El mandatario boliviano dijo que, si es necesario, haría respetar esta medida "a la fuerza" y amenazó con expulsar a las multinacionales que en los próximos 180 días se nieguen a firmar nuevos contratos que den al Estado el control de la cadena de producción.
La nacionalización de hidrocarburos será seguida por la estatización de los recursos mineros y forestales, según anticipó Morales.
La medida, que ya había sido sugerida por Morales cuando asumió la presidencia, en enero último, tomó de sorpresa a los directivos de las petroleras afectadas, que dijeron que no esperaban una medida tan "radical" como la anunciada. El gobierno español incluso expresó su "más profunda preocupación" por el anuncio, que afectará directamente a la petrolera Repsol YPF. (ver aparte)
"Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", dijo Morales desde el campo de gas y petróleo San Alberto, el más rico del país, administrado por la brasileña Petrobras. Morales hizo el anuncio al mediodía, cuando, según la agenda oficial, iba a encabezar un acto por el Día del Trabajo.
"Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras", dijo el presidente, tras leer el decreto que establece la tercera nacionalización de hidrocarburos en la historia de Bolivia, que, a su juicio, será la "definitiva".
Morales exhortó a los bolivianos a movilizarse frente a "cualquier intento de sabotaje de algunas empresas" y afirmó que con esta medida se solucionarán los problemas económicos del país, porque se generarán más fuentes de trabajo. "Pedimos a las empresas petroleras que respeten la dignidad de los bolivianos, que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no respetan, nos haremos respetar a la fuerza", advirtió.
El mandatario también mencionó que, con su anuncio, estaba cumpliendo su promesa electoral, con la que ganó los comicios del 18 de diciembre pasado, y atendiendo los resultados del referéndum celebrado en julio de 2004, que dio un amplio apoyo a la nacionalización. El presidente señaló, asimismo, que el gobierno iniciará de inmediato negociaciones con las petroleras para que acepten la nueva política, con el criterio de que si no lo hacen deberán abandonar el país en seis meses.
Militarización
El "decreto supremo" estableció que todos los campos petrolíferos debían ser ocupados por el ejército y por funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esa medida se puso en práctica ayer mismo, cuando los militares ocuparon dos refinerías de Petrobras en Santa Cruz y Cochabamba y 56 plantas de explotación en todo el país. El decreto obliga a las empresas extranjeras a entregar toda su producción a YPFB, que asumirá un control absoluto de la comercialización en el mercado interno y en la exportación.
De esta forma, cambia el régimen que cobijó hasta ayer a más de una docena de empresas multinacionales que operan en la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Además de Repsol YPF y Petrobras, entre las compañías extranjeras que se verán afectadas están la británicas British Gas (BG) y British Petroleum (BP) y la francesa Total.
El documento establece que los campos que produzcan más de 100 millones de pies cúbicos de gas diarios -cifra que sólo alcanzan los campos San Alberto y Sábalo, operados por Petrobras- entreguen al Estado un 82% del valor de su producción y se queden con el restante 18%. La empresas que produzcan menos de esa cantidad se mantendrán "transitoriamente" bajo el actual esquema, por el cual transfieren al Estado el 50% del valor de su producción, en concepto de tributos y otras participaciones.
Morales también anunció la confiscación de las acciones necesarias en varias empresas mixtas para que YPFB tenga en ellas "el 50% más uno" y controle de esa forma los directorios de los consorcios. Según fuentes diplomáticas y de las empresas afectadas consultadas, esa medida llevará a las petroleras a recurrir a arbitrajes internacionales, por incumplimiento de los contratos, o a dejar Bolivia.
Bolivia posee las segundas reservas de gas de América del Sur, después de Venezuela. El reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos fue el detonante de las protestas que forzaron la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en 2003, y la de su sucesor, Carlos Mesa, en 2005.
Agencias AP, EFE, DPA y AFP
