Comunicado. Por medios periodísticos trascendió la designación del sacerdote santacruceño Juan Carlos Molina como nuevo director de la Secretaría para la prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). Dicha designación, pone en riesgo la independencia de la actuación del gobierno argentino respecto de la iglesia católica y representa una amenaza tanto para el laicismo de Estado como para la política de drogas de nuestro país. Desde CAEL llamamos al gobierno a reconsiderar la decisión y frenar el acelerado avance de la jerarquía católica sobre el Estado, que hasta ahora no ha hecho más que consentir.
Tras conocer que el gobierno nacional habría designado al sacerdote Molina a cargo de la Sedronar, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), expresa su profunda preocupación por el acelerado avance de la jerarquía católica sobre el Estado en los últimos meses. La designación de Molina, lejos de ser un hecho más, representa tal vez la más visible de las intromisiones (como las recientes modificaciones al proyecto del Código Civil y Comercial o la emisión de una moneda conmemorativa del papa católico) que la iglesia católica ha tenido en la política argentina desde que Jorge Bergoglio llegó al papado.
La presencia de un sacerdote católico, con las prerrogativas que el sistema jurídico argentino le otorga a él y a la institución de la que es parte, y con las consideraciones particulares que la Constitución Nacional hace al respecto (art. 73), incrementa sensiblemente la posibilidad de que la doctrina de una religión sea impuesta a toda la sociedad. Esto resulta mucho más grave por tratarse de una materia sensible, en la que están implicadas la salud, la libertad y la autonomía de las personas, especialmente cuando la iglesia católica ha sentado en reiteradas ocasiones una postura contraria a la tendencia mundial de no criminalización de consumidores/as y de retroceso de las políticas prohibicionistas.
Resulta incluso llamativo que las mismas normas canónicas impiden que sus sacerdotes ocupen cargos públicos, con lo cual esta designación no es compatible ni con las leyes argentinas ni con las del Estado Vaticano, ambos estados de los que Molina sería simultáneamente funcionario.
Todo esto debemos decirlo sin considerar la idoneidad de Molina para el cargo, ya que se trata simplemente de recordar que como sacerdote Molina es funcionario de un Estado extranjero y está sometido a sus normas y a su jefe de Estado. Si sumamos a eso el carácter público que el Código Civil le reconoce a la iglesia, se presenta una situación de gravedad institucional que sólo puede ser salvada si Molina renuncia a sus hábitos para asumir el cargo. En tal caso, correspondería analizar su idoneidad para abordar la cuestión del tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas y las consecuencias que esto tendría para la salud, libertad y autonomía de las personas usuarias de las mismas.
Desde CAEL llamamos a la Presidenta de la Nación a reconsiderar ésta y otras decisiones contrarias a los principios de un Estado laico y a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as a desistir del clericalismo que en su mayoría han mostrado en los últimos meses. Llamamos a todo el arco de organizaciones sociales a intensificar la lucha por un Estado argentino realmente laico, respetuoso de las creencias y convicciones de todas y todos sus habitantes.