Nos queda como para declarar nuestro apoyo a los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que han sido firmes en su defensa de la educación pública mediante el ejercicio de su derecho a protestar lo largo de sus 36 días de huelga permanente. Estamos condenando claramente lo humano y violaciónes de los derechos civiles "que los huelguistas han sido objeto por parte de funcionarios del Gobierno y les instamos a tomar medidas para garantizar que se dediquen a una negociación sincera con el Comité Nacional de Negociación.
Contrariamente a sus declaraciones y las de la administración de la UPR, las demandas de los estudiantes no son ni frívola ni representante de sólo un pequeño segmento de la sociedad. Reflejan el principio reconocido universalmente que la educación es un derecho, no un privilegio. Es su deber y el de José Ramón de La Torre (Presidente de la UPR) y Ygrí Rivera (Presidente de la Junta de Síndicos) para asegurar que todos los puertorriqueños tienen acceso a la educación de calidad a precios razonables y buena. Es también su deber de reconocer el derecho de los estudiantes a protestar, los cuales ejercen bajo el mandato de un cuerpo estudiantil que ha ratificado la huelga democráticamente a través de mayorías aparentes en las asambleas de estudiantes en 10 de 11 campus de la Universidad. Por otra parte, la huelga fue apoyada por el voto de 1016 a 17 en la asamblea por primera vez por los profesores e investigadores de todos los campus de la UPR. A medida que el democráticamente electo Gobernador de Puerto Rico, ahora debe trabajar para que los funcionarios designados por su administración participar en una negociación significativa con los huelguistas.
Con este fin, es imperativo que tanto el examen periódico universal de los administradores y la Policía de Puerto Rico, de cesar y desistir de todos los actos de intimidación y violencia que se han dirigido a los huelguistas en un intento de silenciar su protesta.
Más en concreto, pedimos:
Un fin a la vía judicial contra los líderes de 21 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, que según lo declarado por Ygrí Rivera tiene el objetivo explícito de tratar de establecer un precedente legal negar a los estudiantes su derecho a la huelga. El enfoque de los administradores sobre las actuaciones legales y su rotundo rechazo a participar en una forma de diálogo con los estudiantes durante las dos primeras semanas de huelga, ha tratado de negar a los estudiantes sus derechos de libertad de expresión y de petición del gobierno contra los agravios. Por otra parte, ha puesto a la finalización del semestre y los grados de riesgo para miles de estudiantes a través de la Universidad.
Una investigación completa sobre la violación de los derechos de acceso a alimentos, agua y atención médica, a través de la directiva de bloqueo de los estudiantes en huelga dentro del campus del acceso a estos bienes y servicios. Las sanciones oportunas que conviene tomar en contra de todos los funcionarios de la Universidad de Puerto Rico y / o la Policía que establecieron y / o aplicación de la directiva, que fue una clara violación de los manifestantes los derechos humanos fundamentales. Por otra parte, una investigación a fondo debe llevarse a cabo en relación con la detención violenta de Luis A. Torres Muller, mientras que intenta pasar los alimentos y el agua a su hijo dentro del campus.
Cese de todas las violaciónes a la protección de la dignidad humana, contra lesiones corporales y los castigos crueles, como se evidencia en los múltiples actos de violencia por las fuerzas policiales contra los manifestantes. Pedimos que una investigación completa sobre el uso excesivo de la fuerza, tanto en el campus y en otras protestas pacíficas, se llevan a cabo y que todos los participantes en estas acciones serán sancionados conforme a la ley. Condenamos las acciones de las fuerzas de la policía antidisturbios durante las protestas en el Hotel Sheraton, donde la policía se hacen claramente visibles para detener, golpear y lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes, mientras que varios se escaparon de los disturbios. Entre ellos, José Pérez, quien ha sido golpeado dos veces, y que en esta ocasión recibió tres disparos con una pistola Taser después ya se está sometido por varios oficiales. Por otra parte, denunciamos: las acciones de José Rosa Carrasquillo, segundo a cargo de la Policía, que se ve Sr. Pérez patadas en los genitales, y expresiones por el Jefe de la Policía, José Figueroa Sancha, en sus declaraciones públicas de apoyo continuo a los agentes involucrados en incidentes violentos, lo que se refiere como héroes.
El fin de todos los actos de intimidación por parte de las fuerzas policiales, incluyendo violaciónes al derecho a la protección contra la incautación ilegal. Ha habido una continua presencia excesiva de Antidisturbios de Policía en todos los campus de la Universidad, a pesar de la admisión del jefe de la policía que, de hecho no se han cometido crímenes durante las protestas. Más concretamente, la policía montada se desplegó en Mayagüez durante una protesta que había sido previamente coordinado con las fuerzas de policía, y dejó un estudiante con heridas graves. La intimidación se ha visto llevado a cabo a través de varias detenciones frívola y violenta de los manifestantes, que han sido posteriormente puestos en libertad sin cargos por falta de pruebas. Particularmente preocupante es el caso del Sr. Pérez, quien ha sido dos veces violentamente detenido sin cargos en su contra. Fue, además, no siempre con la atención médica inmediata que debería haber recibido, ya que en ambos casos que sufrió heridas graves debido a las acciones de la policía.
Gobernador Fortuño, esta situación ha trascendido claramente el conflicto entre los estudiantes y la administración de la UPR. Pedimos a usted y sus funcionarios gubernamentales para asegurar una solución pacífica a este conflicto, en interés de todos los puertorriqueños. Es su deber de salvaguardar el cumplimiento de los derechos de todos los puertorriqueños "humanos. Para ello, le pedimos que garanticen la seguridad manifestantes y que cualquier solución se opone a la eliminación por la fuerza de los manifestantes por la policía.
