Plataforma 2012 repudia la criminalización del reclamo social y adhiere a la lucha de los pueblos que en diferentes provincias actúan en  defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes.

En razón de ello, vemos con mucha preocupación que los episodios de represión en la localidad de Tinogasta se están convirtiendo en una costumbre. Así, una vez más, la amenaza de desalojo y represión se yergue en dicha localidad. Días pasados, la gobernadora de Catamarca Lucia Corpacci solicitó a la Corte de Justicia de la Provincia que interponga mecanismos para levantar el bloqueo de la ruta 60 que impide el paso de camiones que transportan sustancias peligrosas para abastecer a las megamineras transnacionales. Este bloqueo parcial se viene  realizando desde el 29 de enero de este año, en espera de un diálogo con las autoridades para dar solución al reclamo. Lejos de cualquier solución democrática e inclusiva, la presidenta de la Corte de Justicia provincial, Amelia Sesto de Leiva, respondió el 1 de junio en medios locales que “es inminente el desalojo de la ruta” y que “la cárcel es la solución para los ambientalistas.”

Plataforma 2012 repudia de manera terminante la intervención de la policía en la represión de un pueblo que se opone al despojo impune de nuestras riquezas estratégicas, a la degradación irreversible de los ecosistemas y defiende los bienes comunes e integridad socioambiental de nuestro territorio.

En esa línea, queremos felicitar al pueblo de Loncopué, donde el domingo 3 de junio se realizó un referéndum de carácter vinculante, respecto de la megaminería. Pese a las reiteradas presiones políticas y presentaciones judiciales realizadas por representantes y punteros del partido gobernante de la provincia (Movimiento Popular Neuquino, aliado del FPV) que buscaron detener el acto eleccionario, en una votación masiva y contundente, con el 82,08%, la población de Loncopué -tal como lo hiciera Esquel en 2003- rechazó la megaminería y dio un verdadero ejemplo de democracia “desde abajo”.

Plataforma 2012 considera que no es con más criminalización y represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino por la doble vía de un genuino debate de sociedad sobre las consecuencias que acarrea el modelo de megaminería y de la democratización de las decisiones, tal como ha mostrado el referéndum de Loncopué, sentando un hito importante en la historia de las luchas sociales argentinas.