#4N Tod@s al Congreso por la ley de aborto
Hoy a las 16:30
Congreso de la Nación Argentina
La FALGBT celebra el inicio del debate por el Derecho al Aborto en el Congreso.
Tras años de trabajo por parte de la Campaña Nacional por el derecho al aborto – de la cual la FALGBT es parte – el Congreso comenzará el debate en comisiones del proyecto de Ley de legalización del aborto. Sin dudas este paso fundamental es un enorme avance en materia de igualdad y hacia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. El proyecto en tratamiento cuenta con la firma de más de 50 Diputadas y Diputados nacionales de todos los bloques políticos.
Por Francisco Torres, Sec. Salud Laboral de la Central de Trabajadores CTA – Prov. de Bs. Aires.
Precios, tarifas e impuestos no paran de subir. No suben salarios, jubilaciones ni planes sociales. Y los presupuestos como el de Scioli, Macri o Cristina tienen fuertes recortes en áreas sociales. Moyano se reúne con caciques de la CGT K por la «reunificación» y se olvidó de dar continuidad al paro del 28 de agosto. Yasky lanza alguna marchita para adornar la trucha elección de su CTA gubernamental. Mientras los docentes luchan en 11 provincias, hay conflictos en salud, en estatales y sectores privados exigen un bono de fin de año. Eso demandamos con la CTA y la Jornada Nacional del 20N que debemos preparar. Con la exigencia en cada gremio y Central de un paro nacional porque plata hay.
No es el calor sino la inflación del 40% la que recalienta el reclamo de un plus, bono salarial o aguinaldo extra hacia fin de año. Tal es la bronca que hasta patrones de la UIA dicen «no descartarlo». Y los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y San Luis ya anunciaron que lo pagarán.
Una recomposición salarial en paritarias para este año y una suma de emergencia no se lograrán con declaraciones. Tampoco con marchas aisladas y sin paro como la que convocó la CTA «Balcarce» con la Celeste de SUTEBA. Esa dirigencia quiere seguir frenando y ni se anima a llamar a asambleas por terror a que la bronca los desborde.
Si de verdad queremos cambiar los presupuestos de ajuste como el bonaerense, arrancar un plus salarial y reabrir las paritarias, pero de este año, no por el aumento que regirá en 2015 como sondean Baradel y el ministro de Trabajo de Scioli, el camino es el opuesto al de la Celeste, Moyano o la CGT Caló. Se necesitan asambleas en cada lugar de trabajo o gremio para decidir un plan de lucha que contemple paros y la mayor unidad y coordinación de todos los sectores en conflicto. La docencia bonaerense exige al Frente Gremial que le ponga fecha al paro de 48hs que resolvió la FEB. Y la unidad con estatales, sectores privados, organizaciones sociales como la llave para torcer el brazo a los gobiernos de Cristina, Scioli o Macri y a las patronales. Como hicimos con el parazo y movilización del 8 de octubre y la huelga nacional de ATE y Salud (FesProSa), más el masivo paro y marcha del jueves 23 con la CTA Bonaerense, CICOP, ATE, Judiciales y Seccionales disidentes.
Cuando hay 11 provincias con docentes que vienen realizando paros y acciones de lucha (Bs. Aires, Chaco, Misiones, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, antes Tierra del Fuego, Santa Cruz y Capital), debe reiterarse el llamado a CTERA para convocar a paro nacional. Votar ser parte de la Jornada Nacional de paros y movilizaciones del 20N con la CTA, reclamando, en cada gremio privado y a la CGT que se sumen con paro ese día.
Hay plata si se suspenden los pagos de la fraudulenta «deuda pública», si se eliminan los millonarios subsidios a la educación privada y se ponen impuestos a los que más tienen y no al pueblo, entre otras medidas.
LLAMADO A LA SOCIEDAD Y A LA REFLEXION A LOS/LAS LEGISLADORES/AS ARGENTINO/AS:
FRENTE A LA INMINENTE APROBACION DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Y ENTREGA DEL PATRIMONIO NACIONAL.
Ante la inminente aprobación por parte del Parlamento Nacional de la Ley de Hidrocarburos, desde Plataforma 2012queremos expresar nuestro rechazo a dicha ley, la cual consolida la entrega de nuestros bienes naturales, por la vía del despojo y el saqueo económico. Invocamos el derecho a la información y a la participación de la sociedad en el debate de una ley tan importante, que condiciona nuestro futuro como nación, rechazando de plano el trámite antidemocrático que impulsa el oficialismo. Llamamos a la reflexión a los y las diputada/os nacionales, quienes tienen este miércoles 29 de octubre una oportunidad histórica de rechazar esta ley y exigir que se abra un amplio debate democrático sobre el tema, para así evitar ser cómplices del despojo a los bienes públicos que esta ley representa.
Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la denominada ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno publicitaba que su objetivo era el autoabastecimiento que se obtendría, entre otras medidas, con la explotación masiva de yacimientos no convencionales.
En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un primer documento crítico sobre el tema. 1 Entre otras cuestiones, allí sostenemos que esa ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni avanzaba hacia la nacionalización de los hidrocarburos; que no se trataba de una verdadera estatización de la empresa y que, de este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis energética de una matriz productiva basada en hidrocarburos. Con esa ley el problema energético continúa reduciéndose al abastecimiento de hidrocarburos al tiempo que siguen desestimándose otras posibilidades con respecto a las energías limpias y renovables como así también dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.
También señalamos que en esa ley no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y sus socios. Y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio a pagar por la expropiación de las acciones de la multinacional, los daños terminarían siendo trasladados colectivamente a la sociedad. Asimismo, cuestionamos que el gobierno apostara a la vía de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a través de la fractura hidráulica o fracking, en tanto se trata de una metodología muy controversial por sus impactos ambientales, socio-sanitarios y territoriales.
Insistiendo con nuestra preocupación en estos temas, en julio de 2013 nos pronunciamos críticamente sobre el bochornoso convenio entre YPF y Chevron,2 denunciando la falta de conocimiento público de sus contenidos y el preocupante escenario creado para la destrucción del ambiente y el sacrificio de nuestros territorios a partir de lo poco que trascendió del mismo.Realizamos incluso un llamamiento a los legisladores neuquinos del oficialismo nacional y provincial, quienes el 31 de agosto del pasado año –en un escenario de represión y sin conocer la totalidad de las cláusulas-, aprobaron el convenio firmado entre YPF y Chevron.
Dos años después de que el gobierno y sus aliados iniciaran este camino en materia energética, los hechos reconfirman que el déficit energético sigue sin resolverse mientras avanzó la aplicación del fracking en las provincias de Neuquén y Río Negro, pero impulsado principalmente por YPF: el anunciado aluvión de inversores no se concretó ni tampoco los niveles de producción resultaron tan promisorios. En breve, otra vez estamos frente a un negociado entre el Estado y corporaciones privadas multinacionales basado en la explotación de recursos colectivos y sin ningún beneficio para el pueblo argentino.
El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones, que pasamos a enumerar:
1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevron: este decreto abre la posibilidad de exportar el 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandaránuna inversión de 1000 millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de 250 millones de dólares, esto es, la cuarta parte de lo exigido por el controvertido decreto. Estas exenciones son inadmisibles cuando el país se encuentra en emergencia energética.
2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12 % de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.3 Asimismo, se eliminan trabas a la concentración oligopólica y, en lo que representa una inédita entrega del patrimonio nacional en la historia del país, por esta la ley se otorgarán concesiones a las empresas por décadas. Incluso, se habilitan mecanismos en la explotación de hidrocarburos no convencionales a perpetuidad pues las concesiones de áreas a 30 o 35 años pueden prorrogarse por otros diez años, lo que en realidad implica que pueden extenderse en forma indefinida. También se propone la explotación a gran escala de los yacimientos de la plataforma continental, y de los crudos pesados. Asimismo, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.
3.- Desnudando sin tapujos la entrega del patrimonio colectivo que implica este proyecto, se prohíbe expresamente el establecimiento de nuevas áreas de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, en las cuales las provincias y el estado Nacional tengan participación, cualquiera sea su figura jurídica. Es decir, el Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.
4- YPF continúa siendo sociedad anónima sin control, donde el Estado no posee el 100% de las acciones pese que pagó 6.000 millones de dólares por la expropiación de las acciones de Repsol. Este elevado costo para el Estado argentino se pagó pese a que el propio gobierno había denunciado que las irregularidades cometidas por Repsol y los pasivos ambientales ocasionados en territorio argentino, eran motivo para no pagar ninguna indemnización. Las cláusulas de “desistimiento, renuncia e indemnidad” establecidas en el convenio entre YPF-Repsol, no sólo eximieron de responsabilidad a ésta última empresa, sino que terminaron socializando los pasivos ambientales que son y serán pagados por el conjunto de la ciudadanía.
5- La ley pretende “legalizar” la explotación de hidrocarburos no convencionales, clausurando cualquier debate sobre la cuestión de la técnica del fracking y sus impactos económicos, sociales y ambientales, respondiendo así a los intereses de las corporaciones nacionales y multinacionales. Esto es evidente al observar que, luego de la aprobación en la legislatura neuquina del convenio entre YPF y Chevron, la ofensiva publicitaria llevada a cabo por el gobierno a favor del llamado “fracking seguro” ha sido de tal magnitud, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. El déficit energético generado durante este gobierno así como la intensa campaña comunicacional que busca asociar empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, han tergiversado la gravedad del problema en cuestión, cerrando los caminos a un debate democrático sobre el mismo. Lo cierto es que a nivel internacional, sólo hay malos antecedentes y una gran incertidumbre en estos temas,4 algo que el gobierno argentino y las corporaciones asociadas al mismo buscan denegar y obturar a través de una publicidad tramposa y emotiva que apela tanto al nacionalismo como a una visión cientificista unilateral.
6- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales. Vaca Muerta, por ejemplo, está lejos de ser un territorio vacío como pretenden las autoridades provinciales y nacionales, pues en él se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas y que seguramente serán afectadas por el avance de la explotación del yacimiento. Asimismo, es repudiable la estigmatización de los grupos defensores de los derechos ambientales y de las organizaciones indígenas (quienes han sido tratados en Neuquén incluso por el gobernador y la vicegobernadora, como “terroristas ambientales”). Por último, hay que destacar el encapsulamiento de los conflictos en el nivel local y el silenciamiento de los accidentes: sólo en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen, Río Negro; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale gas en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta.
7.- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del art. 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.
En nuestro país, las poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto explica que, entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas cuarenta ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén. Pero al igual que sucede en otros ámbitos, la lucha es local y muy asimétrica, por lo que las grandes ciudades y gran parte de la población viven ajenas y desconectadas de esta problemática nacional y global. Esto explica en gran medida la escasa movilización de la sociedad argentina en las grandes urbes, ante una ley tan importante y de consecuencias tan graves para el futuro de los argentinos, cuyo impacto se hará sentir por décadas, cuando en otros países proyectos de esta naturaleza han abierto hondos conflictos y movilizaciones en la sociedad, propiciando un verdadero debate democrático.
Por estos y otros motivos, desde Plataforma 2012 rechazamos la pretensión de aprobar este nuevo avance en una política energética, que consolida la entrega de nuestros bienes naturales, no resuelve el déficit y las deficiencias de la matriz energética, profundiza la concentración económica y abre espacios para negociados de todo tipo a costa de nuestro territorio y del bienestar de la población. Frente a ello, sostenemos la necesidad de trazar una estrategia de desarrollo energético al servicio de los intereses del país, de la salud y el bienestar de su población que necesariamente implica cambios profundos para lograr un desarrollo económico verdaderamente sustentable.5
Por lo expuesto, instamos a los diputados/as a rechazar esta ley que el gobierno pretende aprobar de forma antidemocrática, que compromete nuestra soberanía y condiciona nuestro futuro. Exigimos la apertura de un debate amplio y plural, que asegure la representación de todos los sectores sociales. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan en defensa de la vida, el ambiente y el territorio en nuestro país.
Plataforma 2012, Grupo Promotor:
Osvaldo Acerbo, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Osvaldo Tcherkaski, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
plataforma2012@plataforma2012.org.ar
https://www.facebook.com/Plataforma2012oficial?fref=ts
1 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos
2 http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/16-actualidad/81-de-la-falsa-estatizacion-a-la-entrega-de-ypf-a-chevron
3 12% es el tope establecido para las regalías, a lo cual se adicionará un 3% por cada período de prórroga de 10 años, lo que implica que en la primera prórroga las regalías subirían hasta 15 % y en la segunda prórroga hasta 18 %, como límite máximo.
4 Tal como lo prueba la reciente moratoria aprobada en Alemania (8 años de suspensión del fracking).
5 Véanse la parte VI de nuestro documento inicial sobre el tema, “Lineamientos para una estrategia de desarrollo energético para la Argentina”. http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos
Comunicado. El pasado martes 14 de octubre, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito recibieron una consulta de trabajadoras del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 40, de CABA, por el caso de una mujer que estuvo secuestrada durante cuatro meses, quien solicitaba un aborto no punible ya que estaba embarazada producto de las violaciones a las que había sido sometida.
Dado que la mujer contaba con dieciocho semanas de gestación, el equipo de profesionales del CeSAC solicita de manera inmediata al hospital del que depende, el Hospital Piñero, la internación de la mujer. Allí se negaron a atenderla aduciendo que sólo se realizan abortos no punibles hasta la semana dieciocho (pero no si están cumplidas las dieciocho semanas), limitación arbitraria ya que ningún protocolo supone dicho corte de tiempo. Las/os trabajadoras/es del CeSAC realizan entonces las denuncias pertinentes el Programa de Salud Sexual de CABA y al 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Finamente, bajo la estricta orden de las autoridades de la región sanitaria, la mujer fue internada el jueves 16 en este hospital para acceder a la interrupción legal del embarazo.
Este tipo de objeciones son comunes en este hospital. Las/os trabajadoras/es de salud de los CeSACs dependientes del Hospital Piñero han denunciado los maltratos y obstáculos por los que pasan las mujeres cuando solicitan un aborto no punible en este hospital e incluso, la desidia del Ministerio de Salud de la Ciudad de cumplir con las múltiples solicitudes que los profesionales de la salud miembros de las Consejerias en los CeSACs, frente a la provisión de Misoprostol (fármaco recomendado por la OMS para la interrupción segura de los embarazos) en las farmacias de los Centros de Atención Primaria de Salud, encontrándose estos en capacidad de atender los abortos no punibles hasta las semana 12 de gestación a través del aborto medicamentoso.
En este caso, fue necesario que la joven estuviera acompañada el tiempo de la internación por trabajadoras sociales e integrantes de la Campaña para que la atendieran. Es importante también denunciar que se le negaron analgésicos en un primer momento y que fue sometida a maltrato psicológico por parte del jefe de departamento Angel Moggia, de la Jefa del Servicio Lucia Di Biase y del médico de planta, Marcelo Alejandro Cardoso.
Estas situaciones son habituales tanto en este hospital, como en otros en diferentes partes del país: realización de legrados sin anestesia, inducción de aborto con misoprostol sin analgésicos, interrogatorios sobre la sexualidad y la intimidad, violencia psicológica, entre otras, son las situaciones que padecen las mujeres en muchos servicios de salud cuando piden una interrupción legal del embarazo o llegan con abortos en curso. Este tipo de tratamiento a las mujeres es calificado de tortura por la ONU, y es un trato inhumano y degradante, que no respeta la salud de las mujeres, entendiendo la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y emocional. Además, son claros casos de violencia obstétrica e institucional, tal como los define la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Exigimos que el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires tome las medidas necesarias para que estas situaciones no sigan ocurriendo y que el Ministerio de Salud de la Nación inste a las provincias en adecuar los Protocolos de Atención de Aborto No Punible tal como lo solicita el fallo «FAL- medida autosatisfactiva» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012. Asimismo, insistimos en la necesidad de que el Congreso de la Nación discuta y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por esta Campaña.
Por esto, convocamos a la sociedad a manifestarse contra estos hechos de violencia el 27 de octubre a las 10 hs en la puerta del Hospital Piñero, Varela 1301, CABA.
Educación Sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto Legal para no morir
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Encuentran el agujero negro más grande.
Este agujero supermasivo, que se encuentra en la galaxia Holm 15A, podría tener una masa mayor de diez mil millones de veces la del Sol. Detalles »
Comunicado. Sólo «respeto y delicadeza», la propuesta del Sínodo de las familias para lesbianas, gays, bisexuales y trans.
El documento final del Sínodo extraordinario de las familias, que reunió a más de 270 Obispos y se promocionó como una «revolución» para la concepción vaticana sobre esta materia, sólo logró consenso para promover un trato con «respeto y delicadeza» hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans. Afuera quedaron las referencias a la parejas LGBT en contraposición a la exhaltación de la familia tradicional y el matrimonio heterosexual, parte del diseño de Dios.
Desde la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans expresamos nuestro rechazo y decepción ante el documento final del Sínodo extraordinario de la familia que nuevamente condena a nuestras parejas y familias al apartheid, negando cualquier tipo de reconocimiento.
Falleció el actor Eduardo D’Angelo, recordado por «Hiperhumor».
Este sábado falleció en Montevideo el actor y libretista Eduardo D’Angelo, a los 75 años. El cómico uruguayo obtuvo una gran popularidad.
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