Curuguaty, una herida que sigue abierta en Paraguay.

Por Rufino Diana Barrios para Alternativa Socialista, publicación del MST – Nueva Izquierda.

En la mañana del 15 de junio de 2012, unos 326 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo los miembros del Grupo Especial Operativo (GEO), de la fuerza de élite de la Policía (FOPE), la policía montada y antimotines ingresaron a Marina Kué (ex Marina), distrito de Curuguaty, distante a unos 300 km de la capital para desalojar a un grupo de alrededor de 60 campesinos, incluyendo mujeres y niños que se encontraban ocupando el lugar hacía poco más de dos mes.

Los labriegos aseguraban que las dos mil hectáreas aproximadamente de Marina kué eran del Estado, pues en 1967 la empresa “La Industrial Paraguaya S. A.” donó las tierras a la Marina paraguaya –de allí el nombre Marina Kué–, y posteriormente en el 2004, fueron declaradas de interés social para la reforma agraria, durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos.

La empresa Campos Morombí, de la familia del fallecido político colorado (ex senador y presidente de la ANR), Blas N. Riquelme, se había apropiado en forma fraudulenta de las tierras y las reclamaba bajo la figura de la usucapión, buscando que los campesinos sean desalojados mediante una orden otorgada por el juez de Curuguaty José Benítez.
Se dio un abuso policial de una envergadura tal que no se veía desde la dictadura. Torturas, ejecuciones arbitrarias, abusos policiales, venganzas locales, abusos con los cuerpos de los vivos y de los muertos, que se recogieron en bolsas de plástico para enviarlos a la morgue en Asunción y luego fueron devueltos a las familias en estado de putrefacción. Esos abusos continuaron en la investigación fiscal, con amenazas a los presos e imputaciones de todos los civiles presentes. De esta manera se aterrorizó a todos y se anuló la presencia de testigos civiles en el proceso, porque quien es imputado no puede ser testigo.
A eso sigue un oportunismo político de sectores políticos conservadores y económicos poderosos, que  veían en Lugo no la radicalidad de un proceso progresista, sino la posibilidad de que se comiencen a discutir ciertas situaciones como la desigualdad en el acceso a la tierra. Y lo peor, el origen de ella. Entonces, lo que primero se dio con las víctimas de Curuguaty, se repitió con la propia figura del presidente Lugo. Llevaron la discrecionalidad política e institucional a tal extremo que en el libelo acusatorio expresaron que “estos hechos públicos no necesitan ser probados”, por tratarse de público conocimiento, gracias a los medios comerciales.

El juicio político se inició el 21 de junio en la Cámara de Diputados, que hizo la acusación, y el 22 de junio, luego de 2 hs de derecho a la defensa, la Cámara de Senadores lo destituyó por mal desempeño de sus funciones.

Huelgas de hambre 

De octubre a diciembre del 2012 Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Luis Olmedo y Alcides Ramírez llevaron a cabo una huelga de hambre con el fin de obtener arresto domiciliario, en diciembre de 2012 se les concede. También luego de una huelga de hambre llevada a cabo de enero a marzo del 2013 por Néstor Castro y Rubén Villalba, y tras presiones de organismos nacionales e internacionales de DD.HH., son puestas en arresto domiciliario las embarazadas Fani Olmedo y Dólores López.

A la audiencia preliminar llegan 54 imputados, 12 acusados, de los cuales 7 están con arresto domiciliario y 5 en prisión en el Penal de Tacumbú, periferia de la ciudad capital. Los acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo Paredes  y Dolores López Peralta. Por frustración de la persecución y ejecución penal: Felipe Nery Urbina y por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal: Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.
En diciembre del 2012 la investigación fiscal se convierte en acusación. En una audiencia plagada de irregularidades, la nueva magistrada Janine Ríos decide elevar a juicio oral y publico el caso, lo que generó la indignación de todo el pueblo campesino y de los organismos de derechos humanos en Paraguay y el mundo.

 

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