La Cámara de Diputados se disponía a aprobar anoche y derivar al Senado el proyecto que habilita la práctica de ligaduras de trompas de Falopio y de vasectomías en los sistemas de salud público y privado de todo el país.
La iniciativa, que provocó polémica en diversos ámbitos y logró dividir a casi todos los bloques, establece que no se requiere “consentimiento del cónyuge ni autorización judicial” para operarse, aunque el paciente debe dar su “consentimiento informado”. Esto obliga a los médicos a explicar las consecuencias del procedimiento y las alternativas de utilización de anticonceptivos no quirúrgicos de “forma clara y suficiente”, según agregó una modificación de último momento.
A partir de esta ley, realizarse una ligadura de trompas o de conductos deferentes será totalmente gratuito tanto en el sector público de salud como con la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga, ya que las prácticas quedarán incorporadas al Plan Médico Obligatorio (PMO) ,que establece las prestaciones mínimas básicas del sistema de salud.
Hasta ahora, para lograr una intervención en un hospital público, una mujer o un hombre debían interponer un recurso ante la Justicia, y sólo se lo practicaban por expresa indicación médica si el juez lo requería, después de un largo proceso.
En tanto, en las obras sociales y las prepagas la intervención tampoco estaba contemplada, pero en muchos casos se practicaba en forma privada, sin dar intervención a la Justicia.
Desde el punto de vista médico, la ligadura de trompas de Falopio (encargadas de liberar los óvulos en la mujer) y la vasectomía (ligadura de conductos deferentes responsables de transportar los espermatozoides en el hombre) tienen por objeto evitar la fecundación.
El proyecto, cuestionado por la Iglesia Católica, incluye una objeción de conciencia, que libera a los médicos y personal auxiliar de practicar la intervención si atenta contra sus convicciones, pero eso no exime al centro de salud de aplicar el procedimiento, con otro profesional, o de derivarlo a otro lugar donde sí se lo practiquen.
Aunque la iniciativa permaneció más de un mes en debate en varias comisiones y había estado a punto de ser aprobada hace dos semanas, siguió provocando encontronazos en la Cámara de Diputados, donde ARI, Pro y los ex duhaldistas tanto del Peronismo Federal (ahora oficialistas) como los del justicialismo nacional (encolumnados detrás del ex ministro Roberto Lavagna) votaron divididos y con disidencias.
En cambio, el kirchnerismo, la UCR y el socialismo casi no tuvieron fisuras.
"Los profesionales que no desean hacer este tipo de prácticas tienen derecho a no hacerlo, pero obliga a los hospitales a cumplir con el deseo del paciente", explicó el titular de la Comisión de Salud, Juan Sylvestre Begnis (Frente para la Victoria-Santa Fe), informante por el oficialismo.
"Los artículos de la ley sólo afectan al que se lo hace, no ofenden la moral de terceros", explicó la diputada Alicia Tate (UCR-Santa Fe). Aunque la UCR tuvo observaciones parciales y no coincidió con algunos artículos del proyecto, se aprestaba al cierre de esta edición a aprobar la ley en general.
"Sólo me pregunto si esto no provocará que los hombres dejen de usar preservativos y se contagien y contagien el sida", cuestionó el diputado Juan Acuña Kunz (UCR-Santa Cruz), que, junto con su compañera de bloque Beatriz Leyba de Martí, y con algunos peronistas e integrantes de Pro, habían sido los que pidieron al kirchnerismo más tiempo para debatir la iniciativa.
Sin embargo, los dos votaron en favor de la ley en general.
Por el socialismo, la diputada Silvia Augsburger (Santa Fe) fue la encargada de defenderla. "Con esta ley se intenta disminuir las inequidades entre jurisdicciones, ya que hoy una mujer puede acceder a esta práctica en un hospital público en Santa Fe o Río Negro y no puede hacerlo en uno de San Juan o Jujuy", opinó.
Justamente, uno de los argumentos de sus defensores es que la ley igualará la normativa sobre anticoncepción quirúrgica en todo el país, porque ahora está permitida por la legislación distrital de 14 provincias, pero no en la legislación nacional.
En la mayor parte del debate, los diputados se trenzaron en una discusión sobre el alcance del carácter reversible de los tratamientos, donde impulsores y detractores presentaron estadísticas contradictorias.
Pero el mayor cruce se produjo entre la diputada de ARI Marcela Rodríguez (Buenos Aires) y su jefa partidaria, Elisa Carrió (Capital).
"También tenemos derecho a decisiones irreversibles cuando nos casamos con alguien, cuando tenemos un hijo, también son decisiones irreversibles", se enojó Rodríguez con los que aseguraban que la práctica no siempre tenía vuelta atrás.
"No quiero garantizarle a mi hija la libertad a los 22 años, quiero que la tenga para toda la vida", le contestó Carrió, la única de su bloque que votó en contra de la iniciativa.
Uno de los discursos más enfáticos de quienes cuestionaron la iniciativa fue el del riojano Mario Santander, del Peronismo Federal, que sostuvo que se trata de métodos "esterilizantes" que pueden llevar a la "castración", al considerarlos irreversibles. Esta fue una de las mayores críticas de los detractores de la ley. Otro cuestionamiento fue adjudicar a la ley el "tratar de impedir que nazcan pobres", una crítica que también había hecho la Iglesia.
Desde Pro, la diputada de Fuerza Republicana Eusebia Jerez (Tucumán) rechazó la iniciativa, reclamó que se incluyera la consulta a un equipo interdisciplinario y consideró que "si es una ley pensada para los pobres (para evitar que tengan hijos), debería quedar claro que la cobertura se refiere a la contracepción y a su reversión", algo que el proyecto no aclara específicamente.
Por Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION
Posturas
Elisa Carrió (ARI)
- "Cuando el pedido esté fundado en un mero deseo o en un goce sin circunstancias objetivas que demuestren necesidad, el Estado no debe prestar servicio y la ley no debe promover su utilización"
María Rico (Peronismo Federal)
- "La esencia de este proyecto contempla el respeto por las decisiones individuales y la libertad del hombre o de la mujer de disponer del propio cuerpo. Buscamos dotarlos de mayor autonomía y que puedan elegir"
