La estrategia fue acordada entre la Secretaría de Seguridad de San Pablo y los dueños de las empresas de transporte del Estado paulista, que ayer a la madrugada retiraron de las calles el 85% de los ómnibus por temor a nuevos atentados del PCC. En apenas dos días, casi 70 fueron incendiados o ametrallados.

Una vez más, ayer San Pablo volvió a amanecer conmocionada y en caos, ya que los ómnibus transportan casi 6 millones de personas por día, por la ola de ataques organizada por el PCC para presionar al Estado.

En sus demandas, el pedido público del PCC es para que se mejoren las condiciones de las prisiones. Por detrás, se esconde también la exigencia de la cúpula de la organización criminal para evitar que una detención rigurosa les impida gozar de privilegios como teléfonos celulares y drogas en el interior de los presidios.

Las cifras varían, pero los organismos de seguridad estimaban ayer que desde el inicio de la última ola de violencia lanzada por el PCC el miércoles ya fueron realizados 110 atentados, de los cuales 68 de ellos fueron contra ómnibus, atacados con bombas molotov o con disparos de armas de fuego.

Desde el inicio de los ataques, nueve personas murieron, principalmente funcionarios de cárceles ejecutados fuera del trabajo, así como vigilantes de edificios públicos ametrallados desde autos y motos.

Los atentados son cometidos por "soldados" del PCC, delincuentes "afiliados" a la organización, que funciona como una especie de "sindicato" de los presos. Los delincuentes en libertad reciben por celular el aviso de que deben ejecutar ataques. Son los llamados "benladens", en obvia referencia al terrorismo que deben practicar.

La nueva ola de ataques se inició cuando la cúpula del PCC, conducida por el asaltante de bancos Marcos Willians Herbas Camacho, alias "Marcola", supo que estaba siendo organizado el traslado de los líderes de la organización hacia la cárcel federal de Catanduvas, en el Estado de Paraná. Allí, las condiciones de detención serían estrictas, sin acceso a teléfonos celulares y con un control rígido de los abogados que, en la organización, hacen el papel de transmisores de órdenes desde adentro hacia afuera de los presidios.

"Marcola", junto con los principales dirigentes del PCC, organizó hace dos meses el mayor ataque ya visto de una organización criminal contra el Estado de Brasil. En una semana fueron 82 prisiones amotinadas, 299 atentados y 42 agentes de las fuerzas de seguridad asesinados.

Interpelado hace un mes por la Comisión Parlamentaria de Investigación del Tráfico de Armas, "Marcola" hizo ostentación de su poder ante los legisladores. Consultado sobre si era verdad que el PCC estaba pensando en financiar la campaña de algún candidato parlamentario, el líder paulista del crimen respondió: "No; es más fácil comprar a un diputado que financiarle la campaña".

Acusaciones cruzadas

En medio de la campaña electoral con miras a las elecciones nacionales de octubre, el oficialismo y la oposición se responsabilizan mutuamente por la ola de violencia.

El candidato de la oposición, Geraldo Alckmin, que hasta hace pocos meses era el gobernador de San Pablo, está siendo responsabilizado por el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva del descontrol de la seguridad en el bastión político que comandó durante casi 6 años.

En su defensa, José Jorge, candidato a la vicepresidente por la fórmula opositora, insinuó: "Siempre que aparece una encuesta a favor de Alckmin, el PCC hace un movimiento. Puede ser apenas una coincidencia, pero que existe una relación, existe".

Por Luis Esnal
Corresponsal en Brasil