Con esto zanjó un viejo conflicto con la provincia de San Luis, que intentó recuperar esas tierras. A través del decreto N° 393/2006, el jefe del Estado nacional dio fin a la disputa con la provincia por la explotación de ese patrimonio de la humanidad y aceptó, en un mismo acto, la transferencia e inscripción a la jurisdicción del Estado nacional de un total de 73.584 hectáreas y 46 áreas de parque nacional.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo nacional explicó el camino legal recorrido por la APN para lograr el dominio de las tierras, que se inició el 3 de julio de 1989 con la suscripción de un convenio, en el que la provincia se había comprometido a entregar a la APN esas tierras.

Pese a que ese convenio fue ratificado por San Luis por una ley provincial y luego mediante una ley nacional, nunca se cumplió, y esa falta de formalización perjudicó a la administración nacional en el desarrollo de sus planes de obras para el lugar.

Nunca se llegó a escriturar a favor de la APN por "la pérdida del expediente provincial N° 37.991-D-98", que dio origen al decreto por el que el ex gobernador de la provincia Adolfo Rodríguez Saá había autorizado la transferencia de las tierras.

Esa sombra administrativa determinó la necesidad de que el Ejecutivo nacional aceptara, a través de otro decreto -393/2006-, la transferencia dispuesta y habilitara así a la Escribanía General del gobierno provincial para escriturar los inmuebles a favor del Estado nacional.

Atento a esto y "al tiempo transcurrido sin que la provincia de San Luis haya informado sobre la aparición del expediente mencionado" se decidió que esas tierras pasaran a la órbita de la APN, que las adquirió con sus propios fondos para crear el Parque Nacional Las Quijadas.

El informe, al que tuvo acceso LA NACION, sostiene: "De producirse una contingencia ambiental nos encontraríamos ante una catástrofe sanitaria, ya que se registran en el área al mismo tiempo altos niveles de contaminación en las aguas superficiales, suelos y en las aguas subterráneas, y una población vulnerable debido a que tiene necesidades básicas insatisfechas, lo que aumenta los niveles de riesgo".

Y agrega que en la red que operaba la empresa Aguas Argentinas, ahora en manos del Estado, "la toma de agua de General Belgrano se encuentra entre el emisario de Berazategui (que vierte cloacales sin tratamiento) y la desembocadura del Riachuelo, por lo que, en el caso de una contingencia meteorológica especial, podría producirse una contaminación que generaría emergencia sanitaria".

Según detalla el informe oficial, el vertido cloacal sin tratamiento es una de las principales fuentes de contaminación de las aguas por su aporte de materia orgánica, aunque también agrega que la situación se torna más compleja con la presencia en altos niveles de hidrocarburos y de metales pesados.

"A esto se le suma que en el área de Dock Sud [en el partido de Avellaneda] hay alrededor de 50 establecimientos industriales, entre los que se destacan, por su magnitud, dos refinerías de petróleo, ocho plantas de recepción y almacenaje de petróleo y sus derivados; el almacenaje de productos químicos y una central eléctrica", describe el trabajo. Las promesas oficiales hablaban de la mudanza gradual del Polo Petroquímico en una década. Pero los avances son lentos.

El informe también se refiere al área que cubre la Cuenca Matanza-Riachuelo, la que presenta una alta sensibilidad social: "Parte de los terrenos, depreciados, de bajo valor fiscal, se convirtieron en asiento del bolsón de pobreza más extendido del país: existen 13 villas de emergencia ubicadas en el curso inferior del río".

La Auditoría, además, observa que el Comité Ejecutor creado en la década del 90 fue casi un sinsentido. "Aunque el Comité nunca fue constituido como autoridad de cuenca y carecía de las funciones para cumplir con su cometido, se pretendió que llevara adelante un programa de saneamiento ponderado en más de 800 millones de dólares y que ponderó un préstamo BID que, junto a los aportes argentinos, significaba un presupuesto de 500 millones de dólares".

A esto se agrega -dice el informe-que "la ejecución del préstamo BID fue muy baja". Según el detalle, los fondos directos aportados por el organismo internacional sólo alcanzó a 7.762.790 dólares, de los 250 millones originales. Y, en cuanto a los fondos propios, la inversión llegó a 45.312.675 pesos/dólares. La mayor parte de ese dinero estuvo destinada a las tareas de consultoría y obras hidráulicas. Y, en 2002, 150 millones fueron redireccionados a Desarrollo Social.

Hace dos años, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación había declarado la emergencia ambiental. Las alarmas siguen sonando.

Laura Rocha

Rodríguez reiteró la intención del gobierno de "conformar una red de empresas industriales y de servicios, ya que la ciudad de Buenos Aires posee condiciones óptimas para lograrlo teniendo en cuenta que el 75 por ciento de las empresas son pymes". A su vez, agregó que "se trabajará junto al Banco Ciudad que aportará 40 millones de pesos para la producción".

Durante la audiencia, de la que participaron más de 60 oradores, también habló Vensentini, quien resaltó la importancia de esta reforma que "representa la oportunidad para generar el desarrollo sustentable de la ciudad que incentiven el cuidado del medio ambiente".

También hubo lugar para las opiniones de pequeños empresarios, la mayoría en favor de la reforma propuesta por los legisladores, y de los vecinos, varios de los cuales presentaron sus opiniones en contra. María Rosa Virgilio, representante de la asociación vecinal Mirando al Sur, de Parque Patricios dijo: "El eje debe pasar por el esquema de fiscalización. Nos oponemos a este proyecto en tanto no exista control ciudadano. ¿O lo vamos a dejar en manos del gobierno de la ciudad? Ya tenemos experiencia de cómo nos va. Hace 13 años que denuncié penalmente a una empresa química y nadie hizo nada".

Las conclusiones de la audiencia pública, que no son vinculantes, serán elevadas a la comisión de Planeamiento Urbano, que deberá emitir un despacho para que el pleno del cuerpo defina si aprueba el proyecto en segunda lectura y lo convierte en ley.

Pero la cajita no viene sola: se agrega un folleto que dice "Fuego. Si lo necesitás, usalo con cuidado". Todo esto parte del paquete que entrega a LA NACION el guardaparques Victoriano Curuhual, responsable de la Coordinación Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), entidad que tiene base en esta ciudad.

Lejos de incitar a la producción descontrolada de las llamas, ambos elementos forman parte de una nueva campaña nacional para prevenir incendios forestales. El volante y el peculiar souvenir son el producto de un trabajo que llevó adelante la Administración de Parques Nacionales, a través de la CLIF, en conjunto con las áreas de Educación Ambiental de los parques Nahuel Huapi, Lanín y Lago Puelo, la Dirección de Interpretación y Extensión Ambiental, y el Plan Nacional del Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Al discutir los contenidos de esta novedosa cruzada hubo consenso para dejar de lado los mensajes agresivos y que ponían el acento en la prohibición de hacer fuego; se apeló, en cambio, al uso responsable del fuego como eje de la prevención.

Analía Sánchez, miembro del Subprograma de Capacitación, Prevención y Difusión dependiente de la CLIF, participó en el proceso creativo y explicó: "El concepto al que apuntamos es el uso responsable del fuego, para involucrar al otro, para salir del mensaje de lo prohibido, para que aquel que hace uso del fuego reflexione y se responsabilice".

Según la guardaparques Fanny Haudet -titular del Subprograma de Capacitación-, el mensaje es concreto: "El prohibido ya sabemos que no dio resultado. Ahora, lo que queremos decir es que ?si lo vas a hacer, sé responsable. Y responsable de las consecuencias que esto genera. La campaña que presentamos ahora es parte de un largo proceso que se irá lanzando de a poco. Estará todo el año en todo el país", dijo la guardaparques, quien también explicó que la difusión se está realizando, por el momento, a través de algunas páginas web, un afiche, un volante y un sticker para pegar en los autos.

En una próxima etapa se estima modificar la señalización en los parques nacionales y se distribuirá en las escuelas un libro de cuentos para leer y pintar, cuyo protagonista es Salvador, un simpático búho vestido con el uniforme de un brigadista forestal que, con el tiempo, intentará convertirse en referente a nivel imagen de la prevención.

La sede de la CLIF está en Bariloche, pero por ser la única en el país, desde aquí le compete la prevención en todas las áreas protegidas del país. En este sentido, Analía Sánchez explicó que este plan preventivo "es a nivel nacional".