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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) emitió el 2 de diciembre un informe sobre la situación de los derechos sociales en nuestro país, y cuestionó la existencia de violaciones a la libertad sindical contra trabajadores y organizaciones sindicales.
”El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) emitió el 2 de diciembre un informe sobre la situación de los derechos sociales en nuestro país, y cuestionó la existencia de violaciones a la libertad sindical contra trabajadores y organizaciones sindicales. Se trata de un duro pronunciamiento del órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en nuestro país cuenta con jerarquía constitucional, y cuyos precedentes son obligatorios para los tribunales locales de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«En sus observaciones el Comité DESC señaló que numerosas disposiciones de la ley de asociaciones sindicales (ley Nº 23.551) se encuentran en contradicción con la Constitución Nacional y con el Convenio Nº 87 de la OIT, y recomendó que el Estado adopte las reformas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales básicos a todas las categorías de trabajadores y de asociaciones sindicales. En particular, el Comité DESC solicitó al Estado que extienda los efectos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad sindical (fallos “ATE c. Ministerio de Trabajo” y “Rossi c. Estado Nacional”) a todos los trabajadores y sindicatos.
«El Comité DESC también lamentó la existencia de dificultades y dilaciones en el registro de las asociaciones sindicales por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, y exigió al Estado que asegure que los trámites de inscripción gremial se resuelvan en un tiempo razonable. Como ha denunciado en reiteradas oportunidades la CTA, es inaceptable que los pedidos de inscripción se prolonguen por años cuando la propia ley de asociaciones sindicales establece que deben resolverse en un plazo máximo de 90 días.
«Finalmente, el Comité DESC manifestó su preocupación por los actos de represalia antisindical, entre los que se cuentan el despido de trabajadores por su participación en actividades sindicales, y los actos de violencia contra los miembros y dirigentes de las asociaciones sindicales. En particular, resaltó que el despido como consecuencia de la participación en protestas o en huelgas realizadas en conformidad con la ley deben estar prohibidas.
«Este pronunciamiento del Comité DESC profundiza el cuestionamiento que los órganos internacionales de protección de los derechos humanos han venido realizando en los últimos años como consecuencia de las violaciones a la libertad sindical existentes en nuestro país, y se suma a las observaciones que realiza anualmente la Comisión de Expertos de la OIT y que en el año 2010 también fueron formuladas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aún así, en este caso se trata de la primera ocasión en la que un órgano internacional de protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas cuestiona las dilaciones en la resolución de los trámites de inscripción y personería gremial.
«El informe completo del Comité DESC contiene referencias al conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, y puede ser consultado en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org). Entre los aspectos considerados en esta ocasión, se encuentran referencias al derecho a la salud, al derecho a la educación, al acceso a la justicia, al sistema de estadísticas públicas, al medio ambiente, a los desalojos forzosos, a la situación de los pueblos indígenas, y a la existencia de disparidades en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales entre varones y mujeres.
«El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina participó, junto a otras 13 organizaciones sociales de nuestro país, en la elaboración de un contrainforme que fue coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, y cuyo desarrollo fue considerado por el Comité DESC en las recientes observaciones», firman el comunicado Pablo Micheli, secretario general de la CTA, Ricardo Peidro y José Rigane, secretarios adjuntos.
