraban la tranquilidad de la confitería del hotel, fueron invitados a sumarse a la reunión. "El radicalismo se juntó por primera vez para pedir una discusión descarnada en el partido", precisó Katz a LA NACION. El intendente de Mar del Plata había pedido que el Gobierno diera garantías de pluralidad y participación antes de acordar. "Si hay concepción republicana un radical puede acompañar; si no, no", sostuvo. Sin embargo, Katz también consideró que "al final del camino va a haber ruptura" en el partido.

"Ya se está hablando de la Concertación, muy despacio, pero se avanza", explicó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, uno de los que esperan que se aceleren los tiempos de la concertación, junto a Enrique García de Vicente López.

Por Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION

 

 

 

 

 

Polino medita el ofrecimiento

 Divergencias en el socialismo sobre la respuesta al Gobierno
 
 
Aseguran que ni por asomo habrá un cisma como el de mediados de los años cincuenta y que tampoco habrá contrapuntos públicos entre nacionalistas e internacionalistas, como los protagonizados por Juan B. Justo y Alfredo Palacios en la segunda década del siglo.

Pero lo cierto es que en el socialismo hay hoy opiniones divergentes sobre un tema menos filosófico y más concreto: el ofrecimiento que sectores del Gobierno hicieron días atrás al ex diputado Héctor Polino para que pasara a presidir la Secretaría de Medio Ambiente.

En la dirección del partido están conformes con la actitud tomada por el veterano ex diputado, que avisó a sus camaradas no bien recibió el ofrecimiento y puso su aceptación "a consideración" del órgano partidario.

Desde la sede central del partido afirmaron que, si bien la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo es proclive a rechazar el ofrecimiento, nadie sancionará a Polino si éste decide aceptar el convite. "Queremos una democracia de partidos, ellos quieren la democracia del manoteo", afirmó un ex legislador contrario a cualquier acuerdo con el Gobierno.

Es éste, y no otro, el tema principal en debate. Si bien la máxima figura partidaria, Hermes Binner, no tomó postura pública con respecto al tema, su apoyo a distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo en la Cámara baja despertó el enojo de una parte de la dirigencia, que desea un socialismo más enrolado en la oposición.

Para el secretario general partidario, Oscar González, "el Gobierno no hizo ningún ofrecimiento al PS, por lo tanto no nos sentimos obligados a dar una respuesta", afirmó a LA NACION. De todos modos, es muy probable que el viernes, en la reunión del nuevo Comité Ejecutivo, se debata este tema.

Diputado por la Capital durante tres períodos y funcionario de Raúl Alfonsín durante la década del ochenta, Polino medita por estas horas su respuesta al Gobierno.

A pesar de algún desplante sufrido -el también socialista Norberto La Porta lo derrotó en la interna para volver a ser candidato en octubre último y él lo denunció por fraude-, el veterano dirigente cooperativo puso su decisión a consideración de sus compañeros, que pronto se expedirán orgánicamente sobre el asunto.

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POLÍTICA

AMIA: citan a Galeano y a Anzorreguy

La Nación
 
Las irregularidades en la investigación del atentado

 
Serán indagados por el juez Lijo, que los acusa de graves delitos; también involucran a los ex fiscales
 
 
Un año y ocho meses después de que todos los acusados por el ataque contra la AMIA fueron absueltos en un fallo en el que la Justicia determinó que los tres poderes del Estado se habían complotado para detener a falsos culpables, el jefe de la SIDE durante la gestión menemista Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia fueron citados a declarar como sospechosos de haber cometido delitos durante la investigación del atentado.

La medida también incluye al ex titular de la DAIA Rubén Baraja, a dos ex funcionarios de la SIDE -Patricio Finnen y Alejandro Brousson-, al absuelto mecánico Carlos Telleldín, a su esposa Ana Boragni y a su ex abogado Víctor Stinfale.

Dada la gravedad de los delitos que se les imputan, fuentes relacionadas con la causa no descartaron que alguno de los acusados pueda quedar detenido tras la indagatoria. De hecho, la semana última el secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, pidió la detención de Galeano por este asunto.

Al ex juez, citado a declarar el 15 del mes próximo, y a los ex fiscales, que deben presentarse el 13 y 14, se les imputa la supuesta privación ilegítima de la libertad de los ex policías acusados y de una testigo a la que habrían coaccionado para obtener una declaración contra Telleldín.

El juez federal Ariel Lijo ordenó las indagatorias de los ex funcionarios. A Galeano -el juez federal que instruyó la causa hasta que fue apartado del expediente, suspendido y destituido por el Consejo de la Magistratura-, le imputa haber "planificado y organizado el pago a Carlos Telleldín" de 400.000 dólares, que provinieron de la SIDE, a cambio de que diera en la causa "una versión previamente acordada con el magistrado": que había entregado la camioneta que voló la AMIA a policías bonaerenses.

Así involucró a Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro. Todos terminaron procesados y detenidos en la causa hasta que fueron absueltos tras el juicio oral y público que culminó en septiembre de 2004.

Cómo fue el pago

Dijo Lijo que Galeano se había contactado con el agente Finnen, de Sala Patria de la SIDE, y con Anzorreguy para conseguir el dinero. Y que el pago se había hecho en dos cuotas. La primera la cobró Ana Boragni el 5 de julio de 1996, tras lo cual Telleldín firmó su nueva versión de los hechos contra los ex policías que estaban presos. La segunda también la percibió Boragni, el 17 de octubre de 1996, y en ambos casos intervino el agente Brousson.

A los ex fiscales los acusó de ser partícipes del pago.

Además, Lijo acusó al ex juez de haber privado de su libertad a Miriam Salinas, una amiga de la esposa de Telleldín, que estaba detenida. Y de haberla amenazado con involucrarla en la causa AMIA si es que no aportaba una declaración contra Telleldín y no colocaba una cámara oculta en su casa para grabar conversaciones que lo perjudicaran. Si cumplía, iba a ser sobreseída, liberada e iba a beneficiar a su pareja, otro de los detenidos.

Lijo acusó a los ex fiscales de ser partícipes de esta coacción y privación de la libertad.

Al juez le imputó además haber acordado una declaración con un abogado, que se convirtió en testigo de identidad reservada, y lo acusó de interpretar las pruebas contra los policías en forma parcial para perjudicarlos.

A Anzorreguy, el juez Lijo lo acusó de haber participado en el pago a Telleldín, al aportar el dinero necesario, y de haber convenido con el abogado Stinfale, con Galeano y con Rubén Beraja que el mecánico pidiera formalmente una recompensa por su colaboración en la causa, como una forma de "blanquear" el pago oculto.

A Beraja, citado para el 12 de junio, lo acusa de los mismos cargos, al igual que a Telleldín, que deberá declarar el martes próximo; a su ex esposa Ana Boragni, citada para el lunes próximo, y al abogado Stinfale, citado para el miércoles, y a los agentes Finnen y Brousson, que deberán prestar indagatoria el 8 de junio.

A los ex fiscales Mullen y Barbaccia los acusa, además, de que haber convalidado las resoluciones de la causa, "aun conociendo las irregularidad de las pruebas en que se fundaba el doctor Galeano" contra los ex policías acusados, sobre la base de convenios con otros procesados.

Esta causa se inició antes del final del juicio y se tramitó en el juzgado de Claudio Bonadío. Este juez luego fue apartado del sumario, los acusados pidieron la nulidad de sus indagatorias y ahora Lijo les dio la razón, pero volvió a citar a alguno de ellos.

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION

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POLÍTICA

Zapatero consideró estratégica la relación con la Argentina

La Nación
 
Fuerte apoyo de España

 
Lo dijo en el Congreso tres semanas antes de una visita oficial de Kirchner
 

MADRID.- El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó ayer ante el Congreso de los Diputados "el carácter estratégico" de la relación con la Argentina y el "refuerzo" que, según entendió, se produjo en ese lazo durante los dos años que lleva al frente del Ejecutivo.

Rodríguez Zapatero dedicó unos segundos a esa consideración durante los 75 minutos de su discurso inicial en el debate parlamentario que todos los años se realiza en España sobre la gestión del gobierno.

No fue una mención exclusiva para la Argentina, sino que el mandatario la mencionó al hablar del carácter "estratégico" que para España tiene el vínculo con cuatro países de la región, entre los que también incluyó a Brasil, Chile y Uruguay.

De cara a la política interna española, esa mención distintiva con cuatro países sirvió para que Zapatero renovara sus reclamos de "seguridad jurídica" y la intención de defender los "legítimos intereses" de las empresas españolas, en lo que pareció una velada mención al programa de nacionalizaciones anunciado por Bolivia.

"Seguimos de cerca el intenso cambio que está aflorando en otros lugares de Iberoamérica. Lo seguimos activamente y con prudencia, pero también con la determinación de defender nuestros intereses legítimos, con la exigencia de que se respete la plena seguridad jurídica", dijo el líder español en lo que pareció un mensaje directo para el boliviano Evo Morales. Pero, en todo caso, dicho en voz alta.

Aun con el matiz que impone compartirla con otros tres países vecinos y de haber servido como contraste en la mirada española para la región, la mención a una relación "estratégica" cobra relevancia de cara a la visita que el presidente Néstor Kirchner hará dentro de tres semanas a Madrid. Casi como un anticipo de lo que se escuchará esos días.

Agenda abierta

De hecho, la descripción de un lazo preferencial con la Argentina suele estar presente habitualmente el discurso de Zapatero cuando es consultado sobre el país.

Tanto que, según se dijo a LA NACION, ese punto, el de la "relación estratégica" era también hasta anoche, el único que estaba en claro en la posible agenda bilateral que se manejaba en el Palacio de La Moncloa, sede del gobierno español, de cara al próximo encuentro entre ambos mandatarios.

Así lo indicaron fuentes del gobernante Partido Socialista Español (PSOE), y muy próximas a Zapatero, consultadas al respecto.

También dijeron que el encuentro entre ambos presidentes se concretará en respuesta a una iniciativa argentina, a la que en Madrid se accedió "con mucho gusto".

¿Y qué significa lo de la relación estratégica? Las mismas fuentes insistieron en que se trata de un concepto que los propios protagonistas deben llenar y que, según el interés que se ponga en ello, puede significar muchísimo. O bastante menos.

En el caso de la Argentina, Zapatero lanzó la invitación a formalizar ese tipo de relación hace casi dos años; en el tramo inicial de su presidencia. Ya concretó la firma correspondiente con dos países de la región: Chile y Brasil.

En cuanto a las inversiones españolas en la Argentina, fuentes locales insistieron en que "con la única excepción" del caso de Aerolíneas Argentinas, el gobierno español no asumió ningún compromiso de mediación para acercar diferencias entre empresas y la Casa Rosada.

De ese modo, renovaron el rechazo a versiones difundidas en Buenos Aires sobre una supuesta gestión para paralizar las obras de española ENCE en el río Uruguay.

Por Silvia Pisani
Corresponsal en España