POR HORACIO MEGUIRA, DIRECTOR DEL DEPTO. JURIDICO DE LA CTA.
No son casuales las alusiones al conflicto y la negociación colectiva que la Presidenta hizo en su discurso de reasunción: el Gobierno intenta restringir ambos derechos.
Paradójicamente, un 17 de octubre de 1990, día de la lealtad peronista, se sancionaba un decreto del poder ejecutivo restrictivo del derecho de huelga que signo más de una década de lucha por su derogación.
Hubo una gran cantidad de paros generales convocados durante la vigencia del derogado decreto que reglamentó, con notorios desbordes constitucionales, el ejercicio de la huelga en los servicios esenciales y dio lugar a sucesivos cuestionamientos de parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Especialmente la reafirmación de que el Transporte no constituye servicio esencial, resuelta en la queja entablada por la Unión de Trasporte Automotor (UTA-CGT).
Esta queja fue presentada, a raíz de la huelga general declarada por la CTA-MTA en agosto del 1994 y que fuera declarada ilegal por el gobierno de Carlos Menem.
Esos antecedentes fueron tenidos en cuenta por las centrales sindicales -CGT y CTA- en oportunidad de su participación, a través de sus respectivos gabinetes jurídicos, en la consulta convocada por el Ministro Tomada, con miras a enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral que resultó luego sancionado como ley, derogándose la cuestionada ”ley Banelco”. Entre otros institutos, trató la huelga en los servicios esenciales, que fuera luego reglamentada en sendos decretos del 2006 y el 2010.
Pareció que este rumbo iniciado en el 2004 signaba la suerte de un camino de estabilidad, en cuanto a no limitar el ejercicio de derecho de huelga , y que junto a la negociación colectiva servirían de instrumento para recuperar derechos de los trabajadores perdidos en la década del 90.
Aun cuando hubo una histórica desconfianza hacia las normas reglamentarias, el texto actual solo limita con “servicios mínimos” los denominados servicios esenciales : los sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Se reformó tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos de control de la OIT, a tal punto que en ocasiones se toma esta adaptación como ejemplo para otros Estados miembros. Solo una comisión independiente puede ampliar este concepto cuando se ponga en riesgo la vida la seguridad, o la salud de la población o parte de ella .
En su discurso ante la Asamblea legislativa, este 10 de diciembre del 2011, día de los Derechos Humanos, la Presidenta hizo alusión a este derecho e intentó desagregar el concepto, diferenciando la huelga de la extorsión.
La huelga es ante todo un hecho, pero también un derecho humano fundamental, y por eso las definiciones (chantaje, extorsión) son peligrosas porque suelen desvincularla de lo que es su esencia: la búsqueda permanente de distintos modalidades para que su ejercicio resulte eficaz.
Si no causa daño no es huelga. La extorsión, etimológicamente, también es daño o perjuicio; es la obtención por la fuerza o con intimidación de una cosa de alguien.
Siempre que hay ejercicio del derecho de huelga hay lesión a otros derechos.
Pero estos supuestos “abusos” son invocados oportunamente por los gobiernos cuando se contraponen al derecho de huelga . Se invoca el derecho a la salud, al trabajo, al trasporte publico, a ejercer toda industria lícita, como lesionados por la huelga.
Bueno sería que la preocupación por éstos, también se extienda antes y después de su ejercicio , convertiría en un poco más creíbles los argumentos.
También destacó la Señora Presidenta la puesta en marcha y vigencia del diálogo en paritarias y consideró que esa instancia de negociación entre el Estado, los sindicatos y las empresas debiera poner sobre la mesa, además del tema de los salarios, “el de la competitividad” . Al respecto puntualizó la necesidad de crear mesas de trabajo sobre áreas como la automotriz, para diversificar e incrementar la producción sumándole tecnología.
En aquella década del ‘90, Menem dictó un decreto que solo permitió la negociación colectiva, si previamente se establece una formula de productividad . Este decreto extinguió la negociación colectiva de actividad, redujo el ámbito de la negociación colectiva a la empresa, e introdujo cláusulas de flexibilidad en la jornada, en las vacaciones, en los métodos de trabajo.
En muchos convenios se renunció a la estabilidad, introduciéndose modalidades contractuales, flexibilizando fuertemente las relaciones laborales Diez años después (2000-2001), con el mismo ministro de economía Domingo Cavallo, se introdujo la negociación colectiva multisectorial o marco para mejorar la competitividad. Se firmaron acuerdos en actividades diversas, tales como Metalúrgica, Calzado, Textil, Indumentaria, Actores de Televisión, Autopartes, Gráficos, Cine, etc.
Con ello se precarizaron aún más las relaciones de trabajo, lo que generó junto a otros factores la rebelión de 2001.
No es casual que la Señora Presidenta aluda ahora a estos dos derechos (huelga y negociación colectiva). Es coherente con otros discursos que tuvieron la misma orientación.
Nuevamente, como a lo largo de la historia de su vigencia, el Estado pretende intervenir y condicionarlos . Resulta claro que sin libertad en su ejercicio, los sindicatos y los trabajadores se convierten en meros espectadores de la economía y el mercado, no pueden incidir,ni modificar conductas de los demás actores sociales (empleadores y Estado).
Ello corrobora algo que venimos advirtiendo: esa intención inicial de 2003/04 de fomento de la negociación colectiva y racionalización del conflicto se va revirtiendo por voluntad política del mismo gobierno (de igual signo) que la inició.
La historia del conflicto indica que la influencia normativa es relativa, éste tiene sus propias reglas y la intervención restrictiva del Estado suele tener efectos contrarios a los buscados.
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