- El ministro de Justicia querelló a Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad AMIA, que ahora trabaja en Defensa
- Fue por haber dicho a LA NACION que disminuyó el avance en la investigación
Cuando sólo faltan cuatro días para que la gestión del Gobierno en el caso AMIA sea evaluada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, denunció por calumnias al ex director de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA de esa cartera, Alejandro Rúa. Fue porque en una entrevista con LA NACION publicada el domingo Rúa afirmó que con Iribarne "disminuyó el avance" del proceso investigativo de aquella dependencia sobre el encubrimiento judicial del atentado.
Rúa renunció hace un mes a la Unidad que depende de Iribarne y pasó a desempeñarse en el Ministerio de Defensa con su titular, Nilda Garré.
En la última edición del Suplemento Enfoques, Rúa hizo un balance de su gestión, que le valió la denuncia penal de Iribarne. La querella recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas.
Rúa declinó opinar sobre el caso, y el vocero de Iribarne respondió a LA NACION que no habrá declaraciones sobre la denuncia.
Pero ayer, el ministerio difundió un comunicado en el que adelantó los puntos que el Estado planteará el miércoles en la CIDH como avances en el esclarecimiento del atentado que el 18 de julio de 1994 destruyó la mutual judía y mató a 85 personas.
Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -organismo que participa ante la CIDH como copeticionario junto con la querella de Memoria Activa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)- dijo a LA NACION que Iribarne "debería retirar la querella contra Rúa".
En Memoria Activa, Adriana Reisfeld aseguró: "Rúa siempre investigó y apoyó a los familiares".
"Insuficientes"
Si bien Pochak valoró como positivos algunos anuncios, los consideró insuficientes y lamentó que se conocieran "cuatro días antes de la reunión en la CIDH y mezclados con la denuncia contra un funcionario que durante tanto tiempo impulsó la investigación".
En el marco de la CIDH se desarrolla desde hace un año un proceso de solución amistosa a raíz de la denuncia contra el Estado que allí había radicado Memoria Activa.
Como resultado de esa denuncia, en marzo del año pasado, el Gobierno efectuó un histórico reconocimiento al admitir la responsabilidad del Estado por no haber evitado el atentado y por las graves falencias de la investigación del ex juez federal Juan José Galeano.
Pero había otros puntos que el Estado se comprometió a cumplir y aún no hizo. El comunicado del ministerio sobre los progresos señala que Alejandro Slokar, que reemplaza a Rúa y el miércoles representará al Estado en la audiencia en Washington, será querellante en las causas sobre irregularidades en la investigación del atentado. Y destaca como otro avance el fortalecimiento de la Unidad del fiscal Alberto Nisman.
También menciona el proyecto de ley de reparaciones para las víctimas del atentado y la información brindada por el Poder Ejecutivo sobre el manejo de fondos reservados para Inteligencia en 2004.
Pochak subrayó la importancia de que el Ejecutivo sea querellante por medio de Slokar, pero añadió que otros puntos le resultan insuficientes. "Falta una ley que promueva la transparencia en el manejo de los fondos reservados", dijo.
El famoso pago de 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que acusara del atentado a un grupo de policías bonaerenses provino de los fondos reservados empleados por la SIDE menemista. La acusación de Telleldín era falsa.
"También buscamos que se discuta con todos los organismos una ley de reparación integral para todas las víctimas y familiares. Antes hubo avances, pero en estos últimos meses -agregó Pochak- hubo una falta de impulso para las medidas que pedíamos."
Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION
