CELN en el Mundo.

CELN en el País.

CIUDAD DE BUENOS AIRES.

Marcha de estudiantes secundarios.

Marcha de los estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación y al Ministerio de Educación de la Ciudad, rechazando la reforma curricular que los dos gobiernos están impulsando en detrimento de la calidad educativa de las escuelas secundarías públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Entrevistas a Lucas, estudiante de la Escuela María Claudia Falcone, a Ignacio de la Escuela Técnica Nº 9 y a Alejandro Bodart diputado porteño del MST en el Mov. Proyecto Sur. Para más información ver http://www.mst.org.ar

«Si no le gustó Harvard, la desafío a debatir en la Universidad de La Matanza»

La dirigente Vilma Ripoll (MST-Proyecto Sur), en tanto, desafió a la Presidenta a «debatir en la Universidad de La Matanza», luego de su criticado paso por la sede de Harvard. «Además de negar la realidad, Cristina Kirchner despreció a los argentinos que preguntaron y, en especial, a los alumnos de la Universidad de La Matanza, que con tanto sacrificio intentan estudiar. Si no le gustó Harvard, la desafío a debatir en la Universidad de La Matanza», dijo. La Nación.

 

Alejandro Bodart, diputado del MST en Proyecto Sur,  contra el endeudamiento de la Ciudad.

Intervención del diputado porteño del MST en el Mov. Proyecto Sur Alejandro Bodart, contra la propuesta de endeudamiento planteada por el gobierno de Macri. Bodart señaló además que esta política de endeudamiento contra los intereses de los porteños es muy similar a la que el gobierno nacional utiliza en el ámbito nacional. Para más información ver http://www.mst.org.ar

Día por el Derecho al Aborto.

Concentración frente al Congreso Nacional en el Día de lucha por el Derecho al Aborto en Latinoamérica y el Caribe. Entrevistas a Maru Lópes integrante de la Comuna 10 por el MST en el Mov. Proyecto Sur y a Vilma Ripoll dirigente nacional del MST. Para más información ver http://www.mst.org.ar

Aborto No punible: El diputado Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) llamó a avanzar hacia una ley más integral a nivel nacional.

Intervención del diputado porteño del MST en el Mov. Proyecto Sur Alejandro Bodart, presentando su proyecto de ley sobre el derecho al aborto, realizada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la sesión del 27 de setiembre de 2012. En dicha sesión se aprobó además el proyecto consensuado de la oposición al macrismo sobre el aborto en el caso de violación. Para más información ver http://www.mst.org.ar

La otra cara del avance del Subte H en la Ciudad de Buenos Aires.

Familias y comerciantes inquilinos corren el riesgo de quedar en la calle por la construcción de las bocas de la Línea H.

La extensión de la línea H de subterráneo, tanto hacia la zona Norte como hacia el sur de la Ciudad, traerá cambios en la fisonomía de los barrios. Estas modificaciones implican el uso de ciertos espacios donde hoy están emplazados comercios y viviendas particulares para la construcción de las bocas de ingreso y egreso hacia las estaciones.

Debido a estas obras, muchas personas deberán abandonar sus casas y locales. En virtud de esto, la Legislatura porteña sancionó una ley de expropiación mediante la cual las personas afectadas recibirán una compensación monetaria. Sin embargo, existen cientos de personas que están quedando fuera de esta disposición y, para apoyar su reclamo, el último viernes se realizó una manifestación en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón.

“Estamos acompañando a los vecinos con una radio abierta en esta esquina, que es donde están los comerciantes que se ven afectados por la construcción del tramo norte de las bocas del subte H.”, dijo al programa “Puente Urbano” en Radio Arinfo el responsable de políticas Comunales del MST- Proyecto Sur, David Encina, quien también anticipó que la próxima semana se estará llevando a cabo una protesta similar en el barrio de Pompeya, en la Comuna 4.

Luego, profundizó en los motivos del reclamo: “Esto es porque con la ley de expropiación que se sancionó el año pasado para la construcción de las bocas del subte, se contempla solamente a los propietarios, pero no a los comerciantes y a las familias inquilinas, quienes prácticamente estarían quedando en la calle.”

“Por eso los habitantes se están organizado, están yendo a la Legislatura, charlando con Diputados y en estos momentos su caso se está tratando en algunas de las Comisiones, como en la de Obras públicas. Allí hubo una reunión de asesores para ver si se les da algún tipo de respuesta a los comerciantes inquilinos que hace varios años alquilan sus comercios y no están siendo contemplados por la ley.”, señaló el periodista en diálogo con Radio Arinfo.

Asimismo, Encina planteó el objetivo de los afectados por esta ampliación del subte: “Lo que ellos quieren no es una ayuda económica, sino que se compense el daño que se les está haciendo ya que están perdiendo sus fondos de comercio. Quieren que una comisión evaluadora contemple el daño individualmente y que la ayuda no tenga un tope, sino que se contemple cada caso.”

“Los comerciantes pierden su fondo de comercio, su clientela y hasta pueden perder su actividad si no encuentran otro local para mudarse. Hay vecinos de Pompeya que están hace años y por eso los vecinos del barrio y los militantes sociales los estamos acompañando en esta lucha.”, concluyó.

Laura García Vazquez (Proyecto Sur): Derechos Humanos en el día de la sentencia a los genocidas en Bahía Blanca, Buenos Aires.

Laura García Vázquez de Proyecto Sur y José Lualdi del Partido Comunista son entrevistados por FM de la calle por el periodista Mauro Llaneza en el marco de la histórica sentencia a los genocidas.

Riesgos del Trabajo: «El Poder Ejecutivo acaba de elevar al Congreso un proyecto de reforma parcial y restrictiva».

POR HORACIO MEGUIRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA – CTA.

El Poder Ejecutivo acaba de elevar al Congreso un proyecto de reforma parcial y restrictiva, que desprotege a los trabajadores y dista mucho de adecuarse a la doctrina de los doce fallos de la Corte Suprema que cuestionan la constitucionalidad de muchos de los institutos de la ley existente.
Después de 17 años de vigencia de la Ley de riesgos de trabajo, el Poder Ejecutivo elevó un proyecto de reforma parcial, restrictiva, que dista mucho de su adecuación a la doctrina de los doce fallos de la Corte Suprema que cuestionan la constitucionalidad de muchos de sus institutos.
Los que la impulsan son los mismos actores del acuerdo Marco UIA-CGT de 1994 que habilitó la sanción de la ley vigente . El ministro Tomada fue asesor de la CGT de entonces y hoy vuelve a ser un factor importante, al momento de imponer una reforma con un método restringido a sindicatos, empresarios y aseguradoras amigos , sin tomar en cuenta las incompatibilidades con la Constitución observadas por el Máximo Tribunal y menos aún la voz de los que no opinamos en el mismo sentido. Quien asumió la responsabilidad de la defensa fue el propio ministro, que concurrió al Senado a exaltar las virtudes del proyecto.
El relato es profundamente contradictorio. El enunciado dista mucho de la letra escrita. En el discurso oficial se condenan las restricciones de la ley en el acceso a la justicia; sin embargo, el proyecto impone la opción excluyente con renuncia, que obliga al damnificado a elegir entre la reparación tarifada o la emergente del derecho común , de tal modo que si percibe la primera renuncia al derecho de poder acceder a la justicia. Con el agravante de que establece la jurisdicción civil sobre la laboral (que históricamente ha sido más lenta y restrictiva) al momento de fijar el monto de las indemnizaciones.
Afirma el ministro que lo más importante es la prevención del riesgo, pero la reforma no contiene un solo artículo que modifique la imprevención y la falta controles. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el 2011 hubo 675.000 siniestros laborales, de trabajadores registrados (51 % de la fuerza del trabajo). Si tomamos en cuenta a todos los trabajadores, la proporción debería ser un 49% mayor. Es decir, más de 1.200.000 siniestros anuales.
Durante el 2010, según datos de la Superintendencia, hubo 871 muertes por accidente, es decir, 2,38 muertes por día (incluidos los in itinere y las reagravaciones). Tomando la misma proporción de 49% del resto de la fuerza del trabajo, hay por lo menos 4 muertes por día por accidente de trabajo sin tomar en cuenta las enfermedades.
Otro gran justificativo del discurso oficial es la denominada industria del juicio . Se transfiere al abogado laboralista la responsabilidad de la imprevención.
Pretenden colocar la consecuencia en la causa y nos culpan de la alta litigiosidad.
Sin embargo, durante el 2011 (datos de la SRT) se judicializaron 58.364 siniestros, lo que no llega al 8% de la siniestralidad registrada.
No repara el Gobierno que lo que es altísimo es la propia siniestralidad.
Estos ataques de cuño economicista reflejados en la ley cuestionan la función del abogado y el rol de la justicia. Lo que en realidad oculta es desprecio por el derecho, descreimiento y falta de respeto al Poder Judicial.
El Gobierno lamenta lo penoso que es para un trabajador tener que acceder a la indemnización integral por vía de la justicia. Pero para ello ofrece como remedio impedir su acceso por intermedio de la opción. Esto significa una verdadera extorsión al mismo trabajador, que necesita rápidamente acceder a sumas de dinero que le permitan sustituir los salarios, como consecuencia de su incapacidad laboral.
El fundamento doctrinario proviene de la interpretación económica del derecho que coloca su mirada en los costos empresarios.
Parte de la base que la actividad productiva provoca daños inevitablemente.
Cree que se estimulan el empleo y la producción disminuyendo su responsabilidad . Es un razonamiento típicamente neoliberal.
Por ello, el proyecto de ley que presentó el diputado Víctor De Gennaro en el marco de una movilización de la CTA y otros colectivos de trabajadores está en las antípodas de esta reforma.
Pensamos que la prevención es posible y que los accidentes y enfermedades laborales son evitables, si el Estado intervine por intermedio de la seguridad social, que debe asumir la prevención sin sustituir la responsabilidad empresaria por daños.
Ponemos el eje en la prevención y en la participación de los trabajadores por intermedio de los comités mixtos en los lugares de trabajo , derogando la intermediación parasitaria de las ART. Creemos firmemente que se puede priorizar la vida y la salud de los trabajadores y que los accidentes y las enfermedades son evitables en la medida que existan mecanismos de control que no se subordinen al lucro.

Ciudad de Buenos Aires: Concentración de enfermeros en el Hospital Duran.

Concentración de enfermeros frente al Hospital Duran en contra el decreto 260/10 que hace eje en el gerenciamiento del sistema de salud de la Ciudad que perjudica los derechos laborales y las condiciones de trabajo de los enfermeros, en detrimento de la calidad de la atención. Entrevista a Ivan Sotomayor Secr. Gral de la Asociación de Licenciados de Enfermería, a Marío Acosta delegado de la Junta Interna de ATE del Hospital Duran, a Andrea Ramírez enfermera del Hospital Ramos Mejía y a Sergio García dirigente de la CTA Capital y del MST. Para más información ver http://www.mst.org.ar

Estudiantes secundarios en la Legislatura Porteña.

Reunión de los estudiantes secundarios en la Legislatura junto a distintos diputados y comuneros opositores para tratar su conflicto con el gobierno de Macri que pretende cambiar la curricula enfrentando los intereses de los estudiantes y de la comunidad educativa de la Ciudad. Entrevistas e intervenciones de Lucas estudiante de la Escuela María Claudia Falcone, de Santiago estudiante de la Escuela Técnica Nº 27 y de Ignacio estudiante de la Escuela Técnica Nº9. Extractos de las intervenciones de Laura García Tuñón diputada de Buenos Aires para Todos y Alejandro Bodart diputado del MST en el Mov. Proyecto Sur. Para más información ver http://www.mst.org.ar

Afectados por las bocas del SUBTE H: manifestarán mañana en Av. Santa Fe y Pueyrredón desde las 14 hs.

Comunicado.

Comerciantes y familias inquilinos que no son contemplados por la Ley 3948 de expropiación para la construcción de bocas del Subte H, de las zona norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires,  continuarán con sus reclamos de una solución concreta que contemple el daño en particular este viernes 28 de septiembre desde las 14 hs en Av. Santa Fe y Pueyrredón.

La ley sancionada el año pasado en la Legislatura Porteña no tiene en cuenta a los comerciantes y familias locatarios, algunos con años en los barrios, las consecuencias del desarraigo, la perdida de la vivienda, el desalojo y/o traslado de la actividad comercial y el daño por la perdida de sus fondos de comercios.

A la concentración de Av. Santa Fe y Pueyrredón se le sumarán los afectados de la zona sur, más precisamente del barrio de Pompeya. «Pareciera que a Mauricio Macri – Jefe de Gobierno de la Ciudad – no le importa nada. Queremos que nos expliquen por qué no se hizo la audiencia pública que para estos temas es obligatoria y necesaria», dicen.

«Exigimos el reparo económico pertinente y en particular para que podamos seguir con nuestra actividad comercial en otro lado y así también proteger a los empleados que por las mismas consecuencias de estas expropiaciones quedarían sin trabajo», indicó Claudio D’amore, de la Comisión de Comerciantes, inquilinos y familias afectados por las bocas del Subte H.

Por su parte,  las familias que alquilan viviendas en los inmuebles que serán expropiados explican que «vienen apoyando a los comerciantes pero que hasta ahora los legisladores y autoridades de la Ciudad no han hecho referencia a ellas». Tienen que afrontar un nuevo alquiler con los depósitos necesarios y quizá el cambio de barrio con las complicaciones de tener niños en edad escolar que van a las escuelas cercanas a los lugares donde actualmente viven. En una última reunión de asesores de diputados en la Legislatura Porteña se deslizó la mención a que podrían ser incluidas en algunos de los planes de viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad.

«Expresamos nuestra dura realidad y exigimos que se respeten nuestros
derechos. Somos familias con comercios de décadas en los barrios, son fuentes genuinas de trabajo, pagamos altos impuestos, con todo el rigor que implica tener un comercio con sus habilitaciones y contratos de alquiler vigentes, servicios, Afip, cargas sociales. Invertimos y damos servicios al barrio …» señaló D’amore.

Adhieren también al reclamo organizaciones barriales, políticas, comuneros, legisladores  y vecinos.