Desde algunos bloques parlamentarios y políticos, en su mayoría de izquierda, hicieron señalamientos en desacuerdo con el arreglo que alcanzó el Gobierno con el Club de París. ¿Cuáles son sus argumentos?
El principal referente del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Jorge Altamira, señaló en un extenso artículo difundido este jueves la posición de su espacio, al explicar que la negociación que acaba de sellar el ministro de Economía, Axel Kicillof «se inscribe en la línea de los arreglos usurarios que establecieron con Repsol, a pesar del gigantesco vaciamiento energético producido por este pulpo petrolero con la complicidad del gobierno kirchnerista».
Además, el probable candidato a presidente por el FIT en 2015, señaló: «El gobierno nacional está empeñado en transitar el último tramo de su gobierno con un feroz ajuste contra los trabajadores y concesiones sin precedentes al capital internacional».
Según explicó, el número final a pagar -u$s 9.700 millones- representa «un aumento del 60%, a una tasa del 7% anual» desnudando así un «carácter usurario» por «la tasa del uno a dos por ciento anual que rigió en los mercados internacionales en este período».
En el mismo sentido se expresó el diputado y referente de Unidad Popular, Claudio Lozano, que repudió «la decisión gubernamental de avanzar en un acuerdo con el Club de París de manera ilegítima e ilegal» comprometiendo recursos públicos en con el reconocimiento «inadmisible» de una deuda que en «septiembre de 2013 ascendía a solo u$s 6.089 millones yen el default de 2001 a u$s 1.879 millones».
Desde el MST, el legislador porteño Alejandro Bodart cuestionó a los que postulan el pago como un «ahorro»: «Sólo un fabulador serial como (el jefe de Gabinete, Jorge) Capitanich puede decir que pagar 9.700 millones de dólares es ahorrar. Sea en efectivo o en bonos, el pago comprometido significa una sangría brutal para nuestro país y para las necesidades sociales sin respuesta.»
Por otra parte, Lozano destacó que la deuda «es ilegítima» y, al ser «contraída en el marco de la dictadura militar, susceptible de ser encuadrada bajo la jurisprudencia internacional de la «deuda odiosa». Con ese argumento exigió «revisión e investigación» de la misma.
También Bodart apuntó a la ilegitimidad y Altamira abordó ese punto para explicar que la deuda con el Club de París «corresponde a créditos de entidades públicas a compañías locales, que en otra buena parte fueron estatizadas durante la gestión de (Domingo) Cavallo en el Banco Central, hacia finales de la dictadura militar».
«Kirchner y Kicillof, como sus antecesores (Raúl) Alfonsín, (Carlos) Menem y (Fernando) De la Rúa admiten un endeudamiento nacional sin proceder a una investigación de su legalidad y legitimidad», añadió el dirigente de izquierda, que se tomó el trabajo de señalar la actitud de la oposición: «El aplauso entusiasta que las fuerzas tradicionales, sin importar el fragmento que representen, han brindado a este acuerdo, es una demostración de que, al igual que el gobierno, representan los intereses del capital financiero, sin importa lo usurarios que esos intereses sean».
Lejos de un desendeudamiento, la izquierda observa en el acuerdo el «reendeudamiento internacional» que traerá nuevos desajustes a partir de «una nueva devaluación fuerte del peso para cumplir con el servicio de esa deuda». Además, explicó que con el monitoreo del INDEC, el FMI podrá servir a esa labor aun sin haber mediado en el acuerdo actual.
Desde el mismo espacio que Bodart, la tradicional dirigente Vilma Ripoll le apuntó a la Presidenta: «Cristina hipoteca el país pagando deuda de la dictadura. No la investigaron, amagaron con no pagar y finalmente terminaron pagando muchísimo más de una deuda fraudulenta, contraída por el régimen militar».
Comunicado. Ante las palabras de Jorge Capitanich sobre el acuerdo con el Club de París, hoy el diputado Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda) expresó: “Sólo un fabulador serial como él puede decir que pagar 9.700 millones de dólares es ‘ahorrar’. Sea en efectivo o en bonos, el pago comprometido significa una sangría brutal para nuestro país y para las necesidades sociales sin respuesta.”
Bodart calificó a la deuda con el Club de París como “ilegítima de origen”: “Una parte viene de la dictadura militar por compras de armas que nunca llegaron y obras de infraestructura que no se hicieron. La otra parte se pidió cuando se caía la convertibilidad, pero los dólares ingresados fueron fugados antes de la crisis de diciembre de 2001. Por eso no hay nada que pagar”, explicó.
Bodart agregó: “El gobierno K va a pasar a la historia como el que más deuda ilegítima pagó. Por eso festejan este acuerdo las grandes empresas, los banqueros y las corporaciones como Chevron, pero no los trabajadores, los jubilados y los sectores populares, que seguirán pasando necesidades”.
ACTA. Durante una conferencia de prensa realizada en horas de la tarde en la sede de la CTA (Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la Central rechazó la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que pretende juzgar la validez de la convocatoria a elecciones formulada por esta Central a 45 años del Cordobazo y reafirmó que, pese a la intromisión del Gobierno, este jueves más de un millón de trabajadores y trabajadoras elegirán la nueva conducción que regirá los destinos de la CTA por los próximos 4 años.
Antes de dar inicio a la conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Juan Carlos “Pipón” Giuliani, leyó partes de una carta enviada por Hugo Moyano a Pablo Micheli repudiando la actitud del Ministerio de Trabajo: “Expresamos nuestro más firme repudio al atropello, que bajo forma de Resolución, han recibido en el día de ayer por parte del Gobierno Nacional, quien ha mandatado para tal decisión, a las autoridades del Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”.
La misiva decía también que desde hace “un tiempo a esta parte ha crecido la intromisión del Gobierno Nacional contra las organizaciones sindicales que defendemos en forma inclaudicable los sagrados intereses de los trabajadores. No nos conformamos con ser los aplaudidores de turno”. La comunicación termina diciendo: “Cuenten con nosotros para emprender las acciones sindicales y legales que resulten necesarias para defender nuestras entidades. Estamos convencidos que la última palabra la tendrá el pueblo trabajador que el jueves 29 decidirá quiénes son los compañeros que deberán regir los destinos de la CTA”.
Además de los integrantes de la Mesa Nacional de la Central, Ricardo Peidro, Jorge Yabkowski, Darío Perillo, Adolfo “Fito” Aguirre, los abogados del Observatorio Jurídico, Luis Campos, Verónica Quinteros y Mercedes González, estuvieron presentes en la conferencia los legisladores Facundo Moyano, Claudio Lozano, Víctor de Gennaro, Ricardo Cucovillo y Rita Liempe, así como Vilma Ripoll, Enrique Furman, Elia espen, Emilio Cornaglia, Daniel Menéndez, Julio Gambina, Víctor Mendibil, Hugo “Cachorro” Godoy, José Luis Matassa, Mariano Sánchez Toranzo y Juan Namuncurá.
“Gracias a todos y todas por venir, a los Medios, a los diputados, a los dirigentes políticos y sociales. La verdad que, como dice Moyano, sería bueno que el Ministerio de Trabajo convocara al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, de resolver el trabajo de los trabajadores precarios que se cuentan por miles en el propio Ministerio, de discutir el problema de los despidos, la masacre de los trabajadores industriales; sería bueno que el ministro se ocupara de los trabajadores y el pueblo y dejara de entrometerse en la libertad y la democracia sindical”, comenzó sus palabras el secretario General de la CTA, Pablo Micheli.
Ante una nutrida presencia de dirigentes sociales, políticos y de derechos humanos, Micheli agregó: “Nuestra respuesta va a ser ir masivamente a las urnas. Van a buscar generar violencia e impedir que entremos en los lugares de trabajo para poner la urna, pero no tenemos que entrar en ninguna provocación de este tipo”. Micheli explicó que como no tenían otra manera de intervenir, “buscaron la forma de volver a embarrar nuestra Central, una experiencia avanzada no sólo en Argentina sino en el mundo. Esto es hacerle daño a la democracia y a la autonomía. Vamos a demostrar que 30 años de democracia no fueron en vano”.
Antes de finalizar la conferencia, el dirigente destacó la presencia de la CTA en el marco del sindicalismo mundial remarcando que Adolfo Aguirre, el secretario de Relaciones Internacionales de la Central fue elegido recientemente para conformar el Consejo General de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Por otra parte subrayó la actuación de la CTA en el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) y la participación de la Central en la 103 Conferencia de la OIT en la que se va a volver a denunciar la falta de libertad y de democracia sindical. Cabe destacar que la CSI es la Central Sindical más grande del mundo, nuclea a 325 centrales afiliadas, con una representación de 161 países que significan un total de 176 millones de miembros. “Estamos en el camino correcto, ninguna resolución nos va a parar para el 29. Estaremos en cada movilización por toda la vida”, concluyó Micheli.
Por otra parte, los diputados Víctor de Gennaro, Victoria Donda, Claudio Lozano, Virgnia Linares, Antonio Riestra, Juan Carlos Zabalza, Omar Duclós y Ricardo Cucovillo, mediante una declaración, rechazaron la «resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que pretende desconocer la validez del acto electoral convocado para el 29 de mayo por la Central de Trabajadores de la Argentina que encabeza Pablo Micheli y por el cual ha de elegir a sus representantes y conducción en todos los niveles».
La conferencia terminó con la firma del acuerdo de Cooperación entre el Consejo Nacional de Política Indígena y la CTA a los fines de llevar a cabo la participación y fiscalización bilingüe en lenguas originarias en las elecciones de este 29 de mayo, por parte de los integrantes y los trabajadores del Consejo.
Comunicado. Los trabajadores despedidos de GESTAMP pudieron ingresar hoy a la planta a pesar de la presencia policial, dentro y fuera de la fábrica. Inmediatamente varias secciones de la fábrica se declararon en paro y la patronal en respuesta cortó la producción y amenazó a los trabajadores. Hay diversos cortes en la zona exigiendo la reincorporación de los despedidos. Los compañeros piden la presencia solidaria de todas las organizaciones y sobre todo de los trabajadores de prensa no tan solo para la visualización del conflicto sino también para cuidar la integridad física de los compañeros despedidos que se resisten a abandonar la planta.
La fábrica ha sido militarizada, con más de 40 miembros de la Infantería de la Policía Bonaerense para evitar la organización de los trabajadores después de las primeras suspensiones. Éstos sufrieron distintas agresiones provenientes de la Policía, la patronal y de burocracia del sindicato Smata que quieren asfixiar la protesta y ocultar los despidos y suspensiones.
MARTES 27: JORNADA DE LUCHA A PARTIR DE LAS 7 HS EN LA PUERTA DE FÁBRICA.
A LAS 10 HS CONFERENCIA DE PRENSA Y ACTO (RUTA 9 VIEJA ENTRE CALLE VICTORIA Y GÜEMES ESCOBAR)
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FUERA LA POLICÍA DE GESTAMP – NO ESTAMOS EN LA DICTADURA. ¡ADENTRO LOS 69 TRABAJADORES DESPEDIDOS!
Comunicado. Los trabajadores de GESTAMP denunciamos que la empresa se encuentra militarizada, hay 60 efectivos de la infantería de la policía de la Prov. de Bs.As. en forma permanente. Los efectivos aparte de custodiar las entradas realizan rondines dentro de la planta intimidando a los compañeros, diciéndoles que no pueden hacer reuniones. Los policías utilizan los vestuarios del personal y se ha llegado al colmo de que en días pasados un turno entero se quedó sin comer porque ‘le tuve que dar de comer a 40 milicos’ según palabras del concesionario.
Queremos que esta denuncia sea conocida por el pueblo argentino y todos los trabajadores, NO SE PUEDE PERMITIR QUE LA POLICÍA SEA UTILIZADA POR LA PATRONAL PARA METER MIEDO Y QUE PASEN LOS DESPIDOS.
LE DECIMOS AL GOBERNADOR SCIOLI Y A LA PRESIDENTA CRISTINA QUE SAQUEN LOS POLICÍAS DE ADENTRO DE LA FÁBRICA.
NO ESTAMOS EN DICTADURA.
Por eso el próximo martes 27 a partir de las 7 hs realizaremos una jornada de lucha en la puerta de fábrica y a partir de las 10 hs una conferencia de prensa y acto para denunciar la militarización de la fàbrica y exigir la reincorporación de los 69 compañeros despedidos, pedimos la solidaridad de todas las organizaciones de dd.hh.,obreras, sindicales, estudiantiles, barriales y políticas para que se hagan presentes en el acto y difundan la convocatoria. Gracias.
FUERA LA POLICÍA DE GESTAMP – NO ESTAMOS EN LA DICTADURA.
ADENTRO LOS 69 TRABAJADORES DESPEDIDOS.
MARTES 27 DESDE LAS 7 HS JORNADA DE LUCHA Y A LAS 10 HS CONFERENCIA DE PRENSA Y ACTO EN LA PUERTA DE FÁBRICA (RUTA 9 VIEJA ENTRE CALLE VICTORIA Y GÜEMES ESCOBAR)
En las últimas semanas se renovaron los viejos cruces entre el Episcopado argentino y el gobierno nacional, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, en función del sempiterno debate acerca de si ha aumentado la pobreza o si ha crecido la economía argentina. Pero iglesia y gobierno esconden, cuidadosamente, el verdadero flagelo que genera el sistema capitalista: la desigualdad social.
Además, el kirchnerismo ya no puede retornar a su discurso inicial (engañosamente anticapitalista), después que la propia presidenta ha venido remarcando que su proyecto político siempre estuvo encuadrado dentro de los límites del sistema capitalista.
Con ello se derrumba, definitivamente, una colosal impostura política del peronismo denominada “la tercera posición”, la cual, supuestamente, sería equidistante del capitalismo y del socialismo. Una falacia tan seductora que se convirtió en mito. Porque la propiedad de los medios de producción de bienes y servicios solo puede ser privada o colectiva.
Crecimiento económico y mayor desigualdad social no son dos aspectos contradictorios en el capitalismo. Son complementarios. Crece la economía y, al mismo tiempo, crece la pobreza porque se mantienen inalterables los paradigmas de distribución de la riqueza social que rigen en el sistema capitalista, los cuales reproducen y acrecientan todas las desigualdades sociales.
El mero hecho que no todos los integrantes de una misma sociedad tengan igual posición respecto de los medios de producción de bienes y servicios sino que, por el contrario, esos medios sean propiedad privada de una pequeña minoría determina que esa minoría multiplique indefinidamente su capital explotando el trabajo de una enorme mayoría que permanece sumida en la miseria.
Y los integrantes de esa pequeña minoría controlan el aparato del Estado e imponen las normas legales que legitimen, resguarden y naturalicen los intereses de esa clase dominante: la burguesía.
Esto también genera una inexorable concentración de la riqueza social. Menor cantidad de ricos, que son cada vez más ricos. Y mayor cantidad de pobres, que son cada vez más pobres. Es un fenómeno socialmente perverso pero nada sorprendente. El aumento exponencial de las desigualdades sociales es una consecuencia lógica del funcionamiento normal del sistema capitalista donde el trabajo humano es la mercancía que le otorga valor agregado a todas las demás mercancías.
La desigualdad social conlleva referencias comparativas. Si hay pobres es porque hay ricos. Si ha aparecido la categoría estadística de “indigentes” es porque todos los indicadores socioeconómicos se ven obligados a reflejar que ya existe una significativa franja social a la que la categoría convencional de “pobres” le resulta demasiado alta e inalcanzable.
No es posible resolver este problema dentro del capitalismo. Todos los paliativos que puedan encontrarse serán transitorios e insuficientes. Y solo servirán para prolongar esta renovada agonía que exhibe el sistema capitalista en todo el planeta.
Así, América del Sur no es la región mas pobre del planeta ni la de menor desarrollo de sus fuerzas productivas. Es la región donde se registran mayores desigualdades sociales. Consecuencia directa de un capitalismo irreversiblemente periférico.
El agotamiento de un sistema político y socioeconómico no produce, por sí solo, la caída de ese sistema. Solo genera mejores condiciones objetivas para que pueda ser derribado por la acción política concreta y organizada de las masas.
Esto último significa que la abolición revolucionaria del capitalismo y su reemplazo por una sociedad socialista no es un hecho que, fatalmente, ocurrirá. La historia no otorga garantías de futuro.
Pero resulta evidente que, en un corto plazo histórico, la mera supervivencia de la especie humana exigirá nuevos paradigmas en la distribución de la riqueza social.
Demandará aquello que, a pesar de todas las dificultades que ha tenido en su todavía breve construcción histórica, se sigue llamando socialismo.
(*) Abogado de la ciudad de Concordia (Entre Ríos). Miembro de «Plataforma 2012»-
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Este artículo de opinión fue publicado en el diario «Perfil», que se edita en la ciudad de Buenos Aires, en su edición correspondiente al día sábado 24 de Mayo de 2014 (Cuerpo Principal – Sección «Ideas»).-