LLAMADO DE ATENCIÓN HACIA UN DECRETO DEL GOBIERNO

Buenos Aires, ENE 20 (AICA): El 27 de setiembre de 2005, el gobierno nacional promulgó el decreto 1086, que aprueba un “Plan Nacional contra la Discriminación”, incluido en un documento anexo de 400 páginas, y que incluye 247 medidas de la más variada naturaleza, a poner inmediatamente en ejecución.

Algunas de las medidas:

            18. Promover la sanción de una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social.

            19. Promover la sanción de una ley nacional de unión civil para parejas de un mismo sexo, con garantías y atribuciones similares que las parejas heterosexuales.

            20. Promover la sanción de una ley tendiente a modificar el art. 53 de la ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones sobre Derecho a la Pensión, introduciendo iguales derechos para las parejas de un mismo sexo.

            21. Promover la revisión de la Ley de Ejercicio de la Medicina (Nº 17.132) que impide las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo, a fin de avanzar en la formulación de una legislación que contemple la rectificación sexual como un derecho de las personas con identidades sexuales y de género diversas.

            43. Crear una Comisión de Adecuación de la Legislación Interna (nacional, provincial y municipal) con el objeto de detectar y rectificar toda disposición discriminatoria e incorporar nuevos derechos contenidos en la Constitución Nacional y en las Convenciones y Convenios firmados y ratificados por el Estado Nacional en la materia.

            Se sugiere que dicha comisión esté integrada por el INADI, por representantes de las provincias, del Congreso de la Nación y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, Salud y Ambiente, y Educación, asegurando la participación de destacados profesionales del derecho, representantes de los distintos pueblos originarios y organizaciones no gubernamentales.

            45. Crear una Comisión de Relevamiento y Seguimiento destinada a detectar, informar y sancionar los fallos, fundamentos y criterios investigativos, en el ámbito de la aplicación de justicia, que encierren concepciones discriminatorias, tanto a nivel nacional como provincial. Se sugiere su creación en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

            46. Iniciar una discusión ciudadana respecto de la aplicación y la eventual reformulación del artículo 2º de la Constitución Nacional. (“El gobierno argentino sostiene el culto católico apostólico romano”)

            47. Adecuar la asignación presupuestaria de las áreas competentes –en especial, la Procuración y las Defensorías Públicas– como condición esencial para la protección de los derechos de los grupos victimizados.

53. Garantizar en el orden nacional el derecho de asociación que les cabe a todas las organizaciones nucleadas alrededor de la defensa y promoción de los derechos de las personas con diferente orientación sexual e identidad de género.

            55. Supervisar el mantenimiento del régimen nacional de exenciones impositivas propias de las entidades religiosas sin admitir discriminaciones locales.

            65. Promover, desarrollar y subvencionar proyectos de investigación por parte de los órganos estatales pertinentes (INADI, INDEC, Secretaría de DD.HH., Universidades Nacionales) a fin de mensurar la dimensión del problema discriminatorio, analizando los discursos mediáticos y educativos, las conductas discriminatorias, sus orígenes y causalidad, así como los modos de desarticularlas.

            95. Instar a todas las provincias a que adhieran al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y provean los insumos que garanticen el acceso universal a dicho programa.

            101. Promover la creación de jardines maternales municipales dotados de personal especializado y con especial énfasis en la responsabilidad social y las obligaciones compartidas por padres y madres.

            103. Crear en todas las provincias y a nivel nacional programas específicos de capacitación laboral y profesional que promueva la inserción laboral de personas en situación de prostitución y/o con diversa orientación sexual e identidad de género.

            116. Diseñar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, tendiendo a aprovechar la sabiduría y experiencia de miembros de la tercera edad para instruir y capacitar a otras personas. Se sugiere dar continuidad a nivel nacional al “Programa Nacional de Abuelos Narradores” y fomentar todas aquellas experiencias exitosas.

            137. Desarrollar actividades proactivas, tendientes al desarrollo cultural comunitario y al diálogo interreligioso, promoviendo el apoyo a celebraciones y fiestas de las comunidades extranjeras y diseñando eventos interculturales e interreligiosos por parte de las autoridades estatales.

            138. Introducir prácticas comunes de admisión de capellanes de todas las confesiones religiosas, tanto en los establecimientos de reclusión como en hospitales.

            139. Reajustar el régimen de capellanías militares permitiendo el acceso, o al menos la disponibilidad, de ministros de otras confesiones.

            157. Promover, desarrollar y subvencionar proyectos de investigación por parte de los órganos estatales pertinentes (INADI, INDEC, Secretaría de Derechos Humanos, Universidades Nacionales) que sean capaces de evaluar y analizar las conductas discriminatorias, sus orígenes y causalidad y los modos de desarticularlas, así como diseñar y ejecutar proyectos de investigación tendientes a mensurar la dimensión del problema discriminatorio de los discursos mediáticos y educativos.

            160. Adecuar la asignación presupuestaria de las áreas competentes para la ejecución de estas medidas como condición esencial para la protección de los derechos de los grupos victimizados.

            163. Diseñar y ejecutar una investigación sobre los manuales escolares destinada a identificar y analizar los estereotipos discriminatorios que se contribuye a construir desde los textos educativos, a fin de elaborar una propuesta de modificación de las pautas lingüísticas, racistas, sexistas y homofóbicas que puedan detectarse.

            164. Garantizar la educación sexual en las escuelas, a fin de que niños, niñas y adolescentes puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, gozar de un nivel adecuado de salud sexual, asegurar la procreación responsable y prevenir el embarazo adolescente.

            189. Reajustar el régimen educativo a fin de autorizar la objeción de conciencia a alumnos o docentes que aleguen ser Testigos de Jehová, reconociéndoles el derecho de abstenerse por estas razones a prestar honores a los símbolos patrios o participar en la dirección de los actos patrios.

            208. Arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comunicación estatales, privados, comunitarios e Internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, prejuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser víctimas de discriminación. Se sugiere crear un Observatorio de la Discriminación en los Medios de Comunicación Masiva dependiente del COMFER y, asimismo, crear un área específica dentro del INADI.

            210. Fomentar el desarrollo y la implementación de normas o códigos éticos y profesionales de la comunicación social que respeten y valoricen todas las formas de diversidad, sancionando públicamente a quienes los transgredan.

            236. Hacer efectiva la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el territorio nacional, dotándolo de los insumos, la capacitación necesaria de los profesionales y propiciando el marco para un debate social sobre el aborto no punible.

Procesan a Astiz y otros represores por el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh

El juez federal Sergio Torres dictó la medida contra el ex marino y otros ex jefes militares, que incluye prisión preventiva y un embargo de un millón de pesos.

El documental sobre el histórico juicio a las Juntas, otra vez por TN

Hoy a las 22, A Dos Voces repetirá el especial Lo que nunca se vio del juicio a las Juntas militares. El trabajo reunió a los seis jueces y al fiscal del juicio a los ex comandantes responsables del horror de la dictadura.

Debido a la fuerte repercusión que generó su emisión el último viernes, Todo Noticias repetirá esta noche, a las 22, Lo que nunca se vio del juicio a las juntas militares, un especial a 20 años del día en que la Cámara Federal comunicó las sentencias a los ex comandantes, responsables del horror de la última dictadura militar.

Con la conducción de Marcelo Bonelli y Gustavo Sylvestre, la emisión especial de A dos voces pone en pantalla crudas imágenes y desgarradores relatos —muchos de ellos llegan a la televisión por primera vez— del juicio que finalizó el 9 de diciembre de 1985. Además, el programa logró reunir al fiscal y a los seis jueces que dieron un fallo histórico, condenando a prisión a quienes se apropiaron ilegalmente del poder y torturaron y mataron a miles de personas, entre 1976 y 1983.

Así, dos décadas después de la sentencia, Julio César Strassera y los camaristas Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma volvieron a ocupar los mismos lugares que aquel día, en la sala de audiencias del tribunal, para compartir intimidades de esas 17 semanas en las que se le corrió el velo al oscuro pasado.
Iniciado el 22 de abril del 85, el juicio cerró con las condenas a los ex dictadores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Raúl Agosti, Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo. Buena parte de las declaraciones de los militares y dolorosos relatos de las víctimas nutren el documental que A dos voces ideó a principio de este año y que llevó más de ocho meses de elaboración.

Si bien las audiencias pudieron llegar a la pantalla, en su momento sólo se trató de imágenes sin audio. Luego de un pedido a la Cámara Federal, el equipo de producción de TN pudo acceder al material que atesora el Archivo General de la Nación. Durante más de cinco meses, se visualizaron parte de los 833 testimonios del juicio, de los que finalmente se eligieron 13 voces que intentan echar luz sobre la oscuridad.

A lo largo de cinco bloques, se articulan imágenes de aquellos años, como una histórica Plaza de Mayo sepultada por pañuelos blancos, con declaraciones de dictadores y torturados, con un tribunal que se animó a repasar el detrás de escena del juicio, resignificando también su alcance 20 años después.

DERECHOS HUMANOS

Uruguay: el Partido Comunista denuncia el hallazgo de 35 tumbas no identificadas

El partido comunista informó hoy que puso a disposición de la justicia los datos sobre la existencia de 35 cadáveres enterrados en un cementerio del norte del país y que no descartaron pudieran ser detenidos desaparecidos durante la dictadura militar y trasladados desde la Argentina.

Los cadáveres fueron enterrados como desconocidos en el cementerio de la localidad de Vichadero, en el departamento de Rivera, a 400 kilómetros al norte, dijo el senador comunista Eduardo Lorier.

Lorier entregó la información en rueda de prensa y dijo que los datos que llevaron a estos entierros provinieron “del apoyo de nuestro pueblo», considerando que “hay elementos que podrían conectar esta situación con los vuelos de la muerte», que llegaron de Argentina en los años de la dictadura entre 1973 y 1985.

Oficialmente, se conoce la existencia de dos vuelos desde Buenos Aires con detenidos por la dictadura de Argentina, pero en el segundo de ellos se desconoce la cantidad de personas trasladadas, aunque en el primero, la mayoría fue presentada como subversivos detenidos que sobrevivieron.

“Es una investigación que tiene toda la seriedad del trabajo realizado por la secretaria de Derechos Humanos del partido, Lille Carusso, que contó con la ayuda de profesionales de la Facultad de Ciencias», señaló Lorier.

Lorier dijo que la investigación del cementerio de Vichadero, una pequeña localidad de Rivera, en la frontera con el Brasil, comenzó hace tres años indicando que los datos fueron puestos en conocimiento de la Comisión para la Paz que actuó entre 2000 y 2003 investigando sobre los desaparecidos, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados.

Hasta el momento, aparecieron restos humanos en el Batallón 13 en las afueras de Montevideo, que se presume pueden ser de algún desaparecido, aunque hasta ahora no ha sido identificado. Los restos de un segundo probable desaparecido aparecieron en los terrenos de una granja en Pando, 30 kilómetros al norte.

Un informe oficial de la Fuerza Aérea entregado en agosto al presidente Tabaré Vázquez reveló que allí habían sido enterrados los cuerpos de dos militantes comunistas, Ubasgener Chávez Sosa y José Arpino Vega, muertos por torturas en dependencias de esa arma. (Archivo 01/12/2005)