Comunicado. Luego de que la docencia lo rechazara masivamente en 2013, nuevamente el PRO intenta aprobar su proyecto de evaluación docente que propone la creación de un Instituto de Evaluación.

Desde el sindicato docente Ademys venimos denunciando que los sistemas de evaluación externos, estandarizados, censales, tienen el propósito de establecer una relación entre resultados de la evaluación (y del “rendimiento” de los estudiantes) con el salario; vincular la permanencia en los cargos docentes con los resultados de la evaluación; subordinar la enseñanza a “pruebas” nacionales e internacionales presentadas ideológicamente como estándares “objetivos”; implementar el rankeamiento de escuelas y otorgar una distribución presupuestaria en relación a los resultados de la evaluación. Apuntan a destruir el Estatuto Docente y profundizan la adaptación de las relaciones laborales, salariales y educativas a los requerimientos de los organismos internacionales y sus representantes locales.

Por ello rechazamos también el proyecto del Frente UNEN con similares características que el del PRO, y el del FPV, pretendidamente superador del proyecto del PRO, pero que abre la puerta a que las prácticas docentes se evalúen desde organismos externos a las escuelas, por tanto descontextualizadas del propio proceso educativo, reduciendo la evaluación a una cuestión estadística y por tanto cuantitativa.

Nuevamente esta discusión se da a espaldas de los docentes

Desde Ademys venimos denunciando que es falaz sostener que los sistemas de evaluación externos, estandarizados, censales, tienen el propósito de mejorar la educación. Los objetivos que estos sistemas persiguen – explicitados por el propio ministro Bullrich el año pasado – y el camino que profundizan apuntan a establecer una relación entre resultados de la evaluación (y del “rendimiento” de los estudiantes) con el salario; vincular la permanencia en los cargos docentes con los resultados de la evaluación; subordinar la enseñanza a “pruebas” nacionales e internacionales presentadas ideológicamente como estándares “objetivos”; implementar el rankeamiento de escuelas y otorgar una distribución presupuestaria en relación a los resultados de la evaluación. El propio Ministro Bullrich afirmó que los que tengan “mejoras en sus logros recibirán  más beneficios como bibliotecas o viajes a Bariloche.”[La Nación 31 de Mayo 2013]. Donde se aplicó, el ranking de escuelas provocó más segmentación y desigualdad al generar corrimiento de matrícula y menos recursos para las más desfavorecidas…

La implementación de este tipo de evaluaciones profundiza la adaptación de las relaciones laborales, salariales y educativas a los requerimientos de los organismos internacionales y sus representantes locales.

Las pruebas estandarizadas, no tienen en cuenta el contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Responsabilizan al docente de la “efectividad” de la tarea educativa, sin atender al conjunto de variables que intervienen en la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.

Además, promueven un empobrecimiento de los contenidos, dado que tanto docentes como estudiantes enfocan su tarea en los contenidos que serán evaluados, para obtener buenos resultados en las evaluaciones, generando además estrés y presiones para lograr la aprobación de las pruebas elaboradas por técnicos externos a la institución y que nada tienen que ver con el proceso cotidiano de la tarea educativa.

Los nuevos modelos de carrera docente y de régimen laboral que se buscan establecer (salario, estabilidad, concursos) procuran la flexibilización laboral, el quiebre de la unidad de la docencia, la valoración diferenciada de los títulos de egreso de la escuela secundaria y la reducción de los presupuestos para educación.

Heredados de las políticas neoliberales, los sistemas de evaluación externa, censal y estandarizada, son personalizados y buscan establecer categorías por desempeño y capacitación, generando  competencia entre docentes y aún más, entre escuelas, por trabajo de equipos escolares que compitan con otras escuelas.

Desde Ademys sostenemos que:

ž  El aprendizaje es un proceso complejo, no se mide a partir de respuestas a pruebas estandarizadas. Estas sólo miden el adiestramiento en la respuesta a un currículo reducido y empobrecido, seleccionado por el organismo o empresa evaluadora.

ž  La práctica docente no se puede evaluar desde fuera de su espacio de ejercicio, su contexto institucional, en el marco de un proceso que supuso numerosas variables para su selección, combinación y desarrollo.

ž  Las subvenciones externas de empresas nacionales o instituciones extranjeras condicionan las políticas educativas a fines privados, no públicos.

Si ya existen 22 años de evaluaciones en Ciudad y Nación, ¿Cuál es la evaluación de esas evaluaciones?  ¿Cuáles los cambios realizados en política educativa a partir de ellas?  ¿Por qué necesitarían nuevas y ahora censales?

Las mismas fuerzas políticas que son co-responsables de las políticas educativas que destruyen apuntan a privatizar y vaciar la educación pública impulsan, ahora, una evaluación, externa y centralizada, de los procesos e instituciones educativas impactados por la desigualdad y fragmentación producidas por sus mismas políticas.

Los docentes venimos denunciando desde hace años cuáles son los problemas del sistema educativo, cuáles sus falencias, cuáles las necesidades educativas para mejorar el proceso de aprendizaje y la labor docente. En numerosas jornadas hemos debatido y elaborado propuestas desde las escuelas y evaluado la política educativa del Ministerio de Educación, verdadera causa de los problemas de la educación pública.

Los docentes señalamos además la desatención de las autoridades a los problemas edilicios y de infraestructura; la necesidad de aumento del presupuesto educativo para mejorar los salarios, construir escuelas en la zona sur, comprar edificios actualmente alquilados, crear jardines para el nivel inicial,  y proveer material didáctico; y denunciamos la precariedad de docentes contratados, el atraso en los pagos como factores que inciden negativamente en la educación.

Señalamos también la necesidad de ampliar los actuales EOE; de rediseñar la jornada laboral para incluir la formación continua y la capacitación docente en servicio y en instituciones públicas como el CePA. Hemos denunciado y resistido la política de cierre de grados y cursos, la inscripción on line y el permanente aumento de los subsidios a las escuelas privadas, lo que alienta la privatización del sistema y provoca la pérdida de matrícula de la escuela pública, mientras se sub-ejecutan los presupuestos de infraestructura.

Desde ADEMYS buscamos y promovemos la mayor unidad de acción de todos los sindicatos que nos oponemos a estos proyectos para enfrentar este nuevo ataque a la educación pública.

Entendemos que es necesario llevar adelante medidas contundentes que impidan la aprobación de este proyecto. Por ello convocamos a toda la docencia a sumarse al paro el día 21 de agosto, día en que se tratará el proyecto.

Convocamos a toda la docencia a movilizarse para rechazar la aprobación de cualquier proyecto de ley sobre Evaluación Docente Externa.

21/8 PARO Y MOVILIZACIÓN

¡TODOS A LEGISLATURA!

Ademys – CTA