Comunicado. Ante la ausencia de políticas habitacionales, el gobierno porteño apuesta a la especulación entregando títulos de propiedad en las villas. Mediante esta iniciativa, evade su obligación de urbanizarlas. La entrega de tierras públicas carentes de infraestructura no soluciona los problemas de indigencia y hacinamiento, al mismo tiempo que agrava sensiblemente la situación de los miles de inquilinos en las villas.
Apoyándonos en nuestro documento “Vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la ciudad de Buenos Aires” de agosto de 2012, Plataforma considera imprescindible alertar al Ejecutivo y a la Legislatura porteñas sobre la necesidad de cumplir de una vez por todas con el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna, implementando políticas activas y participativas en las villas.
En materia de vivienda, la ciudad de Buenos Aires presenta un cuadro paradójico: por un lado, la progresiva especulación inmobiliaria que arroja una cifra alarmante de departamentos nuevos vacíos (26,7% según el censo 2010); por el otro, un estado de gravísima emergencia habitacional que incrementa visiblemente la fractura social y contribuye a formar una ciudad de enclaves contraria a la tradición histórica de integración que durante mucho tiempo caracterizó a Buenos Aires. Frente a esta situación, que viene de arrastre, el gobierno del Pro ha tomado medidas espasmódicas que no han hecho más que contribuir a agravar un cuadro que, visto en perspectiva, es una bomba de tiempo: su primer estampido de notoriedad fueron los sucesos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 con un saldo de tres muertes y la criminalización de quienes, compelidos a tener un techo, ocuparon el Parque como medida de último recurso. Aun así el gobierno de la Ciudad no tomó ninguna medida estructural para paliar la situación. Por el contrario, las promesas de entonces, como el Plan Primera Casa, quedaron en aguas de borrajas.
En la actualidad, cerca del 10 por ciento de la población de la Ciudad vive en estado de hacinamiento y precariedad. Entre los años 2001 y 2010, la población de las villas creció un 52,3 por ciento y sigue aumentando en densidad. En varias villas porteñas la construcción en altura constituye un riesgo para la vida y la salud de sus pobladores; al mismo tiempo, el conflicto entre “propietarios” e “inquilinos” revela la misma especulación con la falta de vivienda que se observa en el mercado formal de alquileres. Si bien esta situación también es de larga data, las políticas nacionales de la última década relacionadas con el extractivismo (entre otras, la ampliación de la frontera agrícola, los desmontes, la contaminación de los ríos, la escasez de agua en función de las necesidades de la minería y la destrucción de las economías regionales con la consecuente merma de trabajo) terminaron por expulsar a una gran cantidad de ciudadanos en busca de trabajo en la Capital.
Ante reiterados conflictos sociales y reclamos judiciales, la reacción visible del ejecutivo porteño se redujo a estigmatizar la protesta y tomar medidas cosméticas. Durante toda la gestión del intendente Macri se otorgaron créditos equivalentes a seiscientas viviendas. En materia de vivienda, el Estado porteño es un Estado ausente. Ha desatendido todos los fallos que ordenaban urbanizar las villas al tiempo que oculta su inacción a través de una publicidad engañosa e intensas campañas de marketing político que proclaman las bondades de la construcción indiscriminada como fuente de trabajo y crecimiento. Emblema de la retracción del Estado es la intención de otorgar escrituras de posesión en las villas, hecho que implica desentenderse de sanear la infraestructura de servicios y oculta un ambicioso proyecto de especulación con tierras públicas a favor del negocio privado. Esta mercantilización de los problemas habitacionales del sector más neurálgico de la ciudadanía se da el lujo de ignorar el impacto que tendrá sobre los miles de inquilinos y el potencial consecuente de conflicto que la medida puede generar.
Ante un contexto de tensión creciente que, por su complejidad, no suele encontrar demasiado eco en la opinión pública; ante la próxima sanción de una ley cuyas consecuencias son imprevisibles, Plataforma 2012 reitera su preocupación ante el modelo privatizador del PRO que se refleja en un crecimiento exponencial de habitantes en las villas y asentamientos como contraparte crecimiento avasallador de metros cuadrados construidos durante los últimos años y liberados a la especulación inmobiliaria.
El 5 de diciembre de 2013 la Legislatura porteña aprobó en primera lectura lo que antes se llamaba el “Plan Maestro para la Comuna 8” y ahora lleva el título de “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por la complejidad del problema de vivienda en general y de las villas en particular, desde Plataforma 2012 pretendemos echar luz sobre el entramado de políticas que dan origen a esta ley y cuáles son sus verdaderas intenciones.
I. El presupuesto destinado a vivienda y la superposición de organismos que lo manejan
Cerca de medio millón de personas viviendo en la precariedad dentro la ciudad de Buenos Aires conforma un caso testigo de la crisis habitacional. Según el censo nacional del año 2010, las villas porteñas pasaron de tener una población de 107.422 habitantes en 2001, a 163.587 en 2010. La Ciudad Autónoma, de 2.776.138 habitantes a 2.891.082 por el mismo período. El crecimiento poblacional de las villas creció 53% mientras la ciudad creció 12 veces menos, solo el 4,5%. Este año, el gobierno porteño informó que 275 mil personas viven en villas miseria, es decir, un 10 por ciento de la población total, que seguiría creciendo día a día.
En relación con el presupuesto general de la ciudad, las partidas destinadas a vivienda son las que más se redujeron en los últimos años. Mientras que en 2006 la inversión en el área representaba un 5,3% del presupuesto total, en el que fue aprobado para el año 2014 descendió al 2,5%. Respecto a las villas en el año 2006 la asignación presupuestaria para la cuestión villera era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %, arrojando el siguiente cuadro:
| del presupuesto total | ||
| asignado a vivienda | asignado a villas | |
| 2006 | 5,3% | 2,5% |
| 2013 | 2,5% | 0,8% |
Además de eso, la sub-ejecución presupuestaria ha sido una constante en el área vivienda. En el año 2010 fue alrededor del 50%, en el año 2011 del 60% y del 2012 del 80%. La prioridad presupuestaria que por la Constitución de la Ciudad debe tener la protección del derecho a la vivienda y que por la ley N° 148 tienen las villas claramente no se cumple a la luz de los ejercicios presupuestarios de los últimos años.
En materia de gestión específica, la ciudad fue creando, desarticulando e inventando una serie de organismos cuyas funciones se superponen y a veces se anulan unas a otras. Hoy por hoy, las competencias de las entidades que deberían ocuparse de la emergencia habitacional son confusas y discrecionales. Las competencias del Instituto de la Vivienda, antes a cargo de la política habitacional en la ciudad, fueron fragmentadas en varios organismos. Por ejemplo, el caso de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), y la Corporación Buenos Aires SUR (CBAS). Como si esto fuera poco, en diciembre de 2011 el Ejecutivo creó un tercer organismo, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) a quién se le encargó la función de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios vulnerables. Con un presupuesto irrisorio de 7 millones de pesos el flamante organismo solo pudo dedicarse a desarrollar programas culturales, deportivos y talleres de concientización.
El hecho de que no exista un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad es la prueba del lugar que el tema ocupa en la preocupación del partido gobernante. La ausencia de políticas estructurales en materia de vivienda, la disminución y sub-ejecución del presupuesto, y la parálisis de los diversos programas se combina con la proliferación de desalojos en espacios privados y públicos. La situación constituye un polvorín cuyo estallido podría ser inminente. La inercia municipal llegó a tal extremo que, para un caso puntual, la Corte Suprema de la Nación tuvo que “ordenarle” al Ejecutivo porteño que garantizara “el acceso a una vivienda digna y a asistencia social y sanitaria para una madre y su hijo menor, aquejado por una grave discapacidad” en un memorable fallo del 24 de abril de 2012. Durante aquella audiencia el mismo GCBA tuvo que admitir que existen más de dos mil casos de personas en situación de calle judicializados por falta de respuesta estatal.
II. Las políticas del Pro respecto de las villas
La urbanización de villas o asentamientos, tal como se establece en la Constitución de la ciudad autónoma, nunca fue un objetivo prioritario para el gobierno de Mauricio Macri. El Pro asumió el gobierno considerando que a las villas había que “erradicarlas”; su objetivo principal era liberar las valiosas tierras de la Villa 31-31bis a la especulación inmobiliaria. Luego de seis meses de gestión entendió que la erradicación era prácticamente imposible en función de derechos conquistados y reconocidos en numerosas leyes. Entonces evaluó convocar a un plebiscito para que los habitantes de la Ciudad decidieran el destino de las villas (1). El plebiscito nunca se realizó.
Una vez que desmanteló el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Mauricio Macri delegó la urbanización de las villas a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y a la Corporación Buenos Aires Sur. En vez de tomar medidas estructurales, ambos organismos se dedicaron a mantener una exigua infraestructura de servicios que se reducía a atender emergencias y, de tanto en tanto, a realizar alguna obra nueva a través de cooperativas, empresas de punteros y empresarios amigos. Nunca se respetó la participación de los habitantes de las villas ni de sus órganos de representación. Tampoco se elaboraron los planes de urbanización previstos por numerosas leyes (ley Nº 148, ley Nº 403 Villa 1-11-14-, ley Nº 1333 Barrio Ramón Carrillo, ley Nº 1770 Villa 20, ley Nº 1868 Villa 21-24). Sin tener planes concretos e integrales de urbanización, el Pro no dejó de manifestar que avanzaba en la urbanización cuando en realidad solo hacía obras de emergencia en pequeños pasos. Las obras realizadas, siempre insuficientes y deficitarias, fueron cuestionadas por hechos de corrupción y ausencia de control que hacían que el GCBA pagara por obras que no se realizaban. Uno de los primeros casos fue el descubierto por asesores del ex Presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo (legislador de la Ciudad con mandato cumplido) cuando en las oficinas de la UGIS detectaron que las cooperativas no habían finalizado la instalación de luz eléctrica en la villa 1-11-14 habiendo ya informado la finalización de las obras. Cuando desde las villas fue creciendo el reclamo de mayor transparencia en las contrataciones, el gobierno volvió a cambiar de rumbo.
El 3 de diciembre de 2010, Enzo Pagani y Cristian Ritondo presentaron en la Comisión de Diputados de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad un proyecto que tenía por objeto modificar el Código de Planeamiento Urbano y la Ordenanza No 44.873. Esta Ordenanza del año 1991 crea los distritos U31 (los distritos villeros) y dispone una zonificación y trazado urbano específico para las villas de la Ciudad que existían en dicha época. Entre sus modificaciones, el proyecto de Ritondo y Pagani proponía la derogación de la obligación del Poder Ejecutivo de presentar los planes de urbanización para su aprobación en la Legislatura de la Ciudad para cada una de las villas de la Ciudad como condición previa para avanzar con la escrituración de las tierras.
Varios bloques de la oposición y habitantes de villas y asentamientos se opusieron al proyecto, principalmente porque no acordaban con la intención de otorgar escrituras sin la provisión de servicios y liberar a a las villas a la especulación del mercado inmobiliario. Otro gran factor de preocupación de quienes se oponían a la reforma era la situación de los inquilinos. Téngase en cuenta de que en las villas, cada “propietario” subalquila cuartos a varias familias de inquilinos, a quienes la reforma dejaba prácticamente en situación de desamparo. Durante los días previos a la presentación de este proyecto en la Legislatura de la Ciudad y de su tratamiento en las Comisiones, el GCBA había anunciado en medios periodísticos su propósito de otorgar escrituras en las villas de la Ciudad, dando por sentado que sería aprobado. En el interior de las villas los anuncios provocaron mucho malestar e incertidumbre. Hasta ese momento la solución pensada para las villas era, primero, la integración urbana del barrio y, luego, escriturar individualmente garantizando el derecho a una vivienda tanto a los “propietarios” como a los “inquilinos”. Con el proyecto en cuestión, los inquilinos quedaban absolutamente desprotegidos, ya que únicamente iban a escriturar a los “propietarios” (2). Estos anuncios destruyeron las aspiraciones de los inquilinos quienes advirtieron que de acuerdo a esta nueva política sólo tendrían una solución habitacional definitiva aquellos que fueran propietarios, lo cual implicaba en aquellas circunstancias la toma de nuevas tierras o la protesta intensa para ser escuchados. Esta fue una de las causas por la cual la gran mayoría de las miles de personas que ocuparon el Parque Indoamericano fueran inquilinos de las villas cercanas al predio que por protesta y oportunidad se sumaron a la ocupación.
El proyecto fue finalmente retirado del temario por la Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
Ante ese fracaso, el Pro decidió iniciar una campaña de concientización y le encomendó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que se encargara de organizar reuniones en las villas para informar de las bondades de la entrega de títulos de propiedad y las posibilidades de avanzar con el parcelamiento de los predios donde se encuentran asentadas las villas. Con la creación de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) se adoptó un nuevo discurso (el de la “integración urbana e inclusión para las villas”) y se hicieron obras cosméticas adecuadas al discurso como ser plazas, instalación de portales, eventos deportivos, culturales, elección de los nombres de las calles, etc.
Otro obstáculo con el que se encontró el Gobierno de la Ciudad a la hora de entregar títulos de propiedad fue la necesidad previa de parcelar los inmuebles y adecuar la infraestructura de las casas para que se pueda escriturar. Debido a la forma en que se construyeron las villas esto no resulta posible, salvo que se modifiquen las actuales leyes de zonificación y la legislatura autorice excepciones al código de edificación. Como no logró aprobar una ley aplicable a todas las villas, optó por la estrategia de aprobar leyes parciales de cambio de zonificación que permitieran avanzar con la entrega de títulos en algunas villas, sobre todo en las que el Pro tiene más inserción o cuya parcelación resulta más sencilla.
Entre 2011 y 2013 se autorizaron varias normas excepcionales de parcelamiento sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción ni el plano de obra registrado. Así se realizaron cien escrituras precarias en el Barrio Inta, que es esgrimida por el Pro como estandarte de villa urbanizada, sin haberse responsabilizado de la infraestructura del barrio en materia de hacinamiento y prestación de servicios públicos en la totalidad del barrio.
III. En qué devino el “Plan Maestro para la Comuna 8”
En su versión original este proyecto se proponía elaborar un plan general para el desarrollo de la Comuna 8, enmarcado dentro de los criterios y lineamientos del Plan Urbano Ambiental y del Modelo Territorial, cuya finalidad es el desarrollo social, económico y urbanístico de la Comuna, a efectos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Disponía lineamientos aplicables a seis áreas predefinidas: estructura y centralidades; transporte y movilidad; hábitat y vivienda; espacio público; producción y empleo; y patrimonio urbano.
Con el fin de conseguir fondos para la urbanización de las villas se desafectaban del dominio público 70 hectáreas de inmuebles que se transferían en fideicomiso a Corporación Buenos Aires Sur para su posterior venta, cuyos fondos se destinarían a la urbanización de las villas. Espacios verdes pertenecientes al Parque de las Victorias, al Parque de la Ciudad, al Parque Roca y al Autódromo destinados a emprendimientos comerciales y actividades denominadas genéricamente de espectáculos, turismo, recreación, paseos y deportes. Esta decisión ignora que la tierra urbana es un bien finito, que aumenta el precio de su valor por tal condición. Más que ningún otro en la historia de la ciudad, el gobierno del Pro se ha desprendido de bienes públicos para financiar proyectos cuasi privados, descapitalizando a la ciudad de Buenos Aires de su patrimonio.
En el proyecto original se supeditaba la urbanización de las villas a la venta de tierras por parte del fideicomiso desatendiendo leyes ya existentes de urbanización de villas, como la ley 148 (de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios); la 1770, de urbanización de villa 20, la ley 1333 que declara la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo o la ley 177, de complejos habitacionales.
Hay que tener en cuenta que la Comuna 8, integrada por Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, es una de las zonas más conflictivas de la ciudad por la cantidad de asentamientos que conforman una verdadera topografía de la precariedad. Abarca un enorme predio de 2.200 hectáreas al sudoeste de la ciudad, habitado por 190.000 personas. Allí están radicados los complejos habitacionales de Lugano I y II, el Barrio Piedrabuena y la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de toda la Capital: Villa 20, Villa 3, Villa 15, Villa 16, Villa 17, Villa Francisco, Ciudad Oculta, Barrio Fátima, Villa Los Piletones, Villa Calacita, Asentamiento Los Pinos, Barrio la Esperanza y Barrio Scapino.
El área tiene, paradójicamente, la mayor concentración de tierra deshabitada: el Velódromo, el Autódromo, el Parque Indoamericano y el Parque Roca.
Allí mismo, en lugar de aprovechar las zonas deshabitadas como pulmón de la ciudad (que ha visto reducido sus espacios verdes a 1,9m2 por habitante, cuando la OMS recomienda no menos de 12m2), el ejecutivo porteño ha planificado una serie de emprendimientos que conllevan la gentrificación (3) de un área que se ha constituido en un verdadero polvorín en materia social. El primer estallido fue la ocupación del Parque Indoamericano. Precisamente en esa zona, tal como ya se hizo con gran parte de los barrios porteños dividiéndolos arbitrariamente en polos de aglomeración empresaria, se planificaron perímetros de concentración productiva mediante exenciones impositivas y la captura de la plusvalía por parte de las corporaciones. Por diez años y quince años (empresas de capital nacional o micro, pequeña o mediana empresa) quedan exentas del impuesto sobre los ingresos brutos, de Sellos, Inmobiliarios, en el pago del Derecho de Delineación y Construcción.
Los pretextos para otorgar incentivos fiscales fueron la creación de un Distrito del Deporte, un Distrito Biotecnológico y la Villa Olímpica para los Juegos internacionales de la Juventud 2018. Además de eso, el ejecutivo fue avanzando sobre la Comuna aprovechando oportunidades propicias para evadir instancias de control como lo fue el paquete de leyes aprobadas a finales de 2012 por el Pro y la oposición kirchnerista, conocido como “Pacto Pro-K” en las redes sociales. En aquella oportunidad se dispuso la concesión por treinta años de 37,5 de las 40 hectáreas del Parque Roca –espacio hasta entonces destinado a actividades deportivas y recreativas– a la Federación de Transporte para levantar una «terminal» de camiones de larga distancia que incluye exenciones impositivas, una estación de servicio, un restaurante y un hotel. Asimismo, en abril de 2014, se le confirió a través de un irregular sistema de leasing a la empresa TEBA, actual operador de la Terminal de Retiro, un predio de 38 mil metros cuadrados para construir una segunda terminal de ómnibus. El dueño de la empresa TEBA, Jaime Otero, tiene una larga serie de incumplimientos denunciados por la Auditoría General de la Nación además de pagarle el departamento que habitaba Ricardo Jaime en Buenos Aires. (4)
El Plan Integral de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, dentro de la cual se encuentra la Comuna 8, requerido por la Corte Suprema en la famosa causa «Mendoza» nunca fue elaborado ni presentado ante la justicia. Este plan debería discutirse previamente a todas las políticas urbanas que el GCBA está llevando a cabo en el sur de la ciudad. Además, el Plan Maestro por la Comuna 8 jamás fue debatido en la Comuna ni en el Consejo Consultivo. No se realizaron audiencias públicas convocadas con difusión amplia, ni se previó la participación de los órganos de representación de las villas (Ley 148).
Frente a la fuerte oposición al proyecto, el Pro lo modificó radicalmente para conseguir los votos necesarios para su aprobación. Fue así que el 5 de diciembre de 2013 se aprobó en primera lectura el proyecto de ley Nº 3257-D-2012 con un contenido más acotado que la versión original y muy distinto en lo que respecta a la urbanización de las villas. Incluso dejó de llamarse Plan Maestro para la Comuna 8 para ser llamado “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En esta nueva versión del plan se incorporan al Código de Planeamiento Urbano la zonificación caratulada como BARRIOS NUEVOS estableciendo excepciones a las normas generales del Código de Planeamiento Urbano y al de Edificación respecto al ancho de las calles, tipología edilicia y parcelamiento.
El proyecto autoriza la adopción de medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores del polígono y sin exigir el plano de obra registrado.
Del proyecto nuevo desaparecieron todas las tareas que antes le competían al Estado: el saneamiento ambiental, apertura de calles y pasajes, el programa de viviendas colectivas o individuales, la adecuación de la trama espontánea existente a fin de preservar su identidad según la normativa vigente, la provisión de equipamiento urbano y comunitario, la regularización dominial y posterior venta a sus actuales ocupantes. En el texto actual, el Pro vuelve a retomar el espíritu de privatización de la precariedad del Barrio Inta y lo aplica a todas las villas de la Comuna 8.
IV. Conclusiones
Primera Firmas – Grupo Promotor:
Acerbo Osvaldo, Antonelli Mirta, Baldiviezo Jonatan, Bidonde Héctor, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galvano Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lissidini Alicia, Lo Vuolo Rubén, Luchetti María Inés, Massuh Gabriela, Plana Marcelo, Rodríguez Daniel, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolás, Tieffenberg Jaco, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia.
Para adherir:
La Red Nacional de Medios Alternativos repudia y expresa su preocupación por los distintos hechos de amedrentamiento, amenaza y judicialización de quienes ejercemos la comunicación con una mirada desde los intereses del campo popular.
Amenazas a la Libertad.
Días atrás dos compañeros de la Agencia para Libertad (integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos) fueron abordados por supuestos ladrones quienes les sustrajeron los celulares en los que se hallaban las direcciones y teléfonos de militantes y luchadores sociales.
A este hecho se agrega que fueron parados por un control de la Brigada de la Policía Federal. Una de las compañeras – Rosario – estaba por identificarse con su credencial de abogada y le dijeron: “No queremos la credencial de abogada, dame el documento” (antes de haberla visto). Además a otro integrante de la agencia – Oscar Castelnovo – lo siguieron con coches de vidrios polarizados hasta las cercanías de su domicilio. Asimismo, en varias ocasiones, al llamar a su teléfono particular se escuchó la voz de una mujer que decía: “911 buenos días, ¿qué quiere denunciar?”.
Los periodistas baleados durante el conflicto de la Sala Alberdi.
La jueza Wilma López, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 38, se declaró incompetente y pretende derivar a un juzgado de menores la causa que cuenta como querellantes a dos periodistas pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, Germán Darío de los Santos (DTL) y Esteban Ruffa (ANRed), heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) en el marco de la cobertura del conflicto de la Sala Alberdi. En sus fundamentos, la magistrada plantea que los agentes policiales que dispararon, previamente fueron agredidos por los manifestantes, dejando la puerta abierta a considerar el uso de armas letales en una manifestación como “legítima defensa”. La medida fue apelada, esperando una audiencia en la Cámara de Apelaciones.
Espantan auspiciantes.
Las denuncias emitidas por la emisora NdR Radio FM 103.9 del Partido de La Costa, ante numerosos casos de discriminación a alumnos por parte de una de las directoras de escuela, perteneciente al SUTEBA Celeste, generó que el oficialismo de ese Municipio (FpV) en conjunto con el Consejo Escolar y directores de escuela, estén realizando campañas de difamación y persecución a auspiciantes de los medios NdR Radio FM 103.9 y Revista Notas de Redacción.
Este hecho claramente atenta con el libre ejercicio de la comunicación ya que el intento de asfixio económico, es la forma sutil de pretender callar a un medio que no acepta como regla de juego el silencio.
¿Periodista terrorista?
A contrapelo de los discursos de democratización de la comunicación, la comunidad toda y en particular la de los comunicadorxs vemos con asombro cómo se ha criminalizado con el calificativo de terrorista a quien ejerce el periodismo en Santiago del Estero.
El hecho por el cual fue imputado el periodista Juan Pablo Suárez en el marco de la ley Antiterrorista por incitación a la violencia colectiva es el haber difundido la detención del policía Néstor Villagrán, cuando intentaba encadenarse como parte de la protesta policial por reclamos salariales en diciembre pasado.
La aplicación de la Ley Antiterrorista a un periodista por el sólo hecho de difundir información sobre una protesta social representa una vuelta de tuerca ya que la acusación sienta un precedente contra quienes difundimos esas luchas. Así, la labor periodística queda bajo el arbitrio del poder político/judicial. De la judicialización de las luchas sociales se pasa, ahora, a la de quienes difundimos o damos cobertura a los reclamos.
La detención de la fotógrafa.
Mariana Morena de Souza es fotógrafa de «En la Vuelta» y colabora en diversos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fue detenida junto a dos vecinos en la tarde del miércoles 30 de abril, y llevada a la comisaría 4º de Longchamps, ubicada en Avenida Aviación 461 del Partido de Almirante Brown, de la provincia de Buenos Aires.
La reportera gráfica estaba tomando fotos mientras unas 150 familias loteaban ordenadamente tierras libres para poder vivir. En ese momento, cincuenta efectivos de la Policía Bonaerense y de Infantería comenzaron a disparar balas de goma.
La Policía no sólo detuvo a Mariana Morena de Souza, también le rompieron el auto con el que había llegado al lugar para registrar los hechos. Además, hubo varios heridos con balas de goma y otros dos detenidos, ambos vecinos de la zona.
Caso aún no resuelto.
Ante estos hechos no queremos dejar de enunciar que cuando se descubrió, en mayo de 2013, que Américo Balbuena era un agente de la Policía Federal infiltrado en la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh (integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos) – y desde allí, en un número aún indeterminado de organizaciones populares – también supimos que existen 1000 “Federicos” (Policías Federales) infiltrados en distintos colectivos sociales, estudiantiles y políticos.
Exigimos.
No quedan dudas que todos estos hechos, producidos en distintos puntos del país y en distintas circunstancias, son la expresión concreta de un sistema que apunta a atacar a quienes desde la comunicación Alternativa, Popular y Comunitaria mostramos otras realidades que los medios privados o públicos han decidido no visibilizar deliberadamente.
Estos hechos nos llenan de repudio a las políticas represivas desatadas desde los distintos niveles del gobierno y/o sus aparatos de control social o fuerzas de choque, las cuales se vienen acentuando sostenidamente en los últimos meses.
Hacemos un llamado categórico a denunciar estos hechos y a poner fin a estas políticas represivas contra los medios del campo popular.
Comunicado. Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestra querida compañera, la maestra y profesora Marcela Bruno. Desde Ademys, acompañamos a su familia y sus compañeros/as en este difícil momento y nos ponemos a su disposición.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerla llevaremos su alegría, su compromiso, su humanismo, su fortaleza, en cada lucha, en cada clase, en cada escuela.
¡Querida Marce, seguiremos peleando hasta alcanzar tus sueños, que son los nuestros!
Su despedida se realizará mañana lunes 26/5 de 10 a 13hs en Av. RIVADAVIA 10661 LINIERS.
AEDD en Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
La fábrica ha sido militarizada, con más de 40 miembros de la Infantería de la Policía Bonaerense para evitar la organización de los trabajadores después de las primeras suspensiones. Éstos sufrieron distintas agresiones provenientes de la Policía, la patronal y de burocracia del sindicato Smata que quieren asfixiar la protesta y ocultar los despidos y suspensiones.
MARTES 27: JORNADA DE LUCHA A PARTIR DE LAS 7 HS EN LA PUERTA DE FÁBRICA.
A LAS 10 HS CONFERENCIA DE PRENSA Y ACTO (RUTA 9 VIEJA ENTRE CALLE VICTORIA Y GÜEMES ESCOBAR)
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FUERA LA POLICÍA DE GESTAMP – NO ESTAMOS EN LA DICTADURA. ¡ADENTRO LOS 69 TRABAJADORES DESPEDIDOS!
Comunicado. Los trabajadores de GESTAMP denunciamos que la empresa se encuentra militarizada, hay 60 efectivos de la infantería de la policía de la Prov. de Bs.As. en forma permanente. Los efectivos aparte de custodiar las entradas realizan rondines dentro de la planta intimidando a los compañeros, diciéndoles que no pueden hacer reuniones. Los policías utilizan los vestuarios del personal y se ha llegado al colmo de que en días pasados un turno entero se quedó sin comer porque ‘le tuve que dar de comer a 40 milicos’ según palabras del concesionario.
Queremos que esta denuncia sea conocida por el pueblo argentino y todos los trabajadores, NO SE PUEDE PERMITIR QUE LA POLICÍA SEA UTILIZADA POR LA PATRONAL PARA METER MIEDO Y QUE PASEN LOS DESPIDOS.
LE DECIMOS AL GOBERNADOR SCIOLI Y A LA PRESIDENTA CRISTINA QUE SAQUEN LOS POLICÍAS DE ADENTRO DE LA FÁBRICA.
NO ESTAMOS EN DICTADURA.
Por eso el próximo martes 27 a partir de las 7 hs realizaremos una jornada de lucha en la puerta de fábrica y a partir de las 10 hs una conferencia de prensa y acto para denunciar la militarización de la fàbrica y exigir la reincorporación de los 69 compañeros despedidos, pedimos la solidaridad de todas las organizaciones de dd.hh.,obreras, sindicales, estudiantiles, barriales y políticas para que se hagan presentes en el acto y difundan la convocatoria. Gracias.
FUERA LA POLICÍA DE GESTAMP – NO ESTAMOS EN LA DICTADURA.
ADENTRO LOS 69 TRABAJADORES DESPEDIDOS.
MARTES 27 DESDE LAS 7 HS JORNADA DE LUCHA Y A LAS 10 HS CONFERENCIA DE PRENSA Y ACTO EN LA PUERTA DE FÁBRICA (RUTA 9 VIEJA ENTRE CALLE VICTORIA Y GÜEMES ESCOBAR)
Por Mario Raúl Bordón (*)
En las últimas semanas se renovaron los viejos cruces entre el Episcopado argentino y el gobierno nacional, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, en función del sempiterno debate acerca de si ha aumentado la pobreza o si ha crecido la economía argentina. Pero iglesia y gobierno esconden, cuidadosamente, el verdadero flagelo que genera el sistema capitalista: la desigualdad social.
Además, el kirchnerismo ya no puede retornar a su discurso inicial (engañosamente anticapitalista), después que la propia presidenta ha venido remarcando que su proyecto político siempre estuvo encuadrado dentro de los límites del sistema capitalista.
Con ello se derrumba, definitivamente, una colosal impostura política del peronismo denominada “la tercera posición”, la cual, supuestamente, sería equidistante del capitalismo y del socialismo. Una falacia tan seductora que se convirtió en mito. Porque la propiedad de los medios de producción de bienes y servicios solo puede ser privada o colectiva.
Crecimiento económico y mayor desigualdad social no son dos aspectos contradictorios en el capitalismo. Son complementarios. Crece la economía y, al mismo tiempo, crece la pobreza porque se mantienen inalterables los paradigmas de distribución de la riqueza social que rigen en el sistema capitalista, los cuales reproducen y acrecientan todas las desigualdades sociales.
El mero hecho que no todos los integrantes de una misma sociedad tengan igual posición respecto de los medios de producción de bienes y servicios sino que, por el contrario, esos medios sean propiedad privada de una pequeña minoría determina que esa minoría multiplique indefinidamente su capital explotando el trabajo de una enorme mayoría que permanece sumida en la miseria.
Y los integrantes de esa pequeña minoría controlan el aparato del Estado e imponen las normas legales que legitimen, resguarden y naturalicen los intereses de esa clase dominante: la burguesía.
Esto también genera una inexorable concentración de la riqueza social. Menor cantidad de ricos, que son cada vez más ricos. Y mayor cantidad de pobres, que son cada vez más pobres. Es un fenómeno socialmente perverso pero nada sorprendente. El aumento exponencial de las desigualdades sociales es una consecuencia lógica del funcionamiento normal del sistema capitalista donde el trabajo humano es la mercancía que le otorga valor agregado a todas las demás mercancías.
La desigualdad social conlleva referencias comparativas. Si hay pobres es porque hay ricos. Si ha aparecido la categoría estadística de “indigentes” es porque todos los indicadores socioeconómicos se ven obligados a reflejar que ya existe una significativa franja social a la que la categoría convencional de “pobres” le resulta demasiado alta e inalcanzable.
No es posible resolver este problema dentro del capitalismo. Todos los paliativos que puedan encontrarse serán transitorios e insuficientes. Y solo servirán para prolongar esta renovada agonía que exhibe el sistema capitalista en todo el planeta.
Así, América del Sur no es la región mas pobre del planeta ni la de menor desarrollo de sus fuerzas productivas. Es la región donde se registran mayores desigualdades sociales. Consecuencia directa de un capitalismo irreversiblemente periférico.
El agotamiento de un sistema político y socioeconómico no produce, por sí solo, la caída de ese sistema. Solo genera mejores condiciones objetivas para que pueda ser derribado por la acción política concreta y organizada de las masas.
Esto último significa que la abolición revolucionaria del capitalismo y su reemplazo por una sociedad socialista no es un hecho que, fatalmente, ocurrirá. La historia no otorga garantías de futuro.
Pero resulta evidente que, en un corto plazo histórico, la mera supervivencia de la especie humana exigirá nuevos paradigmas en la distribución de la riqueza social.
Demandará aquello que, a pesar de todas las dificultades que ha tenido en su todavía breve construcción histórica, se sigue llamando socialismo.
(*) Abogado de la ciudad de Concordia (Entre Ríos). Miembro de «Plataforma 2012»-
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Este artículo de opinión fue publicado en el diario «Perfil», que se edita en la ciudad de Buenos Aires, en su edición correspondiente al día sábado 24 de Mayo de 2014 (Cuerpo Principal – Sección «Ideas»).-
Comunicado. En la Fiscalía Federal Nº 2 de Neuquén, el diputado Alejandro Bodart (MST – Nueva Izquierda) presentó una denuncia penal contra el gobernador de esa provincia. «Igual que Cristina Kirchner, Jorge Sapag deja que Chevron se lleve la vaca y nos deje la muerte. Le prorrogó ilegalmente a la multinacional la concesión del yacimiento de El Trapial violando las leyes nacional y provincial de hidrocarburos. La Justicia debe investigarlo, así como ya ordenó hacer con la presidenta», indicó Bodart.
«Recorrí Vaca Muerta junto a referentes de la comunidad mapuche Campo Maripe. En la recorrida por el área pude recabar nuevas pruebas y testimonios que voy aportar a la justicia para que avance la investigación penal a Cristina y podamos frenar a Chevron y su fracking contaminante», agregó.
En 1964, la petrolera Texaco (que años después sería absorbida por Chevron) llegaba a Ecuador. Allí firmó con el gobierno un contrato de concesión para la extracción de petróleo. Empezaba la contaminación de la Amazonía de ese país que culminó con la expulsión de la compañía a principios de los años 90. Años más tarde, el 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema ecuatoriana, en una sentencia histórica, confirmó definitivamente (tras 20 años de litigios) la condena a Chevron, que le obliga a pagar 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales que ha ocasionado en la región. Por Toni Martínez- La Marea. Leer más…
La declaración del policía Héctor Méndez como culpable del asesinato de Matías Casas fue celebrada por la familia que desde hace dos años reclama justicia. “Hoy estamos logrando que esto no vuelva a pasar”, aseguró César Casas, padre del joven de 19 años, ultimado el 22 de julio de 2012, con un tiro en la espalda. Forogalería: Cecilia Maletti, para 8300 / Video: Diario Río Negro.
Neuquén, Justicia Por Matías: Día 2
En la segunda audiencia declararon tres personas que vieron lo que sucedió una vez que Matías ya había recibido los balazos provenientes del arma reglamentaria del policía Méndez y cayó de la moto. También declaró el licenciado en criminalística y especialista en homicidios Enrique Preger, quien exhibió una presentación en la que detalladamente explicó cómo fue el homicidio por el que se está desarrollando el debate. Para finalizar comparecieron los testigos de la defensa: el jefe de la UESPO, el hijo del único imputado y un amigo de él. Elyzabeth Hernández, mamá de Braian (otra víctima de la violencia institucional en Neuquén), estaba citada para declarar, pero la jueza María Gagliano determinó que “son casos distintos” e impidió su testimonio. Mañana se conocerán los alegatos de las partes. Por Soledad Arrieta. Foto Cecilia Maletti. Leer más…
Por Agua, Vida, Tierra, Justicia y Libertad.
¡NO QUEREMOS MÁS MEGA MINERÍA!
NI MONSANTO!!!
NI MÁS FRACKING!!!
¡MENOS EXTRACCIÓN DE URANIO!!
¡NI REACTORES NUCLEARES!!!
¡¡¡BASTA DE IMPONER LA MUERTE COMO FUTURO!!!
El pueblo de Andalgalá continua de Pie!!!
¡NO es NO!!
El modelo K permite el ingreso de empresas como Monsanto para avasallar nuestra Soberanía Alimentaria. Hoy, con varias organizaciones le decimos: ¡NO PASARÁN! ¡Viva la lucha de Malvinas, Córdoba! 
Jornada Mundial de lucha contra Monsanto
Este sábado 24 de mayo tendrán lugar, en el marco de Día Global de Acción contra Monsanto, diferentes actividades y eventos en diversos puntos del país, como Ciudad de Buenos Aires,Córdoba, Paraná y Rosario, entre otros. En la Ciudad de Buenos Aires en Plaza San Martín de Retiro se realizarán desde las 11 charlas, proyecciones, talleres, murales, tocarán bandas, murgas, y estará presente una feria independiente de productos orgánicos. Difundimos convocatoria y cronograma de actividades en el país. Leer más…
Detienen por 5 horas a un integrante del bloqueo contra Monsanto
La detención se dio hace tres horas en la terminal de ómnibus de Córdoba capital, a pocos minutos de que Emiliano Canon, integrante del bloqueo contra Monsanto, saliera de una reunión. Fue detenido por policías de la provincia con el argumento de que estaba «haciendo ruido» con una guitarra junto a unos amigos. Se encuentra detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) Norte, codependiente de laComisaria 7ª del Barrio Alta Córdoba (Fragueiro y Urquiza) bajo la carátula de «escándalo» . Compañerxs y Amigxs del Acampe de Autoconvocadxs de Córdoba solicitan apoyo y solidaridad frente a la comisaría para pedir la liberación del detenido. ACTUALIZACION / 02.20hs.: Desde Córdoba informan que liberaron Emiliano Canon, y que se encuentra en buen estado. Por ANRed. Leer más…
CELN - ¿Cuál es la noticia...? 