ACTA

La lucha histórica que llevó muchos años de movilización y denuncia contra los genocidas, fue consiguiendo triunfos importantes.

Por  Lita Alberstein, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA – Tucumán

A partir de haber logrado hace 10 años la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, los juicios en nuestro país fueron generando expectativas de que se haga justicia. Se avanzó en las condenas a genocidas, aunque algunos de ellos, como Bussi, tuvieron una privilegiada prisión domiciliaria.

Pero junto a esta afirmación, tenemos que decir que de ninguna manera se avanzó lo necesario para juzgar a todos los militares y policías asesinos, ni en la investigación que permita juzgar y condenar a todos sus cómplices civiles, económicos, y eclesiásticos. Los últimos juicios, reiteran en muchos casos, condenas a los altos mandos militares que ya fueron condenados a perpetua y no avanza con los miles que aún no tuvieron su merecido castigo.

Infinidad de movilizaciones convocadas por organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos, sindicatos, reclamaron que se aceleraran las causas, ya que las largas décadas de lucha, estaban impidiendo que muchos de los familiares y testigos estuvieran vivos para declarar en los juicios, y permitiendo que a muchos de los acusados, les llegara el punto final biológico, antes de que se los enjuiciara y condenara. Asimismo, se reclamó que se unificaran las causas por campo de concentración, lo que hubiera permitido acortar los tiempos y avanzar en la merecida condena. En Tucumán se ha unificado sólo una: Jefatura II y Arsenales II.

Muchos más fueron los pedidos en ese sentido en la provincia, donde el genocidio fue terrible; se desencadenó a partir del 75, con el Operativo Independencia y  hubo miles de víctimas de la brutal represión.

Ante esta crítica situación, no podemos permanecer ajenos a la polémica sobre la situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Tucumán que ha tomado estado público en estos días.

Al Fiscal Federal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, se lo cuestiona por querer impulsar y acelerar las causas por delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar, para lo cual dispuso que los fiscales federales de Catamarca Tucumán y Santiago del Estero pidieran la habilitación de la feria judicial del mes de julio. Justificó su resolución ante las “demoras inadmisibles” en las causas, muchas de las cuales llevan más de 10 años de trámite. La Cámara Federal de Tucumán en pleno lo denunció al fiscal, porque se sintió ofendida por el término “demoras inadmisibles” y lo hizo ante el Procurador General de la Nación. Cabe preguntarnos si no son demoras inadmisibles que haya causas que lleven 10 años de trámite. ¿Acaso no son demoras inadmisibles que la causa por el homicidio en manos de la dictadura del abogado Angel  Gerardo Pisarello, quien fuera senador provincial radical, esté sin ningún tipo de movimiento desde el año 2009, cuando es uno de los asesinatos  más emblemáticos? ¿No son demoras inadmisibles que en la causa Pozo de Vargas ,donde se han encontrado restos humanos ,se haya pedido la declaración indagatoria de varios imputados hace años y el Juez Federal aún no ha ordenado una sola? ¿Cuántos juicios orales y públicos se han hecho en Tucumán en estos diez años? No más de cuatro. ¿Qué hanocurrido con las decenas de indagatorias a lo largo de todo este tiempo que aún no fueron ordenadas? ¿Cuántos son los expedientes que se están tramitando y cuál es la previsión de tiempo para que finalicen? Nadie puede responder a esta pregunta en Tucumán. Y van más de 36 años desde los hechos. Se pide acelerar los tiempos, algo que, ni a los demás fiscales y menos a los jueces federales, parece urgirlos.

Para llegar a toda la verdad y toda la justicia, desde la CTA exigimos un informe público de la cantidad de causas penales por estos delitos que se están tramitando en la primera instancia; una auditoria externa completa–sea de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuración General de la Nación o de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación- con la participación de organismos de DDHH, partidos políticos y sindicatos, que establezca con precisión en cuáles se ha pedido indagatoria, en cuáles fueron citados y cuántos procesamientos firmes hay que no hayan sido elevados a juicio aún; quiénes son los jueces y fiscales actuantes. El punto final biológico no es una opción. Diez años es algo más que una demora inadmisible. El fallo de la Cámara Federal de Tucumán muestra más su preocupación por denunciar al Fiscal Gómez que por enmendar los graves errores. No hay que matar al mensajero por el mensaje que nos trae.