Es parte de una orden de captura contra 18 personas, varias de ellas ya detenidas.
Pablo Abiad.
El juez federal Sergio Torres ordenó la captura de 18 personas, entre ex militares y ex miembros de fuerzas de seguridad, en el marco de una causa en la que se investiga el secuestro y posterior asesinato del periodista Rodolfo Jorge Walsh.
Entre los acusados se encuentran los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, que —como la mayoría— ya estaban detenidos por su presunta responsabilidad en los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Otros cuatro represores habían estado presos y, luego de ser liberados por la Cámara de Casación, volvieron a prisión: el ex capitán Juan Carlos Rolón, el ex policía federal Ernesto Weber, el ex mayor Julio César Coronel y el ex penitenciario Carlos Generoso, a quien ayer le allanaron la casa.
El juez ayer ya indagó al ex marino Antonio Pernías, al «Tigre» Acosta y a «Maco» Coronel. Hoy tiene turno Astiz, sospechado de haber integrado el grupo de tareas que acorraló a tiros a Walsh el 25 de marzo de 1977.
Maestro de periodistas, Walsh tenía 50 años. Había integrado la conducción de Montoneros y durante la dictadura militar había fundado la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA).
Lo emboscaron en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Había sido citado esa tarde por José María Salgado, quien para eso había sido torturado en la ESMA. Según constancias de la causa, «un numeroso grupo de personas» —el Grupo de Tareas 3.3— le gritó «¡Alto, Policía!» y le disparó. Walsh había salido de su casa de San Vicente y venía caminando desde la estación Plaza Constitución, adonde se había despedido de su mujer, Lilia Ferreyra.
Llevaba sus anteojos de marco negro y, dentro de un portafolios de cuero negro, una pequeña pistola calibre 22 y cinco ejemplares de la histórica «Carta abierta a la Junta Militar» (ver «El violento…»). La madrugada siguiente, su casa fue asaltada y saqueada. Su cuerpo fue trasladado a la ESMA y nunca más se halló.
Torres dictó su resolución en el expediente 18.918 («incidente de búsqueda de Rodolfo Walsh»). Este sumario se desprendió de la megacausa ESMA, una de las que se reabrieron por orden de la Cámara Federal cuando el Congreso declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sumando los de la investigación principal, los detenidos por los delitos aberrantes cometidos en la ESMA alcanzan los treinta.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que las otras capturas ordenadas el martes son las de Jorge Radice, Pablo García Velazco, Héctor Febres, Roberto González, Pedro Salvia, Juan Carlos Fotea, Juan Carlos Linárez, Roberto Naya, Gonzálo Sánchez y Jorge Vildoza, prófugo desde hace quince años. Otro ex marino, Enrique Yon, murió.
Tras las leyes del perdón, la Cámara Federal sólo pudo intentar esclarecer el caso Walsh como uno de los «juicios por la verdad», en los que no existía persecución penal. Hoy un tercio de la megacausa ESMA está por pasar a la etapa de sentencia; estaría más cerca de no ser por las recurrentes demoras de la Casación.
Entre las pruebas contra los detenidos hay elementos que pertenecieron a Walsh y fueron encontrados dentro de la ESMA. Por ejemplo, su libreta de enrolamiento y el original de un cuento titulado «Juan se iba por el río».
LO HABIA FIRMADO EL EX PRESIDENTE CARLOS MENEM
Declaran inconstitucional el indulto a Menéndez
La Cámara Federal de Córdoba declaró inconstitucional y nulo el indulto firmado por el ex presidente Carlos Menem en favor de Luciano Benjamín Menéndez, el ex jerarca de la dictadura militar acusado de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.
La resolución permitirá la reapertura de la llamada «Causa Madre», 31/M/87, o «Causa Menéndez» que avanzará también contra numerosos militares que actuaron bajo su jefatura en el Tercer Cuerpo de Ejército.
El tribunal determinó la inconstitucionalidad del perdón que benefició a Menéndez por requerimiento de la fiscal Graciela López de Filoñuk, quien está a cargo de varios casos de personas desaparecidas en Córdoba a principios de la década del 70.
Anteriormente, ese mismo pedido fue desestimado por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, luego de lo cual la fiscal apeló ante la Cámara Federal. Este tribunal ya había considerado inconstitucionales las «leyes del perdón», y ayer amplió ese criterio al indulto que firmó Menem en 1990 a favor de Menéndez.
El secretario de la Cámara, Fernando Núñez, detalló que la medida fue por «mayoría»: el camarista José Mosquera votó por la nulidad de los indultos; en tanto que sus colegas Luis Martínez, Ignacio Vélez Funes, Gustavo Becerra Ferrer y Humberto Aliaga Yofre, votaron por la inconstitucionalidad.
Esto significará que Menéndez «podrá ser juzgado por las detenciones, torturas y #asesinatos que ordenó al frente de la represión ilegal», sostuvo Claudio Orozs, abogado de H.I.J.O.S.
La reapertura de la «Causa Madre» quedó en suspenso cuando Menéndez fue indultado por Menem, «el único en Córdoba», según apuntó el abogado.
Actualmente, Menéndez cumple prisión domiciliaria —tiene más de 70 años— por el caso «Brandalisis».
Humberto Brandalisis y otras tres personas (Carlos Enrique Lajas, Hilda Palacios y Raúl Cardozo), fueron asesinados en 1977 en un simulacro de «enfrentamiento». Por ese crimen también están procesados y detenidos Jorge «el Tigre» Acosta, Hermes Rodríguez, Carlos Vega, Carlos Díaz, Luis Manzanares, Oreste Padován y Ricardo Lardone.
Una respuesta a «Ampliando sobre la detención de los asesinos de Rodolfo Walsh y los indultos inconstitucionales del ex presidente Carlos Menem»
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