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POLÍTICA

Cromagnon: sobreseen a un ex funcionario

La Nación
 
La tragedia en la disco de Once: avances en la investigación judicial

 
Es Juan Carlos López; era secretario de Seguridad durante la gestión de Aníbal Ibarra; cuatro policías siguen procesados
 
 
 

El ex secretario porteño de Justicia y Seguridad Juan Carlos López, el ex funcionario de mayor jerarquía que estaba procesado por la tragedia de República Cromagnon, quedó desvinculado del caso, luego de que la Justicia lo sobreseyera al entender que no podía conocer todo lo que hacían sus subordinados, procesados en la causa por no controlar el local bailable donde murieron 193 personas en diciembre de 2004.

Tras esa decisión, aparece cada vez más lejana la posibilidad de que el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra sea indagado en la causa, tal como pidieron el fiscal Juan Manuel Sansone y los familiares de las víctimas.

Así lo estimó ayer el propio López en diálogo con LA NACION. "La resolución me tranquiliza, por mi familia y por mis hijos. Se ve que la causa recupera su cauce alejado de la política, aunque esos argumentos se hayan llevado puesto a un gobierno", expresó. "El máximo responsable político era yo, y la Justicia entendió que no cometí ningún delito", agregó.

Ante la consulta de LA NACION, allegados a Ibarra entendieron que, tras ese fallo, "hay un contrasentido fenomenal, porque la política fue por un lado y, la Justicia, por el otro. El secretario fue sobreseído y el jefe de gobierno está destituido", opinaron.

Los jueces Rodolfo Pociello Argerich, María Laura Garrigós de Rebori y Gustavo Bruzzone, de la Sala V de la Cámara del Crimen, también revocaron el procesamiento del ex subsecretario de Seguridad Enrique Carelli y del ex director general de los Servicios de Seguridad Privada Vicente Rizzo. Además, dejaron libre el camino para que los integrantes del grupo Callejeros fueran juzgados por estrago doloso seguido de muerte, al dar por desistido el recurso de apelación que había presentado la banda, y luego retirado, contra el procesamiento que le había dictado el juez Julio Lucini. El abogado del grupo, Eduardo Guarna, intentó que esa medida fuese declarada nula en el juzgado de primera instancia, ahora a cargo de María Angélica Crotto.

Además, los camaristas dejaron firme el procesamiento de cuatro policías de la comisaría 7a., acusados de recibir dinero para permitir que el local funcionara con más público del que se había autorizado para ser habilitado.

Juan Carlos López había sido procesado por homicidio culposo por el juez Lucini. La Cámara ya había confirmado el procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público de los subordinados de López, encargados del área de control comunal Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres.

Los camaristas dijeron ahora que López no podía conocer como sus subordinados la situación de seguridad de los locales bailables. Además, entendieron que eran tan amplias las obligaciones del área a cargo de López, que la obligación sobre el poder de policía era extremadamente vaga.

"Si bien es cierto que una relación jerárquica puede justificar la imputación al superior por no haber corregido la conducta ineficiente de su subordinado, también lo es que en organigramas donde la máxima autoridad se presenta con una competencia tan amplia, debe ser proporcional a esa amplitud la posibilidad de descargar de manera razonable responsabilidades en los funcionarios con mayor especialización en áreas determinadas", dijeron los jueces.

Entendieron que, desde el lugar que ocupaba López, "en lo más alto de la escala jerárquica [no podía tener] un conocimiento absoluto de todas y cada una de las cosas" que hacían sus subordinados. Por otra parte, establecieron que las omisiones en el control no derivaron en las muertes.

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION

Sin evidencias

  • Los camaristas dijeron que la falta de inspección de todos los locales bailables y la omisión de clausurar República Cromagnon no fue la causa de que se desatara la tragedia. Entendieron que en el sumario no hay evidencias de que si el local hubiera sido inspeccionado se habría clausurado. También destacaron que, tras recibir un informe sobre las irregularidades en los locales bailables, López pidió los certificados de habilitación de todos ellos y gestionó un crédito para centralizar la información, mediante computadoras, de todas las inspecciones.

Por David Encina

Periodista

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