Pronunciamiento. Los argentinos sabemos que en los últimos años se han incrementado los eventos de inundación en nuestro país. La anterior  inundación (octubre de 2014), que afectó especialmente a vastos sectores del aglomerado metropolitano, fue un anticipo de lo que sucedería apenas ocho meses después, ampliado a otras cuencas hídricas del norte bonaerense, con unos 40 municipios bajo el agua y una estela trágica de muerte, desolación y pérdida. Entre ambos eventos nada cambió.

Frente a la gravedad de los acontecimientos y con el Gobernador Scioli ausente en el país durante el clímax del conflicto, el escenario de una catástrofe anunciada llegó acompañado de las explicaciones ambiguas de los funcionarios nacionales y provinciales, el desafortunado oportunismo político de candidatos de la oposición, la improvisación de las acciones y la construcción de argumentaciones espurias centradas únicamente en la fatalidad del cambio climático.

Para Plataforma 2012 el reconocimiento del problema plantea varios ejes que hasta el momento están ajenos en el debate instalado:

Resulta evidente que la problemática de las inundaciones no forma parte de las prioridades de la agenda pública en cualquiera de sus niveles de gobierno, como se deduce de la falta de inversión en medidas correctivas y sistemas de alerta temprana, así como en la ausencia de conducción de los procesos territoriales –que niegan el ejercicio de la planificación-, muchos de los cuales contribuyeron a su agravamiento.

Lo sucedido pone de manifiesto la ausencia de una política integral de abordaje al problema de las inundaciones desde una perspectiva que considere a las cuencas como sistemas hídricos complejos y evite reducirlo a un vínculo pernicioso –establecido desde siempre vis a vis entre intendentes y la gobernación- a la espera de las obras de infraestructura salvadoras. Lo anterior significa asumir que las transformaciones ejercidas dentro de los límites de un municipio tienen efectos sobre los demás; de allí que las soluciones de fondo necesariamente requieran de un abordaje integral de cuenca, hoy completamente ausente.

En la práctica, los gobiernos locales y la provincia subordinan el destino de ciertos procesos territoriales a los intereses de los actores económicos dominantes en el campo y la ciudad, desdibujándose en su papel de articuladores del bien común. En el área rural esto se hace evidente en la falta de control de los canales clandestinos que vierten los excedentes hídricos de los campos sojeros en las cuencas de ríos y arroyos, aportando caudales adicionales al escurrimiento fluvial en situaciones críticas de crecida.

Por su parte, en la ciudad, la práctica del urbanismo neoliberal es responsable del avasallamiento y destrucción de humedales urbanos al favorecer –sin condiciones- las apetencias del mercado desarrollador inmobiliario rentista. Por caso, el despliegue del urbanismo privado sobre planicies de inundación de la cuenca baja del río Luján es responsable de la eliminación de más de 9000 hectáreas de humedales, de inestimable valor para la amortiguación de las inundaciones.

En suma, desde Plataforma 2012 consideramos que necesitamos sincerar el lenguaje para poder comprender el alcance del problema. Las inundaciones no son solamente consecuencia del cambio climático, sino también de los usos privatistas y neoliberales del territorio que hoy se imponen en la Argentina; de la centralidad que hoy tienen los intereses económicos en su configuración, en desmedro del bien común y, muy especialmente, de los sectores más vulnerables. Hoy, que la problemática de las inundaciones vuelve a instalarse y que, probablemente, sea abordada a través de soluciones hidráulicas costosísimas que bien pudieron haberse evitado, se hace imprescindible  recuperar la capacidad de gestión del territorio, de la mano de una política integral.