Jueves 20/2 marcha en Resistencia,Chaco para repudiar la represión.Galeria de Fotos
Corriente Clasista y Combativa – CCC. Represión el miércoles por la noche en un corte de la ruta 3, en reclamo por la falta de agua y el recorte de las bolsas de alimentos. La multisectorial del Chaco repudió los hechos y marchó esta mañana a casa de Gobierno en Resistencia.
Campesinos originarios qom de Pampa del Indio sufrieron anoche una nueva represión cuando cortaban la ruta 3 en reclamo por las condiciones de vida. A la falta de agua, se le sumó el recorte de las bolsitas de alimentos, que el gobierno provincial intenta cambiar por una tarjeta de $100. Asimismo, no se cobran los planes focos que debían cobrarse antes del 10 de febrero e informaron desde el gobierno, que a partir de ahora la resolución para el pago de los mismos debe ser firmada por el gobernador a cargo Vacileff Ibanoff.
Hubo muchos heridos pero las organizaciones están resistiendo. La Federación Nacional Campesina, junto a la Multisectorial de Pampa del Indio, continuaron el corte de la ruta 3 a pesar de la represión. Pasaron el resto de la noche a la vera de la ruta y con cortes intermitentes esperando respuestas. Hubo enfrentamientos con la policía, muchos heridos (aún no se precisan cuántos) y los campesinos no retroceden, sino que por el contrario, se masifica la medida de lucha.
Al ajuste lo quieren hacer pasar con represión. La Federación Nacional Campesina, la Corriente Clasista Combativa y el movimiento de Pueblos y Naciones Originarias en Lucha responsabilizan al gobierno Nacional y Provincial de este nuevo atropello a las comunidades originarias. Llamaron a la unidad y la lucha de todos los sectores del pueblo para no pagar la crisis.
Asimismo, la CCC Nacional llama a solidarizarse y repudiar la salvaje represión del gobierno pro K de Vacileff Ibanoff.
REPUDIO DE LA MULTISECTORIAL DEL CHACO
La Multisectorial del Chaco repudia la salvaje represión del gobierno de Basileff Ivanoff a la lucha Multisectorial de Pampa del Indio, enfrentando con violencia el más elemental derecho a reclamar agua cuya provisión cortó el gobierno para todo El Impenetrable, como intenta también hacer con los Planes. Castiga principalmente a los más pobres de la Argentina, a los pueblos Originarios amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exige a los gobiernos Nacional y Provincial, dar respuestas a lo que denomina “genocidio silencioso”.
Este es el resultado de la política inflacionaria y de ajuste del gobierno de Cristina Kirchner que no entra sin represión y de las enormes disputas internas en el poder nacional y provincial que intentan usar las luchas populares de distintas maneras para dirimir sus intereses.
¡BASTA de REPRESION A LOS ORIGINARIOS y el PUEBLO del CHACO! MARCHA A LA CASA del CHACO en la Ciudad de Bs. Aires
El viernes 21, a las 11hs desde Av. Rivadavia y Av. Callao la Corriente Clasista y Combativa se movilizará a la Casa del Chaco -Av. Callao 328- en repudio a la salvaje represión del gobierno de Basileff Ivanoff a la lucha Multisectorial de Pampa del Indio, por reclamar agua cuya provisión cortó el gobierno para todo El Impenetrable, como intenta también hacer con los Planes.
Esto castiga principalmente a los más pobres de la Argentina, a los pueblos Originarios amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exige a los gobiernos Nacional y Provincial, dar respuestas a lo que denomina “genocidio silencioso”.
Más de 1.000 originarios y campesinos continúan el corte en la ruta 3. “Hay 12 detenidos, cuyas causas están a cargo del fiscal de Gral. San Martín, José Ricardo Sorabella (el mismo que persigue a campesinos pobres y originarios, y que cerrara sin investigar, dos veces la causa sobre el supuesto accidente de tránsito de Mártires López). También hay pedido de captura de todos los dirigentes. La policía detiene a las personas que desde el pueblo van hacia la ruta” (Comunicado de la multisectorial). Se multiplican los cortes de ruta y mañana movilizarán en resistencia.
Al ajuste lo quieren hacer pasar con represión, responsabilizamos al gobierno Nacional y Provincial de este nuevo atropello a las comunidades originarias.
Llamamos a la más amplia solidaridad y a la unidad de todos los sectores, confluyendo en la lucha y uniendo todos los reclamos en un solo reclamo, para enfrentar esta política de ajuste y represión.
Estipula penas de hasta 3 años de prisión a quienes publiquen “papeles privados” o realicen cámaras ocultas.
El nuevo Código Penal que la semana pasada le presentaron a Cristina Kirchner deja abierta la posibilidad de la pena de prisión para los periodistas.
El proyecto en el que estuvo trabajando la comisión de reforma del Código al que accedió LPO estipula en el inciso 1 del artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, multa de 10 a 150 días e inhabilitación de 1 a 4 años el que, hallándose en posesión de un instrumento, registro o contenidos a que se refieren los artículos precedentes, lo comunicare, publicare o lo hiciere publicar, indebidamente”.
Los “artículos precedentes” a los que hace referencia ese inciso son el 119 y 120, de Violación de Comunicaciones y Violación de Privacidad, respectivamente.
El 119 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 150 días” quien “abriere o accediere indebidamente una comunicación electrónica, telefónica, una carta, un pliego cerrado, un papel privado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le estuviere dirigido”; “se apoderare indebidamente de alguno de ellos, aunque no estuviere cerrado”; “lo suprimiere o desviare de su destino, cuando no le estuviere dirigido” o “interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido”.
Fueron justamente los “papeles privados” a los que accedió el periodismo en los últimos años los que motivaron las investigaciones que desembocaron en denuncias penales sobre el vicepresidente Amado Boudou, por la quiebra de la ex Ciccone o sobre Lázaro Báez, el empresario amigo de los Kirchner, por lavado de dinero.
En tanto que el artículo 120 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de diez a ciento cincuenta días, el que vulnerare la privacidad de otro, mediante la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o se hiciere de registros no destinados a la publicidad”. Es decir, que el periodista que utilice una cámara oculta para realizar una investigación, irá a la cárcel.
El inciso 2 de ese mismo artículo establece que “el que incurriere en cualquiera de los delitos del presente artículo o del anterior (el 119), abusando de su oficio o profesión, o de su condición de funcionario público, será reprimido con prisión de 1 a 4 años.
Penas más duras
El artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, reemplaza al 155º del Código Penal vigente (modificado por la ley 26.388), que establecía únicamente penas económicas de hasta 100 mil pesos para las mismas acciones que ahora tendrán una pena de prisión.
En tanto que el artículo 122 del nuevo Código, pena con la cárcel a los funcionarios públicos que filtren información.
Este artículo, de “Secreto profesional y funcional”, establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 10 a 100 días e inhabilitación por doble tiempo del de la condena, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”. En su inciso 2, el artículo determina que “La misma pena se impondrá al funcionario público que revelare hechos, datos, actuaciones o documentos que por ley debieren quedar secretos”.
La comisión de reforma del Código Penal estuvo encabezada el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Este último funcionario, de La Cámpora, fue quien escribió la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo. Ayer pidió que los jueces hicieran política.
De la comisión también participaron el excamarista León Arslanián; el diputado del PRO, Federico Pinedo; la jurista María Elena Barbagelata, del FAP, y el jurista radical Ricardo Gil Lavedra, que no quiso atender los llamados de este medio. Desde el PRO adelantaron a LPO que van a hacer observaciones al proyecto.
Estipula penas de hasta 3 años de prisión a quienes publiquen “papeles privados” o realicen cámaras ocultas.
El nuevo Código Penal que la semana pasada le presentaron a Cristina Kirchner deja abierta la posibilidad de la pena de prisión para los periodistas.
El proyecto en el que estuvo trabajando la comisión de reforma del Código al que accedió LPO estipula en el inciso 1 del artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, multa de 10 a 150 días e inhabilitación de 1 a 4 años el que, hallándose en posesión de un instrumento, registro o contenidos a que se refieren los artículos precedentes, lo comunicare, publicare o lo hiciere publicar, indebidamente”.
Los “artículos precedentes” a los que hace referencia ese inciso son el 119 y 120, de Violación de Comunicaciones y Violación de Privacidad, respectivamente.
El 119 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10 a 150 días” quien “abriere o accediere indebidamente una comunicación electrónica, telefónica, una carta, un pliego cerrado, un papel privado, un despacho telegráfico o telefónico o de otra naturaleza, que no le estuviere dirigido”; “se apoderare indebidamente de alguno de ellos, aunque no estuviere cerrado”; “lo suprimiere o desviare de su destino, cuando no le estuviere dirigido” o “interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido”.
Fueron justamente los “papeles privados” a los que accedió el periodismo en los últimos años los que motivaron las investigaciones que desembocaron en denuncias penales sobre el vicepresidente Amado Boudou, por la quiebra de la ex Ciccone o sobre Lázaro Báez, el empresario amigo de los Kirchner, por lavado de dinero.
En tanto que el artículo 120 establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa de diez a ciento cincuenta días, el que vulnerare la privacidad de otro, mediante la utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o imagen, o se hiciere de registros no destinados a la publicidad”. Es decir, que el periodista que utilice una cámara oculta para realizar una investigación, irá a la cárcel.
El inciso 2 de ese mismo artículo establece que “el que incurriere en cualquiera de los delitos del presente artículo o del anterior (el 119), abusando de su oficio o profesión, o de su condición de funcionario público, será reprimido con prisión de 1 a 4 años.
Penas más duras
El artículo 121, de “Comunicación o publicación indebida”, reemplaza al 155º del Código Penal vigente (modificado por la ley 26.388), que establecía únicamente penas económicas de hasta 100 mil pesos para las mismas acciones que ahora tendrán una pena de prisión.
En tanto que el artículo 122 del nuevo Código, pena con la cárcel a los funcionarios públicos que filtren información.
Este artículo, de “Secreto profesional y funcional”, establece que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 10 a 100 días e inhabilitación por doble tiempo del de la condena, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”. En su inciso 2, el artículo determina que “La misma pena se impondrá al funcionario público que revelare hechos, datos, actuaciones o documentos que por ley debieren quedar secretos”.
La comisión de reforma del Código Penal estuvo encabezada el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Este último funcionario, de La Cámpora, fue quien escribió la reforma judicial que impulsó el kirchnerismo. Ayer pidió que los jueces hicieran política.
De la comisión también participaron el excamarista León Arslanián; el diputado del PRO, Federico Pinedo; la jurista María Elena Barbagelata, del FAP, y el jurista radical Ricardo Gil Lavedra, que no quiso atender los llamados de este medio. Desde el PRO adelantaron a LPO que van a hacer observaciones al proyecto.
$ 8.000 de salario inicial para el cargo testigo y $ 6.000 de básico.
Construcción de jardines y escuelas; ningún pibe sin vacante.
ADEMYS. Estas paritarias se dan en un contexto donde los salarios docentes siguen desde lejos y por detrás a los aumentos de precios. Pero en este caso, la crisis económica es mucho más aguda, y muestra un escenario donde la devaluación del peso alcanzó un 25% en menos de un mes y lleva acumulada más de un 60% en el último año. Los aumentos de tarifas, en el transporte, los combustibles, los peajes y en los alimentos ponen contra las cuerdas a todos los que vivimos de nuestro salario, confiscado día a día por la inflación. Sólo entre diciembre y enero 500.000 trabajadores más estarían bajo la línea de pobreza.
Desde el gobierno nacional y los gobiernos jurisdiccionales están planeando el cierre de las paritarias por decreto si no se aceptan las sumas y las condiciones propuestas. En la primera reunión de la Mesa de Negociaciones Paritarias de la Ciudad el Ministro Bullrich planteó un aumento que no vaya más allá del 22 o 23% repartido en tres cuotas y sin reapertura a mitad de año. Esta fue la propuesta. Mientras tanto, los funcionarios se han otorgado dietas que superan el 1000% de nuestros salarios, los mismos que nos tratan de «irresponsables» y desestabilizadores por pelear por un salario acorde a los costos de vida, y los que han otorgado aumentos de hasta el 100% a las fuerzas represivas.
El sueldo de los docentes es uno de los más castigados históricamente. En 2013 tuvimos un aumento salarial muy pobre con sumas por fuera del básico y en cuotas que fue rápidamente carcomido por la inflación. Los trabajadores no somos los causantes ni de la inflación ni de la actual crisis económica. Al contrario, la docencia porteña está ‘obligada’ cada vez más, a trabajar dos o más cargos, a tomar más horas cátedra para poder vivir, dado lo absolutamente insuficiente de nuestros salarios. Esto tiene consecuencias directas sobre las condiciones de trabajo y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Vemos, además, un fuerte proceso de ajuste y privatización cuya máxima expresión está contenida en la reciente inscripción online que persigue una masiva transferencia de matrícula de las escuelas públicas a las privadas, una distribución arbitraria de la matrícula que sobrepuebla algunas aulas, deja sin vacante a miles de niños y jóvenes y prepara el cierre de grados y cursos, a la vez que se presenta como ‘solución’ la instalación de aulas-contenedores, sin estar acompañado de un plan serio de construcción de escuelas y jardines.
Desde Ademys, planteamos en la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales:
El Encuentro Nacional Docente, que sesionó el pasado lunes 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de más de 200 representantes de sindicatos y seccionales de 17 provincias del país, resolvió por unanimidad impulsar el NO INICIO de las clases el 5 de marzo, en el marco de una semana de lucha (del 5 al 7 de marzo) con paros, movilizaciones y asambleas, que den continuidad al plan de lucha mandatado por las bases, si no hay respuesta a los reclamos docentes en la paritaria nacional y paritarias provinciales.
Esta medida estará precedida por una Jornada nacional de movilización el 26 de febrero, con una gran movilización en la Casa de la Provincia de Salta en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde se reunirán los ministros de economía de todas las provincias, con la intención de acordar un techo al salario docente del 23%.
También se acordó participar en la Jornada Nacional de Lucha del 27 de febrero por la Absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras (Santa Cruz), y el desprocesamiento de miles de trabadores judicializados por luchar, entre ellos los docentes de Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Desde Ademys, llamamos al conjunto de los sindicatos y de la docencia a la más amplia unidad para lograr un salario acorde a nuestras necesidades, sin topes ni cuotas ni salarios en negro. Proponemos la realización de una asamblea abierta a toda la docencia de Capital, con mandatos de escuelas, para definir un programa y una intervención de conjunto en el próximo proceso paritario.
ADEMYS. La crisis de vacantes en el sector público, amplificada por la inscripción online, ha puesto de manifiesto la política de vaciamiento de la escuela pública impulsada por el gobierno de la Ciudad. Desde hace años los docentes y familias venimos denunciando la falta de jardines maternales, jardines y escuelas, fundamentalmente en la zona sur de la ciudad.
Sin embargo, el gobierno, lejos de dar respuesta a nuestros reclamos e implementar un plan serio de construcción de establecimientos, propicia políticas que apuntan al vaciamiento y deterioro de la escuela pública, sub-ejecutando el presupuesto de infraestructura, cerrando cursos y grados en unos barrios y superpoblando otros, financiando con subsidios a las escuelas privadas, impulsando la tercerización, precarización y privatización de la educación inicial a través de los Centros de Primera Infancia, entre otras medidas.
Desde Ademys, adherimos al petitorio de la Multisectorial por Vacantes, que plantea:
1) Que se garantice a tod@s el pleno acceso a la Educación Pública, Laica y Gratuita desde los 45 días de edad, tal como lo establecen los Artículos 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad.
2) Que se abran nuevas aulas para poder albergar a todos los niñ@s inscriptos en lugares cómodos y dignos que garanticen las condiciones óptimas para recibir y brindar educación de calidad, sin aulas «superpobladas» «contenedoras» ni «móviles»
3) Que no se cierre ningún curso o grado durante 2014 teniendo en cuenta los problemas que provocó el inconsulto sistema de inscripción en línea (online) que debe ser derogado para volver a fortalecer el abordaje pedagógico y familiar de la inscripción escolar.
Por otra parte, rechazamos las formas de precarización, tercerización y privatización de la enseñanza y del trabajo docente en el nivel inicial que el gobierno realiza a través de la implementación de los Centros de Primera Infancia. Al mismo tiempo, denunciamos las nuevas formas de privatización de la educación que el gobierno busca impulsar, empujando a las familias a las escuelas privadas a través de una suma o voucher que se entregaría a las familias para que manden a sus niños a las escuelas privadas. Estos mecanismos han sido implementados en países como EE.UU generando una mayor mercantilización y privatización de la educación y, a su vez, un marcado deterioro de las condiciones laborales y de enseñanza-aprendizaje.
A su vez, acompañamos el proyecto de ley presentado por el legislador porteño Marcelo Ramal, que plantea como solución de fondo la exigencia de un plan de construcción de aulas y escuelas para evitar la deserción y el hacinamiento de nuestros alumnos y la derogación del Decreto 1990/97.
En tanto no exista un compromiso serio del Gobierno de la Ciudad para comenzar un plan de construcción de escuelas, no aceptamos ninguna solución provisoria. Las aulas container y aulas móviles que el gobierno está instalando, lejos de ser temporales, constituyen más precariedad en la educación de los niños/as y en las condiciones de trabajo de la docencia.
Convocamos a las familias y a la docencia a movilizarnos el próximo miércoles 26 de febrero a las 15 hs a la Legislatura porteña donde se realizará una sesión especial con el objetivo de impulsar la conformación de una auditoría multisectorial (legisladores, familias y docentes) y una interpelación al Ministro Bullrich.
$ 8.000 de salario inicial para el cargo testigo y $ 6.000 de básico.
Construcción de jardines y escuelas; ningún pibe sin vacante.
ADEMYS. Estas paritarias se dan en un contexto donde los salarios docentes siguen desde lejos y por detrás a los aumentos de precios. Pero en este caso, la crisis económica es mucho más aguda, y muestra un escenario donde la devaluación del peso alcanzó un 25% en menos de un mes y lleva acumulada más de un 60% en el último año. Los aumentos de tarifas, en el transporte, los combustibles, los peajes y en los alimentos ponen contra las cuerdas a todos los que vivimos de nuestro salario, confiscado día a día por la inflación. Sólo entre diciembre y enero 500.000 trabajadores más estarían bajo la línea de pobreza.
Desde el gobierno nacional y los gobiernos jurisdiccionales están planeando el cierre de las paritarias por decreto si no se aceptan las sumas y las condiciones propuestas. En la primera reunión de la Mesa de Negociaciones Paritarias de la Ciudad el Ministro Bullrich planteó un aumento que no vaya más allá del 22 o 23% repartido en tres cuotas y sin reapertura a mitad de año. Esta fue la propuesta. Mientras tanto, los funcionarios se han otorgado dietas que superan el 1000% de nuestros salarios, los mismos que nos tratan de «irresponsables» y desestabilizadores por pelear por un salario acorde a los costos de vida, y los que han otorgado aumentos de hasta el 100% a las fuerzas represivas.
El sueldo de los docentes es uno de los más castigados históricamente. En 2013 tuvimos un aumento salarial muy pobre con sumas por fuera del básico y en cuotas que fue rápidamente carcomido por la inflación. Los trabajadores no somos los causantes ni de la inflación ni de la actual crisis económica. Al contrario, la docencia porteña está ‘obligada’ cada vez más, a trabajar dos o más cargos, a tomar más horas cátedra para poder vivir, dado lo absolutamente insuficiente de nuestros salarios. Esto tiene consecuencias directas sobre las condiciones de trabajo y el proceso de enseñanza aprendizaje.
Vemos, además, un fuerte proceso de ajuste y privatización cuya máxima expresión está contenida en la reciente inscripción online que persigue una masiva transferencia de matrícula de las escuelas públicas a las privadas, una distribución arbitraria de la matrícula que sobrepuebla algunas aulas, deja sin vacante a miles de niños y jóvenes y prepara el cierre de grados y cursos, a la vez que se presenta como ‘solución’ la instalación de aulas-contenedores, sin estar acompañado de un plan serio de construcción de escuelas y jardines.
Desde Ademys, planteamos en la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales:
El Encuentro Nacional Docente, que sesionó el pasado lunes 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de más de 200 representantes de sindicatos y seccionales de 17 provincias del país, resolvió por unanimidad impulsar el NO INICIO de las clases el 5 de marzo, en el marco de una semana de lucha (del 5 al 7 de marzo) con paros, movilizaciones y asambleas, que den continuidad al plan de lucha mandatado por las bases, si no hay respuesta a los reclamos docentes en la paritaria nacional y paritarias provinciales.
Esta medida estará precedida por una Jornada nacional de movilización el 26 de febrero, con una gran movilización en la Casa de la Provincia de Salta en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde se reunirán los ministros de economía de todas las provincias, con la intención de acordar un techo al salario docente del 23%.
También se acordó participar en la Jornada Nacional de Lucha del 27 de febrero por la Absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras (Santa Cruz), y el desprocesamiento de miles de trabadores judicializados por luchar, entre ellos los docentes de Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Desde Ademys, llamamos al conjunto de los sindicatos y de la docencia a la más amplia unidad para lograr un salario acorde a nuestras necesidades, sin topes ni cuotas ni salarios en negro. Proponemos la realización de una asamblea abierta a toda la docencia de Capital, con mandatos de escuelas, para definir un programa y una intervención de conjunto en el próximo proceso paritario.
ADEMYS. La crisis de vacantes en el sector público, amplificada por la inscripción online, ha puesto de manifiesto la política de vaciamiento de la escuela pública impulsada por el gobierno de la Ciudad. Desde hace años los docentes y familias venimos denunciando la falta de jardines maternales, jardines y escuelas, fundamentalmente en la zona sur de la ciudad.
Sin embargo, el gobierno, lejos de dar respuesta a nuestros reclamos e implementar un plan serio de construcción de establecimientos, propicia políticas que apuntan al vaciamiento y deterioro de la escuela pública, sub-ejecutando el presupuesto de infraestructura, cerrando cursos y grados en unos barrios y superpoblando otros, financiando con subsidios a las escuelas privadas, impulsando la tercerización, precarización y privatización de la educación inicial a través de los Centros de Primera Infancia, entre otras medidas.
Desde Ademys, adherimos al petitorio de la Multisectorial por Vacantes, que plantea:
1) Que se garantice a tod@s el pleno acceso a la Educación Pública, Laica y Gratuita desde los 45 días de edad, tal como lo establecen los Artículos 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad.
2) Que se abran nuevas aulas para poder albergar a todos los niñ@s inscriptos en lugares cómodos y dignos que garanticen las condiciones óptimas para recibir y brindar educación de calidad, sin aulas «superpobladas» «contenedoras» ni «móviles»
3) Que no se cierre ningún curso o grado durante 2014 teniendo en cuenta los problemas que provocó el inconsulto sistema de inscripción en línea (online) que debe ser derogado para volver a fortalecer el abordaje pedagógico y familiar de la inscripción escolar.
Por otra parte, rechazamos las formas de precarización, tercerización y privatización de la enseñanza y del trabajo docente en el nivel inicial que el gobierno realiza a través de la implementación de los Centros de Primera Infancia. Al mismo tiempo, denunciamos las nuevas formas de privatización de la educación que el gobierno busca impulsar, empujando a las familias a las escuelas privadas a través de una suma o voucher que se entregaría a las familias para que manden a sus niños a las escuelas privadas. Estos mecanismos han sido implementados en países como EE.UU generando una mayor mercantilización y privatización de la educación y, a su vez, un marcado deterioro de las condiciones laborales y de enseñanza-aprendizaje.
A su vez, acompañamos el proyecto de ley presentado por el legislador porteño Marcelo Ramal, que plantea como solución de fondo la exigencia de un plan de construcción de aulas y escuelas para evitar la deserción y el hacinamiento de nuestros alumnos y la derogación del Decreto 1990/97.
En tanto no exista un compromiso serio del Gobierno de la Ciudad para comenzar un plan de construcción de escuelas, no aceptamos ninguna solución provisoria. Las aulas container y aulas móviles que el gobierno está instalando, lejos de ser temporales, constituyen más precariedad en la educación de los niños/as y en las condiciones de trabajo de la docencia.
Convocamos a las familias y a la docencia a movilizarnos el próximo miércoles 26 de febrero a las 15 hs a la Legislatura porteña donde se realizará una sesión especial con el objetivo de impulsar la conformación de una auditoría multisectorial (legisladores, familias y docentes) y una interpelación al Ministro Bullrich.
Por Rufino Diana Barrios para Alternativa Socialista, publicación del MST – Nueva Izquierda.
En la mañana del 15 de junio de 2012, unos 326 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo los miembros del Grupo Especial Operativo (GEO), de la fuerza de élite de la Policía (FOPE), la policía montada y antimotines ingresaron a Marina Kué (ex Marina), distrito de Curuguaty, distante a unos 300 km de la capital para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos, incluyendo mujeres y niños que se encontraban ocupando el lugar hacía poco más de dos mes.
Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas aproximadamente de Marina kué eran del Estado, pues en 1967 la empresa “La Industrial Paraguaya S. A.” donó las tierras a la Marina paraguaya –de allí el nombre Marina Kué–, y posteriormente en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria, durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos.
La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado (ex senador y presidente de la ANR), Blas N. Riquelme, se había apropiado en forma fraudulenta de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez de Curuguaty José Benítez.
Se dio un abuso policial de una envergadura tal que no se veía desde la dictadura. Torturas, ejecuciones arbitrarias, abusos policiales, venganzas locales, abusos con los cuerpos de los vivos y de los muertos, que se recogieron en bolsas de plástico para enviarlos a la morgue en Asunción y luego fueron devueltos a las familias en estado de putrefacción. Esos abusos continuaron en la investigación fiscal, con amenazas a los presos e imputaciones de todos los civiles presentes. De esta manera se aterrorizó a todos y se anuló la presencia de testigos civiles en el proceso, porque quien es imputado no puede ser testigo.
A eso sigue un oportunismo político de sectores políticos conservadores y económicos poderosos, que veían en Lugo no la radicalidad de un proceso progresista, sino la posibilidad de que se comiencen a discutir ciertas situaciones como la desigualdad en el acceso a la tierra. Y lo peor, el origen de ella. Entonces, lo que primero se dio con las víctimas de Curuguaty, se repitió con la propia figura del presidente Lugo. Llevaron la discrecionalidad política e institucional a tal extremo que en el libelo acusatorio expresaron que “estos hechos públicos no necesitan ser probados”, por tratarse de público conocimiento, gracias a los medios comerciales.
El juicio político se inició el 21 de junio en la Cámara de Diputados, que hizo la acusación, y el 22 de junio, luego de 2 hs de derecho a la defensa, la Cámara de Senadores lo destituyó por mal desempeño de sus funciones.
Huelgas de hambre
De octubre a diciembre del 2012 Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Luis Olmedo y Alcides Ramírez llevaron a cabo una huelga de hambre con el fin de obtener arresto domiciliario, en diciembre de 2012 se les concede. También luego de una huelga de hambre llevada a cabo de enero a marzo del 2013 por Néstor Castro y Rubén Villalba, y tras presiones de organismos nacionales e internacionales de DD.HH., son puestas en arresto domiciliario las embarazadas Fani Olmedo y Dólores López.
A la audiencia preliminar llegan 54 imputados, 12 acusados, de los cuales 7 están con arresto domiciliario y 5 en prisión en el Penal de Tacumbú, periferia de la ciudad capital. Los acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo Paredes y Dolores López Peralta. Por frustración de la persecución y ejecución penal: Felipe Nery Urbina y por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal: Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.
En diciembre del 2012 la investigación fiscal se convierte en acusación. En una audiencia plagada de irregularidades, la nueva magistrada Janine Ríos decide elevar a juicio oral y publico el caso, lo que generó la indignación de todo el pueblo campesino y de los organismos de derechos humanos en Paraguay y el mundo.
Por Mariano Veiga para Alternativa Socialista. El Jueves 30/01 trabajadores autoconvocados de la salud, junto con la COGRESAP y diferentes juntas internas combativas de ATE, realizamos con gran éxito una radio abierta en el Hospital Moyano. Denunciamos el ajuste macrista a la prensa y discutimos como seguir la pelea.
Fue destacable la presencia de decenas de compañeros y delegados de diferentes hospitales de la ciudad y de servicios como el SAME que están siendo desmantelados. Se hicieron presentes referentes de Talleres Protegidos y los Autoconvocados del Borda. A su vez, nos dirigió la palabra en apoyo, el compañero Alejandro Bodart y legisladores de diferentes bloques.
Queda demostrado, que con preparación y unidad con diversidad; la lucha se potencia y llegan nuestros reclamos al gobierno y sus secuaces.
Ajuste y persecución.
Al día de hoy los compañeros estamos con incertidumbre y bronca ante la falta de cobro de 2 ó 3 meses atrasados. En el caso del Hospital Moyano, se expresa en los que se encuentran bajo el régimen de suplencias de guardias. Para colmo, debido a las acciones de lucha, sumariaron a trabajadoras sociales y el macrismo ordenó una auditoría de todo el hospital, que realiza hasta 3 controles diarios de presentismo de forma invasiva.
En el caso del SAME la situación no es mejor, dado que ya fue entregada la lista de compañeros desvinculados de su cargo, sin ninguna explicación y violando la medida cautelar aceptada por la jueza porteña Patricia López Vergara, que suspendió la aplicación de la Resolución 1657.
Esta situación se replica en muchos hospitales de la ciudad, en los cuales además comienzan a sentirse los aumentos de precios y la necesidad urgente de un aumento salarial considerable.
Unidad de todos para frenar el recorte.
Desde Alternativa Estatal consideramos que es clave la unidad más amplia posible, para derrotar al macrismo. Luego de la marcha y los cortes de calle, realizados el año pasado; no hubo más coordinación entre los sectores en lucha. Dichas acciones, fueron bien recibidas entre los compañeros y tuvieron impacto en su momento.
Es por ello, que hacemos un llamado a la unidad dirigido a la conducción de ATE, a todas sus Juntas combativas y a la COGRESAP, para construir una gran movilización. Al día de hoy, se impulsaron diferentes acciones realizadas por los compañeros del SAME, el Hospital Moyano u otros; pero necesitamos unificar esta lucha aún más.
No nos pueden limitar los personalismos o rencillas pasadas. La Resolución 1657 debe ser derogada, pero para lograrlo es preciso unirnos. Inclusive, sería de importancia, lograr una coordinación con los docentes y padres que luchan contra el recorte de vacantes para los chicos; para denunciar ante la sociedad la intentona de destruir lo público por parte del PRO.
El 05/02, se realizó una primer reunión en el Hospital Gutiérrez, para avanzar en la discusión de la fecha y contenido de la próxima movilización. Participaron muchos de los que vinieron a la radio abierta, autoconvocados, de ATE y se sumaron compañeros docentes. Creemos que la situación amerita realizar acciones de envergadura con urgencia. Por eso el 19/02, resolvimos realizar una gran marcha unitaria por la salud y educación pública.
El 13 de febrero se realizó una reunión Interhospitalaria en el Hospital Gutiérrez, junto a padres, docentes, gremios docentes y representantes de legisladores.
En la misma se reafirmó la importancia de unirnos Salud y Educación en defensa de lo público.
Se informó sobre la lucha de los padres de niños sin vacantes para las escuelas públicas por la cual el Ministro de Educación de la CABA, Esteban Bullrich, tuvo que recibirlos. En esa reunión, el ministro ratificó la «falta de 7.000 vacantes, y que había sido un éxito la inscripción on-line». También expresó que no asistiría a la Legislatura hasta el mes de marzo.
Al saberse que varios legisladores no habían firmado el pedido para una sesión especial de Legisladores para el tratamiento del fracaso de la inscripción on-line y la falta de vacantes, se difundió por las redes sociales que se haría una lista de los legisladores que no la habían firmado. Esto llevó a que muchos que no la habían firmado lo hicieran, y que se consiguiera una sesión especial para el martes 25 de febrero. A las 15 horas.
Por otro lado se informó acerca de que el Ministerio de Salud del GCBA sigue adelante con los despidos de 1.500 profesionales a partir de la Resolución 1.657. Para ejemplificar lo que esto significa, se explicó que cualquier niño que se sienta mal en una escuela, será llevado, a partir de ahora, en una ambulancia con un médico de adultos hasta un hospital público en que será atendido por un pediatra. Hasta ahora las 500 escuelas de la Ciudad tenían pediatras que se acercaba a la escuela con su auto, para atender al niño. Esto desaparece, con el consiguiente stress que le puede producir a un chico ser sacado de la escuela y trasladado en ambulancia, demora en su atención, etc. También desaparecen muchos otros programas imprescindibles del SAME y de los hospitales públicos. Sólo a modo de ejemplo, en el Hospital Alvarez no habrá más equipo de abuso sexual, violencia familiar, cardiología infantil, diálisis, VIH, dermatología, nefrología, etc.
Se consensuó acerca de la importancia de confluir Salud y Educación en:
POR:
Asociación de Profesionales del Hospital de Niños R. Gutiérrez -Lista Recuperación Gremial Conducción Filial AMM del Htal. de Niños R. Gutiérrez – Junta Interna ATE y Escalafón General del Htal. de Niños R. Gutiérrez.
Repudiamos Represión a docentes de Santiago del Estero
ADEMYS. El pasado 14 de febrero más de dos mil docentes de la Pcia de Santiago del Estero se movilizaron junto con el sindicato CISADEMS para reclamar por sus salarios, los más bajos del país ($1350 de básico, 3000 en mano). Un vallado policial impidió que llegaran a la Casa de Gobierno y fueran recibidos por la Gobernadora Claudia Zamora, luego de lo cual fueron reprimidos por la policía.
Desde Ademys repudiamos enérgicamente la represión de los docentes de la Pcia de Santiago del Estero y exigimos la liberación de los compañeros detenidos durante la misma.
En repudio a los sucedido, Lidia Susana Coria, Secretaria General de CISADEMS confirmó que los docentes santiagueños realizarán una asamblea gremial el próximo jueves 20 de febrero para discutir paro y movilización para los días subsiguientes.
La lucha de los trabajadores por el salario, contra las políticas de ajuste y el vaciamiento educativo deben ser una sola. Las paritarias docentes se presentan como “testigo” de las de los demás gremios. Como se mencionó en comunicados anteriores desde Ademys sostenemos que los docentes de la Ciudad tenemos que unirnos con los trabajadores de la educación del resto del país y con el movimiento obrero en su conjunto, para lograr efectivamente una amplia y firme unidad de acción frente a la crisis en curso y creemos indispensable una articulación nacional de los trabajadores y el pueblo para enfrentar el ajuste.
-Recomposición de la escala salarial: todas las sumas al básico.
-Basta de topes salariales
-Reformulación de la jornada laboral
-Reapertura trimestral de las paritarias en todo elpaís.
-Basta de represión a los trabajadores que se organizan.
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO, NI UN NEGOCIO NI UNA ASISTENCIA:
ADEMYS. Como solución a la falta de vacantes en el nivel inicial el gobierno de Mauricio Macri incrementó en el último año los Centros de Primera Infancia (CPI), que funcionan en congestión entre el Ministerio de Desarrollo Social y ONGs o particulares; en lugar de invertir en la construcción de jardines.
AUSENCIA DE DERECHOS PARA TRABAJADORES/AS Y NIÑO/AS PRECARIZACIÓN LABORAL Y TERCERIZACIÓN:
Lo/as trabajadores/as se encuentran tercerizados y en calidad de monotributistas o con contratos de locación, prestando servicios sin contemplación alguna de sus derechos como trabajadores/as. Como consecuencia de esto no se garantizan las suplencias, indispensables para el funcionamiento cotidiano y la atención de los niños/as; es decir recargando la tarea y no respetando los derechos. El Estado no sólo se lava las manos en relación a garantizar la educación pública para todos y todas sino también se desentiende de los salarios docentes y de los derechos de los/as trabajadores/as de la educación contemplados en el Estatuto del Docente.
DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA VULNERADO:
A los niños y niñas se les niega su derecho constitucional a educación desde la primera infancia (ya que los jardines maternales o escuelas infantiles son espacios con una función principalmente educativa a diferencia de la política asistencialista del macrismo que se reproduce con los CPI)
Los CPI reciben subsidios que se relacionan directamente con la cantidad de niños/as que asisten al centro; es decir a mayor cantidad de niños/as, más ganancias. Esto es un mecanismo absolutamente perverso donde los chicos/as se vuelven una mercancía utilizada en pos del sostenimiento de los centros y de la política charterizante, asistencialista y privatista que esto implica. Se fomenta así la superpoblación de las salas.
Este tipo de proyecto resulta más económico tanto para el Estado Nacional como para el Gobierno de la Ciudad ya que de esta manera continua el desfinanciamiento de la escuela pública mientras se sigue subsidiando la educación privada.
Una vez más se hace visible la intención de no resolver el problema de la falta de vacantes y de espacios educativos en general y para la primera infancia; en particular en las zonas más vulnerables de la Ciudad.
Desde Ademys, sindicato docente de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que para poder conquistar los derechos de los/as trabajadores/as y de los/as niños/as es necesario seguir organizándonos por escuela, por distrito y poder confluir en una gran asamblea en donde debatamos un plan de lucha nacional.
Por eso los/as invitamos a participar, intercambiar dudas, situaciones y experiencias.
CELN - ¿Cuál es la noticia...? 