A la paralización en los servicios de transportes de caudales y el trabajo a reglamento en la recolección de residuos de toda la provincia de Buenos Aires, el sindicato de camioneros prevé sumar hoy el quite de colaboración a los choferes de la distribución de aguas y gaseosas, y de los trabajadores del Ceamse de La Plata, como continuación de la protesta iniciada el fin de semana para presionar a los empresarios del sector y obtener un aumento salarial del 28 por ciento.
El sector de reparto de productos lácteos podría sumarse pasado mañana al plan de lucha, según informó el vocero del sindicato, Héctor López. Y trascendió que ese mismo día también se sumarían al plan de lucha los repartidores de combustible.
Así, el gremio que lidera Hugo Moyano, amigo del presidente Néstor Kirchner y titular de la CGT, hace crecer la tensión antes de que pasado mañana, a las 17, se reanude oficialmente en el Ministerio de Trabajo la discusión por mejoras salariales.
De todas formas, trascendió que empresarios y sindicalistas del sector mantuvieron ayer un encuentro reservado, que duró más de dos horas, en la sede de la Federación de Camioneros, en esta capital, en la que procuraron llegar a un acuerdo.
No obstante, fuentes del Ministerio de Economía advirtieron anoche a LA NACION que el Gobierno no aceptará ningún aumento que supere el 16%.
Los camioneros exigen el 28% de aumento y que se incorporen al salario básico los 260 pesos que los empresarios pagaron como no remunerativos hasta el 28 de febrero último.
Las cámaras empresariales decidirán hoy, mediante una votación, qué postura tomarán frente al reclamo salarial del gremio de los camioneros (sobre lo que se informa por separado).
Según las empresas del sector, el aumento que exige Moyano supera el 50%: además del 28%, los sindicalistas piden incorporar al básico el último ajuste de 260 pesos no remunerativo.
"Escrache" a empresas
Además del quite de colaboración, los camioneros realizaron en la mañana de ayer un "escrache" a empresas transportistas ubicadas en los barrios porteños de Parque Patricios y de Pompeya, dos de las cuales rechazaron las demandas salariales.
Los trabajadores marcharon por la avenida Amancio Alcorta y pintaron los frentes de las compañías, sin que se produjeran incidentes.
Pablo Moyano, prosecretario del gremio e hijo de Hugo, explicó que la movilización se hizo para "denunciar a las empresas que no quieren dar el aumento", ya que "muchas de ellas están en condiciones de dar el 28 por ciento reclamado y mucho más".
Este mismo dirigente advirtió que "en los próximos días" podría decidirse un paro nacional en todas las ramas de la actividad y dijo que esa medida de fuerza podría ser decidida por el plenario nacional del gremio, que se reunirá en forma inminente.
Ayer, la protesta camionera comenzó a hacerse sentir. Por un lado, el paro en el transporte de caudales casi no impactó en la disponibilidad de dinero en los cajeros automáticos, pero fuentes del sector señalaron que la situación podría complicarse si la medida de fuerza se extiende varios días.
Por el otro, el quite de colaboración en los servicios de recolección de residuos (que demora significativamente el trabajo) se circunscribe por ahora a la provincia de Buenos Aires, pero no a la Capital y el Gran Buenos Aires.
Posible desabastecimiento
En tanto, la protesta de los choferes del sector de aguas y gaseosas implicará una reducción de las horas de trabajo y una alteración del ritmo, lo que podría traer desabastecimiento de bebidas en los próximos días.
Los otros sectores que podrían complicar el cuadro son los de distribución de combustibles y del correo.
La fuerte presión de Moyano fue respondida "con cautela" por parte del Gobierno, según admitió anoche una fuente oficial a LA NACION.
El mismo vocero dijo que se mantiene el diálogo entre la Casa Rosada y Moyano, y que en el Ministerio de Trabajo no descartan adelantar la reunión de pasado mañana o declarar la conciliación obligatoria si la protesta camionera se tornara inflexible.
Pero, al mismo tiempo, se quejó de "la actitud empresarial de no llevar ninguna propuesta salarial al último encuentro bipartito", lo que calificó de "provocación innecesaria".
Un elemento que hace que el Gobierno vea con optimismo una negociación con los camioneros es la posible convocatoria al Consejo del Salario, esperada por la CGT y, en especial, por Moyano, para elevar el sueldo mínimo.
El deseo sindical es que el llamado gubernamental se produzca antes de pasado mañana, cuando en la central obrera se reunirán los delegados del comité central confederal y el llamado al Consejo del Salario podría constituir un espaldarazo para Moyano.
Por Luis Laugé
De la Redacción de LA NACION
Otras protestas gremiales
Decenas de sindicatos amenazan con realizar protestas y medidas de fuerza sorpresivas durante los próximos días si no les otorgan un aumento salarial. Entre los gremios que discuten en estos momentos los convenios colectivos están -además de los camioneros- los gremios de transporte automotor, de la alimentación, de la sanidad y judiciales.
Algunas medidas de fuerza ya comenzaron. Ayer, trabajadores de seguridad de una empresa tercerizada por Metrovías, concesionaria del servicio de subtes, permitieron viajar gratis a los pasajeros en las estaciones Constitución (línea C) y Leandro N. Alem (línea B). Los manifestantes reclaman ser incorporados al régimen de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El gremio de la alimentación, liderado por Rodolfo Daer, hará hoy, a las 14, una manifestación ante el Obelisco en reclamo de un ajuste del 30 por ciento.
Además, otros gremios se preparan para discutir salarios en los próximos días. Entre ellos, empleados de comercio, gastronómicos, metalúrgicos, madereros y viajantes.
En tanto, hoy vence el plazo concedido a los empresarios financieros por la Asociación Bancaria para que firmen convenios con un aumento salarial del 35 por ciento.
Todavía mayor es el incremento que exige el gremio de los porteros, que lidera Víctor Santa María, que pretende una recomposición salarial del 40 por ciento.
Si el paro se extiende podría faltar dinero en los cajeros
Representantes de las redes de cajeros coincidieron ayer en destacar su inquietud porque el paro coincidió con el comienzo de mes, fecha en la que los retiros de fondos se intensifican (por los depósitos salariales) y las reposiciones deben ser más presurosas.
Sin embargo, tanto en Banelco como en Link señalaron que la mayoría de los cajeros automáticos funcionaron sin problemas por las previsiones que se habían adoptado en las últimas horas ante la posibilidad de la huelga.
La tranquilidad se torna en preocupación frente a la posibilidad de que la huelga se extienda, en cuyo caso el abastecimiento de fondos a aquellos cajeros que no se encuentren en una sucursal bancaria (es decir, aquellos en los que el dinero podría ser repuesto desde la propia sucursal), se podría resentir desde mañana mismo.
"Hasta ahora no hay problemas con los cajeros. La red funciona normalmente porque la enorme mayoría tiene dinero. Desde este punto de vista, el paro no está afectando el servicio; pero si sigue dos o tres días más la provisión se puede complicar", señalaron en la red Banelco.
En Link aclararon que el último fin de semana fue particular por la acreditación de haberes, de lo que derivaron algunos inconvenientes con la disponibilidad de dinero en algunas áreas, como el norte y el sur del conurbano.
En una recorrida por el microcentro porteño, LA NACION pudo comprobar en la tarde de ayer que la mayoría de los cajeros funcionaban normalmente. De 15 bancos visitados, en sólo uno (el Banco de La Pampa, en Reconquista al 300) faltaba plata.
Algunos usuarios contaron que habían tenido problemas en sucursales del Gran Buenos Aires. "Al mediodía no pude sacar plata de los bancos Francés y Provincia, de Lanús", dijo Mario Monje en el cajero del Banco Ciudad de la avenida Roque Sáenz Peña al 500.
Lo mismo sucedió en Martínez, en el partido de San Isidro: en el mediodía de ayer, la gente deambulaba infructuosamente por los cajeros de los bancos Francés, Citi y Boston, en la zona céntrica, que no tenían ni un peso.
El Gobierno no aceptará subas salariales superiores al 16%
En el arranque de las discusiones paritarias que comienzan este mes, una alta fuente oficial dijo ayer en esta ciudad que el 16% es el límite máximo compatible con la estrategia macroeconómica oficial.
"El Ministerio de Trabajo no va a ratificar paritarias que no tengan un resultado lógico. No hay ninguna justificación económica para pedir un 30 o un 40% de aumento, cuando la inflación esté en torno del 12%", sentenció la fuente, ante un grupo de periodistas argentinos que cubren la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se inauguró formalmente ayer.
En este sentido, la fuente indicó que, del mismo modo que se comenzó a controlar a las empresas que subieron los precios por encima de la inflación, el Gobierno actuará ante reclamos salariales excesivos. "La Argentina ha elegido el camino de crecer a tasas altas y con una inflación tolerable, que se mantendrá en los próximos dos o tres años en un nivel similar", expresó la calificada fuente.
Cuando se le preguntó si no es más conveniente moderar ligeramente la demanda para crecer a un ritmo sostenible y con menor inflación, la fuente sostuvo que ése fue "el camino que se eligió en los 90 y que terminó en una crisis; ahora hay que darle una oportunidad a este nuevo rumbo".
En este sentido, la ministra de Economía, Felisa Miceli, también pidió ayer moderar las demandas sindicales, al hablar ante más de 400 personas sobre la situación económica argentina. En el salón Esmeralda del centro de convenciones Expominas, Miceli realizó una ardua defensa de los acuerdos de precios como una de las herramientas, junto con el superávit fiscal y la promoción de las inversiones, para controlar la inflación, que en marzo se habría ubicado entre el 1 y el 1,1 por ciento.
"Las políticas de acuerdos de precios procuran al mismo tiempo asegurar que los trabajadores puedan llegar a las negociaciones de sus contratos laborales en 2006 con expectativas también moderadas sobre la futura trayectoria de precios, a efectos de plantearse objetivos salariales que sean compatibles tanto con una mejora de sus condiciones de vida como con la viabilidad productiva de las empresas y sectores que los emplean", expresó Miceli, acompañada por los secretarios de Finanzas y de Política Económica, Alfredo Mac Laughlin y Oscar Tangelson, respectivamente.
En las primeras filas, la escuchaban con atención los presidentes de los bancos Provincia, Martín Lousteau; Ciudad, Eduardo Hecker, y Credicoop, Carlos Heller, y el vicepresidente del BICE, Héctor Quaglio. Más atrás había analistas, funcionarios, consultores y periodistas extranjeros ansiosos por el debut internacional de la nueva ministra.
Miceli, que regresará este mediodía al país para anunciar mañana el índice de precios minoristas del mes pasado, utilizó una buena parte de su mensaje para justificar los acuerdos, que -admitió- han causado "la mayor atención de muchos comentaristas, sin necesariamente entender su lógica y su funcionamiento". Reconoció después en voz baja que su auditorio tal vez no quedó demasiado convencido con ese controvertido instrumento, aunque cree que esa polémica no frenará a los inversores que necesita el país para mantener un crecimiento alto y sano.
Miceli indicó que si bien "es importante que no haya un recalentamiento excesivo de la economía, a la vez es necesario reconocer que aún hay importantes niveles de desempleo y de necesidades sociales que solamente pueden ser atendidas con niveles sostenidos de crecimiento".
También se refirió a la suspensión de las exportaciones de carne dispuesta hace dos semanas y señaló que el Palacio de Hacienda no planea suavizar hasta que no se note la rebaja en los precios al consumidor en forma sostenida.
Después de detallar los avances económicos y sociales alcanzados a fines del año pasado y pronosticar que el crecimiento de este año rondará un 7%, Miceli utilizó el último tramo de su alocución para defender nuevamente el rumbo elegido.
"Muchas veces nos preguntamos qué hubiese sido del destino de nuestro país de haber vuelto a aplicar políticas de ajuste ortodoxo tradicional, como se pretendía. Quiero repetirlo una vez más: no somos el gobierno ni el equipo económico del ajuste", afirmó Miceli.
Por Martín Kanenguiser
Enviado especial
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