Desde algunos bloques parlamentarios y políticos, en su mayoría de izquierda, hicieron señalamientos en desacuerdo con el arreglo que alcanzó el Gobierno con el Club de París. ¿Cuáles son sus argumentos?
El principal referente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Jorge Altamira, señaló en un extenso artículo difundido este jueves la posición de su espacio, al explicar que la negociación que acaba de sellar el ministro de Economía, Axel Kicillof «se inscribe en la línea de los arreglos usurarios que establecieron con Repsol, a pesar del gigantesco vaciamiento energético producido por este pulpo petrolero con la complicidad del gobierno kirchnerista».
Además, el probable candidato a presidente por el FIT en 2015, señaló: «El gobierno nacional está empeñado en transitar el último tramo de su gobierno con un feroz ajuste contra los trabajadores y concesiones sin precedentes al capital internacional».
Según explicó, el número final a pagar -u$s 9.700 millones- representa «un aumento del 60%, a una tasa del 7% anual» desnudando así un «carácter usurario» por «la tasa del uno a dos por ciento anual que rigió en los mercados internacionales en este período».
En el mismo sentido se expresó el diputado y referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, que repudió «la decisión gubernamental de avanzar en un acuerdo con el Club de París de manera ilegítima e ilegal» comprometiendo recursos públicos en con el reconocimiento «inadmisible» de una deuda que en «septiembre de 2013 ascendía a solo u$s 6.089 millones yen el default de 2001 a u$s 1.879 millones».
Desde el MST, el legislador porteño Alejandro Bodart cuestionó a los que postulan el pago como un «ahorro»: «Sólo un fabulador serial como (el jefe de Gabinete, Jorge) Capitanich puede decir que pagar 9.700 millones de dólares es ahorrar. Sea en efectivo o en bonos, el pago comprometido significa una sangría brutal para nuestro país y para las necesidades sociales sin respuesta.»
Por otra parte, Lozano destacó que la deuda «es ilegítima» y, al ser «contraída en el marco de la dictadura militar, susceptible de ser encuadrada bajo la jurisprudencia internacional de la «deuda odiosa». Con ese argumento exigió «revisión e investigación» de la misma.
También Bodart apuntó a la ilegitimidad y Altamira abordó ese punto para explicar que la deuda con el Club de París «corresponde a créditos de entidades públicas a compañías locales, que en otra buena parte fueron estatizadas durante la gestión de (Domingo) Cavallo en el Banco Central, hacia finales de la dictadura militar».
«Kirchner y Kicillof, como sus antecesores (Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem y (Fernando) De la Rúa admiten un endeudamiento nacional sin proceder a una investigación de su legalidad y legitimidad», añadió el dirigente de izquierda, que se tomó el trabajo de señalar la actitud de la oposición: «El aplauso entusiasta que las fuerzas tradicionales, sin importar el fragmento que representen, han brindado a este acuerdo, es una demostración de que, al igual que el gobierno, representan los intereses del capital financiero, sin importa lo usurarios que esos intereses sean».
Lejos de un desendeudamiento, la izquierda observa en el acuerdo el «reendeudamiento internacional» que traerá nuevos desajustes a partir de «una nueva devaluación fuerte del peso para cumplir con el servicio de esa deuda». Además, explicó que con el monitoreo del INDEC, el FMI podrá servir a esa labor aun sin haber mediado en el acuerdo actual.
Desde el mismo espacio que Bodart, la tradicional dirigente Vilma Ripoll le apuntó a la Presidenta: «Cristina hipoteca el país pagando deuda de la dictadura. No la investigaron, amagaron con no pagar y finalmente terminaron pagando muchísimo más de una deuda fraudulenta, contraída por el régimen militar».
