Desde algunos bloques parlamentarios y políticos, en su mayoría de izquierda, hicieron señalamientos en desacuerdo con el arreglo que alcanzó el Gobierno con el Club de París. ¿Cuáles son sus argumentos?
Si bien desde la mayoría de los sectores de la oposición se mostraron a favor del acuerdo alcanzado y destacaron la necesidad de recomponer relaciones con el mercado de inversores externos, otros espacios políticos y dirigentes se mostraron contrariados por la decisión y llamaron a romper los lazos con los organismos internacionales para investigar una deuda que consideran «ilegal e ilegítima».
El principal referente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Jorge Altamira, señaló en un extenso artículo difundido este jueves la posición de su espacio, al explicar que la negociación que acaba de sellar el ministro de Economía, Axel Kicillof «se inscribe en la línea de los arreglos usurarios que establecieron con Repsol, a pesar del gigantesco vaciamiento energético producido por este pulpo petrolero con la complicidad del gobierno kirchnerista».
Además, el probable candidato a presidente por el FIT en 2015, señaló: «El gobierno nacional está empeñado en transitar el último tramo de su gobierno con un feroz ajuste contra los trabajadores y concesiones sin precedentes al capital internacional».
Según explicó, el número final a pagar -u$s 9.700 millones- representa «un aumento del 60%, a una tasa del 7% anual» desnudando así un «carácter usurario» por «la tasa del uno a dos por ciento anual que rigió en los mercados internacionales en este período».
En el mismo sentido se expresó el diputado y referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, que repudió «la decisión gubernamental de avanzar en un acuerdo con el Club de París de manera ilegítima e ilegal» comprometiendo recursos públicos en con el reconocimiento «inadmisible» de una deuda que en «septiembre de 2013 ascendía a solo u$s 6.089 millones yen el default de 2001 a u$s 1.879 millones».
Desde el MST, el legislador porteño Alejandro Bodart cuestionó a los que postulan el pago como un «ahorro»: «Sólo un fabulador serial como (el jefe de Gabinete, Jorge) Capitanich puede decir que pagar 9.700 millones de dólares es ahorrar. Sea en efectivo o en bonos, el pago comprometido significa una sangría brutal para nuestro país y para las necesidades sociales sin respuesta.»
Por otra parte, Lozano destacó que la deuda «es ilegítima» y, al ser «contraída en el marco de la dictadura militar, susceptible de ser encuadrada bajo la jurisprudencia internacional de la «deuda odiosa». Con ese argumento exigió «revisión e investigación» de la misma.
También Bodart apuntó a la ilegitimidad y Altamira abordó ese punto para explicar que la deuda con el Club de París «corresponde a créditos de entidades públicas a compañías locales, que en otra buena parte fueron estatizadas durante la gestión de (Domingo) Cavallo en el Banco Central, hacia finales de la dictadura militar».
«Kirchner y Kicillof, como sus antecesores (Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem y (Fernando) De la Rúa admiten un endeudamiento nacional sin proceder a una investigación de su legalidad y legitimidad», añadió el dirigente de izquierda, que se tomó el trabajo de señalar la actitud de la oposición: «El aplauso entusiasta que las fuerzas tradicionales, sin importar el fragmento que representen, han brindado a este acuerdo, es una demostración de que, al igual que el gobierno, representan los intereses del capital financiero, sin importa lo usurarios que esos intereses sean».
Lejos de un desendeudamiento, la izquierda observa en el acuerdo el «reendeudamiento internacional» que traerá nuevos desajustes a partir de «una nueva devaluación fuerte del peso para cumplir con el servicio de esa deuda». Además, explicó que con el monitoreo del INDEC, el FMI podrá servir a esa labor aun sin haber mediado en el acuerdo actual.
Desde el mismo espacio que Bodart, la tradicional dirigente Vilma Ripoll le apuntó a la Presidenta: «Cristina hipoteca el país pagando deuda de la dictadura. No la investigaron, amagaron con no pagar y finalmente terminaron pagando muchísimo más de una deuda fraudulenta, contraída por el régimen militar».
Foto del diputado Alejandro Bodart llevando el apoyo del MST – Nueva Izquierda al Festival.
Comunicado. El diputado Alejandro Bodart del MST – Nueva Izquierda participó ayer del Festival. «Estoy y estaré acompañándolos, como lo hicimos con el MST-Nueva Izquierda desde el comienzo cuando los compañeros y compañeras se organizaron para recuperar la empresa y mantener su fuente de trabajo. La única solución posible y definitiva para el problema es la expropiación del edificio. El Hotel BAUEN es de todos los trabajadores que encontraron en él un espacio de organización y lucha», indicó.
28 de Mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Por Viviana García, presidenta de la CICOP y el Área de Género de la Secr. de Capacitación.
La decisión de declarar al 28 de Mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue tomada en la reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos, realizada al terminar el Vº Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica, en mayo de 1987. Desde entonces, se conmemora el 28M con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin ninguna restricción ni exclusión y a través de todo su ciclo de vida.
¿Qué dirán nuestros legisladores nacionales, que se niegan a una ley por el aborto legal, seguro y gratuito? ¿Y la no reglamentación de la Ley 25.929 sobre Parto Respetado? ¿Y la no disminución de la mortalidad materna, que se torna escandalosa en algunos lugares del país y del conurbano donde las condiciones de salud de mujeres y niños deberían dar vergüenza a propios y ajenos?
Nuestra cultura relaciona a la mujer con la sumisión, la ternura, el cuidado, la reproducción. Y asocia al varón con la valentía, la fortaleza, la provisión, el poder, el mando. El sistema patriarcal conforma una estructura social de jerarquías en las ideas, costumbres, derechos y apropiación de recursos, donde lo masculino domina lo femenino. El hombre detenta el poder. Domina, en el ámbito privado y en el público. Tiene la decisión sobre nuestros cuerpos, nuestra vida.
Como dice Michelle Perrot: «la relación de las mujeres con el poder se inscribe en el propio juego de palabras. ‘Poder’ es un término polisémico. En singular, tiene una connotación política y designa la figura central, cardinal del Estado sobre lo que convenimos es masculino. En plural, se desmenuza en fragmentos múltiples, equivalentes a ‘influencias’ difusas y periféricas, en las que las mujeres tienen una amplia participación. Decimos que la mujer no tiene poder, tiene poderes. En occidente las mujeres representan lo privado, lo familiar, la sociedad civil. Reinan sobre el imaginario de los hombres, invaden sus noches y sus sueños». Esa constante remite a la división entre público y privado.
¿Qué hacer? ¿Cómo establecemos las relaciones de las mujeres con el poder, los poderes público y privado, los que nos excluyen y los que nos incluyen? ¿Cómo plantearnos, desde las instituciones, sindicatos, barrios, las vías para que las mujeres nos apropiemos de los espacios de toma de decisiones, nos apropiemos de nuestros cuerpos, de nuestra libertad para decidir?
Es a través de las organizaciones sociales, movimientos de mujeres, sindicatos, Estado, donde tenemos que entrar en las fisuras del modelo. Meternos en los espacios de la micropolítica de la vida cotidiana, laboral, y replantear nuevas formas colectivas de disputa del ejercicio del poder, la igualdad y nuestros plenos derechos. Meternos en el corazón mismo de las propias mujeres para desterrar una cultura milenaria de culpas, de pecado original.
Hemos avanzado, pero no lo suficiente: Una mujer en el poder no nos garantizó ni nos garantizará derechos y libertad. Hay cambios en la legislación, leyes en concreto, avanzamos, pero el camino de la transformación todavía está lejos.
Desde nuestro sindicato, la CICOP, venimos peleando por esos espacios. Primero desde la discriminación positiva del cupo. Hoy más del 50% de las mujeres profesionales ocupamos cargos ejecutivos y de decisión en todos los niveles del sindicato. Desde la visibilización, creamos la Secretaría de Género, que funciona con un equipo de formación teórica y capacitación en terreno, llevando nuestras políticas de igualdad. Trabajamos con los colectivos de mujeres, sin diferencias políticas. Con la CTA, el Encuentro Nacional de Mujeres, la Campaña Nacional por el Aborto Seguro y Gratuito. Contra la violencia de género, el acoso, la trata, la violencia obstétrica.
En violencia de género, la secretaría de CICOP confeccionó un Recursero, accesible en nuestra web. Le exigimos al Estado cambiar las políticas de educación, incluyendo en todos los niveles educativos la educación sexual. Y acordamos con la despenalización del aborto porque:
ACTA. Durante una conferencia de prensa realizada en horas de la tarde en la sede de la CTA (Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la Central rechazó la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que pretende juzgar la validez de la convocatoria a elecciones formulada por esta Central a 45 años del Cordobazo y reafirmó que, pese a la intromisión del Gobierno, este jueves más de un millón de trabajadores y trabajadoras elegirán la nueva conducción que regirá los destinos de la CTA por los próximos 4 años.
Antes de dar inicio a la conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Juan Carlos “Pipón” Giuliani, leyó partes de una carta enviada por Hugo Moyano a Pablo Micheli repudiando la actitud del Ministerio de Trabajo: “Expresamos nuestro más firme repudio al atropello, que bajo forma de Resolución, han recibido en el día de ayer por parte del Gobierno Nacional, quien ha mandatado para tal decisión, a las autoridades del Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”.
La misiva decía también que desde hace “un tiempo a esta parte ha crecido la intromisión del Gobierno Nacional contra las organizaciones sindicales que defendemos en forma inclaudicable los sagrados intereses de los trabajadores. No nos conformamos con ser los aplaudidores de turno”. La comunicación termina diciendo: “Cuenten con nosotros para emprender las acciones sindicales y legales que resulten necesarias para defender nuestras entidades. Estamos convencidos que la última palabra la tendrá el pueblo trabajador que el jueves 29 decidirá quiénes son los compañeros que deberán regir los destinos de la CTA”.
Además de los integrantes de la Mesa Nacional de la Central, Ricardo Peidro, Jorge Yabkowski, Darío Perillo, Adolfo “Fito” Aguirre, los abogados del Observatorio Jurídico, Luis Campos, Verónica Quinteros y Mercedes González, estuvieron presentes en la conferencia los legisladores Facundo Moyano, Claudio Lozano, Víctor de Gennaro, Ricardo Cucovillo y Rita Liempe, así como Vilma Ripoll, Enrique Furman, Elia espen, Emilio Cornaglia, Daniel Menéndez, Julio Gambina, Víctor Mendibil, Hugo “Cachorro” Godoy, José Luis Matassa, Mariano Sánchez Toranzo y Juan Namuncurá.
“Gracias a todos y todas por venir, a los Medios, a los diputados, a los dirigentes políticos y sociales. La verdad que, como dice Moyano, sería bueno que el Ministerio de Trabajo convocara al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, de resolver el trabajo de los trabajadores precarios que se cuentan por miles en el propio Ministerio, de discutir el problema de los despidos, la masacre de los trabajadores industriales; sería bueno que el ministro se ocupara de los trabajadores y el pueblo y dejara de entrometerse en la libertad y la democracia sindical”, comenzó sus palabras el secretario General de la CTA, Pablo Micheli.
Ante una nutrida presencia de dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos, Micheli agregó: “Nuestra respuesta va a ser ir masivamente a las urnas. Van a buscar generar violencia e impedir que entremos en los lugares de trabajo para poner la urna, pero no tenemos que entrar en ninguna provocación de este tipo”. Micheli explicó que como no tenían otra manera de intervenir, “buscaron la forma de volver a embarrar nuestra Central, una experiencia avanzada no sólo en Argentina sino en el mundo. Esto es hacerle daño a la democracia y a la autonomía. Vamos a demostrar que 30 años de democracia no fueron en vano”.
Antes de finalizar la conferencia, el dirigente destacó la presencia de la CTA en el marco del sindicalismo mundial remarcando que Adolfo Aguirre, el secretario de Relaciones Internacionales de la Central fue elegido recientemente para conformar el Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Por otra parte subrayó la actuación de la CTA en el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) y la participación de la Central en la 103 Conferencia de la OIT en la que se va a volver a denunciar la falta de libertad y de democracia sindical. Cabe destacar que la CSI es la Central Sindical más grande del mundo, nuclea a 325 centrales afiliadas, con una representación de 161 países que significan un total de 176 millones de miembros. “Estamos en el camino correcto, ninguna resolución nos va a parar para el 29. Estaremos en cada movilización por toda la vida”, concluyó Micheli.
Por otra parte, los diputados Víctor de Gennaro, Victoria Donda, Claudio Lozano, Virgnia Linares, Antonio Riestra, Juan Carlos Zabalza, Omar Duclós y Ricardo Cucovillo, mediante una declaración, rechazaron la «resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que pretende desconocer la validez del acto electoral convocado para el 29 de mayo por la Central de Trabajadores de la Argentina que encabeza Pablo Micheli y por el cual ha de elegir a sus representantes y conducción en todos los niveles».
La conferencia terminó con la firma del acuerdo de Cooperación entre el Consejo Nacional de Política Indígena y la CTA a los fines de llevar a cabo la participación y fiscalización bilingüe en lenguas originarias en las elecciones de este 29 de mayo, por parte de los integrantes y los trabajadores del Consejo.
Comunicado. Ante la ausencia de políticas habitacionales, el gobierno porteño apuesta a la especulación entregando títulos de propiedad en las villas. Mediante esta iniciativa, evade su obligación de urbanizarlas. La entrega de tierras públicas carentes de infraestructura no soluciona los problemas de indigencia y hacinamiento, al mismo tiempo que agrava sensiblemente la situación de los miles de inquilinos en las villas.
Apoyándonos en nuestro documento “Vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la ciudad de Buenos Aires” de agosto de 2012, Plataforma considera imprescindible alertar al Ejecutivo y a la Legislatura porteñas sobre la necesidad de cumplir de una vez por todas con el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna, implementando políticas activas y participativas en las villas.
En materia de vivienda, la ciudad de Buenos Aires presenta un cuadro paradójico: por un lado, la progresiva especulación inmobiliaria que arroja una cifra alarmante de departamentos nuevos vacíos (26,7% según el censo 2010); por el otro, un estado de gravísima emergencia habitacional que incrementa visiblemente la fractura social y contribuye a formar una ciudad de enclaves contraria a la tradición histórica de integración que durante mucho tiempo caracterizó a Buenos Aires. Frente a esta situación, que viene de arrastre, el gobierno del Pro ha tomado medidas espasmódicas que no han hecho más que contribuir a agravar un cuadro que, visto en perspectiva, es una bomba de tiempo: su primer estampido de notoriedad fueron los sucesos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 con un saldo de tres muertes y la criminalización de quienes, compelidos a tener un techo, ocuparon el Parque como medida de último recurso. Aun así el gobierno de la Ciudad no tomó ninguna medida estructural para paliar la situación. Por el contrario, las promesas de entonces, como el Plan Primera Casa, quedaron en aguas de borrajas.
En la actualidad, cerca del 10 por ciento de la población de la Ciudad vive en estado de hacinamiento y precariedad. Entre los años 2001 y 2010, la población de las villas creció un 52,3 por ciento y sigue aumentando en densidad. En varias villas porteñas la construcción en altura constituye un riesgo para la vida y la salud de sus pobladores; al mismo tiempo, el conflicto entre “propietarios” e “inquilinos” revela la misma especulación con la falta de vivienda que se observa en el mercado formal de alquileres. Si bien esta situación también es de larga data, las políticas nacionales de la última década relacionadas con el extractivismo (entre otras, la ampliación de la frontera agrícola, los desmontes, la contaminación de los ríos, la escasez de agua en función de las necesidades de la minería y la destrucción de las economías regionales con la consecuente merma de trabajo) terminaron por expulsar a una gran cantidad de ciudadanos en busca de trabajo en la Capital.
Ante reiterados conflictos sociales y reclamos judiciales, la reacción visible del ejecutivo porteño se redujo a estigmatizar la protesta y tomar medidas cosméticas. Durante toda la gestión del intendente Macri se otorgaron créditos equivalentes a seiscientas viviendas. En materia de vivienda, el Estado porteño es un Estado ausente. Ha desatendido todos los fallos que ordenaban urbanizar las villas al tiempo que oculta su inacción a través de una publicidad engañosa e intensas campañas de marketing político que proclaman las bondades de la construcción indiscriminada como fuente de trabajo y crecimiento. Emblema de la retracción del Estado es la intención de otorgar escrituras de posesión en las villas, hecho que implica desentenderse de sanear la infraestructura de servicios y oculta un ambicioso proyecto de especulación con tierras públicas a favor del negocio privado. Esta mercantilización de los problemas habitacionales del sector más neurálgico de la ciudadanía se da el lujo de ignorar el impacto que tendrá sobre los miles de inquilinos y el potencial consecuente de conflicto que la medida puede generar.
Ante un contexto de tensión creciente que, por su complejidad, no suele encontrar demasiado eco en la opinión pública; ante la próxima sanción de una ley cuyas consecuencias son imprevisibles, Plataforma 2012 reitera su preocupación ante el modelo privatizador del PRO que se refleja en un crecimiento exponencial de habitantes en las villas y asentamientos como contraparte crecimiento avasallador de metros cuadrados construidos durante los últimos años y liberados a la especulación inmobiliaria.
El 5 de diciembre de 2013 la Legislatura porteña aprobó en primera lectura lo que antes se llamaba el “Plan Maestro para la Comuna 8” y ahora lleva el título de “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por la complejidad del problema de vivienda en general y de las villas en particular, desde Plataforma 2012 pretendemos echar luz sobre el entramado de políticas que dan origen a esta ley y cuáles son sus verdaderas intenciones.
I. El presupuesto destinado a vivienda y la superposición de organismos que lo manejan
Cerca de medio millón de personas viviendo en la precariedad dentro la ciudad de Buenos Aires conforma un caso testigo de la crisis habitacional. Según el censo nacional del año 2010, las villas porteñas pasaron de tener una población de 107.422 habitantes en 2001, a 163.587 en 2010. La Ciudad Autónoma, de 2.776.138 habitantes a 2.891.082 por el mismo período. El crecimiento poblacional de las villas creció 53% mientras la ciudad creció 12 veces menos, solo el 4,5%. Este año, el gobierno porteño informó que 275 mil personas viven en villas miseria, es decir, un 10 por ciento de la población total, que seguiría creciendo día a día.
En relación con el presupuesto general de la ciudad, las partidas destinadas a vivienda son las que más se redujeron en los últimos años. Mientras que en 2006 la inversión en el área representaba un 5,3% del presupuesto total, en el que fue aprobado para el año 2014 descendió al 2,5%. Respecto a las villas en el año 2006 la asignación presupuestaria para la cuestión villera era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %, arrojando el siguiente cuadro:
| del presupuesto total | ||
| asignado a vivienda | asignado a villas | |
| 2006 | 5,3% | 2,5% |
| 2013 | 2,5% | 0,8% |
Además de eso, la sub-ejecución presupuestaria ha sido una constante en el área vivienda. En el año 2010 fue alrededor del 50%, en el año 2011 del 60% y del 2012 del 80%. La prioridad presupuestaria que por la Constitución de la Ciudad debe tener la protección del derecho a la vivienda y que por la ley N° 148 tienen las villas claramente no se cumple a la luz de los ejercicios presupuestarios de los últimos años.
En materia de gestión específica, la ciudad fue creando, desarticulando e inventando una serie de organismos cuyas funciones se superponen y a veces se anulan unas a otras. Hoy por hoy, las competencias de las entidades que deberían ocuparse de la emergencia habitacional son confusas y discrecionales. Las competencias del Instituto de la Vivienda, antes a cargo de la política habitacional en la ciudad, fueron fragmentadas en varios organismos. Por ejemplo, el caso de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), y la Corporación Buenos Aires SUR (CBAS). Como si esto fuera poco, en diciembre de 2011 el Ejecutivo creó un tercer organismo, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) a quién se le encargó la función de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios vulnerables. Con un presupuesto irrisorio de 7 millones de pesos el flamante organismo solo pudo dedicarse a desarrollar programas culturales, deportivos y talleres de concientización.
El hecho de que no exista un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad es la prueba del lugar que el tema ocupa en la preocupación del partido gobernante. La ausencia de políticas estructurales en materia de vivienda, la disminución y sub-ejecución del presupuesto, y la parálisis de los diversos programas se combina con la proliferación de desalojos en espacios privados y públicos. La situación constituye un polvorín cuyo estallido podría ser inminente. La inercia municipal llegó a tal extremo que, para un caso puntual, la Corte Suprema de la Nación tuvo que “ordenarle” al Ejecutivo porteño que garantizara “el acceso a una vivienda digna y a asistencia social y sanitaria para una madre y su hijo menor, aquejado por una grave discapacidad” en un memorable fallo del 24 de abril de 2012. Durante aquella audiencia el mismo GCBA tuvo que admitir que existen más de dos mil casos de personas en situación de calle judicializados por falta de respuesta estatal.
II. Las políticas del Pro respecto de las villas
La urbanización de villas o asentamientos, tal como se establece en la Constitución de la ciudad autónoma, nunca fue un objetivo prioritario para el gobierno de Mauricio Macri. El Pro asumió el gobierno considerando que a las villas había que “erradicarlas”; su objetivo principal era liberar las valiosas tierras de la Villa 31-31bis a la especulación inmobiliaria. Luego de seis meses de gestión entendió que la erradicación era prácticamente imposible en función de derechos conquistados y reconocidos en numerosas leyes. Entonces evaluó convocar a un plebiscito para que los habitantes de la Ciudad decidieran el destino de las villas (1). El plebiscito nunca se realizó.
Una vez que desmanteló el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Mauricio Macri delegó la urbanización de las villas a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y a la Corporación Buenos Aires Sur. En vez de tomar medidas estructurales, ambos organismos se dedicaron a mantener una exigua infraestructura de servicios que se reducía a atender emergencias y, de tanto en tanto, a realizar alguna obra nueva a través de cooperativas, empresas de punteros y empresarios amigos. Nunca se respetó la participación de los habitantes de las villas ni de sus órganos de representación. Tampoco se elaboraron los planes de urbanización previstos por numerosas leyes (ley Nº 148, ley Nº 403 Villa 1-11-14-, ley Nº 1333 Barrio Ramón Carrillo, ley Nº 1770 Villa 20, ley Nº 1868 Villa 21-24). Sin tener planes concretos e integrales de urbanización, el Pro no dejó de manifestar que avanzaba en la urbanización cuando en realidad solo hacía obras de emergencia en pequeños pasos. Las obras realizadas, siempre insuficientes y deficitarias, fueron cuestionadas por hechos de corrupción y ausencia de control que hacían que el GCBA pagara por obras que no se realizaban. Uno de los primeros casos fue el descubierto por asesores del ex Presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo (legislador de la Ciudad con mandato cumplido) cuando en las oficinas de la UGIS detectaron que las cooperativas no habían finalizado la instalación de luz eléctrica en la villa 1-11-14 habiendo ya informado la finalización de las obras. Cuando desde las villas fue creciendo el reclamo de mayor transparencia en las contrataciones, el gobierno volvió a cambiar de rumbo.
El 3 de diciembre de 2010, Enzo Pagani y Cristian Ritondo presentaron en la Comisión de Diputados de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad un proyecto que tenía por objeto modificar el Código de Planeamiento Urbano y la Ordenanza No 44.873. Esta Ordenanza del año 1991 crea los distritos U31 (los distritos villeros) y dispone una zonificación y trazado urbano específico para las villas de la Ciudad que existían en dicha época. Entre sus modificaciones, el proyecto de Ritondo y Pagani proponía la derogación de la obligación del Poder Ejecutivo de presentar los planes de urbanización para su aprobación en la Legislatura de la Ciudad para cada una de las villas de la Ciudad como condición previa para avanzar con la escrituración de las tierras.
Varios bloques de la oposición y habitantes de villas y asentamientos se opusieron al proyecto, principalmente porque no acordaban con la intención de otorgar escrituras sin la provisión de servicios y liberar a a las villas a la especulación del mercado inmobiliario. Otro gran factor de preocupación de quienes se oponían a la reforma era la situación de los inquilinos. Téngase en cuenta de que en las villas, cada “propietario” subalquila cuartos a varias familias de inquilinos, a quienes la reforma dejaba prácticamente en situación de desamparo. Durante los días previos a la presentación de este proyecto en la Legislatura de la Ciudad y de su tratamiento en las Comisiones, el GCBA había anunciado en medios periodísticos su propósito de otorgar escrituras en las villas de la Ciudad, dando por sentado que sería aprobado. En el interior de las villas los anuncios provocaron mucho malestar e incertidumbre. Hasta ese momento la solución pensada para las villas era, primero, la integración urbana del barrio y, luego, escriturar individualmente garantizando el derecho a una vivienda tanto a los “propietarios” como a los “inquilinos”. Con el proyecto en cuestión, los inquilinos quedaban absolutamente desprotegidos, ya que únicamente iban a escriturar a los “propietarios” (2). Estos anuncios destruyeron las aspiraciones de los inquilinos quienes advirtieron que de acuerdo a esta nueva política sólo tendrían una solución habitacional definitiva aquellos que fueran propietarios, lo cual implicaba en aquellas circunstancias la toma de nuevas tierras o la protesta intensa para ser escuchados. Esta fue una de las causas por la cual la gran mayoría de las miles de personas que ocuparon el Parque Indoamericano fueran inquilinos de las villas cercanas al predio que por protesta y oportunidad se sumaron a la ocupación.
El proyecto fue finalmente retirado del temario por la Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
Ante ese fracaso, el Pro decidió iniciar una campaña de concientización y le encomendó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que se encargara de organizar reuniones en las villas para informar de las bondades de la entrega de títulos de propiedad y las posibilidades de avanzar con el parcelamiento de los predios donde se encuentran asentadas las villas. Con la creación de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) se adoptó un nuevo discurso (el de la “integración urbana e inclusión para las villas”) y se hicieron obras cosméticas adecuadas al discurso como ser plazas, instalación de portales, eventos deportivos, culturales, elección de los nombres de las calles, etc.
Otro obstáculo con el que se encontró el Gobierno de la Ciudad a la hora de entregar títulos de propiedad fue la necesidad previa de parcelar los inmuebles y adecuar la infraestructura de las casas para que se pueda escriturar. Debido a la forma en que se construyeron las villas esto no resulta posible, salvo que se modifiquen las actuales leyes de zonificación y la legislatura autorice excepciones al código de edificación. Como no logró aprobar una ley aplicable a todas las villas, optó por la estrategia de aprobar leyes parciales de cambio de zonificación que permitieran avanzar con la entrega de títulos en algunas villas, sobre todo en las que el Pro tiene más inserción o cuya parcelación resulta más sencilla.
Entre 2011 y 2013 se autorizaron varias normas excepcionales de parcelamiento sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción ni el plano de obra registrado. Así se realizaron cien escrituras precarias en el Barrio Inta, que es esgrimida por el Pro como estandarte de villa urbanizada, sin haberse responsabilizado de la infraestructura del barrio en materia de hacinamiento y prestación de servicios públicos en la totalidad del barrio.
III. En qué devino el “Plan Maestro para la Comuna 8”
En su versión original este proyecto se proponía elaborar un plan general para el desarrollo de la Comuna 8, enmarcado dentro de los criterios y lineamientos del Plan Urbano Ambiental y del Modelo Territorial, cuya finalidad es el desarrollo social, económico y urbanístico de la Comuna, a efectos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Disponía lineamientos aplicables a seis áreas predefinidas: estructura y centralidades; transporte y movilidad; hábitat y vivienda; espacio público; producción y empleo; y patrimonio urbano.
Con el fin de conseguir fondos para la urbanización de las villas se desafectaban del dominio público 70 hectáreas de inmuebles que se transferían en fideicomiso a Corporación Buenos Aires Sur para su posterior venta, cuyos fondos se destinarían a la urbanización de las villas. Espacios verdes pertenecientes al Parque de las Victorias, al Parque de la Ciudad, al Parque Roca y al Autódromo destinados a emprendimientos comerciales y actividades denominadas genéricamente de espectáculos, turismo, recreación, paseos y deportes. Esta decisión ignora que la tierra urbana es un bien finito, que aumenta el precio de su valor por tal condición. Más que ningún otro en la historia de la ciudad, el gobierno del Pro se ha desprendido de bienes públicos para financiar proyectos cuasi privados, descapitalizando a la ciudad de Buenos Aires de su patrimonio.
En el proyecto original se supeditaba la urbanización de las villas a la venta de tierras por parte del fideicomiso desatendiendo leyes ya existentes de urbanización de villas, como la ley 148 (de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios); la 1770, de urbanización de villa 20, la ley 1333 que declara la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo o la ley 177, de complejos habitacionales.
Hay que tener en cuenta que la Comuna 8, integrada por Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, es una de las zonas más conflictivas de la ciudad por la cantidad de asentamientos que conforman una verdadera topografía de la precariedad. Abarca un enorme predio de 2.200 hectáreas al sudoeste de la ciudad, habitado por 190.000 personas. Allí están radicados los complejos habitacionales de Lugano I y II, el Barrio Piedrabuena y la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de toda la Capital: Villa 20, Villa 3, Villa 15, Villa 16, Villa 17, Villa Francisco, Ciudad Oculta, Barrio Fátima, Villa Los Piletones, Villa Calacita, Asentamiento Los Pinos, Barrio la Esperanza y Barrio Scapino.
El área tiene, paradójicamente, la mayor concentración de tierra deshabitada: el Velódromo, el Autódromo, el Parque Indoamericano y el Parque Roca.
Allí mismo, en lugar de aprovechar las zonas deshabitadas como pulmón de la ciudad (que ha visto reducido sus espacios verdes a 1,9m2 por habitante, cuando la OMS recomienda no menos de 12m2), el ejecutivo porteño ha planificado una serie de emprendimientos que conllevan la gentrificación (3) de un área que se ha constituido en un verdadero polvorín en materia social. El primer estallido fue la ocupación del Parque Indoamericano. Precisamente en esa zona, tal como ya se hizo con gran parte de los barrios porteños dividiéndolos arbitrariamente en polos de aglomeración empresaria, se planificaron perímetros de concentración productiva mediante exenciones impositivas y la captura de la plusvalía por parte de las corporaciones. Por diez años y quince años (empresas de capital nacional o micro, pequeña o mediana empresa) quedan exentas del impuesto sobre los ingresos brutos, de Sellos, Inmobiliarios, en el pago del Derecho de Delineación y Construcción.
Los pretextos para otorgar incentivos fiscales fueron la creación de un Distrito del Deporte, un Distrito Biotecnológico y la Villa Olímpica para los Juegos internacionales de la Juventud 2018. Además de eso, el ejecutivo fue avanzando sobre la Comuna aprovechando oportunidades propicias para evadir instancias de control como lo fue el paquete de leyes aprobadas a finales de 2012 por el Pro y la oposición kirchnerista, conocido como “Pacto Pro-K” en las redes sociales. En aquella oportunidad se dispuso la concesión por treinta años de 37,5 de las 40 hectáreas del Parque Roca –espacio hasta entonces destinado a actividades deportivas y recreativas– a la Federación de Transporte para levantar una «terminal» de camiones de larga distancia que incluye exenciones impositivas, una estación de servicio, un restaurante y un hotel. Asimismo, en abril de 2014, se le confirió a través de un irregular sistema de leasing a la empresa TEBA, actual operador de la Terminal de Retiro, un predio de 38 mil metros cuadrados para construir una segunda terminal de ómnibus. El dueño de la empresa TEBA, Jaime Otero, tiene una larga serie de incumplimientos denunciados por la Auditoría General de la Nación además de pagarle el departamento que habitaba Ricardo Jaime en Buenos Aires. (4)
El Plan Integral de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, dentro de la cual se encuentra la Comuna 8, requerido por la Corte Suprema en la famosa causa «Mendoza» nunca fue elaborado ni presentado ante la justicia. Este plan debería discutirse previamente a todas las políticas urbanas que el GCBA está llevando a cabo en el sur de la ciudad. Además, el Plan Maestro por la Comuna 8 jamás fue debatido en la Comuna ni en el Consejo Consultivo. No se realizaron audiencias públicas convocadas con difusión amplia, ni se previó la participación de los órganos de representación de las villas (Ley 148).
Frente a la fuerte oposición al proyecto, el Pro lo modificó radicalmente para conseguir los votos necesarios para su aprobación. Fue así que el 5 de diciembre de 2013 se aprobó en primera lectura el proyecto de ley Nº 3257-D-2012 con un contenido más acotado que la versión original y muy distinto en lo que respecta a la urbanización de las villas. Incluso dejó de llamarse Plan Maestro para la Comuna 8 para ser llamado “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En esta nueva versión del plan se incorporan al Código de Planeamiento Urbano la zonificación caratulada como BARRIOS NUEVOS estableciendo excepciones a las normas generales del Código de Planeamiento Urbano y al de Edificación respecto al ancho de las calles, tipología edilicia y parcelamiento.
El proyecto autoriza la adopción de medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores del polígono y sin exigir el plano de obra registrado.
Del proyecto nuevo desaparecieron todas las tareas que antes le competían al Estado: el saneamiento ambiental, apertura de calles y pasajes, el programa de viviendas colectivas o individuales, la adecuación de la trama espontánea existente a fin de preservar su identidad según la normativa vigente, la provisión de equipamiento urbano y comunitario, la regularización dominial y posterior venta a sus actuales ocupantes. En el texto actual, el Pro vuelve a retomar el espíritu de privatización de la precariedad del Barrio Inta y lo aplica a todas las villas de la Comuna 8.
IV. Conclusiones
Primera Firmas – Grupo Promotor:
Acerbo Osvaldo, Antonelli Mirta, Baldiviezo Jonatan, Bidonde Héctor, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galvano Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lissidini Alicia, Lo Vuolo Rubén, Luchetti María Inés, Massuh Gabriela, Plana Marcelo, Rodríguez Daniel, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolás, Tieffenberg Jaco, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia.
Para adherir:
BUENOS AIRES
Trabajadores de Calsa y Shell cortaron el puente Pueyrredon
La mañana de ayer, jueves 22 de mayo, se llevó a cabo el corte del puente Pueyrredón por trabajadores de las empresas Calsa y Shell, quienes reclamaban la inmediata reincorporación de sus compañeros despedidos. Luego de más de una hora de corte los trabajadores levantaron la protesta, ya que su objetivo consistía en visibilizar el conflicto. Crónica e imágenes: ANRed. Leer más…
“Es un acuerdo que hace Cacciatore, que era el intendente de la dictadura”
En la emisión del jueves 22 de mayo de Enredando Las Mañanas hablamos con Hugo, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, una localidad del Gran Buenos Aires que convive con el CEAMSE. Esto es a partir de un acuerdo de la época de la dictadura entre la CABA y la provincia de Buenos Aires para arrojar toda la basura urbana a un lugar donde vive gente. Los vecinos realizarán una actividad este sábado 24 de mayo para presentar su propia propuesta – no contaminante – de tratamiento de residuos. Por RNMA. Leer más…
Piden excarcelación de trabajadores inocentes del Registro Civil de Wilde
Hace quince días se produjo un allanamiento en el organismo donde se llevaron detenidos a doce empleados y empleadas. Se les negó la posibilidad de realizar una llamada para notificar a sus familiares, recibieron tratos inhumanos y once de ellos siguen en prisión. La causa está caratulada como Asociación Ilícita por Falsificación de Identidad Pública. Los familiares de una de las detenidas, Tatiana Fabiano, aseguran que no existen pruebas contundentes que involucren a todo el grupo de trabajadores y reclaman el cese de la injusta detención. Leer más…
Relevamiento Socio-Ambiental en González Catán
La “Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE de González Catán”, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Matanza y organizaciones políticas y sociales, invitan a participar del“Relevamiento Socio-Ambiental”, que se realizará en la localidad de González Catán el próximo sábado 24 de mayo. El relevamiento pretende describir «las terribles condiciones de vulnerabilidad social, económica y ambiental» en las que viven los habitantes del lugar, según expresan en un comunicado. Leer más…
Los estudiantes denuncian que la falta de planificación del Rectorado y la facultad los dejó sin lugar para estudiar. Reclaman que se habilite un salón que no es utilizado cotidianamente. Para el decano, la obra que emprendió el Rectorado no fue prevista. Por ANRed La Plata. Leer más…
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Bachilleratos populares en lucha
El pasado martes 20 de mayo, bajo una copiosa lluvia, cientos de manifestantes se concentraron frente al edificio del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sito en la calle Av. Paseo Colon 255, convocados por la Coordinadora de bachilleratos populares en lucha, con el propósito de exigirle a las autoridades del gobierno de la Ciudad, respuestas frente a los reclamos que vienen sosteniendo hace aproximadamente un año. Informe e imágenes: por ANRed Sur. Leer más…
El “caso Suárez” llegó al Congreso
Fuerte apoyo de legisladores y periodistas al editor de Última Hora, a quien se le aplicó la ley anti-terrorista. Por plazademayo.com Leer más…
Recambio histórico tras las elecciones en la India
En una derrota sin precedentes del gobernante Partido del Congreso, el armado opositor Bharatiya Janata Party (BJP) logró obtener la mayoría absoluta en el Parlamento tras asegurarse 335 escaños de los 543 en juego y su líder, Narendra Modi, se convierte en el primer ministro del país. Las elecciones generales indias, las más masivas y prolongadas del planeta, transcurrieron a lo largo de cinco semanas y registraron una participación récord del 66,38%, al concurrir a las urnas algo más de 551 millones de personas, sobre un padrón de unos 800 millones de habitantes habilitados para emitir el sufragio. Por Laureano Larroza. Leer más…
En la emisión de Enredando las Mañanas del viernes 16 de mayo entrevistamos a Carlos Aguirre Rojas, escritor, investigador, docente mexicano, que brindó un panorama de la situación en las comunidades zapatistas, y en todo el país, luego del ataque sufrido el pasado 2 de mayo en el Caracol La Realidad, que dejó como saldo la muerte de José Luis Solís López y más de quince heridos. Por RNMA. Leer más…
Por qué no al tratado Estados Unidos-Unión Europea
El pasado lunes 19 de mayo comenzó en Washington la quinta ronda de negociaciones para cerrar un tratado comercial y de inversiones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y continuará hasta el próximo viernes. El autor de la siguiente nota argumenta por qué este tratado solo beneficia a las patronales y corporaciones.Por Santiago González Vallejo, economista USO. Leer más…
Un artista brasileño ha creado la primera imagen viral del Mundial
Tres semanas antes del partido inaugural de la Copa del Mundo 2014 en Brasil, este evento ya tiene una imagen icónica creada por el artista brasileño de la calle Paulo Ito. Por RT Actualidad / Deportes. Foto: facebook.com/Paulo Ito. Leer más…
Un documental en el que cualquiera puede aportar algo
Nos encontramos con Matías Benedetto, estudiante de la Carrera de Comunicación en laUBA y militante de la agrupación Norberto Blancoen la Corriente Estudiantes Del Pueblo (C.E.D.P.)de la Facultad de Ciencias Sociales, quién junto a otros estudiantes se encuentra armando un documental sobre medios comunitarios, populares y alternativos, al cual invitan a quien tenga ganas a sumarse al proyecto. Por Dino De Bórtoli, para ANRed. Leer más…
La Cámara de Apelaciones ordenó la reincorporación de Germán Amor a la línea 135
CABA. Domingo 25/5, 13hs.: Mural, mateada y volanteada por Matías Guerra
CELN - ¿Cuál es la noticia...? 