LLAMADO A LA SOCIEDAD Y A LA REFLEXION A LOS/LAS LEGISLADORES/AS ARGENTINO/AS:
FRENTE A LA INMINENTE APROBACION DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y ENTREGA DEL PATRIMONIO NACIONAL.
Ante la inminente aprobación por parte del Parlamento Nacional de la Ley de Hidrocarburos, desde Plataforma 2012queremos expresar nuestro rechazo a dicha ley, la cual consolida la entrega de nuestros bienes naturales, por la vía del despojo y el saqueo económico. Invocamos el derecho a la información y a la participación de la sociedad en el debate de una ley tan importante, que condiciona nuestro futuro como nación, rechazando de plano el trámite antidemocrático que impulsa el oficialismo. Llamamos a la reflexión a los y las diputada/os nacionales, quienes tienen este miércoles 29 de octubre una oportunidad histórica de rechazar esta ley y exigir que se abra un amplio debate democrático sobre el tema, para así evitar ser cómplices del despojo a los bienes públicos que esta ley representa.
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la denominada ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno publicitaba que su objetivo era el autoabastecimiento que se obtendría, entre otras medidas, con la explotación masiva de yacimientos no convencionales.
En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un primer documento crítico sobre el tema. 1 Entre otras cuestiones, allí sostenemos que esa ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni avanzaba hacia la nacionalización de los hidrocarburos; que no se trataba de una verdadera estatización de la empresa y que, de este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis energética de una matriz productiva basada en hidrocarburos. Con esa ley el problema energético continúa reduciéndose al abastecimiento de hidrocarburos al tiempo que siguen desestimándose otras posibilidades con respecto a las energías limpias y renovables como así también dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
También señalamos que en esa ley no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y sus socios. Y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio a pagar por la expropiación de las acciones de la multinacional, los daños terminarían siendo trasladados colectivamente a la sociedad. Asimismo, cuestionamos que el gobierno apostara a la vía de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a través de la fractura hidráulica o fracking, en tanto se trata de una metodología muy controversial por sus impactos ambientales, socio-sanitarios y territoriales.
Insistiendo con nuestra preocupación en estos temas, en julio de 2013 nos pronunciamos críticamente sobre el bochornoso convenio entre YPF y Chevron,2 denunciando la falta de conocimiento público de sus contenidos y el preocupante escenario creado para la destrucción del ambiente y el sacrificio de nuestros territorios a partir de lo poco que trascendió del mismo.Realizamos incluso un llamamiento a los legisladores neuquinos del oficialismo nacional y provincial, quienes el 31 de agosto del pasado año –en un escenario de represión y sin conocer la totalidad de las cláusulas-, aprobaron el convenio firmado entre YPF y Chevron.
Dos años después de que el gobierno y sus aliados iniciaran este camino en materia energética, los hechos reconfirman que el déficit energético sigue sin resolverse mientras avanzó la aplicación del fracking en las provincias de Neuquén y Río Negro, pero impulsado principalmente por YPF: el anunciado aluvión de inversores no se concretó ni tampoco los niveles de producción resultaron tan promisorios. En breve, otra vez estamos frente a un negociado entre el Estado y corporaciones privadas multinacionales basado en la explotación de recursos colectivos y sin ningún beneficio para el pueblo argentino.
El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones, que pasamos a enumerar:
1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevron: este decreto abre la posibilidad de exportar el 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandaránuna inversión de 1000 millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de 250 millones de dólares, esto es, la cuarta parte de lo exigido por el controvertido decreto. Estas exenciones son inadmisibles cuando el país se encuentra en emergencia energética.
2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12 % de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.3 Asimismo, se eliminan trabas a la concentración oligopólica y, en lo que representa una inédita entrega del patrimonio nacional en la historia del país, por esta la ley se otorgarán concesiones a las empresas por décadas. Incluso, se habilitan mecanismos en la explotación de hidrocarburos no convencionales a perpetuidad pues las concesiones de áreas a 30 o 35 años pueden prorrogarse por otros diez años, lo que en realidad implica que pueden extenderse en forma indefinida. También se propone la explotación a gran escala de los yacimientos de la plataforma continental, y de los crudos pesados. Asimismo, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.
3.- Desnudando sin tapujos la entrega del patrimonio colectivo que implica este proyecto, se prohíbe expresamente el establecimiento de nuevas áreas de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, en las cuales las provincias y el estado Nacional tengan participación, cualquiera sea su figura jurídica. Es decir, el Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.
4- YPF continúa siendo sociedad anónima sin control, donde el Estado no posee el 100% de las acciones pese que pagó 6.000 millones de dólares por la expropiación de las acciones de Repsol. Este elevado costo para el Estado argentino se pagó pese a que el propio gobierno había denunciado que las irregularidades cometidas por Repsol y los pasivos ambientales ocasionados en territorio argentino, eran motivo para no pagar ninguna indemnización. Las cláusulas de “desistimiento, renuncia e indemnidad” establecidas en el convenio entre YPF-Repsol, no sólo eximieron de responsabilidad a ésta última empresa, sino que terminaron socializando los pasivos ambientales que son y serán pagados por el conjunto de la ciudadanía.
5- La ley pretende “legalizar” la explotación de hidrocarburos no convencionales, clausurando cualquier debate sobre la cuestión de la técnica del fracking y sus impactos económicos, sociales y ambientales, respondiendo así a los intereses de las corporaciones nacionales y multinacionales. Esto es evidente al observar que, luego de la aprobación en la legislatura neuquina del convenio entre YPF y Chevron, la ofensiva publicitaria llevada a cabo por el gobierno a favor del llamado “fracking seguro” ha sido de tal magnitud, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. El déficit energético generado durante este gobierno así como la intensa campaña comunicacional que busca asociar empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, han tergiversado la gravedad del problema en cuestión, cerrando los caminos a un debate democrático sobre el mismo. Lo cierto es que a nivel internacional, sólo hay malos antecedentes y una gran incertidumbre en estos temas,4 algo que el gobierno argentino y las corporaciones asociadas al mismo buscan denegar y obturar a través de una publicidad tramposa y emotiva que apela tanto al nacionalismo como a una visión cientificista unilateral.
6- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales. Vaca Muerta, por ejemplo, está lejos de ser un territorio vacío como pretenden las autoridades provinciales y nacionales, pues en él se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas y que seguramente serán afectadas por el avance de la explotación del yacimiento. Asimismo, es repudiable la estigmatización de los grupos defensores de los derechos ambientales y de las organizaciones indígenas (quienes han sido tratados en Neuquén incluso por el gobernador y la vicegobernadora, como “terroristas ambientales”). Por último, hay que destacar el encapsulamiento de los conflictos en el nivel local y el silenciamiento de los accidentes: sólo en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen, Río Negro; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale gas en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta.
7.- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del art. 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
En nuestro país, las poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto explica que, entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas cuarenta ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén. Pero al igual que sucede en otros ámbitos, la lucha es local y muy asimétrica, por lo que las grandes ciudades y gran parte de la población viven ajenas y desconectadas de esta problemática nacional y global. Esto explica en gran medida la escasa movilización de la sociedad argentina en las grandes urbes, ante una ley tan importante y de consecuencias tan graves para el futuro de los argentinos, cuyo impacto se hará sentir por décadas, cuando en otros países proyectos de esta naturaleza han abierto hondos conflictos y movilizaciones en la sociedad, propiciando un verdadero debate democrático.
Por estos y otros motivos, desde Plataforma 2012 rechazamos la pretensión de aprobar este nuevo avance en una política energética, que consolida la entrega de nuestros bienes naturales, no resuelve el déficit y las deficiencias de la matriz energética, profundiza la concentración económica y abre espacios para negociados de todo tipo a costa de nuestro territorio y del bienestar de la población. Frente a ello, sostenemos la necesidad de trazar una estrategia de desarrollo energético al servicio de los intereses del país, de la salud y el bienestar de su población que necesariamente implica cambios profundos para lograr un desarrollo económico verdaderamente sustentable.5
Por lo expuesto, instamos a los diputados/as a rechazar esta ley que el gobierno pretende aprobar de forma antidemocrática, que compromete nuestra soberanía y condiciona nuestro futuro. Exigimos la apertura de un debate amplio y plural, que asegure la representación de todos los sectores sociales. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan en defensa de la vida, el ambiente y el territorio en nuestro país.
Plataforma 2012, Grupo Promotor:
Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
plataforma2012@plataforma2012.org.ar
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