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El fiscal nacional de investigación administrativas, Manuel Garrido, denunció esta semana ante la Justicia a diez funcionarios nacionales por no haber puesto en sus declaraciones juradas de bienes que tenían tarjetas de crédito emitidas por bancos del exterior.
La denuncia es el primer resultado del cruzamiento de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios nacionales con una base de datos armada por el subsecretario de Ingresos Públicos Bonaerenses, Santiago Montoya, que contiene el nombre y apellido de 250 mil argentinos (ver "Un recurso…") que poseen ese tipo de tarjetas. Estas se usan generalmente para ocultar gastos al fisco y así evadir el pago de impuestos, entre otras maniobras.
En una primera muestra, el fiscal encontró 83 casos sospechosos y pidió al Gobierno nacional las declaraciones juradas de bienes con sus anexos reservados. Pero hasta ahora sólo le entregaron los anexos reservados de 21. Las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios nacionales son de acceso público. Pero los anexos con los números de cuentas bancarias y otros datos personales son reservados.
De esos 21 casos, Garrido descubrió que 10 tienen ese tipo de tarjetas y no las declararon tal como obliga la ley de Etica Pública 25.188. Es decir, el 50 por ciento presenta irregularidades. Este tipo de maniobras tiene precedentes. El ex presidente Carlos Menem, por ejemplo, está procesado por haber ocultado una cuenta en Suiza con 600 mil dólares.
La investigación de Garrido se abrió en base a un informe del Equipo de Investigación de Clarín del 12 de mayo del año pasado que reveló que Montoya había desarrollado un sistema informático para detectar esta clase de tarjetas (ver "Cómo….").
La posesión de este tipo de tarjetas supone tener fondos en una cuenta en el exterior para pagar los gastos sin dejar huellas en el sistema bancario argentino. Si los fondos fueron declarados a la DGI es legal tenerlos, pero sino se trata de capitales fugados.
Hace seis meses, Garrido solicitó a la Oficina Anticorrupción que le entregara los anexos reservados de las declaraciones juradas de bienes de los sospechosos. Pero la OA que dirige Abel Fleitas Ortiz de Rosas derivó la decisión al ministerio de Justicia, que opinó que Garrido "no es un autoridad judicial" como para recibir los anexos reservados.
Garrido contestó que se trata de una decisión "arbitraria y caprichosa" ya que su rol está avalado por la Constitución. Finalmente, la OA abrió una investigación propia y dejó abierto un debate que retrasa la posibilidad de que la investigación avance hacia otros funcionarios.
De todos modos, a Garrido le enviaron por su cuenta los anexos reservados pedidos los ministerios de Trabajo y de Educación, la Lotería Nacional, el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, el Banco Central, el CONICET, la Comisión Nacional de Comunicaciones, el Servicio Penitenciario Federal, la Armada, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Fuerza Aérea y la Gendarmería. El resto de los organismos del Estado no contestó aún.
En base a estos anexos, Garrido denunció ante jueces federales por ocultar este tipo de tarjetas a los siguientes funcionarios:
-El comodoro Horacio Bosich, que trabaja en la secretaria General de la Fuerza Aérea. Por poseer "una tarjeta VISA del Royal Bank of Canadá" con la en el 2004 hizo gastos en la Argentina por más de 5 mil pesos.
-El director de Máquinas Navales de la Armada, Eduardo Harris. Por tener "una tarjeta VISA del banco Cartasi SPA de Italia" con la que ese año hizo gastos por casi 7 mil pesos.
-El jefe de la Unidad Especial de Inteligencia Antiterrorista de la Gendarmería, Mateo Méndez. Tiene una "VISA emitida por el MBNA America Bank" e hizo gastos por 7 mil pesos.
-La jefa del departamento de Abastecimiento del Hospital Aeronáutico Central, Alicia Martel. Por no declarar que posee una VISA emitida por el HSBC.
-El Jefe de departamento de las Fuerzas Armadas, Roberto Cimbaro. Por una Mastercard emitida por un banco de Canadá.
-El subdirector de la Unidad 12 del Servicio Penitenciario Federal, subprefecto Julio Gallinal. Por una VISA emitida por el banco Bilbao Vizcaya de España.
-El controlador general de la Armada, contraalmirante Angel Paradiso. Por una VISA del Merrill Lynch Bank de EE.UU. con gastos por más de 15 mil pesos.
-El jefe de Presupuesto del INTI, Oscar Sicardi. Por una VISA del Citibank de Puerto Rico.
-La directora del Colegio Argentino en Madrid, Eleonora Fernández. Por una VISA del Central Hispanoamericano.
-El director del CONICET, Luis Saravia. Por una VISA del Banco Santander con gastos por unos 47 mil pesos.
