Por Marcelo Parrilli, diputado (mc) del MST en Proyecto Sur para Alternativa Socialista.
Una de las últimas maniobras del PRO y el Kirchnerismo el año pasado fue cambiar los votos de los K, en varias leyes impulsadas por el PRO, por los cargos que en la Auditoría de la Ciudad nos correspondían a Proyecto Sur. En esa maniobra también participó la Coalición Cívica, que logró mantener un auditor a pesar de que no tenía los votos suficientes.
En el marco de esa política de cambiar cargos por votos se “explican” los votos favorables de los K y la Coalición, al endeudamiento del Banco Ciudad, a la aprobación del Presupuesto macrista, al impuestazo del ABL, la expulsión de los manteros de Florida sin alternativa laboral alguna y a la liquidación de las juntas docentes, entre otras exigencias del PRO.
Tal como lo dijimos en la sesión en que se concretó la maniobra de despojo de la que también fue parte activa el ibarrismo, a esa altura una variante más del kirchnerismo, nos presentamos en diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La presentación, firmada por los diputados Julio Raffo, Adrián Camps, Virginia González Gass, Jorge Selser, Pablo Bergel y Rafael Gentili de Proyecto Sur y nuestro compañero diputado Alejandro Bodart por el MST en Movimiento Proyecto Sur, pide la anulación de las designaciones recaídas a favor del kirchnerismo y la Coalición Cívica y solicita la integración de los candidatos propuestos como auditores por Proyecto Sur. También se presentó el bloque de la UCR, los diputados Campos y Presman le pidieron al Tribunal la nulidad de los acuerdos “prefabricados” en el concurso de la Auditoría para darle una mayoría artificial y momentánea al kirchnerismo.
En nuestro reclamo, el argumento central, que se basa en sentencias ya dictadas por el TSJ, es que la votación de la Legislatura dejó de lado totalmente el art. 136 de la Constitución de la CABA que exige que tiene que ser la primer minoría opositora, es decir, Proyecto Sur, la que ocupe la presidencia de la Auditoría y tener, además, otro auditor.
La cuestión está ahora a resolverse por el Tribunal Superior de Justicia pero no se trata de una cuestión solamente judicial es, centralmente, una cuestión política. El PRO aseguró su alianza con el kirchnerismo y la Coalición Cívica para evitar que en la Auditoría, el máximo órgano de control sobre todas las contrataciones que realiza la ciudad en todos sus estamentos y sobre la ejecución del presupuesto, pueda existir una fuerza política que denuncie los negociados. Por eso dejaron, todos de común acuerdo, afuera a Proyecto Sur.
Para que el Tribunal Superior, que viene dilatando la cuestión desde diciembre y sigue perdiendo tiempo resuelva finalmente anulando el entuerto del PRO y el kirchnerismo es fundamental que, a la acción judicial, le sumemos una amplia campaña de denuncia política y social. Tengamos en cuenta además que si el Tribunal anulara las designaciones actuales habrá que votar nuevamente en la Legislatura los cargos y que ahí puede intentarse una nueva maniobra.
La defensa de los cargos de Proyecto Sur es, además de la defensa de una conquista democrática votada por la población, una manera de garantizar que haya una posibilidad de control, por parte de un partido de la oposición al oficialismo de la ciudad y al nacional, en un organismo clave.
Para ello es fundamental organizarnos, levantar petitorios exigiendo la rápida resolución del caso y movilizar a todas las fuerzas políticas democráticas y organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos comprometidas con la defensa de los intereses populares.
