Comunicado.
Comerciantes y familias inquilinos que no son contemplados por la Ley 3948 de expropiación para la construcción de bocas del Subte H, de las zona norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires, continuarán con sus reclamos de una solución concreta que contemple el daño en particular este viernes 28 de septiembre desde las 14 hs en Av. Santa Fe y Pueyrredón.
La ley sancionada el año pasado en la Legislatura Porteña no tiene en cuenta a los comerciantes y familias locatarios, algunos con años en los barrios, las consecuencias del desarraigo, la perdida de la vivienda, el desalojo y/o traslado de la actividad comercial y el daño por la perdida de sus fondos de comercios.
A la concentración de Av. Santa Fe y Pueyrredón se le sumarán los afectados de la zona sur, más precisamente del barrio de Pompeya. «Pareciera que a Mauricio Macri – Jefe de Gobierno de la Ciudad – no le importa nada. Queremos que nos expliquen por qué no se hizo la audiencia pública que para estos temas es obligatoria y necesaria», dicen.
«Exigimos el reparo económico pertinente y en particular para que podamos seguir con nuestra actividad comercial en otro lado y así también proteger a los empleados que por las mismas consecuencias de estas expropiaciones quedarían sin trabajo», indicó Claudio D’amore, de la Comisión de Comerciantes, inquilinos y familias afectados por las bocas del Subte H.
Por su parte, las familias que alquilan viviendas en los inmuebles que serán expropiados explican que «vienen apoyando a los comerciantes pero que hasta ahora los legisladores y autoridades de la Ciudad no han hecho referencia a ellas». Tienen que afrontar un nuevo alquiler con los depósitos necesarios y quizá el cambio de barrio con las complicaciones de tener niños en edad escolar que van a las escuelas cercanas a los lugares donde actualmente viven. En una última reunión de asesores de diputados en la Legislatura Porteña se deslizó la mención a que podrían ser incluidas en algunos de los planes de viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad.
«Expresamos nuestra dura realidad y exigimos que se respeten nuestros
derechos. Somos familias con comercios de décadas en los barrios, son fuentes genuinas de trabajo, pagamos altos impuestos, con todo el rigor que implica tener un comercio con sus habilitaciones y contratos de alquiler vigentes, servicios, Afip, cargas sociales. Invertimos y damos servicios al barrio …» señaló D’amore.
Adhieren también al reclamo organizaciones barriales, políticas, comuneros, legisladores y vecinos.
