En medio de una tensión que no cede y denuncias por apremios ilegales de la policía santacruceña a los detenidos por el asesinato del oficial Jorge Sayago, la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, desembarcó ayer en esta ciudad para tratar de "encontrar una solución" al conflicto de los trabajadores petroleros.
Bonafini voló por la mañana muy temprano a Comodoro Rivadavia y desde allí viajó en auto los 240 kilómetros hasta esta ciudad petrolera del norte de Santa Cruz, acompañada por Sergio Schoklender.
A las tres de la tarde llegó a la iglesia local, donde por varios días estuvieron "refugiados" familiares de los detenidos y trabajadores petroleros que denuncian una "persecución". Hasta hace unos días, muchos durmieron allí, pero ahora regresaron a sus casas. Sin embargo, en un sector de la iglesia todavía hay frazadas y colchones apilados, debajo de imágenes de santos.
La reunión que tuvieron con Bonafini tuvo momentos tensos, y se hizo en una sala de la escuela laboral pegada a la iglesia y que pertenece al Obispado santacruceño. Unas 40 personas se sentaron a una larga mesa, y Bonafini se ubicó en la cabecera junto a Schoklender.
La gente le planteó sus reclamos: la libertad de los detenidos, la salida de la Gendarmería y la SIDE de Las Heras y la solución del tema gremial, cuyo principal reclamo es el encuadramiento de los trabajadores de la empresa Indus bajo el convenio de los petroleros y no de la construcción.
Sobre los detenidos, Bonafini les dijo que "si estuviera en mis manos yo les daría ya la libertad a los compañeros. Vengo acá a ver en qué puedo ayudar".
Bonafini ofreció actuar de mediadora y les aseguró que tenía el compromiso del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro del Interior, Aníbal Fernández, de que serían recibidos en Buenos Aires para escuchar sus reclamos.
En la investigación judicial que lleva adelante la jueza Graciela Ruata de Leone por el crimen del policía hay 18 detenidos. Claudia Ferrero, abogada de 8 de ellos, aseguró a Clarín que 14 de ellos están en esa condición "por un solo testimonio y que los involucra en forma genérica".
Tras la reunión con los familiares, Bonafini viajó una hora hasta la vecina Pico Truncado para visitar al único detenido en la comisaría local.
Hoy visitará a un grupo de detenidos en Caleta Olivia. Es que por razones de seguridad, la jueza dispuso alojarlos fuera de Las Heras, diseminados en varias ciudades de la provincia.
Con su pañuelo blanco en la cabeza, tras cruzar una calle asediada por el viento patagónico, Bonafini ingresó a la comisaría de Pico Truncado, y estuvo veinte minutos. Cuando salió, Clarín pudo hablar con ella en el bar de una estación de Petrobras ubicada en diagonal a la comisaría.
"Hay que tocar todos los timbres para solucionar el tema", sostuvo. Dijo que no había hablado el tema con el Presidente —sí con los Fernández del Gabinete— y afirmó que "Kirchner tardó mucho en reconocer los excesos (contra los detenidos), que no son excesos sino torturas, delitos. Se equivocó Kirchner y va a tener que rectificarlo, pero lo denunció, fue valiente", morigeró después. Por este tema, la jueza Ruata de Leone difundió un comunicado donde informó que se investigan tres denuncias por violaciones a los derechos humanos (ver recuadro).
Bonafini también desmintió que su viaje tuviera alguna intención vinculada a la renuncia del gobernador Sergio Acevedo. "Me lo pidió (el escritor) Osvaldo Bayer. Si Kirchner quería sacar a Acevedo, lo echaba y listo. No me precisaba a mí", afirmó.
Calificó la actuación de la jueza como "un desastre. No puede ser que haya 18 detenidos y a todos los acusan de lo mismo. Y los presionan para que se acusen unos a otros. Son presos sociales —definió— pero cuando pasan mucho tiempo detenidos son presos políticos".
Bonafini reclamó al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que "cumpla con el convenio de encuadramiento" de los trabajadores. "De pasar de la construcción a petroleros depende una casa con o sin agua, con o sin gas", señaló.
Entre los familiares había un grupo proclive a ir a ver a Río Gallegos al gobernador santacruceño Carlos Sancho, e incluso viajar a Buenos Aires a las audiencias gestionadas por Bonafini. Pero al parecer, primó la opinión de un segundo grupo más intransigente.
Por la noche, difundieron una carta para que Bonafini haga llegar a Sancho, en la que "exigen" que sea el gobernador quien se traslade "en forma inmediata" a Las Heras para hablar con ellos.
Los familiares de los detenidos y trabajadores marcharon otra vez anoche por las calles de la ciudad. También denunciaron que los despedidos de Indus "por apoyar a los detenidos" llegan a los 57.
Tras pasar por Caleta Olivia, Bonafini regresará esta misma tarde a Buenos Aires, con la carta al gobernador Sancho en sus manos y un final abierto.