Cédulas -de las viejas plastificadas y de las del Mercosur-, pasaportes, DNI, libretas de enrolamiento y cívica; libreta matrimonial; de la obra social y de la medicina prepaga; la partida de nacimiento y el certificado de buena conducta; la licencia de conductor, la tarjeta "verde" del vehículo y la reciente "azul" (aquella que el dueño de un automóvil le da a otra persona para que pueda manejarlo) son algunos de los "plásticos" que forman parte del kit de identidad básico.

¿Para qué sirve cada documento? ¿Cuáles son obligatorios? ¿Sobre la base de qué criterio un comercio exige la presentación de una determinada documentación? A veces, esto responde a razones meramente subjetivas.

La ley 17.671, de "identificación, registro y calificación del potencial humano nacional", sancionada en 1968, estableció el DNI como el único documento capaz de acreditar fehacientemente la identidad de un argentino. Es, de hecho, el único que tiene carácter de obligatorio, tanto para los nativos como para los extranjeros.

Pero, aunque aquella ley estableció la caducidad de los otros documentos entonces vigentes, posteriores decretos y disposiciones abrieron resquicios legales que, por ejemplo, otorgan validez actualmente a las cédulas, a efectos de la identificación.

En consecuencia, el DNI y la cédula que emite la Policía Federal son aceptados por igual para realizar el trámite migratorio a países limítrofes. El pasaporte, que tiene un costo de 130 pesos, habilita para salir al resto del mundo. Es sabido que la cédula no sirve a la hora de emitir el voto en una elección, ingresar en un trabajo, en una colegio o en la facultad, o de abrir una cuenta bancaria, casos en los que suele pedirse el DNI. Lo mismo sucede al tramitar un crédito u obtener una licencia de conductor.

Antes era posible, con la cédula, identificarse para cobrar un cheque por ventanilla o acceder a una caja de seguridad bancaria pero, en la actualidad, la mayoría de los bancos piden el DNI para este tipo de trámite o, por ejemplo, la libreta de enrolamiento.

La cédula, que es de más fácil manejo para cargarla "en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero", sirve para acreditar la identidad cuando se utilizan las tarjetas de crédito o débito, o bien al abonar en los supermercados con los ticket canasta.

¿Y la vieja cédula provincial? Esta, que consta de un cartón rosado que se emitió entre los años 1945 y 1968, hasta que se sancionó la ley de DNI, llegó a superar las 3.800.000 emisiones en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, sólo la poseen los extranjeros, ya que los argentinos están obligados a tramitar el DNI. Su utilidad es la misma que la de cualquier otro documento de identidad, pero sólo es válida dentro de cada provincia.

En la vía pública, por ejemplo, una persona puede comprobar su identidad ante la autoridad con la sola presentación de su cédula. En este caso se da una suerte de paradoja: aunque la portación del DNI o de la cédula no es obligatoria, nada impide a la policía demorar a una persona y mantenerla en una comisaría por un plazo de hasta diez horas, si ésta no exhibe un documento que acredite su nombre.

A veces, un suplicio

Renovar el DNI es un suplicio para la mayoría de los argentinos. En 2005, se emitieron 2.480.000 DNI, 454.765 pasaportes y 509.029 cédulas. LA NACION realizó un recorrido por distintos organismos oficiales de la ciudad. Demoras interminables, largas filas -con lluvia o con sol, da igual- excusas irrisorias y fastidio recurrente, reúnen una pintura de lo que cuesta hoy dejar de ser un indocumentado en la Argentina.

Según el Ministerio del Interior, hay una explicación a tanta demora. "El tiempo que se tarda entre que una persona hace el trámite hasta que recibe su DNI depende de cada jurisdicción; y el tiempo que ésta demore en enviar dichos trámites al Registro Nacional de las Personas (Renaper), que luego los distribuirá. Pero para las urgencias hay una oficina de trámites especiales -en Diagonal Norte 680, en esta ciudad-, que demora de 2 a 7 horas para expedir un DNI", indicó a LA NACION Eduardo Efraín Descalzo, director del Renaper.

No sólo para obtener el DNI existen complicaciones y hasta situaciones insólitas. Para renovar la licencia de conducir, el interesado debe presentarse sólo cuando caduque su documento. Si lo hace antes ¡puede ser penalizado!

"Concurrí a renovar mi registro en la Capital [dura cinco años] con un poco más de un mes de antelación al vencimiento. Cuando recibí mi nuevo documento vi con asombro que me lo habían otorgado por tres años y unos días. Al consultar me comentaron que, como lo había renovado antes de la fecha de vencimiento, el sistema automáticamente da ese plazo, es decir que me quitaron un año y un mes", contó asombrada Silvia Monzón.

Por Pablo Tomino
De la Redacción de LA NACION

Base de identificación única

Desde sus orígenes, en 1996, el proceso de adjudicación y varias de las empresas oferentes acumularon denuncias de todo tipo. En febrero de 1998 Siemens ganó la licitación. El negocio superaba los mil millones de pesos (en tiempos de la convertibilidad) y un decreto del presidente Carlos Menem fijó en 30 pesos el valor de cada DNI.

Ante los fuertes cuestionamientos públicos, el gobierno envió el expediente de la licitación a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Aunque el Estado firmó el contrato con la empresa en octubre de 1998, Siemens no empezó su tarea porque Menem no firmó el decreto que la habilitaba para hacerlo. En 1999, con elecciones presidenciales de por medio, el cambio de los DNI volvió a postergarse.

La llegada de la Alianza al poder, en diciembre de 1999, presagió el final de la historia. Más allá de los reparos de la Sigen, el proceso había tenido dos fuertes opositores: los diputados frepasistas Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero, ahora oficialistas.

Federico Storani, el primer ministro del Interior que tuvo la gestión De la Rúa, intentó una renegociación. Lo máximo que logró fue reducir el precio de los DNI a 27 pesos. La Sigen -entonces dirigida por Rafael Bielsa- no cesó en sus cuestionamientos y Storani dilató una decisión.

Las negociaciones se dieron tras un año de continuos tironeos que empezaron no bien asumió la Alianza. Las partes habían llegado a un principio de acuerdo por el que, según el interventor del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Gastón Ortiz Maldonado, implicaba un ahorro para el Estado del 50% respecto del contrato original, estipulado en unos $ 1200 millones. Como contrapartida, se ampliaba el plazo de concesión a Siemens a doce años (originalmente era seis, más tres de eventual prórroga). Además, el Estado debería destinar unos $ 30 millones al año. Finalmente, la noche del 18 de mayo de 2001, el gobierno decidió rescindir el contrato con Siemens.

De la Rúa y su gabinete encontraron la solución al conflicto durante una larga reunión en la residencia de Olivos. Fue al límite del plazo que fijó la ley de emergencia económica para renegociar el polémico contrato.

La historia que habían protagonizado tres grupos empresariales había estado llena de reiteradas postergaciones, denuncias judiciales para frenar el proceso, la sombra del fallecido empresario postal Alfredo Yabrán y las supuestas presiones de Estados Unidos para concretar el proyecto. Los grupos empresariales participantes fueron: Ivisa-TTI, del grupo Bulgheroni; Itrón, del grupo Macri; Malam, de Israel; SHL, de Canadá; y TRW, de los Estados Unidos; y Siemens de Alemania, asociada con la filial argentina.

Tras la anulación del contrato, Siemens demandó a la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) por 418 millones de dólares, en concepto de lucro cesante. El juicio está en su fase final.

Por Florencia Carbone
De la Redacción de LA NACION