Compañeras y compañeros: Hoy levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político.

Las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a esta Jornada Nacional contra la represión y la criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa de sus salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto, el fracking y la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de las multinacionales saqueadoras de los recursos del país.

Para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas de ajuste y entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales.

En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos obreros. El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y Kromberg.

Este gobierno -que se dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano.

Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir y suspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal en la masacre de Once.

La multinacional LEAR incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad del Ministerio de Trabajo.

En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de amparar a la patronal y reprimir la resistencia de los trabajadores.

Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque del gobierno contra el movimiento obrero. Pignanelli–al igual que José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúa como una pata más del Estado contra la iniciativa y la lucha de los trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores, fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual Comisión Interna.

En materia represiva los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy.

Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones.

El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata.

Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de represión política contra los que luchan.

En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra pacientes, trabajadores y vecinos en el Borda, donde fueron procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista. El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de espionaje contra los trabajadores.

Hace unos días fueron absueltos los policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen procesados los dirigentes sociales del lugar.
Las policías municipales de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga.

El gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca.

Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo.

Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al Banco Mundial, a Repsol y al Club de París. Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos , más ajuste contra el pueblo.

El reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste.

El bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente Renovador de Massa y a gran parte del radicalismo, opositores que son cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti piquetes.

En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar, por Fernando Esteche y Raul «Boli» Lescano, por los municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras condenados, por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía fraudulenta.

Desde esta plaza, reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases explotadas, desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros.

La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales.

Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales.

El Proyecto X , el nombramiento de Berni y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto.

El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo.

Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once.

La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente.

Las huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste.

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí , al igual que los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la opresión y la entrega.

Por eso, reafirmamos:
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
NI AJUSTE NI ENTREGA!
POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!
BASTA DE REPRESIÓN!