Carlos Galván.
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Parece que la investigación por las responsabilidades del poder político en la tragedia de Cromañón está lejos de frenarse. Ayer el juez Julio Lucini procesó por "homicidio culposo" a Juan Carlos López, ex secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad. Se trata del ex funcionario de más alta jerarquía de todos los imputados hasta ahora en el caso. El juez, además, le trabó un embargo de 20.000.000 de pesos.
Otros dos ex funcionarios de la administración ibarrista ayer también se enteraron de que el juez finalmente los había procesado. El ex subsecretario de Seguridad Comunal Enrique Carelli y el ex director de Servicios de Seguridad Privada Vicente Rizzo quedaron imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". En total la causa tiene 23 imputados.
Juan Carlos Sánchez —actual encargado del área de Espectáculos Públicos de la Ciudad— y el ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Seguridad Juan Carlos Lupías, en cambio, sí respiraron aliviados. Es que a ambos el juez les dictó la "falta de mérito".
La falta de mérito significa que no se encontraron pruebas para procesarlos aunque existían fuertes sospechas sobre ellos. Si el juez hubiera querido desligarlos el ciento por ciento de la causa los podría haber sobreseído.
Ayer a algunas de las partes involucradas en el caso les pareció extraño que se hubiera procesado por homicidio culposo —este delito se castiga con hasta cinco años de cárcel— a Juan Carlos López. Sucede que a fines se setiembre la Cámara del Crimen cambió la imputación de "homicidio culposo" por la de "estrago culposo" a algunos de los procesados.
"Ahora el juez volvió a insistir con que para él se trató de homicidio. Lucini está diciendo de manera clara que en este caso la figura correcta es la de homicidio más allá de lo que diga la Cámara del Crimen", dijo a Clarín el abogado querellante Fernando Soto.
Para Fernando Soto el procesamiento de ayer puede leerse como una señal de que en breve el juez podría citar a declaración indagatoria al jefe de Gobierno porteño. Patricio Poplavsky, otro abogado de la querella, opinó lo mismo: "La resolución de la situación procesal de estos funcionarios era el último escalón que faltaba para que el juez llame a indagatoria a Ibarra", afirmó el abogado.
Aunque anoche aún no había terminado de leer todo el fallo —tiene 300 hojas—, el abogado de López, Adolfo Tamini, adelantó que "sin duda" apelará la resolución del juez. "Me parece difícil de entender esta calificación de homicidio cuando la Cámara acaba de cambiar la imputación para los responsables de la organización del show (Omar Chabán y Callejeros) a estrago", sostuvo Tamini.
De acuerdo con el abogado, "en último caso lo de López podría ser estrago culposo, pero nunca homicidio". El eje de la apelación de Tamini será que la única responsabilidad de su cliente en la tragedia fue política.
"Y a esa responsabilidad él ya la aceptó cuando renunció", dijo. López, un funcionario de peso político en la administración de Ibarra, tuvo que abandonar su puesto exactamente 48 horas después del incendio.
