Intervención de Vilma Ripoll, dirigente del MST – Nueva Izquierda, en la Conferencia de Prensa realizada en el Congreso Nacional con motivo de denunciar los nuevos procesamientos de Christian Castillo, dirigente del PTS; de Javier Hermosilla y Lorena Gentili, de la Comisión Interna de Kraft y de Eduardo Ayala, trabajador de Donneley, en la causa de Kraft, en la cual Ripoll también fue procesada. Para más información ver http://www.mst.org.ar
Archivo de la categoría: Derechos Humanos
8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en Santa Cruz.
8 de Marzo: Marchamos a las calles de todo el país por nuestros derechos.
8 de Marzo: No a la Reforma Clerical del Código Civil en Argentina.
CHACO: ¡BASTA de REPRESIÓN K A ORIGINARIOS en PAMPA del INDIO!
Jueves 20/2 marcha en Resistencia,Chaco para repudiar la represión.Galeria de Fotos
Corriente Clasista y Combativa – CCC. Represión el miércoles por la noche en un corte de la ruta 3, en reclamo por la falta de agua y el recorte de las bolsas de alimentos. La multisectorial del Chaco repudió los hechos y marchó esta mañana a casa de Gobierno en Resistencia.
Campesinos originarios qom de Pampa del Indio sufrieron anoche una nueva represión cuando cortaban la ruta 3 en reclamo por las condiciones de vida. A la falta de agua, se le sumó el recorte de las bolsitas de alimentos, que el gobierno provincial intenta cambiar por una tarjeta de $100. Asimismo, no se cobran los planes focos que debían cobrarse antes del 10 de febrero e informaron desde el gobierno, que a partir de ahora la resolución para el pago de los mismos debe ser firmada por el gobernador a cargo Vacileff Ibanoff.
Hubo muchos heridos pero las organizaciones están resistiendo. La Federación Nacional Campesina, junto a la Multisectorial de Pampa del Indio, continuaron el corte de la ruta 3 a pesar de la represión. Pasaron el resto de la noche a la vera de la ruta y con cortes intermitentes esperando respuestas. Hubo enfrentamientos con la policía, muchos heridos (aún no se precisan cuántos) y los campesinos no retroceden, sino que por el contrario, se masifica la medida de lucha.
Al ajuste lo quieren hacer pasar con represión. La Federación Nacional Campesina, la Corriente Clasista Combativa y el movimiento de Pueblos y Naciones Originarias en Lucha responsabilizan al gobierno Nacional y Provincial de este nuevo atropello a las comunidades originarias. Llamaron a la unidad y la lucha de todos los sectores del pueblo para no pagar la crisis.
Asimismo, la CCC Nacional llama a solidarizarse y repudiar la salvaje represión del gobierno pro K de Vacileff Ibanoff.
REPUDIO DE LA MULTISECTORIAL DEL CHACO
La Multisectorial del Chaco repudia la salvaje represión del gobierno de Basileff Ivanoff a la lucha Multisectorial de Pampa del Indio, enfrentando con violencia el más elemental derecho a reclamar agua cuya provisión cortó el gobierno para todo El Impenetrable, como intenta también hacer con los Planes. Castiga principalmente a los más pobres de la Argentina, a los pueblos Originarios amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exige a los gobiernos Nacional y Provincial, dar respuestas a lo que denomina “genocidio silencioso”.
Este es el resultado de la política inflacionaria y de ajuste del gobierno de Cristina Kirchner que no entra sin represión y de las enormes disputas internas en el poder nacional y provincial que intentan usar las luchas populares de distintas maneras para dirimir sus intereses.
¡BASTA de REPRESION A LOS ORIGINARIOS y el PUEBLO del CHACO! MARCHA A LA CASA del CHACO en la Ciudad de Bs. Aires
El viernes 21, a las 11hs desde Av. Rivadavia y Av. Callao la Corriente Clasista y Combativa se movilizará a la Casa del Chaco -Av. Callao 328- en repudio a la salvaje represión del gobierno de Basileff Ivanoff a la lucha Multisectorial de Pampa del Indio, por reclamar agua cuya provisión cortó el gobierno para todo El Impenetrable, como intenta también hacer con los Planes.
Esto castiga principalmente a los más pobres de la Argentina, a los pueblos Originarios amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exige a los gobiernos Nacional y Provincial, dar respuestas a lo que denomina “genocidio silencioso”.
Más de 1.000 originarios y campesinos continúan el corte en la ruta 3. “Hay 12 detenidos, cuyas causas están a cargo del fiscal de Gral. San Martín, José Ricardo Sorabella (el mismo que persigue a campesinos pobres y originarios, y que cerrara sin investigar, dos veces la causa sobre el supuesto accidente de tránsito de Mártires López). También hay pedido de captura de todos los dirigentes. La policía detiene a las personas que desde el pueblo van hacia la ruta” (Comunicado de la multisectorial). Se multiplican los cortes de ruta y mañana movilizarán en resistencia.
Al ajuste lo quieren hacer pasar con represión, responsabilizamos al gobierno Nacional y Provincial de este nuevo atropello a las comunidades originarias.
Llamamos a la más amplia solidaridad y a la unidad de todos los sectores, confluyendo en la lucha y uniendo todos los reclamos en un solo reclamo, para enfrentar esta política de ajuste y represión.
El nuevo Código Penal prevé cárcel para los periodistas.
Estipula penas de hasta 3 años de prisión a quienes publiquen “papeles privados” o realicen cámaras ocultas.
El nuevo Código Penal que la semana pasada le presentaron a Cristina Kirchner deja abierta la posibilidad de la pena de prisión para los periodistas.
El proyecto en el que estuvo trabajando la comisión de reforma del Código al que accedió LPO estipula en el inciso 1 del artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, multa de 10 a 150 días e inhabilitación de 1 a 4 años el que, hallándose en posesión de un instrumento, registro o contenidos a que se refieren los artículos precedentes, lo comunicare, publicare o lo hiciere publicar, indebidamente”.
Los “artículos precedentes” a los que hace referencia ese inciso son el 119 y 120, de Violación de Comunicaciones y Violación de Privacidad, respectivamente.
El 119 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 150 días” quien “abriere o accediere indebidamente una comunicación electrónica, telefónica, una carta, un pliego cerrado, un papel privado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le estuviere dirigido”; “se apoderare indebidamente de alguno de ellos, aunque no estuviere cerrado”; “lo suprimiere o desviare de su destino, cuando no le estuviere dirigido” o “interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido”.
Fueron justamente los “papeles privados” a los que accedió el periodismo en los últimos años los que motivaron las investigaciones que desembocaron en denuncias penales sobre el vicepresidente Amado Boudou, por la quiebra de la ex Ciccone o sobre Lázaro Báez, el empresario amigo de los Kirchner, por lavado de dinero.
En tanto que el artículo 120 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de diez a ciento cincuenta días, el que vulnerare la privacidad de otro, mediante la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o se hiciere de registros no destinados a la publicidad”. Es decir, que el periodista que utilice una cámara oculta para realizar una investigación, irá a la cárcel.
El inciso 2 de ese mismo artículo establece que “el que incurriere en cualquiera de los delitos del presente artículo o del anterior (el 119), abusando de su oficio o profesión, o de su condición de funcionario público, será reprimido con prisión de 1 a 4 años.
Penas más duras
El artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, reemplaza al 155º del Código Penal vigente (modificado por la ley 26.388), que establecía únicamente penas económicas de hasta 100 mil pesos para las mismas acciones que ahora tendrán una pena de prisión.
En tanto que el artículo 122 del nuevo Código, pena con la cárcel a los funcionarios públicos que filtren información.
Este artículo, de “Secreto profesional y funcional”, establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 10 a 100 días e inhabilitación por doble tiempo del de la condena, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”. En su inciso 2, el artículo determina que “La misma pena se impondrá al funcionario público que revelare hechos, datos, actuaciones o documentos que por ley debieren quedar secretos”.
La comisión de reforma del Código Penal estuvo encabezada el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Este último funcionario, de La Cámpora, fue quien escribió la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo. Ayer pidió que los jueces hicieran política.
De la comisión también participaron el excamarista León Arslanián; el diputado del PRO, Federico Pinedo; la jurista María Elena Barbagelata, del FAP, y el jurista radical Ricardo Gil Lavedra, que no quiso atender los llamados de este medio. Desde el PRO adelantaron a LPO que van a hacer observaciones al proyecto.
El nuevo Código Penal prevé cárcel para los periodistas
Estipula penas de hasta 3 años de prisión a quienes publiquen “papeles privados” o realicen cámaras ocultas.
El nuevo Código Penal que la semana pasada le presentaron a Cristina Kirchner deja abierta la posibilidad de la pena de prisión para los periodistas.
El proyecto en el que estuvo trabajando la comisión de reforma del Código al que accedió LPO estipula en el inciso 1 del artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, multa de 10 a 150 días e inhabilitación de 1 a 4 años el que, hallándose en posesión de un instrumento, registro o contenidos a que se refieren los artículos precedentes, lo comunicare, publicare o lo hiciere publicar, indebidamente”.
Los “artículos precedentes” a los que hace referencia ese inciso son el 119 y 120, de Violación de Comunicaciones y Violación de Privacidad, respectivamente.
El 119 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 150 días” quien “abriere o accediere indebidamente una comunicación electrónica, telefónica, una carta, un pliego cerrado, un papel privado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le estuviere dirigido”; “se apoderare indebidamente de alguno de ellos, aunque no estuviere cerrado”; “lo suprimiere o desviare de su destino, cuando no le estuviere dirigido” o “interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido”.
Fueron justamente los “papeles privados” a los que accedió el periodismo en los últimos años los que motivaron las investigaciones que desembocaron en denuncias penales sobre el vicepresidente Amado Boudou, por la quiebra de la ex Ciccone o sobre Lázaro Báez, el empresario amigo de los Kirchner, por lavado de dinero.
En tanto que el artículo 120 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de diez a ciento cincuenta días, el que vulnerare la privacidad de otro, mediante la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o se hiciere de registros no destinados a la publicidad”. Es decir, que el periodista que utilice una cámara oculta para realizar una investigación, irá a la cárcel.
El inciso 2 de ese mismo artículo establece que “el que incurriere en cualquiera de los delitos del presente artículo o del anterior (el 119), abusando de su oficio o profesión, o de su condición de funcionario público, será reprimido con prisión de 1 a 4 años.
Penas más duras
El artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, reemplaza al 155º del Código Penal vigente (modificado por la ley 26.388), que establecía únicamente penas económicas de hasta 100 mil pesos para las mismas acciones que ahora tendrán una pena de prisión.
En tanto que el artículo 122 del nuevo Código, pena con la cárcel a los funcionarios públicos que filtren información.
Este artículo, de “Secreto profesional y funcional”, establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 10 a 100 días e inhabilitación por doble tiempo del de la condena, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”. En su inciso 2, el artículo determina que “La misma pena se impondrá al funcionario público que revelare hechos, datos, actuaciones o documentos que por ley debieren quedar secretos”.
La comisión de reforma del Código Penal estuvo encabezada el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Este último funcionario, de La Cámpora, fue quien escribió la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo. Ayer pidió que los jueces hicieran política.
De la comisión también participaron el excamarista León Arslanián; el diputado del PRO, Federico Pinedo; la jurista María Elena Barbagelata, del FAP, y el jurista radical Ricardo Gil Lavedra, que no quiso atender los llamados de este medio. Desde el PRO adelantaron a LPO que van a hacer observaciones al proyecto.
Curuguaty, una herida que sigue abierta en Paraguay.
Por Rufino Diana Barrios para Alternativa Socialista, publicación del MST – Nueva Izquierda.
En la mañana del 15 de junio de 2012, unos 326 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo los miembros del Grupo Especial Operativo (GEO), de la fuerza de élite de la Policía (FOPE), la policía montada y antimotines ingresaron a Marina Kué (ex Marina), distrito de Curuguaty, distante a unos 300 km de la capital para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos, incluyendo mujeres y niños que se encontraban ocupando el lugar hacía poco más de dos mes.
Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas aproximadamente de Marina kué eran del Estado, pues en 1967 la empresa “La Industrial Paraguaya S. A.” donó las tierras a la Marina paraguaya –de allí el nombre Marina Kué–, y posteriormente en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria, durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos.
La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado (ex senador y presidente de la ANR), Blas N. Riquelme, se había apropiado en forma fraudulenta de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez de Curuguaty José Benítez.
Se dio un abuso policial de una envergadura tal que no se veía desde la dictadura. Torturas, ejecuciones arbitrarias, abusos policiales, venganzas locales, abusos con los cuerpos de los vivos y de los muertos, que se recogieron en bolsas de plástico para enviarlos a la morgue en Asunción y luego fueron devueltos a las familias en estado de putrefacción. Esos abusos continuaron en la investigación fiscal, con amenazas a los presos e imputaciones de todos los civiles presentes. De esta manera se aterrorizó a todos y se anuló la presencia de testigos civiles en el proceso, porque quien es imputado no puede ser testigo.
A eso sigue un oportunismo político de sectores políticos conservadores y económicos poderosos, que veían en Lugo no la radicalidad de un proceso progresista, sino la posibilidad de que se comiencen a discutir ciertas situaciones como la desigualdad en el acceso a la tierra. Y lo peor, el origen de ella. Entonces, lo que primero se dio con las víctimas de Curuguaty, se repitió con la propia figura del presidente Lugo. Llevaron la discrecionalidad política e institucional a tal extremo que en el libelo acusatorio expresaron que “estos hechos públicos no necesitan ser probados”, por tratarse de público conocimiento, gracias a los medios comerciales.
El juicio político se inició el 21 de junio en la Cámara de Diputados, que hizo la acusación, y el 22 de junio, luego de 2 hs de derecho a la defensa, la Cámara de Senadores lo destituyó por mal desempeño de sus funciones.
Huelgas de hambre
De octubre a diciembre del 2012 Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Luis Olmedo y Alcides Ramírez llevaron a cabo una huelga de hambre con el fin de obtener arresto domiciliario, en diciembre de 2012 se les concede. También luego de una huelga de hambre llevada a cabo de enero a marzo del 2013 por Néstor Castro y Rubén Villalba, y tras presiones de organismos nacionales e internacionales de DD.HH., son puestas en arresto domiciliario las embarazadas Fani Olmedo y Dólores López.
A la audiencia preliminar llegan 54 imputados, 12 acusados, de los cuales 7 están con arresto domiciliario y 5 en prisión en el Penal de Tacumbú, periferia de la ciudad capital. Los acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo Paredes y Dolores López Peralta. Por frustración de la persecución y ejecución penal: Felipe Nery Urbina y por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal: Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.
En diciembre del 2012 la investigación fiscal se convierte en acusación. En una audiencia plagada de irregularidades, la nueva magistrada Janine Ríos decide elevar a juicio oral y publico el caso, lo que generó la indignación de todo el pueblo campesino y de los organismos de derechos humanos en Paraguay y el mundo.
CELN en el País: Repudiamos represión a docentes de Santiago del Estero.
Repudiamos Represión a docentes de Santiago del Estero
ADEMYS. El pasado 14 de febrero más de dos mil docentes de la Pcia de Santiago del Estero se movilizaron junto con el sindicato CISADEMS para reclamar por sus salarios, los más bajos del país ($1350 de básico, 3000 en mano). Un vallado policial impidió que llegaran a la Casa de Gobierno y fueran recibidos por la Gobernadora Claudia Zamora, luego de lo cual fueron reprimidos por la policía.
Desde Ademys repudiamos enérgicamente la represión de los docentes de la Pcia de Santiago del Estero y exigimos la liberación de los compañeros detenidos durante la misma.
En repudio a los sucedido, Lidia Susana Coria, Secretaria General de CISADEMS confirmó que los docentes santiagueños realizarán una asamblea gremial el próximo jueves 20 de febrero para discutir paro y movilización para los días subsiguientes.
La lucha de los trabajadores por el salario, contra las políticas de ajuste y el vaciamiento educativo deben ser una sola. Las paritarias docentes se presentan como “testigo” de las de los demás gremios. Como se mencionó en comunicados anteriores desde Ademys sostenemos que los docentes de la Ciudad tenemos que unirnos con los trabajadores de la educación del resto del país y con el movimiento obrero en su conjunto, para lograr efectivamente una amplia y firme unidad de acción frente a la crisis en curso y creemos indispensable una articulación nacional de los trabajadores y el pueblo para enfrentar el ajuste.
-Recomposición de la escala salarial: todas las sumas al básico.
-Basta de topes salariales
-Reformulación de la jornada laboral
-Reapertura trimestral de las paritarias en todo elpaís.
-Basta de represión a los trabajadores que se organizan.
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NI UN NEGOCIO NI UNA ASISTENCIA:
ADEMYS. Como solución a la falta de vacantes en el nivel inicial el gobierno de Mauricio Macri incrementó en el último año los Centros de Primera Infancia (CPI), que funcionan en congestión entre el Ministerio de Desarrollo Social y ONGs o particulares; en lugar de invertir en la construcción de jardines.
AUSENCIA DE DERECHOS PARA TRABAJADORES/AS Y NIÑO/AS PRECARIZACIÓN LABORAL Y TERCERIZACIÓN:
Lo/as trabajadores/as se encuentran tercerizados y en calidad de monotributistas o con contratos de locación, prestando servicios sin contemplación alguna de sus derechos como trabajadores/as. Como consecuencia de esto no se garantizan las suplencias, indispensables para el funcionamiento cotidiano y la atención de los niños/as; es decir recargando la tarea y no respetando los derechos. El Estado no sólo se lava las manos en relación a garantizar la educación pública para todos y todas sino también se desentiende de los salarios docentes y de los derechos de los/as trabajadores/as de la educación contemplados en el Estatuto del Docente.
DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA VULNERADO:
A los niños y niñas se les niega su derecho constitucional a educación desde la primera infancia (ya que los jardines maternales o escuelas infantiles son espacios con una función principalmente educativa a diferencia de la política asistencialista del macrismo que se reproduce con los CPI)
Los CPI reciben subsidios que se relacionan directamente con la cantidad de niños/as que asisten al centro; es decir a mayor cantidad de niños/as, más ganancias. Esto es un mecanismo absolutamente perverso donde los chicos/as se vuelven una mercancía utilizada en pos del sostenimiento de los centros y de la política charterizante, asistencialista y privatista que esto implica. Se fomenta así la superpoblación de las salas.
Este tipo de proyecto resulta más económico tanto para el Estado Nacional como para el Gobierno de la Ciudad ya que de esta manera continua el desfinanciamiento de la escuela pública mientras se sigue subsidiando la educación privada.
Una vez más se hace visible la intención de no resolver el problema de la falta de vacantes y de espacios educativos en general y para la primera infancia; en particular en las zonas más vulnerables de la Ciudad.
Desde Ademys, sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que para poder conquistar los derechos de los/as trabajadores/as y de los/as niños/as es necesario seguir organizándonos por escuela, por distrito y poder confluir en una gran asamblea en donde debatamos un plan de lucha nacional.
Por eso los/as invitamos a participar, intercambiar dudas, situaciones y experiencias.
CELN en el País: Represión a Docentes en Santiago del Estero
Santiago del Estero: Represión policial a docentes que reclaman recomposición salarial
En la mañana del pasado viernes 14 de febrero más de 2 mil docentes convocados por el Círculo Santiagueño de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CISADEMS) marcharon hasta la casa de gobierno en reclamo de una mejora salarial. Fueron interceptados por un fuerte operativo policial que impidió que lleguen al edificio gubernamental. La policía reprimió a los docentes y una decena de ellos fueron detenidos por los efectivos. Hubo otras marchas docentes, por recomposición salarial y otros reclamos, en la semana, como en los casos de El Bolsón (Río Negro) y La Rioja. Leer más…
Basterra, Fuckman y Cotiñas: entrevistas al cierre de la Conferencia de Prensa
Al finalizar la conferencia de prensa, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)entrevistó a Víctor Basterra, a Enrique “Cachito” Fuckman y a Nora Cortiñas. Compartimos los pasajes más salientes de sus testimonios. Por RNMA. Leer más…
Luego fue el momento delpremio Nóbel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel, quien comenzó valorando lo que, quienes están en el IEM, comparten: «la lucha, las esperanzas y el sufrimiento de nuestro pueblo”, dijo. Por RNMA. Leer más…
Miguel Monserrat, integrante de la APDH hizo referencia al periodismo ausente y al presente en esta conferencia de prensa. “Afortunadamente contamos con periodistas valiosos que nos acompañan, pero esos compañeros valiosos son los únicos y ponen en evidencia el papel que juegan los medios hegemónicos (sean de radio, de televisión o prensa escrita), salvo honrosas excepciones. Y dan la pauta de cómo se le ocultan a los pueblos los verdaderos problemas, sus causas y responsables, quienes son los verdaderos enemigos” . Por RNMA. Leer más…
Marta Vásquez: «Hoy estamos para seguir adelante, como ellos lo soñaban»
Comenzó luego la rueda de prensa, Marta Vázquez, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. «No tengo mucho para decir, me angustió mucho la situación como a tantos”, dijo. Por RNMA. Leer más…
Víctor Basterra:»Lo que hay que recuperar es la visión colectiva y no claudicar»
A su turno, Víctor Basterra, ex detenido desaparecido, ironizó sobre las adhesiones leídas: «No hemos leído las adhesiones de Magnetto” , en referencia al titular del grupoClarín. Luego se puso serio y reflexionó sobre la lucha de todos estos años de trabajo en el IEM y afirmó: “Los compañeros detenidos desaparecidos lo han vivido como lo que ha sido, una lucha incalificable a través del tiempo». Por RNMA. Leer más…
Beinusz Szmukler : “Este convenio es un grave error“
Ante la firma del convenio de traspaso entre la Nación y la Ciudad de los sitios de la memoria bajo la guarda del IEM, el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) convocó ayer, jueves 13, a una Conferencia de Prensa en la sede del IEM de la que participaron integrantes de su Consejo Directivo. La RNMA realizó una transmisión especial de la actividad, que reproducimos en varias entregas. Por RNMA. Leer más…
Jornada de protesta de Barrios de Pie
El viernes 14 de febrero, vecinos y vecinas agrupados en el Movimiento Barrios de Pie cortaron durante más de seis horas distintos puntos de la autovía 2, entre ellos el ingreso a Mar del Plata. Reclamaron que se regularice la entrega de leche y alimentos para los 32 comedores y merenderos barriales, suspendida desde fines del año pasado. También solicitaron la reincorporación de cooperativistas dados de baja de manera arbitraria del programa Argentina Trabaja, subsidios para la cooperativa textil, y una ayuda escolar para los chicos de los barrios más humildes. El secretario de Desarrollo Social del Municipio, Martín Aiello, se hizo presente y se comprometió a abrir una mesa de trabajo a partir del lunes próximo. Leer más…
Más de 360 familias se disponen a defenderse contra un desalojo
Este lunes 17 de febrero desde las 6 de la mañana se presentará un fuerte operativo policial de 1100 efectivos para cumplir la orden judicial que dispone el desalojo de 364 familias del predio que ocupan hace dos años – por falta de viviendas – en el Barrio Nueva Esperanza, en Alejandro Korn. «Lucharemos por nuestra tierra para vivir y estamos decidos a hacer respetar nuestros derechos con firmeza», afirman en un comunicado, y solicitan la presencia solidaria de organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de derechos humanos, gremiales y de los medios de comunicación en la zona a fin de evitar este desalojo. También se solidarizó el premio nóbel de la paz Adolfo Pérez Ezquiel junto a varias organizaciones. Diferentes medios comunitarios, alternativos, populares e independientes realizarán una cobertura en vivo de los hechos. Difundimos comunicado de las familias / Fotoinforme: ANRed / Video s: En Movimiento TV – M.A.F.I.A.
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