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POLÍTICA

Abre el Gobierno el debate para despenalizar el aborto

La Nación
 
La reforma del Código Penal

 
El Ministerio de Justicia presentó un anteproyecto de ley e invitó a la sociedad a discutirlo
 
 
­El Gobierno rompió ayer un tabú: puso a consideración de la sociedad un proyecto de reforma del Código Penal que despenaliza el aborto. También propone liberar la tenencia de drogas para consumo personal y atenuar la pena de la eutanasia.

Si bien el Gobierno no dio a conocer su posición sobre estos temas, el proyecto lleva la firma del secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación, Alejandro Slokar, coordinador de la comisión de reconocidos juristas que trabajó durante el año pasado en esta propuesta de reforma integral del Código Penal.

Ahora el Ministerio de Justicia abrirá el debate a la sociedad. Hasta el 15 de agosto recibirá observaciones sobre el proyecto en su página de internet ( www.jus.gov.ar ), donde ya están publicados los 341 artículos que integran la nueva propuesta de Código. Las “entidades más representativas vinculadas con la materia penal” serán especialmente invitadas a opinar.

La fórmula utilizada en la iniciativa sobre aborto es muy amplia y deja librado al criterio del juez decidir qué circunstancias lo justificarían: “No es punible la mujer –dice el artículo 93 del proyecto de Código–cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de los tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieren excusable”.

La ambigüedad de la redacción del artículo “no fue inocente”, según relataron a LA NACION miembros de la comisión. Se debe a que este tema provocó una fuerte polémica entre los juristas, que no lograron una fórmula más clara que contentara a todos.

"Se redactó así para establecer algún freno, para que la mujer no tenga una libertad total -explicó a LA NACION Javier De Luca, representante de la magistratura judicial en la comisión-. Yo, personalmente, hubiera hecho una fórmula más amplia del derecho a abortar, pero muchos se opusieron", explicó.

Según el nuevo proyecto, que sigue estableciendo como regla general que el aborto es punible, tampoco será castigado el médico que lo practicare dentro de los tres meses desde la concepción "con el consentimiento de la mujer, cuando previamente la haya asesorado sobre las consecuencias del hecho y las razones existentes para preservar la vida del feto".

Ni aquel médico que realizara un aborto cuando el embarazo proviniera de una violación. Hoy, la ley ya prevé esta forma de abuso sexual como uno de los casos de excepción -el otro es el aborto terapéutico- pero sólo cuando la mujer es "idiota o demente".

Sí castiga el flamante proyecto -y esto es una novedad- las lesiones contra un feto. Si el delito es doloso, la pena es de uno a cuatro años de prisión. Si la lesión se produce por negligencia, la pena es de un mes a un año.

El 31 de agosto próximo, la Comisión para la Elaboración del Proyecto de ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal, tal es su nombre formal, elevará al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, el proyecto que presentó ayer junto con el informe sobre las opiniones recabadas.

En diálogo con LA NACION, la secretaria de Justicia, Marcela Losarso, afirmó ayer que "la comisión está integrada por muy buenos juristas", pero advirtió que "el proyecto todavía puede ser perfeccionado".

Si bien el Gobierno nunca se manifestó abiertamente sobre el aborto, el año último el presidente Néstor Kirchner aprobó un decálogo de 247 iniciativas contra la discriminación, que planteaba la necesidad de "hacer efectiva la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (…) propiciando el marco para un debate social sobre el aborto no punible".

800.000 por año

En tanto el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró en varias oportunidades que unas 800.000 mujeres abortan por año en la Argentina y alrededor de 500 mueren como resultado de abortos mal practicados, y sostuvo que "la legalización del aborto podría mejorar esa situación".

El obispo castrense, Antonio Baseotto, cuestionó a González García por esos dichos con una frase bíblica, lo que provocó un gran escándalo. "Los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar", había dicho el obispo.

Hoy, en la Cámara de Diputados hay 11 proyectos de despenalización del aborto. Pero ninguno está en la agenda inmediata de las comisiones.

El proyecto de reforma presentado ayer también contempla la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal -en coincidencia con la última jurisprudencia de los tribunales penales de primera y segunda instancias- y de la producción de drogas para consumo personal. En la Cámara baja hay dos proyectos para despenalizar la tenencia y el consumo de marihuana.

La iniciativa presentada ayer por la comisión de juristas contempla también la eutanasia. El artículo 89 establece: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que por sentimientos de piedad y por un pedido inequívoco de quien esté sufriendo una enfermedad incurable o terminal causare o no evitare la muerte del enfermo".

También en este caso los juristas dejan un amplio margen para la discrecionalidad de los magistrados. El artículo agrega: "El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, reducir la pena a la mitad o eximir totalmente de ella". En los últimos años se conocieron en el país varios casos que rozan esta figura. De hecho, ayer trascendió uno en Neuquén (sobre el que se informa en la página 15).

La comisión de expertos que redactó este flamante proyecto está integrada por abogados, jueces y docentes de primer nivel, y presidida por el ministro de Justicia . Sus miembros son: David Baigún, Raúl Ochoa, Carlos Chiara Díaz, Guillermo Yacobucci, Edmundo Hendler, Daniel Erbetta, Alejandro Tizón y Gustavo Raúl Ferreyra.

Todos ellos fueron convocados por el Gobierno para ajustar el Código Penal a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, darle mayor eficacia y lograr que recupere la coherencia interna que perdió tras las casi 900 reformas que sufrió desde su sanción, en 1922. "Hoy tiene más pena secuestrar a una mujer embarazada que matarla", explicaron en la presentación del proyecto, en el Ministerio de Justicia.

Entre sus ejes principales, la iniciativa también establece los derechos humanos como prioritarios para el Estado y, en este sentido, tipifica el genocidio y la desaparición forzada de personas. Y dedica un título nuevo a los delitos contra el ambiente.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

Por David Encina

Periodista

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Trabajador. Asesoría en comunicación social, comercial y política para el desarrollo de campañas. Análisis de servicios al cliente y al público. Aportes para la gestión de redes sociales con planificación estratégica.

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