Comunicado. El pasado sábado 23 de agosto, la policía metropolitana, la federal y la gendarmería desalojaron el barrio “Papa Francisco”, en Villa Lugano. El asesinato de una joven de apenas 18 años fue utilizado como el argumento de justificación para equiparar a unos pocos con los cientos de familias trabajadoras que habitaban el predio no por gusto sino por falta de un derecho tan elemental como un techo.
Desde Ademys hemos repudiado el brutal operativo a que fueron sometidos los vecinos, entendiendo que ningún crimen justifica dichas formas de intervención, máxime cuando los responsables del asesinato ni siquiera fueron detenidos.
Debajo de las aplanadoras quedaron camas, cocinas, sillas, ropa… las cosas que pueden tener quienes se ven obligados a aceptar esas condiciones, pero que es toda la vida y la historia de una persona, y que apenas puede conformarse –quienes lograron hacerlo– con lo poco que se les permitió retirar.
Una vez más, la ley se vuelca contra quienes más sufren los problemas de inseguridad, contra quienes padecen los robos, las amenazas directas y los asesinatos de las bandas que al amparo de la policía utilizan estos barrios como territorio de “trabajo”. Una vez más, se articula la acusación contra el pueblo pobre que habita las barriadas castigadas y a las que el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales, salud, vivienda, trabajo, educación.
Desde el gobierno nacional y local, con un discurso xenófobo y racista, se pretende estigmatizar a toda una comunidad, culpando a los pobres, a los extranjeros, a los “negros”, como culpables de la delincuencia. Pero es ya imposible de ocultar la connivencia que existe entre el narcotráfico, el crimen y las fuerzas de supuesta “seguridad”, los punteros, funcionarios y empresarios delincuentes que se enriquecen con sus negocios delictivos, verdaderas causas y responsables de todos estos problemas sociales.
En una ciudad donde el 24,91 por ciento de las viviendas se encuentran vacías y 140 mil casas están en situación deficitaria (según datos del 2010), hay medio millón de personas con problemas de vivienda. Frente a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sub-ejecuta el presupuesto destinado la construcción de viviendas, mientras se otorgan permisos a corporaciones empresarias que hacen grandes negocios con las necesidades ajenas. Y el Gobierno Nacional destina millones al pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, en vez de destinar esa plata para, entre otras cosas, construir miles de viviendas (lo que además generaría miles de puestos de trabajo). La respuesta del Gobierno porteño y del Gobierno nacional frente a este problema es utilizar la represión contra quienes demandan su legítimo derecho a una vivienda digna. Además de golpear y desalojar a las familias, fueron detenidos delegados y referentes sociales, y fueron heridos legisladores como Pablo Ferreyra, José Campagnolli y Horacio Pietragalla.
Mientras un grupo de familias se encuentra en la calle pasando frío e incertidumbre, fuerzas de la policía mantienen militarizadas algunas zonas del barrio, generando pánico en los vecinos, trabajadores y niños, ante la amenaza de una nueva avanzada represiva. Al mismo tiempo, como complemento necesario, hacen circular un discurso que busca generar paranoia y enfrentar a una parte de la sociedad trabajadora con aquellos que son aún más pobres.
En este contexto, en algunas escuelas los docentes temen por su seguridad y la de sus alumnos, frente a una posible represión policial en el barrio. Las fuerzas de seguridad, lejos de resolver los problemas acuciantes de la población, los agravan, sembrando miedo y siendo parte de las mismas redes de delincuencia que debieran combatir.
Consideramos que como comunidad educativa, como docentes de muchos de estos chicos y chicas que acuden a nuestras escuelas, debemos exigir la inmediata desmilitarización de la zona. Asimismo, exigimos que tanto el Estado nacional como el gobierno porteño arbitren inmediatamente los medios para garantizar una vivienda a estas familias y a todos aquellos que viven en una situación de precariedad.
En paralelo, debemos elaborar entre los maestros y docentes un protocolo en el que acordemos qué líneas de acción a seguir en caso de que los trabajadores de la educación, los niños y los jóvenes se vean avasallados por una intervención policial represiva.
En una sociedad donde la población no tiene garantizada la vivienda y la salud; en la que a los jóvenes no se les ofrece una educación y trabajo dignos, es al estado a quien tenemos que exigirle estos derechos, y no culpar a quienes padecen mayores necesidades que las nuestras.
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