Imágenes de laMarcha contra la represión y la criminalización de la protesta social convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Entrevistas e intervenciones de Vilma Ripoll, dirigente nacional del MST – Nueva Izquierda; de Elía Espen de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; de Alfredo Luque, delegado de emprendimientos ferroviarios EMFER; de Adrian Escalante, delegado de TATSA; a Silvio Fanti, delegado de la autopartista LEAR y de Gustavo Giménez, coordinador nacional del movimiento de trabajadores desocupados MST-Teresa Vive. Para más información ver http://www.mst.org.ar
En el marco de los diversos conflictos gremiales en la docencia universitaria de todo el país, ANRedentrevistó a Santiago Gandara. “El ajuste se va a profundizar”, afirma, pero confía: “También lo hará la resistencia de los trabajadores”. Por ANRed Leer más…
El pasado sábado 19 de julio, la organización Barrios de Pie llevó a cabo un corte, en ruta 2 a la altura del km 399. Comida para los comedores y trabajo para los programas sociales son las principales demandas. Por COMUNA|Mar del Plata. Leer más…
El viernes 25 y sábado 26 de julio se llevará a cabo en la la Ciudad de Buenos Aires el tercer Congreso Villero. Comenzará hoy a las 17 en el Obelisco, donde estuvo instalada la Carpa Villera hasta mediados de junio, y continuará mañana sábado en la sede central de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Por ANRed.
Comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Compañeras y compañeros: Hoy levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político.
Las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a esta Jornada Nacional contra la represión y la criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa de sus salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto, el fracking y la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de las multinacionales saqueadoras de los recursos del país.
Para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas de ajuste y entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales.
En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos obreros. El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y Kromberg.
Este gobierno -que se dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano.
Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir y suspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal en la masacre de Once.
La multinacional LEAR incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad del Ministerio de Trabajo.
En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de amparar a la patronal y reprimir la resistencia de los trabajadores.
Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque del gobierno contra el movimiento obrero. Pignanelli–al igual que José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúa como una pata más del Estado contra la iniciativa y la lucha de los trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores, fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual Comisión Interna.
En materia represiva los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy.
Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones.
El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata.
Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de Represión Política contra los que luchan.
En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra pacientes, trabajadores y vecinos en el Borda, donde fueron procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista. El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de espionaje contra los trabajadores.
Hace unos días fueron absueltos los policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen procesados los dirigentes sociales del lugar. Las policías municipales de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga.
El gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.
Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo.
Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al Banco Mundial, a Repsol y al Club de París. Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el pueblo.
El reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste.
El bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente Renovador de Massa y a gran parte del radicalismo, opositores que son cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti piquetes.
En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar, por Fernando Esteche y Raul «Boli» Lescano, por los municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras condenados, por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía fraudulenta.
Desde esta plaza, reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases explotadas, desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros.
La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales.
Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales.
El Proyecto X , el nombramiento de Berni y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto.
El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.
Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once.
La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.
Las huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí , al igual que los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la opresión y la entrega.
Por eso, reafirmamos: NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA! NI AJUSTE NI ENTREGA! POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES! BASTA DE REPRESIÓN!
Compañeras y compañeros: Hoy levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político.
Las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a esta Jornada Nacional contra la represión y la criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa de sus salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto, el fracking y la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de las multinacionales saqueadoras de los recursos del país.
Para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas de ajuste y entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales.
En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos obreros. El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y Kromberg.
Este gobierno -que se dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano.
Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir y suspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal en la masacre de Once.
La multinacional LEAR incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad del Ministerio de Trabajo.
En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de amparar a la patronal y reprimir la resistencia de los trabajadores.
Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque del gobierno contra el movimiento obrero. Pignanelli–al igual que José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúa como una pata más del Estado contra la iniciativa y la lucha de los trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores, fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual Comisión Interna.
En materia represiva los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy.
Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones.
El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata.
Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de represión política contra los que luchan.
En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra pacientes, trabajadores y vecinos en el Borda, donde fueron procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista. El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de espionaje contra los trabajadores.
Hace unos días fueron absueltos los policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen procesados los dirigentes sociales del lugar.
Las policías municipales de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga.
El gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.
Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo.
Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al Banco Mundial, a Repsol y al Club de París. Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el pueblo.
El reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste.
El bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente Renovador de Massa y a gran parte del radicalismo, opositores que son cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti piquetes.
En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar, por Fernando Esteche y Raul «Boli» Lescano, por los municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras condenados, por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía fraudulenta.
Desde esta plaza, reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases explotadas, desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros.
La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales.
Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales.
El Proyecto X , el nombramiento de Berni y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto.
El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.
Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once.
La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.
Las huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí , al igual que los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la opresión y la entrega.
Por eso, reafirmamos:
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
NI AJUSTE NI ENTREGA!
POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!
BASTA DE REPRESIÓN!
El juez Griesa, el mejor amigo de los especuladores, arrancó la semana negando el pedido del gobierno argentino para restituir el Stay (recurso de amparo que permite negociar sin cumplir el fallo). A pesar de los esfuerzos denodados del kirchnerismo por pagar, los buitres ya olieron el banquete y quieren venir por todo, incluso los activos de YPF.
La estrategia del Kirchnerismo, acompañada en silencio por la oposición tradicional, consiste en pagar hasta el último dólar. Recorrió todos los organismos multinacionales que pudo pidiendo apoyo con el objetivo de pagar y cuidar el “sistema financiero internacional” y las “reestructuraciones soberanas” de la deuda de los países.
Envalentonados por el “apoyo” internacional, le solicitaron a Griesa que nuevamente coloque el Stay para poder pagar a los bonistas del canje, no entrar en default y poder estirar las negociaciones. ¿Con que objetivo? En diciembre del 2014, es decir a final de este año, vence la cláusula R.U.F.O (por sus siglas en ingles) que establece la imposibilidad de negociar un acuerdo mayor con los bonistas que no entraron en el canje. Si logran llegar a fin de año, podrían cumplir con el deseo que vienen expresando: Pagar, pagar y pagar, sin la posibilidad de que los bonistas del canje reclamen.
Sin embargo, es justamente esta estrategia del gobierno de pagar o pagar la que envalentona a los fondos “buitres”, saben que el gobierno hace cualquier cosa para cumplir y por eso presionan para sacar la mayor tajada posible. La sumisión del Kirchnerismo es la principal ventaja con la que cuentan los especuladores.
Las perspectivas no son buenas para el empleo. Se están registrando despidos en gran cantidad de empresas de las más diversas ramas. La crisis económica se agudiza: la caída de la actividad afecta a todas las ramas pero se hace sentir con fuerza en la industria y en la construcción, con su impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Pero hay también un aprovechamiento de la crisis por parte de las patronales para sacarse de encima a un creciente activismo combativo y clasista. Por Eduardo Lucita. Leer más…
En una conferencia de prensa realizada hoy en el Congreso nacional, decenas de abogados de todo el país, junto a Nora Cortiñas (madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), el obispo emérito Aldo Etchegoyen (presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), representantes de ATE-CTA y referentes de numerosos organismos de derechos humanos, se anunció la presentación de una denuncia penal contra Ricardo Pignanelli y otros directivos del SMATA por haber incurrido en el delito de «coacción» contra los trabajadores de la autopartista norteamericana Lear. La denuncia penal es firmada por personalidades como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel. Por CeProDH. Leer más…
La dirigente Vilma Ripoll del MST-Nueva izquierda, se refirió a la represión a los trabajadores y al intendente de Azul: “José Inza reprime, a los trabajadores despedidos de HM, TRC y Celanova, cuando debería ser el municipio quién garantice la fuente laboral. No solo los funcionarios deberían ser investigados también el intendente señalado por corrupción, al … Leer más »
La intervención de las fuerzas de seguridad en diferentes operativos frente a la protesta social indica un desplazamiento en las políticas de “no represión” por parte del Gobierno Nacional. Para identificar mejor esos cambios, hablamos con Marcela Perelman, Directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales. Por La Revancha. Leer más…
Una de las querellas del juicio por los hechos sucedidos en el ex CCDTyE La Cacha pidió que se incluya en las acusaciones contra los represores el delito de homicidio por 22 casos. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en voto dividido, solo lo aceptó para dos víctimas. Al respecto, dialogamos con Nilda Eloy de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que integra el colectivo Justicia Ya La Plata, quien además hizo una reflexión general sobre el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Por La Retaguardia. Leer más…
Ante la muerte de un trabajador en una obra en Parque Patricios, el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) afirmó: “Aunque está probado que quitar controles provoca más muertes como ésta, Mauricio Macri avanza en sentido contrario y disuelve la tarea de los Verificadores. Por eso hoy presenté el proyecto para que el jefe de la Agencia Gubernamental de … Leer más »
Ante la disolución de las verificaciones de obra por el Decreto 271/14, el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) hoy señaló: “Con Mauricio Macri, la corrupción le gana a los controles públicos y agravar la inseguridad en la ciudad de Cromañón, Once y Beara es directamente criminal. Por eso estoy presentado un proyecto para que Juan José Gómez … Leer más »
Cuentan que Da Vinci decía eso en referencia a las obras de arte; el macrismo parece haberle dado una vuelta de rosca en falso. Integrantes del CFP (Centro de Formación Profesional) Nº24, que funciona en el barrio porteño de Flores, realizaron un corte de calle para reclamar por la finalización de una nueva obra que fue abandonada por la empresa contratista. El Centro es parte de una escuela pública de la ciudad. Silvana Daversa nos contó los detalles de cómo es trabajar en un edificio nuevo donde nada funciona. Fue durante una entrevista realizada en el programa matutino, Enredando las Mañanas. Por RNMA. Leer más…
Ámbito Financiero no pagó la totalidad del aguinaldo en tiempo y forma, denuncian desde la asamblea de trabajadoras y trabajadores del diario, por lo que se declaran en en estado de asamblea permanente. Por CTP / Colectivo de Trabajadores de Prensa.
En la ciudad de Allen, Río Negro, el pasado el 14 de julio se incendió un pozo de gas en Acceso Biló y Calle Rural 11 y derivó en un incendio con llamas de hasta 15 metros de altura. No es la primera vez que ocurre, ya que en marzo un pozo de Apache explotó en medio de la noche en esa zona. Antecedentes sobran pero los controles no aparecen. Este pozo en llamas de Allen, se suma a otros accidentes en yacimientos vecinos a zonas rurales y semi-urbarnas, como el ocurrido en la misma ciudad a comienzos de este año.Difundimos comunicado de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen. Foto OPSur. Leer más…
Juan Delú, integrante de Futura y de la Mesa Nacional de FARCO, fue agredido y maltratado por personal de la policía y de seguridad privada de la Terminal de Ómnibus de Rosario cuando emprendía su regreso de la Asamblea nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fue radicada la correspondiente denuncia en la Comisaría 6ta de Rosario. Por Radio Futura FM 90.5 Leer más…
Rubén «Teté» Soazo, asesinado por la policía con 24 años de edad, en Neuquén. Mientras los medios corporativos se disputan las versiones policiales sobre el asesinato estatal de Rubén Soazo, ultimado el 12 de este mes por uniformados en el marco de un robo, Zumbido dialogó con su compañera y madre de sus cuatro hijos y con una de sus tías, quienes aseguran que el joven fue torturado antes de morir. Por Soledad Arrieta – El Zumbido. Leer más…
En su programa radial «Sin Salida», el periodista Mario Hernández entrevistó a Ricardo Antunes, profesor titular de Sociología del Trabajo en la Universidad de Campinas (Brasil), con el fin de realizar un balance sobre el Campeonato Mundial de Fútbol que tuvo lugar en dicho país. “No había ni pobres ni negros ni asalariados en los estadios mientras duró la Copa del Mundo. Fue la Copa de la FIFA, de los ricos, de las transnacionales, y no la Copa del pueblo”, afirmó Antunes. Leer más…
– 25/7 MARCHA A LA EMBAJADA DE ISRAEL EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO.
– 16 HS DESDE CANCILLERIA HASTA LA EMBAJADA DE ISRAEL. ESMERALDA 1212.
Comunicado. Ante la gravedad de la agresión del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que integra la Central de Trabajadores CTA, se movilizará este viernes 25 de julio a las 16 horas en la Cancillería, marchando desde allí a la Embajada de Israel.
Los actos del Estado de Israel representan un ataque porque comprenden la matanza general de la población palestina, incluidos sus ancianos, sus mujeres y sus niños. Ante esta avanzada las organizaciones sindicales repudian la agresión del Estado de Israel, y exigen al gobierno argentino que retire al embajador ante el Estado de Israel; que promueva desde Naciones Unidas un embargo militar al Estado de Israel; que suspenda los alcances del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el Estado de Israel; que suspenda la compra gubernamental a empresas del Estado de Israel; y que provea ayuda humanitaria a la población de Gaza.
Esta tarde, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña colmado de público, el embajador palestino Walid Muaqqat y el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) compartieron una charla en rechazo al ataque israelí a Gaza. Coordinó el evento el periodista Herman Schiller. Leer más »
Cambian el nombre a la “cortada” Israel. Luciana Echevarría, referente del MST Nueva Izquierda, en un acto junto a decenas de militantes de su partido, llevó a cabo el simbólico cambio de nombre a la calle “República de Israel” por “Palestina libre”. En el acto realizado en la esquina de la “cortada” Israel y Humberto … Leer más »
Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos. Por Eduardo Galeano. Leer más…
La carta emitida por el médico, hace referencia al avance terrestre del ejército israelí en la Franja de Gaza que entre el sábado y domingo (19 y 20 de julio) produjo la mayor cantidad de víctimas en una acción. El ataque a Shejaia en apenas una hora asesino a más de 60 personas entre ellos, 17 niños y 15 mujeres. Según el Ministerio de Salud de Gaza, en el día 21 de julio, las víctimas mortales ascienden a 508 y heridos 3150. Por ANRed. Leer más…
Durante el programa “Enredando las Mañanas” del día jueves 17, establecimos comunicación con el profesor de historia Eduardo Jakubowicz quien junto a su mujer, se encuentra en Israel, precisamente en el Mar Muerto, de vacaciones programadas y allí los sorprendió el conflicto. Nos explica el origen del enfrentamiento entre palestinos e israelíes y cómo se vive y se siente estar tan cerca de las bombas y el sufrimiento del pueblo de Gaza. Por RNMA. Leer más…
El ejército israelí ha bombardeado muchos hospitales en Gaza, objeta que en los edificios se esconde Hamas(organización palestina que enfrenta la ofensiva) . Los organismos de derechos humanos denuncian las atrocidades que imposibilita la labor sobre los heridos tras los ataques. En los últimas horas la armada israelí señala como próximos objetivos las ambulancias, “la situación se torna desesperante” manifiestan los activistas internacionales que se trasladan en las ambulancias como “escudos humanos” tratando de evitar que sean atacadas. Por ANRed. Leer más…
A principios de Julio el Estado de Israel inició un ataque militar a la Franja de Gaza que, con el tiempo, fue incrementando la violencia entre el ejército israelí y la organización palestina Hamas. Enrique Herszkowich, profesor de historia UBA, investigador docente en Sociología del Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó el marco del actual conflicto palestino-israelí. Por La Revancha. Leer más…
En la Palestina ocupada, el fútbol ha sido atacado como resultado de una tendencia israelí de combinar asuntos deportivos y políticos. El conflicto afecta la Federación de futbol Palestina (PFA), una entidad no-gubernamental. Fuente: Mariabruna Jennings, Pasante, Nonviolence International. Foto anónima: Vista panorámica del estadio de fútbol de Gaza, destruido tras bombardeos israelíes. Leer más…
La Agrupación Por el Esclarecimiento Impune de la AMIA (APEMIA), en conjunto con diversas organizaciones políticas y de derechos humanos realizó la tarde de este viernes 18 un acto al lado del Congreso Nacional en reclamo de justicia a 20 años de impunidad de la masacre de la AMIA, en reclamo de la creación de una comisión investigadora independiente del estado y por la apertura de los archivos secretos de la SIDE, además de repudiar los bombardeos de Israel sobre territorio palestino. Informe e imágenes: ANRed. Leer más…
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA
Comunicado. Desde el sindicato docente Ademys, adherimos y convocamos a la Jornada Nacional de Protesta convocada para este jueves 24 de julio por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
-BASTA DE REPRESIÓN.
-NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA.
– NI AJUSTE NI REPRESIÓN.
Comunicado de la RNMA – Red Nac. de Medios Alternativos. La Sala V de la Cámara Criminal y Correccional resolvió NO hacer lugar al pedido de la jueza de Instrucción Wilma López de declararse incompetente y pasar a un Juzgado de Menores la causa iniciada por los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, baleados en marzo de 2013 durante un intento de desalojo de la Sala Alberdi.
El objetivo de la magistrada era unificar esta causa con otro expediente que investiga la detención de cuatro jóvenes (entre ellos un menor de edad) acusados por los delitos de daño, atentado a la autoridad y lesiones, hechos ocurridos previamente en otra zona del operativo policial.
De esta manera, la causa iniciada por Germán Darío de los Santos (integrante de DTL!) y Esteban Ruffa (fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed) no pasará a un juzgado de menores, ni será unificada.
“Luego del análisis de las actuaciones, entendemos que asiste razón a los recurrentes respecto a que las actuaciones deben continuar su trámite ante la justicia de instrucción. Ello así pues, a nuestro criterio, la decisión de la magistrada de la instancia anterior no se ajusta a las constancias de la causa, lo que fue debidamente destacado por los recurrentes”, señala la resolución que la Sala V de la Cámara Criminal dio a conocer tras una audiencia efectuada este mediodía de la que participaron los dos periodistas agredidos y la abogada que los representa, María del Carmen Verdú de Correpi. (Se adjunta resolución del juzgado).
Luego de la audiencia y antes de conocer la decisión de la Sala, la abogada querellante María del Carmen Verdú había manifestado: “Lo que quedó muy claro en la audiencia, y lo dijo incluso la Fiscalía, es que no hay manera razonable y lógica en que se pueda argumentar la unidad de hechos entre las dos causas en discusión, y que implique sumergir la causa de la Sala Alberdi en el laberinto de incompetencias y declinatorias que implicaría mandarla a tramitar al fuero de menores, con la excusa de una causa en la que ya no hay ningún menor imputado porque ya está sobreseído y donde los otros tres muchachos que habían sido detenidos esa noche, jamás fueron indagados porque no hay manera tampoco de enrostrarles responsabilidad por acto alguno”.
A su vez, la Sala no hizo lugar al apartamiento de la jueza López, solicitado solo por la querella, sin el acompañamiento de la Fiscalía. De esta manera, la magistrada seguirá al frente de la causa. A pesar de esta determinación, los integrantes de la querella consideraron que el resultado de esta jornada fue el de un primer triunfo.
La audiencia fue acompañada desde temprano por una radio abierta, organizada por la Red Nacional De Medios Alternativos (RNMA), el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) y Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y una transmisión especial del programa Enredando las Mañanas, que la RNMA realiza de lunes a viernes de 10 a 12.
La radio abierta no pasó desapercibida dentro de la Cámara. Así lo expresó Verdú: “durante toda la audiencia tuvimos un hostigamiento bastante fuerte por parte de la doctora (María Laura) Garrigós de Rébori y el doctor (Gustavo) Bruzzone, dos de los tres jueces que integran la Sala V (la tercera es Mirta López González), que estaban sumamente molestos por la radio abierta que se estaba desarrollando frente a la Cámara. Llegaron a decir cosas increíbles como que nos hiciéramos cargo de los presos que no habían podido ser excarcelados porque ellos no habían llegado a escuchar a sus abogados defensores por culpa de nuestro ruido. Cuando yo le planteé que era una actividad organizada en conjunto por tres espacios colectivos, la doctora Garrigós muy ofuscada me dijo ‘no me diga eso, es usted, y yo la escuché todo lo que dijo’. O sea que en rigor de verdad lo que les molestó en todo caso es la denuncia pública de la política represiva estatal”. De todos modos, diera la sensación que a veces la justicia necesita un poco de presión y “ruido” para actuar.
La Cámara Criminal le dio la razón a la querella de la RNMA.
Apenas terminada la audiencia, los jueces de la sala V, aunque irritados por la radio abierta convocada por RNMA, ENECA y CORREPI frente a su despacho, decidieron revocar la decisión de la jueza Wilma López, porque «no se ajusta a las constancias de la causa».(CORREPI)
Media hora fue suficiente para que los jueces Gustavo Alfredo Bruzzone, Mirta López González y María Laura Garrigós de Rébori deliberaran y redactaran el fallo de dos carillas que revocó la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 38 de declararse incompetente y remitir la causa de los heridos de bala en la represión de la Sala Alberdi a un juzgado de menores, para acumularla con la iniciada a raíz de la detención de cuatro jóvenes manifestantes la noche del 12 al 13 de marzo de 2013.
La resolución de la jueza Wilma López había sido impugnada por la fiscalía y por los querellantes, los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) Germán de Los Santos y Esteban Ruffa, patrocinados por María del Carmen Verdú de CORREPI. La magistrada se había apartado de la causa con el argumento de que el ataque criminal, con munición de plomo, contra los trabajadores de prensa y otro manifestante, debía ser investigado de conjunto con los restantes incidentes de la jornada en la que un operativo de la Policía Metropolitana intentó desalojar a los integrantes de la Asamblea de la Sala Alberdi, que acampaban en la Plaza de las Américas del Centro Cultural General San Martín en defensa de la toma de ese espacio cultural público que el Gobierno de la Ciudad decidió cerrar.
De los Santos y Ruffa fueron heridos por los disparos de las escopetas Mossberg calibre 12/70 portadas por policías de la DOEM (División de Operaciones Especiales Metropolitanas), cuerpo especializado en tareas de alta complejidad, y que fue integrado con agentes provenientes del GEOF (PFA), el Grupo Halcón (Bonaerense), los Albatros (Prefectura Naval), del ETER (Córdoba), las TOE (Santa Fe) y el GEI (SPF), es decir, las tropas de elite de las principales fuerzas de seguridad.
Uno de ellos, el oficial Nelson Maximiliano Acosta, fue identificado como el tirador gracias a las fotos y videos aportados a la causa por la RNMA. La hora y lugar precisos del ataque quedaron registrados en esas imágenes, en particular en la última foto que Esteban Ruffa tomó antes de recibir el impacto, a las 00:20 del 13 de marzo, cuando estaba en la esquina de Corrientes y Paraná. Tanto él como de los Santos, antes de intentar guarecerse de los disparos, alcanzaron a fotografiar al grupo atacante.
El oficial Acosta, a su vez, aparece como uno de los damnificados por lesiones menores alegadas por varios policías metropolitanos, como «herida compatible con raspón»; «traumatismo de codo izquierdo» y «lesión contusa», que son motivo de investigación en la causa del juzgado de menores. Esos hechos habrían ocurrido en lugares diversos, que van de Callao y Lavalle o el interior del CCGSM hasta en Lavalle y Rodríguez Peña, y por ellos están imputadas las personas detenidas, todas antes de las 0:20, en Sarmiento y Paraná; Lavalle y Rodríguez Peña y Sarmiento y Montevideo. De ellos, el menor de edad ya fue sobreseído, y los tres restantes, liberados pocas horas después, ni siquiera han sido indagados.
La jueza Wilma López planteó que ambos hechos, claramente ocurridos en lugares y momentos diferentes, son «dos caras de una misma moneda» y que «no se puede soslayar la posible concurrencia de una causa de justificación», abriendo así la puerta a la impunidad de los policías que tiraron con plomo bajo la excusa habitual de la «legítima defensa».
«Si los hechos ocurrieron en diferentes momentos y lugares y si los imputados en la causa de menores ya estaban detenidos cuando los querellantes fueron heridos, no se puede hablar de dos caras de la misma moneda», dijo en la audiencia que se celebró hoy la Fiscal de cámara. Por su parte, la abogada de CORREPI destacó que el policía Acosta, en su propia declaración testimonial, dijo que una piedra golpeó su pulgar izquierdo después que concurrió, pasadas las 0:25, en apoyo de un grupo de la División de Intervenciones Complejas (DIC) que estaba a varias cuadras de Corrientes y Paraná. «Ni siquiera había sido lesionado cuando disparó con munición de guerra contra dos trabajadores de prensa armados con cámaras de fotos. Fue el típico ‘disparo de prevención’ del que hablaba, en 1967, Rodolfo Walsh en su artículo ‘El enigma de La Matanza: la secta del Gatillo Alegre'», dijo, antes de pedir que además de revocarse la decisión de la jueza López, se la aparte del trámite por haber anticipado su posición favorable a la impunidad policial.
A pesar de la manifiesta irritación de los camaristas Bruzzone y Garrigós de Rébori por el sonido que se colaba en la sala de audiencias, proveniente de la radio abierta que acompañó con una nutrida movilización artístico-cultural la jornada, y que hicieron notar de manera destemplada a la abogada de la querella, a quien responsabilizaron «por los detenidos que no pudimos excarcelar porque no escuchábamos a sus colegas», parece ser que escucharon lo suficiente, pues la audiencia finalizó a las 12:30, y a las 13:38 ya habían notificado digitalmente su sentencia.
«Entendemos que asiste razón a los recurrentes respecto a que las actuaciones deben continuar su trámite ante la justicia de instrucción», dijeron los camaristas, «pues, a nuestro criterio, la decisión de la magistrada de la instancia anterior no se ajusta a las constancias de la causa. (…) Ni siquiera se presenta como posible la hipótesis de que los aquí damnificados hubieran ejercido algún tipo de agresión contra el preventor. (…) La imputación contra los efectivos de la Policía Metropolitana -entre ellos, Acosta-, consistente en haber realizado disparos con escopetas, utilizando munición de uso prohibido (postas de plomo), no encuentra vinculación con el objeto procesal de las actuaciones de menores. (…) Estimamos que el auto cuestionado se exhibe desacertado, motivo por el cual debe ser revocado». Rechazaron, sin embargo, el pedido de apartamiento de la jueza de instrucción, porque consideraron que «Lo que alegó la querella es sólo una enfática discrepancia con los fundamentos del fallo».
Así, una vez que finalice la feria judicial de invierno, la causa deberá continuar su trámite ante la jueza de instrucción Wilma López, quien deberá encontrar otra excusa para no citar a prestar declaración indagatoria a los policías metropolitanos, entre ellos Nelson Maximiliano Acosta, y a los comisarios de la PFA Pedro Carnero (Cría. 3ª) y Guillermo Calviño (DGO).
Esteban Ruffa, con la secuela de la violencia en el cuerpo.
Integrante y fotógrafo de Anred, es uno de los tres heridos con bala de plomo de la madrugada del 13 de marzo de 2013.
En su cuerpo aún tiene alojada la bala que recibió por parte de un efectivo de la Policía Metropolitana. A un año y medio de aquella represión, aún tiene secuelas físicas.
“Venía de un año sin tener secuelas graves, más allá de alguna cicatriz, y la bala que todavía está impactada en el hueso y aparentemente no se va a mover –contó Ruffa en el marco de la transmisión especial de Enredando las Mañanas–, pero hace dos semanas vengo notando una pequeña molestia, que se transformó ya en un dolor no muy fuerte, pero recurrente. Estoy consultando al traumatólogo, haciendo consultas médicas, placas y aparentemente puede ser que se haya formado un pequeña fístula, que es como una unión al regenerarse el tejido entre una vena y la arteria, que produje un reflujo de sangre, un desequilibrio, y eso provoca dolor. Ahora, eso se puede extender a lo largo de toda mi vida. Ahí está la secuela de esta violencia”.
Ruffa es uno de los querellantes en la causa y participó de la audiencia en la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional. Al ser consultado como vivía esta jornada, señaló: “desde el comienzo acompañado, con esperanzas de que la causa llegue a buen puerto. Esta sistematicidad que vemos en la fuerza policial de reprimir de esta manera y encima a periodistas y fotógrafos que están en los lugares de conflicto, creemos que se tiene que ir terminando, la sociedad no puede seguir permitiendo esto. Estoy acompañando a mi compañero herido y me siento muy acompañado por la RNMA, y viviéndolo con mucha euforia”.
Ruffa relató que durante la audiencia se vivieron momentos de tensión: “notamos a los jueces como muy nerviosos; esto de que periodistas, fotógrafos, heridos con balas de plomo por una fuerza policial creo que es una cosa que no es muy grata”.
En cuanto a sus expectativas respecto al accionar de la justicia en esta causa, Ruffa manifestó: “siempre tenemos esperanzas de que se resuelva a favor de una resolución justa. La única arma que nosotros teníamos era una cámara de fotos y unos salvajes, a raíz de una orden, resolvieron tirar a matar, por suerte no mataron a nadie, pero es una práctica que hay que empezar a erradicar de alguna manera y tomar las herramientas de la justicia para poder encontrar una solución”.
En los últimos días, varios medios hegemónicos como Página 12 y Tiempo Argentino publicaron notas sobre la audiencia que se realizó este mediodía. Al respecto, Ruffa contó que los periodistas que los entrevistaron tenían conocimiento de la causa, sobre todo de la represión y los heridos, aunque no tanto del contenido de la audiencia: “hay que recordar que al otro día del balazo, yo salí de la guardia diez, once de la mañana, llegué a mi casa con toda una carga emocional y encima prendí la tele, y en vez de ver lo que había pasado en la Sala Alberdi, vi la asunción del Papa. Los medios estaban notificados que había habido una represión, que había habido heridos de bala, pero ahí está el laburo de edición que se realiza en los medios hegemónicos respecto a armar la noticia respondiendo a distintos intereses particulares. Ahí es donde realmente vemos el laburo que tenemos que dar, donde tenemos que dar pelea nosotros, vencer el cerco mediático en el que se desinforma y se informa lo que se quiere”.
“Como querella acusamos desde Mauricio Macri hasta los que dispararon”.
Lo dijo Germán Darío de los Santos, integrante de DTL!, uno de los periodistas baleados con plomo por la Metropolitana durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi la madrugada del 13 de marzo de 2013, durante la radio abierta frente a la Cámara Correccional.
El Polaco, tal como le dicen a De los Santos, relató cómo fueron los instantes posteriores a recibir un disparo con bala de plomo: “uno no se imagina que en esos casos, más allá de que ya era salvaje la represión, estuviesen dispuestos a disparar con balas de plomo, así que hice unos metros y empecé a sentir que tenía el pantalón manchado, pensé que era una bomba de pintura, no podía caer en razón de que fuese bala de plomo. Después vi la sangre y me empezó a costar cada vez más caminar y me tuve que ir del lugar. Más tarde vi que tenía orificio de entrada y salida y tuve que ir a un hospital”.
De los Santos aseguró que la querella que integra junto a Esteban Ruffa, patrocinados por María del Carmen Verdú, acusa desde Mauricio Macri hasta los efectivos que efectuaron los disparos: “lo que surgió después de las investigaciones y las pericias que se mandaron a hacer, hay tres imputados de la Policía Metropolitana, que son las personas que tenían armas largas en ese momento, hay dos oficiales mayores y un oficial raso; y hay dos integrantes de la Policía Federal acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, hasta ahí es donde llegó el fiscal de la causa, imputar a estas cinco personas. ¿Por qué la policía Federal? Porque ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando, que estaban disparando con balas de plomo, y no hicieron nada para pararlo. La zona estaba totalmente liberada, la Federal no se metió e incluso hizo una valla de contención para que la Metropolitana actuara tranquilamente”.
Para De los Santos, la represión durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi fue política: “no fue un loco o un sacado que disparó. Esta represión tenía ya como antecedente lo sucedido en el Indoamericano, pero también el antecedente cercano del Parque Centenario y después estuvo la represión en el Borda. Esto está marcando un modus operandi de la policía. Obviamente estamos apuntando al gobierno que es el que mandó a la policía, en conjunto con la Fiscal de ese día. La represión es consecuencia de querer resolver conflictos que ya había generado el mismo gobierno con esto de privatizar la cultura, cerrar los espacios públicos, recortar o subejecutar todos los presupuestos que se puedan, tirar para atrás todo lo que son los recursos públicos en beneficio de la cuestión privada. Acá hay mucho espíritu de empresa en el gobierno de Macri y otro sello distintivo también es la represión”.
“No somos un comercio, somos una organización popular”
En Enredando las Mañanas, el programa radial de la RNMA, también se escucharon las voces de integrantes de colectivos culturales que participaron de la Jornada por la “Causa Sala Alberdi”. De las clausuras de espacios a la persecución a los artistas callejeros y al recuerdo vivo de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, un recorrido por las luchas y las reivindicaciones de quienes crean e impulsan cultura popular.
A través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recrudeció los controles a centros y bares culturales. A la clausura de Los Compadres del Horizonte, se sumaron las del Centro Cultural La Casa de Teresa, la Casa Cultural Víctor Jara y El Café de los Patriotas, entre otras, ya que 10 clausuras llegaron a espacios autogestionados.
Lucía, integrante de la Casa de la Cultura Los Compadres del Horizonte, en dialogó con Enredando las Mañanas, contó que la clausura al espacio en el que participa “es la misma hace 8 años. Lo que sucede es que recurrentemente vuelve el gobierno, a través de sus inspectores, a través de la Metropolitana, a hacernos causas contravencionales, causas que vamos acumulando. Unas las fuimos levantando, pero desde el año pasado han vuelto y al día de hoy hay dos compañeras con causas contravencionales”.
Lucía señaló que les exigen tener habilitación comercial para funcionar y afirmó que “en estos años hemos juntado las pruebas que demuestran que no somos un comercio, somos una organización popular”.
Asimismo, reseñó que en el 2010 presentaron una nota en la AGC “explicando el tipo de actividad que nosotros desarrollamos y pidiendo que se nos indique cuál es la figura de habilitación que nos corresponde”. El director de la AGC les respondió por escrito que no necesitaban “ningún tipo de habilitación por no ser ni un comercio ni una industria”.
A pesar de ello, “no nos dejan acceder a la instancia de poder levantar la clausura. Como ésta se mantiene en pie, aprovechan para enviar inspectores y seguir haciéndonos causas contravencionales”.
Respecto al por qué de las clausuras, Lucía aseveró que esta situación “no sólo se da en la Ciudad de Buenos Aires sino también a nivel nacional porque quieren avanzar sobre lo que es una organización popular y los espacios de la juventud. Esto empezó con la Sala Alberdi, pero a lo largo de todo el país hay distintos intentos de desalojo, de clausura masiva a espacios de organización de la cultura: en Catamarca, en Santa Fe, en Córdoba, en Neuquén, en Junín de los Andes… Es una avanzada represiva general que se da contra las organizaciones populares”.
Particularmente señaló dos situaciones específicas en la Ciudad gobernada por el PRO: por un lado, “la visión mercantilista de la cultura”, y por otro lado, que “en Parque Patricios hay un proceso que no es nuevo y lo vivimos crudamente con la represión en el Borda. Se intenta limpiar toda esta zona porque ahí irá la Jefatura de Gobierno”. Pero sostuvo con fuerza: “Nosotros seguimos abiertos, con todas nuestras actividades.
Esta clausura y las faltas contravencionales que conlleva son ilegítimas e ilegales. Nosotros pagamos un alquiler y no tenemos problema con el dueño de la propiedad. El problema es con el gobierno de la Ciudad, con el Poder Judicial”.
“Los brazos institucionales del gobierno de la Ciudad vienen acosándonos desde hace bastante tiempo”.
Alejandro Cabrera Britos es integrante de la banda de reggae Jamaicaderos y conductor de “Desde Afuera”, programa de Radio Zona Libre, impulsada por Familiares y Amigos de Luciano Arruga, se acercó a la jornada para “traer la solidaridad de todos los artistas callejeros de la Ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades, para repudiar esta forma de intento de amedrentar la expresión de los medios independientes y también repudiar una página más de la violencia represiva, del intento de censurar la cultura”, afirmó en diálogo con Enredando las Mañana.
Como artista callejero, Alejandro puede dar cuenta de la persecución que vive en San Telmo, pero que se replica en otros barrios de la Ciudad: “Los brazos institucionales del gobierno de la Ciudad -a través del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Espacios Públicos, de la Policía Metropolitana, asociado a veces a la Comuna 1 y a algunos integrantes comerciales que desprecian la cultura como un derecho en las calles- vienen acosándonos desde hace bastante tiempo, haciéndonos coleccionar desde contravenciones, intervenciones judiciales y a veces hasta el intento de agresión física por medio de patotas. Tenemos 60 contravenciones motivadas por supuestas causas y algunas son el mal uso del artículo 82, que es el de ruidos molestos. A veces usurpación de espacios públicos, a veces venta de mercadería ilegal, y una que no se animaron a firmar que fue redactada como intento de instigar salideras bancarias por estar cerca de un banco”.
“Hay algunos funcionarios que forman parte de los mulos del macrismo que ya responden con una ideología. Esos sí disfrutan. A ellos los repudiamos”, y prosiguió: “Los demás son trabajadores que lamentablemente bajo presión se acercan y con toda vergüenza nos dicen que tienen que venir a sacarnos, o nos dicen que hay una denuncia”.
En este sentido, aseveró: “Nosotros acompañamos y seguimos apoyando la lucha por el Borda, el No al Centro Cívico, también acompañamos a la Sala Alberdi, el no a los vetos de Macri, el no a los cierres de grado en la educación pública porteña y otras situaciones también, entonces ellos responden… Macri es ‘insistente’ con nosotros. Por eso denunciamos que es una persecución”.
Como parte de la resistencia, Alejandro y sus compañeros brindan información a muchos músicos “para que se vayan defendiendo” y concluyó: “Lo que diezmaron en años en la calle, vuelve a dar fruto y a aparecer artistas de vuelta. Lo que hace que muchos artitas estemos en la calle es la simpatía social por el arte. Eso nos empuja, nos abraza, nos fortalece y muchas veces impide que nos saquen de una manera poco cortes”.
“La Estación Darío y Maxi hoy es un espacio de cultura y educación popular”.
Por su parte, Natalia, del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, en el ENECA, hizo referencia a la experiencia de la Estación Darío y Maxi como espacio de cultura popular: “Es cultura, afuera, adentro. Pinturas, murales, que tienen que ver con una historia viva, con una historia que queda sellada como es el nombre de una estación como es la de Avellaneda, que empieza a tener expresiones contemporáneas. Un poco la idea de la estación fue que ese lugar cobre vida desde la cultura, pero no solo desde ahí, porque la pintura es algo que entendemos de una forma muy amplia, de cómo concebimos la educación, el trabajo, y en ese sentido la Estación Darío y Maxi hoy es un espacio de cultura y educación popular”.
Y continuó: “Los espacios culturales los concebimos desde un espacio amplio, es decir una estación de tren que alberga un taller de costura, un taller de muralismo, de tela, o de cerámica, lugares que eran abandonados y hoy hay un anfiteatro y todos los meses se generan jornadas culturales, en donde un montón de gente además va a apropiándose del lugar. Durante quince días, la escuela de cerámica de Avellaneda usó el espacio. Está buenísimo que el espacio pueda ser usado, ocupado por la gente, y albergue la diversidad de expresiones del campo y la cultura popular”.
“Lo que empezó como una cuestión irruptiva, aparte de ocupar la calle cada 26 de cada mes desde hace 12 años, las organizaciones cortamos Pavón exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda y con eso unían las diferentes acciones que veníamos haciendo por rebautizar la estación como Darío y Maxi, fue irrumpir en el lugar, tapar el nombre de la estación, poner el de Darío y Maxi, y que luego termine siendo una ley, fruto de la lucha popular”, afirmó, al tiempo que reflexionó que “las leyes por sí solas no dicen, ni generan nada, pero si son acompañadas desde la organización y las propuestas del conjunto del campo popular entonces tienen otro sentido, entonces pueden tener un uso real porque pueden ser representativas. Y la estación viene un poco a dar cuenta de eso”.
Terminando la entrevista, Natalia invitó a participar de las actividades en la estación los 26 de cada mes y señaló que también los interesados pueden escribir al Facebook del ENECA. “Todos los días hay una cooperativa de trabajo textil en la estación, también se pueden acercar, a su vez funcionan distintos talleres o si quieren hacer un mural o una obra en la estación todos los días se puede hacer”, finalizó.
Oscar Castelnovo, integra la Agencia para la Libertad y desde hace muchos años da talleres en el penal de Devoto y en la cárcel de mujeres de Ezeiza, entre otros. En ellos posibilita que a través de la palabra, los presos y las presas puedan tener momentos de libertad y humanidad.
Durante la radio abierta, Castelnovo planteó que el sistema carcelario es “un intento de la burguesía de segregar a los pobres, castigarlos, exterminarlos y hacer buenos negocios”: “Las cárceles no resocializan a nadie.
Si hay un crimen invisibilizado en la Argentina es lo que pasa en la cárcel. Es un tema que no lo toma ni siquiera Clarín que, en su pelea con el gobierno, podría denunciar los crímenes atroces que allí se comenten. Pero no se toman porque no les interesa la muerte de los ‘negros’. A los presos y las presas no se le da entidad humana”.
“Nosotros tenemos una doble tarea, una como medio alternativo de sacar lo que sale desde adentro de las prisiones, y otra de tratar como personas a quienes viven en la cárcel, que tienen identidad, y que no son un número. Si existe un espacio de liberación, es el de la comunicación”, afirmó.
Fue uno de los reclamos que se escucharon durante la radio abierta que se llevó adelante frente a la Cámara Criminal. Matías tenía 23 años cuando fue asesinado por un efectivo de la Policía Metropolitana, que aún pertenece a la fuerza y patrulla las calles porteñas. Su papá Luis lo recordó, y habló también la abogada que representa a la familia, María del Carmén Verdú de CORREPI.
“Matías tenía cuatro tiros en su cuerpo, dos los recibió mientras estaba tratando de escapar del policía, los recibe a larga distancia, pero también tenía otros tiros que estaban de frente en el pecho y a muy corta distancia porque en los orificios de entrada, y a pesar de la ropa que tenía colocada, hay incrustaciones de pólvora con lo cual demuestra una distancia inferior a los cincuenta centímetros.
Es imposible de acuerdo al relato que hace el policía Víctor Mores que los disparos los recibiera en el momento de la huida dentro del coche, sino que fueron efectuados cuando el pibe estaba en el piso ya totalmente indefenso e inmovilizado por los disparos que ya había recibido”, explicó la abogada María del Carmen Verdú sobre un caso de gatillo fácil en el que está involucrada la Policía Metropolitana, la misma fuerza que reprimió con balas de plomo aquella madruga de marzo de 2013, durante un intento de desalojo de la Sala Alberdi, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.
“En este momento estamos a la espera de que se puedan hacer una serie de pericias para determinar con exactitud la distancia de los disparos –continuó Verdú–, pero lamentablemente como acá hay plata para pagarle al FMI, a los buitres, para gastar fortunas en el Fútbol para Todos y pagar los viajes al exterior de los funcionarios, no hay fondos para que los organismos públicos tengan los elementos necesarios para realizar esa pericia, que sirve para determinar con exactitud la distancia del disparo.
Hace tres meses que estamos dando vueltas, haciendo consultas en la Universidad de Salta, al Ministerio Público también de Salta, a los organismos que tienen este aparato, Gendarmería, a la Universidad de La Plata, a la Asesoría Pericial de La Plata, en todos lados o no funciona o nos quieren dar turnos para los meses de noviembre y diciembre, y recién ahora hemos logrado después de mucha presión que se ordene a Gendarmería que ponga esos elementos técnicos a disposición para que se pueda realizar el estudio”.
El papá de Matías, Luis Guerra, estuvo presente en la radio abierta, afirmó que el efectivo que mató a su hijo hoy sigue patrullando las calles: “no le dio ninguna oportunidad y lo terminó matando en el piso. Mi hijo dejó un hijo de un año que lo estamos criando con mi esposa, venimos a pedir justicia por ese pibe para que pueda saber por qué murió el padre, quién lo mató. Yo nací para criar a mis hijos y que mis hijos me entierren a mí, no para que yo entierre a mis hijos”.
Los querellantes en el cierre de la Radio Abierta.
Tras la audiencia y hacia el final de la jornada artística-cultural, organizada por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) y Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hicieron uso de la palabra Germán Darío de los Santos de DTL!, y Esteban Ruffa de la Agencia de Noticias ANRed.
“El único matiz entre Fiscalía y querella es que nosotros no solo pedimos que la causa no vaya al Juzgado de Menores, si no que pedimos que vaya a sorteo para elegir un nuevo juzgado de turno. Es decir, que la causa no vuelva al Tribunal de Wilma López, porque entendemos que hay un prejuzgamiento y una tendencia, y lo que también fue detallado tanto por Fiscalía como por querella es que hay un desinterés total por esta causa, cada vez que Fiscalía intentó llamar a indagatoria a los imputados, que ya fueron identificados por pericias técnicas, se rehusó sistemáticamente, es decir, no podemos contar con un magistrado que constantemente está tirando todo para atrás”, afirmó Germán Darío de los Santos en el cierre de la radio abierta, luego de la realización de la audiencia y antes de conocer la decisión de la Sala V de no apartar de la causa a la jueza López.
Posteriormente, habló el otro de los integrantes de la RNMA baleados en la madrugada del 13 de marzo de 2013, Esteban Ruffa que se refirió especialmente a los ataques a la prensa: “últimamente estamos notando en varios conflictos, la apertura de diferentes causas a compañeros, militantes de la prensa popular, de medios comunitarios. Tenemos una compañera acá de En Movimiento TV que tiene una causa abierta por la violenta represión en el Hospital Borda. Al mes de lo que nos sucedió a nosotros vimos esta misma policía reprimiendo nuevamente, violentamente hacia la juventud militante, hacia la prensa popular. También tenemos una compañera del grupo de fotógrafos En la Vuelta que fue detenida en un desalojo en Longchamps, mientras estaba realizando la cobertura. Y está el compañero de Agencia para la Libertad al que también le abrieron una causa, que se cayó al poco tiempo”.
Ruffa agregó que es notoria la sistematicidad y facilidad con las que se abren las causas: “y nos dan vueltas, nos patean de un Juzgado para otro, pero tenemos que seguir en esta lucha, construyendo comunicación popular, alternativa y comunitaria. Y lo vamos a hacer junto con los espacios que conforman el ENECA, que vinieron acá a solidarizarse, y junto con CORREPI que está patrocinando a nuestra querella”.
25-06-2014
Entrevista en transmisión a 12 años Masacre Avellaneda a Esteban (ANRed-RNMA) y Lucía (ex Sala Alberdi). Radio Che Barracas// descargar
11-04-2013 Testimonio de Dario de los Santos, el polaco, en la conferencia de prensa de la RNMA por los heridos de bala de plomo en la represión del 12 de marzo en el des alojo de la Sala Alberdi descargar
Testimonio de Esteban Rufa en la conferencia de prensa de la RNMA, herido de bala de plomo en la represión del desalojo de la sala alberdi el pasado 12 de marzo. descargar
