Así, lo reveló a LA NACION el ministro de Producción porteña, Enrique Rodríguez. "Se han encontrado muchas familias que viven en condiciones infrahumanas. La mayoría estaba alojada en cuartos de dos por dos metros y dormía junto a las máquinas de coser", dijo el funcionario.
Los operativos, que se extenderán durante toda la semana, comenzaron ayer a las 10 de la mañana en Floresta y en La Paternal. En esos barrios se labraron 24 actas y se clausuraron 12 fábricas. Además, los inspectores controlaron las condiciones laborales, impositivas, de seguridad e higiene y los pasaportes de los trabajadores afectados. En todos los casos, los bolivianos que trabajaban en esos lugares clandestinos no contaban con documentación.
Las inspecciones habían sido programadas por el gobierno porteño tras la muerte de seis bolivianos, durante un incendio registrado el jueves último en un taller textil de Caballito. "Durante los procedimientos, en por lo menos tres talleres clausurados descubrimos que muchos bolivianos trabajaban en las mismas condiciones de precariedad que en el establecimiento situado en Caballito, donde murieron sus seis compatriotas", señaló el ministro Rodríguez.
Por la tarde, las inspecciones continuaron en otros 10 establecimientos textiles y hasta el cierre de esta edición se habían inspeccionado otros diez talleres de los cuales seis eran clandestinos, por lo que fueron cerrados.
Red ilegal de trabajo
El ministro Rodríguez dijo que durante esta semana intensificará los operativos para terminar con las redes ilegales de trabajo. Y es que si bien los inspectores porteños, con apoyo de la Policía Federal y funcionarios de Migración, hallaron a unos 300 bolivianos que eran reducidos a la esclavitud, la cifra apenas representa el 7,5 % de los 4000 bolivianos que serían esclavizados en 1600 talleres textiles que hay en la ciudad, según datos oficiales.
Tras la clausura de los talleres, las familias de inmigrantes ilegales fueron atendidas por personal del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad. Fuentes del área aseguraron que en total se trabajó con 46 grupos familiares más unas 15 personas.
"Se les brindó orientación acerca de trámites de documentación, acceso a recursos sociales con que la Ciudad cuenta y se confeccionaron informes sociales de cada una de las familias. Finalmente se brindó orientación acerca de las distintas alternativas habitacionales", dijo un vocero del gobierno porteño.
Ninguna de las familias relevadas accedió a trasladarse a los centros de contención que había previsto instalar el Ministerio de Derecho Humanos en los polideportivos de la Defensa Civil.
Mientras los inspectores continuaban con los procedimientos en los talleres textiles, ayer, unos 2000 bolivianos cortaron calles céntricas y solicitaron al gobierno porteño un plazo de seis meses para regularizar la situación laboral y legal de miles de inmigrantes que viven en la Argentina (ver aparte).
Durante la marcha, un grupo de organizaciones bolivianas anunció un paro en todos los talleres textiles hasta tanto se aclare el motivo de las inspecciones. "No nos negamos a las inspecciones, pero nosotros queremos trabajar y sabemos de talleres de donde se han llevado máquinas", dijo Rolando Nogalesa la agencia Télam, durante una conferencia de prensa improvisada en medio de la concentración.
Denuncia y observatorio
Por su parte, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, presentó ayer una denuncia penal contra los "responsables" y "beneficiarios" de la organización que favorece la "reducción a servidumbre" de ciudadanos bolivianos.
El funcionario elevó la presentación ante la fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 38 y en conferencia de prensa anunció la puesta en marcha del un observatorio para la inmigración boliviana.
"La idea es que estos inmigrantes conozcan sus derechos. Que no sean engañados por redes de trabajo ilegal. Por eso, primero vamos a realizar una especie de censo para saber cuantos bolivianos hay en el país. Luego llevaremos adelante una campaña de difusión", dijo Duhalde a LA NACION.
El observatorio será una herramienta "de investigación y acción" para hacer un "riguroso" diagnóstico de situaciones "graves y conflictivas" y proyectar soluciones de impacto inmediato, concluyó el secretario de Derechos Humanos.
Por Jesús A. Cornejo
De la Redacción de LA NACION
Telerman, con los bloques legislativos
- (Télam).- Los presidentes de los distintos bloques en la Legislatura porteña acordaron ayer con el jefe de gobierno, Jorge Telerman, debatir el viernes medidas legislativas para combatir el "trabajo esclavo y en negro", la inseguridad laboral y el alcance de las organizaciones que explotan a extranjeros indocumentados, particularmente a bolivianos. La reunión se hizo por iniciativa de Telerman, dijeron fuentes legislativas. Diego Santilli, de Encuentro por Buenos Aires, sostuvo: "La oposición valora que el titular del Poder Ejecutivo [porteño] haya venido a la Legislatura a reunirse con los jefes de todos los bloques porque eso representa un cambio cualitativo en la vida institucional de la ciudad".
