¿Qué hicieron cada 24 de marzo, Néstor y Cristina Kirchner en Santa Cruz?
Los Kirchner, la dictadura y la represión
Por Marcelo Parrilli, abogado de DDHH. Con relación al pasado hay que comenzar diciendo que, incluso, de su declamada “militancia en los setenta” no existe ninguna prueba concreta. Realmente, los Kirchner no parecen, ni de lejos, haber sido compañeros de lucha de los miles de desaparecidos. De lo que sí existen pruebas es que ni bien se recibieron de abogados se instalaron en Río Gallegos y allí, a través de su profesión, comenzaron a construir su patrimonio personal y familiar.…
En ese sentido, ha sido muy difundida una fotografía publicada en el diario Correo del Sur, de Río Gallegos, el 9 de abril de 1982, en la que se ve a Néstor Kirchner y también al ex ministro provincial de gobierno, Daniel Varizat, secundando al general Oscar Enrique Guerrero, comandante de la XI Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército. Guerrero, un discípulo directo de Camps, venía de conducir a la Policía Bonaerense durante 1981, época para la cual existían bajo dependencia de la misma numerosos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El título de la nota que ilustra la foto es “Amplio apoyo de las fuerzas vivas a las Fuerzas Armadas”…
Porque esta es la otra parte de la realidad. Tampoco Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son motores de la lucha contra el genocidio y por el juicio y castigo a todos los asesinos de la última dictadura militar.
Como hemos dicho, con habilidad política tomaron esa bandera, tratando de arrebatársela a los verdaderos luchadores, y, haciendo propaganda con ello pretenden encubrir toda su política que, además, en el terreno de los derechos y garantías democráticos, presenta graves casos de violaciones a los derechos humanos, cometidas directamente por el gobierno central o por gobiernos provinciales aplicando políticas nacionales.
Ejemplo de esto han sido la brutal represión y encarcelamiento a los trabajadores petroleros en el norte de Santa Cruz (Las Heras), las muertes del docente Carlos Fuentealba y de nuestro compañero Lázaro Duarte en Neuquén, la desaparición de Julio Jorge López, originada precisamente en la falta de desmantelamiento del aparato represivo en el ámbito de la Policía Bonaerense, y las represiones de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura contra los trabajadores del Hospital Francés, del Casino, de la fábrica Dana, las patoteadas al personal del INDEC y tantos otros caos.
A ello le debemos sumar la negativa sistemática del kirchnerismo de anular los indultos de Menem a los genocidas.
Primero se negó Kirchner siendo presidente como titular del Poder Ejecutivo Nacional. Luego se negaron los diputados del Frente para la Victoria, quitando la anulación de los indultos del proyecto originario de Patricia Walsh relativo a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida que también los incluía. Y más tarde negándose a votar todos los proyectos parlamentarios directamente referidos a la anulación de los indultos que se han presentado en el Congreso de la Nación.
Frente a esta situación, está claro que el cambio de la Corte Suprema, las anulaciones de las leyes de punto final y obediencia debida -sobre la base del proyecto legislativo de nuestra compañera Patricia Walsh-, la reapertura de los juicios, las condenas a Etchecolatz, Menéndez y otros genocidas son en realidad una conquista de la movilización de masas, con una vanguardia clara en las organizaciones de derechos humanos y la izquierda en su conjunto.
Esta lucha empezó durante la dictadura y seguirá sin dudas más allá del kirchnerismo exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas, tanto militares como civiles…
» Los Derechos Humanos son para los Kirchner un negocio político » Por David Encina.
2007 – El funcionario kirchnerista, Daniel Varizat, atropelló con su camioneta a más de 40 personas en una manifestación de docentes en Santa Cruz.
Solicitada de Cristina Kirchner en el que habla de «Estado de Derecho» en la Dictadura Genocida.
Los Kirchner prosperaron en tiempos de la dictadura, trabajando como abogados de cobranzas y asesorando a bancos y financieras.
Fue cuando descubrieron el rentable nicho de los deudores que generaba el sistema económico del ministro Alfredo Martínez de Hoz: el joven N. Kirchner negociaba con ellos y así adquirió a precio de remate buena parte de las 22 propiedades que compró entre 1977 y 1982.
El 9 de noviembre de 1981. ¿Existía por entonces el «Estado de Derecho» que mencionan los Kirchner? Para quienes piensan que podría tratarse de una sutil ironía del matrimonio, conviene repasar la lista de funcionarios y agentes de la dictadura a los cuales les agradecen Néstor y señora. Felipe Borrelli, el ministro de Asuntos Sociales de Santa Cruz, era el jefe de la hermana Alicia Kirchner, que trabajaba como empleada de esa cartera del gobierno de facto. Pablo Sancho, un radical impuesto por los militares en la intendencia de Río Gallegos, estaba entre los mejores empleadores y protectores del abogado Néstor K, que perseguía a los clientes morosos de Casa Sancho, de artículos para el campo. Y el jefe de la policía provincial, el militar Juan José Claro, tampoco era alguien que se destacara por sus posturas «progres». Perfil
CELN en el País: Cuestionan a Alicia Kirchner por su participación como funcionaria en la Dictadura.
Cuestionan a Alicia Kirchner por su participación en la dictadura. «Es un dato histórico, fue así y eso es lo que importa”, twitteó Marcelo Parrilli (MST en Proyecto Sur) … Sigue leyendo →
Felipe Borrelli, el ministro de Asuntos Sociales de Santa Cruz, era el jefe de Alicia Kirchner, que trabajaba como funcionaria de esa cartera del gobierno de facto. Perfil
*Subecretaria de Acción Social de la provincia de Santa Cruz. Su currículo.
1. en 1983
2. en 1975.
Gerardo Martínez: Burócrata sindical y espía de la dictadura
Comunicado. Por Marcelo Parrilli, diputado porteño de MST – Proyecto SUR y presidente del CADHU. La Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y numerosos organismos de derechos humanos, entre ellos nuestro CADHU, denunciamos ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires que Gerardo Alberto Martínez, secretario general de la UOCRA, fue agente de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura militar genocida.
Gerardo Martínez apareció en un listado del Batallón 601 bajo el número 2.798 como integrante del “Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983” en esa dependencia de inteligencia del Ejército.
Las organizaciones denunciantes le pedimos al juez interviniente que detenga a Martínez y proceda a indagarlo “por haber sido integrante del Batallón 601 que fuera definido judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el Estado argentino en la última dictadura militar”. Solicitamos además que “se investigue puntualmente si Martínez cometió crímenes de lesa humanidad relativos a los casos de 105 detenidos-desaparecidos de la dictadura que eran afiliados a la UOCRA”.
¿Quién es Gerardo Martínez?
Martínez tiene una larga trayectoria sindical y política. Ingresó en la UOCRA en el año 1978 y la dirige desde hace más de 21 años. En los ’90 llevó adelante una política de alineamiento total con Carlos Menem. Desde 1997 a 2001 fue diputado nacional, desempeñándose también como ejecutivo de la AFJP Claridad e impulsando junto a las empresas beneficiarias el nefasto régimen de las ART.
En los últimos tiempos, enfrentado a Hugo Moyano, se ha convertido en el dirigente sindical preferido de Cristina Kirchner para reemplazar, precisamente, a aquél en la conducción de la CGT.
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