El atentado a la AMIA fue un atentado con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. La comunidad judeoargentina es la más numerosa de Latinoamérica y la quinta mayor del mundo.
El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos formalmente acusaron el gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo.5 3 6 7 8 Según la investigación de la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.4 Posteriormente el juez Canicoba Corral ordenó la captura de los siete ex-funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah acusados por la fiscalía.9 10 11 5 12
El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las conclusiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a los fugitivos iraníes y llevarlos ante la justicia.13 14 Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero,15 pero Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina.16 17
El atentado a la AMIA fue un atentado con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas. La comunidad judeoargentina es la más numerosa de Latinoamérica y la quinta mayor del mundo.
El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos formalmente acusaron el gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo.5 3 6 7 8 Según la investigación de la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.4 Posteriormente el juez Canicoba Corral ordenó la captura de los siete ex-funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah acusados por la fiscalía.9 10 11 5 12
El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las conclusiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a los fugitivos iraníes y llevarlos ante la justicia.13 14 Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero,15 pero Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina.16 17
El ataque a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el 17 de marzo de 1992 a las 14:42 hora local cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha,2 causando la destrucción de la embajada, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado murieron 29 personas (5 de ellas sin identificar por la destrucción total de sus mutilados cuerpos), entre israelíes y argentinos e hirió otras 242. Fue el segundo peor ataque terrorista en la historia de Argentina, el primero fue el bombardeo terrorista de Plaza de Mayo (308 muertos), y el peor ataque contra una misión diplomática israelí. Los autores del ataque se cree que ingresaron al país a través de la región llamada triple frontera, el área donde confluyen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil|#diplomacia, diplomático
El grupo terrorista Jihad Islámica se adjudicó la autoría de los ataques.
Investigación
Se realizaron tres investigaciones independientes llevadas adelante por el #Mosad, el #FBI y la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.
En el caso de la Corte Suprema la investigación pasó por las manos de cuatro jueces de instrucción y varias conformaciones diferentes del tribunal. Durante los primeros años estuvo liderada por Ricardo Levene (hijo) quien impulsaba la teoría de que la embajada había sido destruida por una implosión.3 Alfredo Bisordi, en su rol de secretario penal de la Corte Suprema de Justicia fue quien se desempeñó como instructor de la causa judicial en ese momento. Bisordi afirma que:
«La hipótesis de la Policía era que el explosivo habría entrado a la embajada entre los materiales de construcción, porque estaban haciendo reformas en el edificio, y que la explosión fue de dentro hacia afuera».2
Ésta hipótesis fue descartada por pericias efectuadas por la PFA, Superintendencia de Bomberos, Dto. de Explosivos y por Gendarmería Nacional en 1992|gendarmería. Ambas investigaciones confirman la presencia de un cráter frente al portón de ingreso que es considerado el #epicentro de la explosión. Los proyecciones balísticas realizadas confirman que la artefacto explosivo explotó en el lugar donde quedó el cráter.
Una pericia solicitada por la DAIA a dos expertos de la #Universidad de Córdoba, llega a la conclusión de que existe compatibilidad entre los daños y la magnitud de la carga explosiva, habiendo coherencia entre efectos esperados y efectivamente producidos en concordancia con las pericias antes mencionadas.
Existen testimonios de más de 50 personas que vieron el cráter mientras que otros afirman no haberlo visto debido a los escombros existentes en el lugar.[cita requerida] Además se hallaron gran cantidad de autopartes tanto en la zona del atentado como en el interior del cráter.[cita requerida]
En 1997 la causa fue encomendada al secretario Esteban Canevari. Su investigación determinó que la explosión se debió a un coche-bomba y que el gobierno de #Irán era el responsable político del ataque. Además se declaró que el coordinador había sido Imad Mugniyah, líder de Hezbollah.4
Al día siguiente del atentado, aparecieron en Beirut una serie de comunicados donde la Jihad Islámica se autoadjudicaba la autoría de los hechos. Tres días después Hezbollah también se adjudicó los hechos mediante un comunicado y un video.[cita requerida] Otro elemento probatorio que apuntaría en este dirección son las declaraciones de un diplomático argentino en el Líbano quien identificó algunas grafías y sellos colocados en los billetes con que se pagó la camioneta. Según su declaración estas marcas son una costumbre de algunas familias de la ciudad de Biblos y los sellos corresponden a casas de cambio de esa ciudad.
La hipótesis es que que podría haber sido un ataque en venganza del asesinato del jeque Abbas al-Musawi, jefe del Hezbollah libanés, y su familia. Los investigadores sospecharon que la operación podría haber sido ejecutada por un grupo de pakistaníes y coordinada por Moshen Rabbani, quien se desempeñaba como el encargado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. Años más tarde, este último fue detenido en Alemania, pero luego fue liberado por falta de pruebas.5
En febrero de 2008 la justicia de Estados Unidos condenó a Irán pagarle más de 33 millones de dólares a la familia de una de las víctimas del atentado, el diplomático israelí David Ben-Rafael.4
En marzo de 2010, el embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit, declaró al diario Perfil que Israel eliminó por su cuenta a los autores del atentado a la Embajada.6 Una fuente diplomática afirmó que uno de los responsables del atentado fue Imad Mugniyah, líder de Hezbollah asesinado en 2008.
El expediente de la causa se halla técnicamente prescripto, sin haber instado el Estado de Israel con posterioridad a los eventos judiciales de 1999
María Soledad Morales (n. Valle Viejo, Catamarca, Argentina, 19 de septiembre de 1973 – † San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, 9 de septiembre de 1990) fue una joven estudiante argentina asesinada en Catamarca por los «hijos del poder» local.
El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó una serie de históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país, tras lo cual se logró el esclarecimiento del homicidio, se puso de manifiesto las condiciones semi-feudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas, y produjo un considerable cambio político en Catamarca.
A este caso se debe que aquellas «marchas del silencio» se popularizaran como método de lucha popular en muchísimos otros lugares del país en los que se reclama contra la impunidad.
En la noche del sábado 8 de septiembre de 1990, María Soledad Morales asistió a la discoteca Clivus, en donde se organizaba una fiesta a fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su colegio, a la madrugada partió junto a Luis Tula, un joven que según relatos de compañeros, era su novio.
A las 9.30 del lunes 10 de septiembre, en una zona conocida como Parque Daza (a siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38)1 ,su cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada, le habían arrancado el cuero cabelludo, quemado con cigarrillos, cortado las orejas, vaciado un ojo, roto la quijada a golpes, desfigurado la cara y aplastado el cráneo. Se supo más tarde, que murió de un paro cardiaco por una dosis letal de cocaína. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.
Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra, al hallar el cadáver ordenó que lo laven (borrando huellas y señales irrecuperables).
Los primeros rumores del pueblo decía que los responsables serían parientes de funcionarios, coloquialmente se les llamó «los hijos del poder». Los medios de comunicación difundían que en el crimen estaban sospechadoss los jóvenes Guillermo Luque (hijo del diputado nacional Ángel Luque), Pablo y Diego Jalil (hijos del intendente José Jalil), y Miguel Ángel Ferreyra (hijo del jefe de Policía provincial).
Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente.
En esas condiciones un diputado nacional por Catamarca, Angel Luque, había declarado que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo entonces del presidenteCarlos Menem, interviniera primero el Poder Judicial de la provincia y luego los poderes ejecutivo y legislativo, destituyendo a Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia, y aliado de Menem.
El interventor enviado por el poder central fue Luis Prol, quien según Martha Pelloni:
La intervención federal a la provincia, que incluyó el envío del ex subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Luis Patti para aclarar los hechos, también demostró falta de voluntad en la resolución del caso.
En medio de la investigación, Luque (h) dejó de ser visto en la provincia. Su desaparición fue notoria y motivo de especulaciones periodísticas hasta que fue hallado por el periodista Alberto Moya en Buenos Aires, adonde fue llevado por Patti.3
El primer periodista de Buenos Aires enviado a Catamarca para cubrir el caso fue Ernesto Tenembaum que hizo varias notas para Página/12 antes que nadie, lo que le valió ascender en su carrera.4
Días después llegó Canal 9 y Alejandra Rey, de la revista Somos (editorial Atlántida). Sin embargo, la mejor cobertura fue la de Luis Pazos, de Clarín, galardonado por ello con el premio ADEPA.
Pazos y Rey habrán de escribir el libro No llores por mí, Catamarca. Tras ello, Rey fue despedida de la revista porque le endilgaron que lo había escrito en horario de trabajo y con material que la editorial consideró que le pertenecía.5
En 1993, el director de cine Héctor Olivera, autor de «La Patagonia rebelde» y «La noche de los lápices«, filmó «El Caso María Soledad«, llevando el asesinato y la impunidad al conocimiento masivo.6
En esas condiciones, hacia 1996 se inició el juicio oral por el asesinato de María Soledad. Los imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula (ex novio de la víctima). La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio transmitiéndolo en directo y registró en detalle los gestos de los jueces que evidenciaron una actitud parcial. Los gestos del juez Juan Carlos Sampayo, fueron reiterados por Canal 13 (autor de la primicia, alertados por un televidente) y el resto de la televisión nacional y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio.7
En 1998, se realizó un nuevo juicio. Las condiciones políticas en el país y en la provincia habían cambiado considerablemente, y el 27 de septiembre Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales, en tanto que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.8
El tribunal ordenó investigar el encubrimiento, pero nunca se hizo. El encubrimiento podría alcanzar a la plana mayor de la Policía catamarqueña, el ex gobernador Saadi, el subcomisario Luis Patti y el propio ex presidente Carlos Menem.9
Wikipedia
El bombardeo de la Plaza de Mayo, también conocido como la Masacre de Plaza de Mayo, fue el bombardeo cometido el 16 de junio de 1955 en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Ese día un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del presidente Juan Domingo Perón intentó asesinarlo y llevar adelante un #golpe de estado y, si bien fracasaron en su propósito, durante el mismo varios escuadrones de aviones pertenecientes a la Aviación Naval, bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo y la #Casa Rosada, ubicada a su vera, el edificio de la Confederación General del Trabajo y el edificio que en aquella época servía como residencia presidencial, causando la muerte de 308 personas3 y más de 700 heridos siendo, irónicamente, el bautismo de fuego de la Aviación Naval (contra su propia gente).4 Perón se había retirado al Ministerio de Guerra ubicado a 200 metros de la Casa Rosada por lo cual no estaba en ella al comenzar los ataques aéreos y el intento de asalto por fuerzas de tierra. La violencia, de una magnitud nunca vista anteriormente en Argentina, con la cual se ejecutó el hecho y el desprecio por la vida de las personas hace que se lo vincule con el terrorismo de Estado|#terror aparecido años después en el país5 En febrero de 2008 el juez Claudio Bonadío, entendió que ese episodio no fue un genocidio, sino un intento de eliminación del entonces presidente, Juan Perón declarando que no fue un delito de «lesa humanidad» como solicitaba que se declare un planteo presentado|humanidad
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