Sí a la protesta, siempre
Toda protesta es política; toda protesta importa; toda protesta debe ser tomada en serio por el gobierno, para repensar los alcances de las propias políticas –mucho más cuando la protesta tiene un carácter masivo, como la del 8N.
Y sin embargo, tantos colegas con quienes defendimos siempre la protesta hoy se sitúan en la vereda opuesta, abrazados al discurso conservador que sospecha de la protesta e iguala a la democracia con las elecciones. Es una pena, y lo digo por ellos.
Decir lo dicho no implica la zoncera de decir que toda protesta es justa, y mucho menos que cada voz que se escucha invoca reclamos justos, a ser obedecidos. Por el contrario, el deber de la dirigencia democrática es el de tomar la protesta a su mejor luz, sopesando los reclamos, humildemente, bajo el tamiz de las propias convicciones, y conforme con las obligaciones constitucionales que tiene. Puede ilustrarse lo dicho con la «marcha Blumberg». Frente a la misma, Néstor Kirchner actuó del peor modo: primero ignoró a la misma, y luego decidió seguirla en sus peores consignas, para traducirla en leyes inconstitucionales. Su obligación era más bien la opuesta: acompañar el dolor inmenso de tantas familias destruidas por la inseguridad (como hoy debería acompañarse a los familiares de la tragedia de Once), para luego meditar sobre los propios errores, y dictar normas respetuosas de las garantías constitucionales de todos.
A mi pesar (siendo, como soy, un crítico del gobierno), reconozco que para corregir su rumbo exitosamente, al gobierno le bastaría con mucho menos que lo que yo le exigiría para hacerlo (derogar la ley antiterrorista, dejar de perseguir al sindicalismo clasista, romper sus alianzas con gobernadores asesinos y empresarios corruptos). Para responder de un modo justo a la protesta, al gobierno le bastaría con poco, ya que la ciudadanía siempre, a priori, acompaña a su gobierno, mucho más si lo ve –como hoy no lo ve– genuinamente preocupado por su destino. En línea con lo sugerido, el gobierno podría mantener intocadas las políticas de las que se jacta (AUH; matrimonio igualitario; estatización de las AFJP), cambiando otros aspectos básicos, hoy asombrosamente desatendidos: terminar de una vez con la mentira que controla todos sus actos; reconocer errores concretos antes que abstractos; dejar de lado discursos y funcionarios gangsteriles; dialogar, simplemente eso, con quienes piensan distinto. Para una gran mayoría, estoy convencido, ello resultaría suficiente para volverle a ofrecer su corazón y su voto al gobierno.
A mi pesar, admito que para el gobierno el camino del éxito post-8N es sencillo. Pudiera ocurrir, sin embargo, que el gobierno tomara un rumbo opuesto al que resulta obvio. Podría tomar en sorna, en lugar de en serio, al 8N («algo importante ocurrió: el Congreso Chino»); podría leer la protesta a su peor luz («tuvo rebordes golpistas»); podría seguir, desde la ciega arrogancia, mintiendo. Sería una pena, y lo digo por ellos.
Roberto Gargarella es doctor en Derecho. Miembro de Plataforma 2012.
http://tiempo.infonews.com/2012/11/11/editorial-90623-si-a-la-protesta–siempre.php
Polifonía de voces.
La multitudinaria protesta que colmó calles y plazas a lo largo del país, cuya convocatoria surgió de las redes sociales, señala el creciente descontento de amplios y heterogéneos sectores con las acciones políticas y actitudes del Gobierno nacional.
Nadie puede atribuirse la autoría de la puesta en acto del derecho a ejercer la protesta que ocupó la escena pública.
Las consignas, en su inmensa mayoría portadas en pequeñas pancartas elaboradas en el ámbito doméstico, expresaban legítimos reclamos, generales y sectoriales.
En los más diversos modos de expresión se hizo presente la denuncia de la inflación, la inseguridad (que remite a una trama de complicidades y desigualdades), la corrupción, con su correlato en la impunidad y su obsceno exhibicionismo, la aplicación de un impuesto a las ganancias exactivo, los montos de las jubilaciones, la problemática de la vivienda, la crisis energética y el transporte, factores todos ellos que producen padecimientos cotidianos y que han tenido, en algunos casos, consecuencias trágicas.
La demanda de no re-reelección también estuvo presente en todas las manifestaciones.
El efecto del maltrato oficial, que en sus expresiones discursivas coloca a los conjuntos y a las personas en mera calidad de subordinados, de los que sólo se espera acatamiento y aplauso, tomó forma subjetiva en el sentimiento de saturación y la necesidad de puesta de límites y explicitación colectiva del malestar. La profusión de banderas argentinas, estimulada desde las redes, encontró eco en la necesidad de dar un sentido unificador al pronunciamiento.
Estos hechos requieren una lectura compleja que cuestione la lógica binaria que proponen los voceros del Gobierno, al que autodefinen como nacional y popular o progresista, según la oportunidad, ante una supuesta única oposición que califican como de derecha. Increíble paradoja de quienes impulsaron e hicieron sancionar la Ley Antiterrorista, criminalizan violentamente la protesta de los sectores sociales más vulnerables, y acaban de promover y votar conjuntamente con sus supuestos adversarios la nefasta ley de las ART en el Congreso Nacional. Y que también apoyaron, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el paquete de leyes de estos mismos sectores de la oposición, que habilita el negociado inmobiliario.
El guante de esta lógica es también recogido y esgrimido por estos sectores de la derecha convencional vinculados a otros grupos de poder para intentar crear un escenario que a ellos también los beneficiaría.
Resulta asimismo impactante apreciar cómo, sobre la base de utilizar el prejuicio como premisa, el Gobierno estigmatiza las demandas de las capas medias, tratando de enfrentarlas artificialmente con otros sectores populares de los que pretende, a contrapelo de la realidad de sus actos, erigirse en portavoz.
La masividad y la composición popular mayoritaria de la protesta, así como la naturaleza de los reclamos, sacudieron estos intentos de capitalización. Los destinos de este ejercicio de protagonismo social quedan abiertos. Sería deseable que se establezcan vasos comunicantes con los gérmenes de confluencia de los trabajadores y de otros sectores populares, que se pronuncian y avanzan en la apuesta de dar continuidad organizada al ejercicio público de sus demandas.
Diana Kordon es médica psiquiatra
http://www.perfil.com/ediciones/2012/11/edicion_726/contenidos/noticia_0028.html
Hechos, interpretaciones y apropiaciones.
La marcha del 8N puede ser vista desde dos niveles diferentes de significación: desde el punto de vista de los hechos, y desde las interpretaciones y apropiaciones. En primer lugar por su masividad, en todo el país, la marcha fue un hecho de trascendencia política indiscutible, que movilizó amplios sectores medios, con una importante presencia de jóvenes. A diferencia de la primera, que sorprendió a propios y extraños, ésta fue más meditada, con lo cual hubo pocas consignas incómodas. Asimismo, éstas se concentraron en aspectos más institucionalistas: los carteles más repetidos rechazaban la re-reelección y la corrupción, y demandaban Justicia independiente. También estaba presente el reclamo de seguridad.
Pero no había cánticos generales, y a falta de ellos el himno y las marchas patrióticas aprendidas en la escuela funcionaron como eventuales aglutinantes en los momentos de mayor efervescencia. El 2001 parece estar lejos, ciertamente, aunque también el 2008. Pero la marcha insiste en colocar en el tapete la búsqueda de la representación política perdida, y marca una crítica muy clara a la lectura que el Gobierno nacional hizo del 54% de los votos obtenidos el pasado diciembre, confundiendo legitimidad electoral con licencia social.
En segundo lugar, hay un aspecto muy importante que remite a aquello que la marcha generó entre el pasado 13S y el 8N. Me refiero al juego incesante de las reapropiaciones y las interpretaciones. Sucedió que, durante este lapso, la marcha del 13S en sí misma fue confiscada/encapsulada/entrampada/vampirizada en función de los esquemas binarios dominantes. Esta era una de las direcciones posibles y, muy probablemente, en este contexto polarizador, la más plausible.
Por un lado, voceros del Gobierno nacional buscaron demonizarla asociando de manera simplista caceroleo y golpismo, clases medias y racismo antipopular. Hay que decir que este intento obtuvo éxitos importantes, no sólo entre sus filas sino también entre sectores progresistas no oficialistas y algunos de izquierda, que la observaron con desconfianza y manifestaron la necesidad imperiosa de diferenciarse de ella. Varios de ellos señalaron que la marcha ponía el acento no en los errores del Gobierno, sino más bien en sus aciertos. Sin embargo, lo visto hasta ahora no parece refrendar esta conclusión tremendista; más bien confirma la tendencia de que, en un contexto de polarización, las interpretaciones y apropiaciones reemplazan sin más los hechos, convirtiéndolos en puro relato, y corriendo así el eje de aquello que es importante o significativo. Pues, más allá de las derivaciones futuras de estas movilizaciones, la marcha del 8N priorizó reclamos de corte institucionalista, demandas de republicanismo, sin desbordes racistas ni antipopulares.
Por otro lado, en el marco del esquema binario, los medios opositores y los sectores de derecha buscaron apropiarse de la marcha y manipularla para hacerla funcional a sus objetivos. Entre los políticos descolló Mauricio Macri, desplegando cataratas de halagos y sonrisas desmedidas (agregando quizá apoyos que formaron parte del cotillón), pero también hay que destacar a Elisa Carrió, quien, sin apropiarse de la marcha, puede ilusionarse con un regreso con gloria ya que estas movilizaciones le permiten entrever una posible reconciliación con las clases medias.
Por último, lo que en términos de interpretaciones y reapropiaciones también cuenta es que, en definitiva, la mayor demonización de la marcha provino de los propios y variopintos sectores medios. En este sentido, creo que se equivocan aquellos que equiparan este gobierno a la Venezuela de Chávez. En el país caribeño, la polarización refleja la confrontación entre clases sociales diferentes. Más allá de sus innegables problemas, el modelo chavista contiene fuertes elementos plebeyos e ilustra un protagonismo –o empoderamiento– de los sectores populares que es real y efectivo y no meramente discursivo, tal como sucede aquí. Más simple, por debajo de los estilos autoritarios, en Venezuela parece haber una redistribución del poder social, tal como lo hubo aquí durante el primer peronismo; algo que resulta bastante difícil de sostener respecto de los gobiernos de los Kirchner.
Es por todo esto que suena tan incongruente y exagerado el actual relato demonizador sobre las clases medias, pues éste proviene de sectores medios encumbrados en el poder –y con ansias de perpetuarse–, que hablan en nombre de las clases populares y buscan descalificar las demandas de otros sectores de las clases medias. Mientras tanto, pese a la existencia de importantes organizaciones sociales, las clases populares, hoy asistencializadas, empobrecidas o precarizadas, carcomidas por la inflación, parecen ser las convidadas de piedra en este virulento conflicto intraclase que se ha abierto.
Maristella Svampa es socióloga, escritora, miembro de Plataforma 2012
http://www.perfil.com/ediciones/2012/11/edicion_727/contenidos/noticia_0033.html
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