RESISTENCIA.- El juicio oral y público contra Raúl Castells y nueve piqueteros chaqueños acusados de extorsión por la toma del Casino Gala de Resistencia, ocurrida en julio de 2004, llegó ayer a su fin, cuando el tribunal de la Cámara Primera en lo Criminal, presidida por Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, leyó la sentencia por la que dictaminó la absolución de culpa y cargo de todos los imputados.
Ahora, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que no asistió a la lectura del fallo por encontrarse en Buenos Aires, estudia hacerle un juicio al Estado chaqueño.
Por orden del tribunal, los medios de prensa que durante cuatro jornadas habían presenciado el desarrollo del juicio no pudieron ingresar a presenciar el dictamen.
La defensa mostró su satisfacción de la absolución de todos los imputados. El abogado Mario Bosch explicó que "el pleno del tribunal consideró que no había quedado acreditada la existencia de un hecho delictivo".
Ahora quedó flotando la posibilidad de que los acusados inicien demandas contra la provincia. Sergio Quiroz, otro abogado defensor, precisó: "Es una decisión tomada desde el primer día. Ahora vamos a estudiar el caso y si es posible demandaremos; creemos que podríamos encontrar una veta para reclamar".
El fallo del tribunal integrado por Vidarte, Alejandro Parmetler y Zulma Chavarría de Ise consta de 26 páginas en las que no solamente se detallan los aspectos legales tenidos en cuenta para dictaminar la absolución, sino que también fue la oportunidad para la presidenta del tribunal de hacer varias aclaraciones ante las acusaciones vertidas en diversos enfrentamientos dialécticos que mantuvo con Castells a lo largo del juicio.
A pesar de la sentencia absolutoria, Vidarte puso de manifiesto sus dudas sobre lo ocurrido. "Tengo la íntima convicción de que quienes lideraban el grupo que tomó parte de las instalaciones del casino desarrollaron una conducta suficientemente intimidatoria y que solamente por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente en la propiedad se determinó la entrega de dinero. Esa amenaza y la ocupación misma fueron la intimidación", dijo.
"La empresa no hubiera aportado el dinero de no mediar la toma de parte de sus instalaciones, por lo que no fue una entrega libre y voluntaria", agregó.
Más allá de su íntima convicción, los testimonios no le permitieron afirmar que se haya comprobado con el grado de certeza necesaria la extorsión.
Desde el inicio del juicio, Castells puso énfasis en su desconfianza del sistema judicial chaqueño.
Esto, claramente, cayó mal en el tribunal, que atribuyó varios párrafos a este tema, al expresar que "se han respetado todas las garantías constitucionales, tanto la del debido proceso legal como aquellas que son derivadas de ella, más allá de que la defensa ha intentado instalar la idea de que se habría tratado de un juicio político, en el que existiría una suerte de persecución conspirativa contra los imputados a través de lo que dieron en llamar la criminalización de la protesta social, cuestión que no se condice con la realidad".
Vidarte enfatiza y resalta en los fundamentos que "la justicia chaqueña es independiente de los otros poderes; es gratuita e infundada la ofensa hacia este Poder Judicial chaqueño proferida tanto por el imputado Castells como por algunos de los defensores que actuaron en este juicio".
Además, describe la declaración final de Castells como un discurso político cuyas acusaciones contra la justicia y el tribunal "son falsas y carentes de todo sustento".
Castells queda así absuelto del cargo por el que estuvo dos meses preso en Resistencia, que lo llevó a iniciar una prolongada huelga de hambre que casi le cuesta la vida.
