La medida de fuerza -que amenaza tomarse por tiempo indeterminado si no hay solución- causó una gran controversia. Los sindicalistas reclaman subas salariales, el blanqueo de trabajadores y mejores condiciones laborales para quienes conducen los camiones que transportan el cemento y otros materiales para la construcción. En rigor, los trabajadores involucrados no tienen un vínculo laboral con Loma Negra, sino que se trata de empleados de las empresas a las que la cementera contrata para el transporte y la distribución de sus productos.

Voceros de Loma Negra destacaron que "no existe un conflicto gremial" entre el sindicato y la empresa, ya que no hay relación laboral entre las partes. Y agregaron que la compañía ofreció al sindicato aportarle información sobre las transportistas.

Los gremialistas recibirían el listado de compañías con las que se opera, junto con copias de los recibos de sueldo y de comprobantes de pagos de aportes correspondientes a esos trabajadores. Esa información es remitida a la firma principal por las contratistas, según las normas vigentes. Sin embargo, aclararon los voceros, la empresa cementera no tiene los medios para verificar, por ejemplo, si se cumple con los pagos fijados en el convenio colectivo de camioneros.

Una de las acusaciones del sindicato, de hecho, es que no se pagan los salarios pactados. Según Moyano, "miles de camiones entran y salen por día y un 80% de ellos tiene condiciones laborales en negro". Además, sostuvo que se pagan sueldos de 1000 pesos, "cuando tendrían que estar ganando entre 3000 y 3500 pesos, según los kilómetros trabajados al mes".

El vocero del sindicato, Héctor López, admitió que los empleados no son de Loma Negra, pero acusó a la compañía, propiedad del grupo brasileño Camargo Correa, de contratar empresas que no están en condiciones. "No se va a levantar el paro hasta que no esté regularizado el último camión", amenazó.