Comunicado. Ante la ausencia de políticas habitacionales, el gobierno porteño apuesta a la especulación entregando títulos de propiedad en las villas. Mediante esta iniciativa, evade su obligación de urbanizarlas. La entrega de tierras públicas carentes de infraestructura no soluciona los problemas de indigencia y hacinamiento, al mismo tiempo que agrava sensiblemente la situación de los miles de inquilinos en las villas.
Apoyándonos en nuestro documento “Vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la ciudad de Buenos Aires” de agosto de 2012, Plataforma considera imprescindible alertar al Ejecutivo y a la Legislatura porteñas sobre la necesidad de cumplir de una vez por todas con el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna, implementando políticas activas y participativas en las villas.
En materia de vivienda, la ciudad de Buenos Aires presenta un cuadro paradójico: por un lado, la progresiva especulación inmobiliaria que arroja una cifra alarmante de departamentos nuevos vacíos (26,7% según el censo 2010); por el otro, un estado de gravísima emergencia habitacional que incrementa visiblemente la fractura social y contribuye a formar una ciudad de enclaves contraria a la tradición histórica de integración que durante mucho tiempo caracterizó a Buenos Aires. Frente a esta situación, que viene de arrastre, el gobierno del Pro ha tomado medidas espasmódicas que no han hecho más que contribuir a agravar un cuadro que, visto en perspectiva, es una bomba de tiempo: su primer estampido de notoriedad fueron los sucesos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 con un saldo de tres muertes y la criminalización de quienes, compelidos a tener un techo, ocuparon el Parque como medida de último recurso. Aun así el gobierno de la Ciudad no tomó ninguna medida estructural para paliar la situación. Por el contrario, las promesas de entonces, como el Plan Primera Casa, quedaron en aguas de borrajas.
En la actualidad, cerca del 10 por ciento de la población de la Ciudad vive en estado de hacinamiento y precariedad. Entre los años 2001 y 2010, la población de las villas creció un 52,3 por ciento y sigue aumentando en densidad. En varias villas porteñas la construcción en altura constituye un riesgo para la vida y la salud de sus pobladores; al mismo tiempo, el conflicto entre “propietarios” e “inquilinos” revela la misma especulación con la falta de vivienda que se observa en el mercado formal de alquileres. Si bien esta situación también es de larga data, las políticas nacionales de la última década relacionadas con el extractivismo (entre otras, la ampliación de la frontera agrícola, los desmontes, la contaminación de los ríos, la escasez de agua en función de las necesidades de la minería y la destrucción de las economías regionales con la consecuente merma de trabajo) terminaron por expulsar a una gran cantidad de ciudadanos en busca de trabajo en la Capital.
Ante reiterados conflictos sociales y reclamos judiciales, la reacción visible del ejecutivo porteño se redujo a estigmatizar la protesta y tomar medidas cosméticas. Durante toda la gestión del intendente Macri se otorgaron créditos equivalentes a seiscientas viviendas. En materia de vivienda, el Estado porteño es un Estado ausente. Ha desatendido todos los fallos que ordenaban urbanizar las villas al tiempo que oculta su inacción a través de una publicidad engañosa e intensas campañas de marketing político que proclaman las bondades de la construcción indiscriminada como fuente de trabajo y crecimiento. Emblema de la retracción del Estado es la intención de otorgar escrituras de posesión en las villas, hecho que implica desentenderse de sanear la infraestructura de servicios y oculta un ambicioso proyecto de especulación con tierras públicas a favor del negocio privado. Esta mercantilización de los problemas habitacionales del sector más neurálgico de la ciudadanía se da el lujo de ignorar el impacto que tendrá sobre los miles de inquilinos y el potencial consecuente de conflicto que la medida puede generar.
Ante un contexto de tensión creciente que, por su complejidad, no suele encontrar demasiado eco en la opinión pública; ante la próxima sanción de una ley cuyas consecuencias son imprevisibles, Plataforma 2012 reitera su preocupación ante el modelo privatizador del PRO que se refleja en un crecimiento exponencial de habitantes en las villas y asentamientos como contraparte crecimiento avasallador de metros cuadrados construidos durante los últimos años y liberados a la especulación inmobiliaria.
El 5 de diciembre de 2013 la Legislatura porteña aprobó en primera lectura lo que antes se llamaba el “Plan Maestro para la Comuna 8” y ahora lleva el título de “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por la complejidad del problema de vivienda en general y de las villas en particular, desde Plataforma 2012 pretendemos echar luz sobre el entramado de políticas que dan origen a esta ley y cuáles son sus verdaderas intenciones.
I. El presupuesto destinado a vivienda y la superposición de organismos que lo manejan
Cerca de medio millón de personas viviendo en la precariedad dentro la ciudad de Buenos Aires conforma un caso testigo de la crisis habitacional. Según el censo nacional del año 2010, las villas porteñas pasaron de tener una población de 107.422 habitantes en 2001, a 163.587 en 2010. La Ciudad Autónoma, de 2.776.138 habitantes a 2.891.082 por el mismo período. El crecimiento poblacional de las villas creció 53% mientras la ciudad creció 12 veces menos, solo el 4,5%. Este año, el gobierno porteño informó que 275 mil personas viven en villas miseria, es decir, un 10 por ciento de la población total, que seguiría creciendo día a día.
En relación con el presupuesto general de la ciudad, las partidas destinadas a vivienda son las que más se redujeron en los últimos años. Mientras que en 2006 la inversión en el área representaba un 5,3% del presupuesto total, en el que fue aprobado para el año 2014 descendió al 2,5%. Respecto a las villas en el año 2006 la asignación presupuestaria para la cuestión villera era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %, arrojando el siguiente cuadro:
| del presupuesto total | ||
| asignado a vivienda | asignado a villas | |
| 2006 | 5,3% | 2,5% |
| 2013 | 2,5% | 0,8% |
Además de eso, la sub-ejecución presupuestaria ha sido una constante en el área vivienda. En el año 2010 fue alrededor del 50%, en el año 2011 del 60% y del 2012 del 80%. La prioridad presupuestaria que por la Constitución de la Ciudad debe tener la protección del derecho a la vivienda y que por la ley N° 148 tienen las villas claramente no se cumple a la luz de los ejercicios presupuestarios de los últimos años.
En materia de gestión específica, la ciudad fue creando, desarticulando e inventando una serie de organismos cuyas funciones se superponen y a veces se anulan unas a otras. Hoy por hoy, las competencias de las entidades que deberían ocuparse de la emergencia habitacional son confusas y discrecionales. Las competencias del Instituto de la Vivienda, antes a cargo de la política habitacional en la ciudad, fueron fragmentadas en varios organismos. Por ejemplo, el caso de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), y la Corporación Buenos Aires SUR (CBAS). Como si esto fuera poco, en diciembre de 2011 el Ejecutivo creó un tercer organismo, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) a quién se le encargó la función de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios vulnerables. Con un presupuesto irrisorio de 7 millones de pesos el flamante organismo solo pudo dedicarse a desarrollar programas culturales, deportivos y talleres de concientización.
El hecho de que no exista un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad es la prueba del lugar que el tema ocupa en la preocupación del partido gobernante. La ausencia de políticas estructurales en materia de vivienda, la disminución y sub-ejecución del presupuesto, y la parálisis de los diversos programas se combina con la proliferación de desalojos en espacios privados y públicos. La situación constituye un polvorín cuyo estallido podría ser inminente. La inercia municipal llegó a tal extremo que, para un caso puntual, la Corte Suprema de la Nación tuvo que “ordenarle” al Ejecutivo porteño que garantizara “el acceso a una vivienda digna y a asistencia social y sanitaria para una madre y su hijo menor, aquejado por una grave discapacidad” en un memorable fallo del 24 de abril de 2012. Durante aquella audiencia el mismo GCBA tuvo que admitir que existen más de dos mil casos de personas en situación de calle judicializados por falta de respuesta estatal.
II. Las políticas del Pro respecto de las villas
La urbanización de villas o asentamientos, tal como se establece en la Constitución de la ciudad autónoma, nunca fue un objetivo prioritario para el gobierno de Mauricio Macri. El Pro asumió el gobierno considerando que a las villas había que “erradicarlas”; su objetivo principal era liberar las valiosas tierras de la Villa 31-31bis a la especulación inmobiliaria. Luego de seis meses de gestión entendió que la erradicación era prácticamente imposible en función de derechos conquistados y reconocidos en numerosas leyes. Entonces evaluó convocar a un plebiscito para que los habitantes de la Ciudad decidieran el destino de las villas (1). El plebiscito nunca se realizó.
Una vez que desmanteló el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Mauricio Macri delegó la urbanización de las villas a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y a la Corporación Buenos Aires Sur. En vez de tomar medidas estructurales, ambos organismos se dedicaron a mantener una exigua infraestructura de servicios que se reducía a atender emergencias y, de tanto en tanto, a realizar alguna obra nueva a través de cooperativas, empresas de punteros y empresarios amigos. Nunca se respetó la participación de los habitantes de las villas ni de sus órganos de representación. Tampoco se elaboraron los planes de urbanización previstos por numerosas leyes (ley Nº 148, ley Nº 403 Villa 1-11-14-, ley Nº 1333 Barrio Ramón Carrillo, ley Nº 1770 Villa 20, ley Nº 1868 Villa 21-24). Sin tener planes concretos e integrales de urbanización, el Pro no dejó de manifestar que avanzaba en la urbanización cuando en realidad solo hacía obras de emergencia en pequeños pasos. Las obras realizadas, siempre insuficientes y deficitarias, fueron cuestionadas por hechos de corrupción y ausencia de control que hacían que el GCBA pagara por obras que no se realizaban. Uno de los primeros casos fue el descubierto por asesores del ex Presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo (legislador de la Ciudad con mandato cumplido) cuando en las oficinas de la UGIS detectaron que las cooperativas no habían finalizado la instalación de luz eléctrica en la villa 1-11-14 habiendo ya informado la finalización de las obras. Cuando desde las villas fue creciendo el reclamo de mayor transparencia en las contrataciones, el gobierno volvió a cambiar de rumbo.
El 3 de diciembre de 2010, Enzo Pagani y Cristian Ritondo presentaron en la Comisión de Diputados de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad un proyecto que tenía por objeto modificar el Código de Planeamiento Urbano y la Ordenanza No 44.873. Esta Ordenanza del año 1991 crea los distritos U31 (los distritos villeros) y dispone una zonificación y trazado urbano específico para las villas de la Ciudad que existían en dicha época. Entre sus modificaciones, el proyecto de Ritondo y Pagani proponía la derogación de la obligación del Poder Ejecutivo de presentar los planes de urbanización para su aprobación en la Legislatura de la Ciudad para cada una de las villas de la Ciudad como condición previa para avanzar con la escrituración de las tierras.
Varios bloques de la oposición y habitantes de villas y asentamientos se opusieron al proyecto, principalmente porque no acordaban con la intención de otorgar escrituras sin la provisión de servicios y liberar a a las villas a la especulación del mercado inmobiliario. Otro gran factor de preocupación de quienes se oponían a la reforma era la situación de los inquilinos. Téngase en cuenta de que en las villas, cada “propietario” subalquila cuartos a varias familias de inquilinos, a quienes la reforma dejaba prácticamente en situación de desamparo. Durante los días previos a la presentación de este proyecto en la Legislatura de la Ciudad y de su tratamiento en las Comisiones, el GCBA había anunciado en medios periodísticos su propósito de otorgar escrituras en las villas de la Ciudad, dando por sentado que sería aprobado. En el interior de las villas los anuncios provocaron mucho malestar e incertidumbre. Hasta ese momento la solución pensada para las villas era, primero, la integración urbana del barrio y, luego, escriturar individualmente garantizando el derecho a una vivienda tanto a los “propietarios” como a los “inquilinos”. Con el proyecto en cuestión, los inquilinos quedaban absolutamente desprotegidos, ya que únicamente iban a escriturar a los “propietarios” (2). Estos anuncios destruyeron las aspiraciones de los inquilinos quienes advirtieron que de acuerdo a esta nueva política sólo tendrían una solución habitacional definitiva aquellos que fueran propietarios, lo cual implicaba en aquellas circunstancias la toma de nuevas tierras o la protesta intensa para ser escuchados. Esta fue una de las causas por la cual la gran mayoría de las miles de personas que ocuparon el Parque Indoamericano fueran inquilinos de las villas cercanas al predio que por protesta y oportunidad se sumaron a la ocupación.
El proyecto fue finalmente retirado del temario por la Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.
Ante ese fracaso, el Pro decidió iniciar una campaña de concientización y le encomendó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que se encargara de organizar reuniones en las villas para informar de las bondades de la entrega de títulos de propiedad y las posibilidades de avanzar con el parcelamiento de los predios donde se encuentran asentadas las villas. Con la creación de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) se adoptó un nuevo discurso (el de la “integración urbana e inclusión para las villas”) y se hicieron obras cosméticas adecuadas al discurso como ser plazas, instalación de portales, eventos deportivos, culturales, elección de los nombres de las calles, etc.
Otro obstáculo con el que se encontró el Gobierno de la Ciudad a la hora de entregar títulos de propiedad fue la necesidad previa de parcelar los inmuebles y adecuar la infraestructura de las casas para que se pueda escriturar. Debido a la forma en que se construyeron las villas esto no resulta posible, salvo que se modifiquen las actuales leyes de zonificación y la legislatura autorice excepciones al código de edificación. Como no logró aprobar una ley aplicable a todas las villas, optó por la estrategia de aprobar leyes parciales de cambio de zonificación que permitieran avanzar con la entrega de títulos en algunas villas, sobre todo en las que el Pro tiene más inserción o cuya parcelación resulta más sencilla.
Entre 2011 y 2013 se autorizaron varias normas excepcionales de parcelamiento sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción ni el plano de obra registrado. Así se realizaron cien escrituras precarias en el Barrio Inta, que es esgrimida por el Pro como estandarte de villa urbanizada, sin haberse responsabilizado de la infraestructura del barrio en materia de hacinamiento y prestación de servicios públicos en la totalidad del barrio.
III. En qué devino el “Plan Maestro para la Comuna 8”
En su versión original este proyecto se proponía elaborar un plan general para el desarrollo de la Comuna 8, enmarcado dentro de los criterios y lineamientos del Plan Urbano Ambiental y del Modelo Territorial, cuya finalidad es el desarrollo social, económico y urbanístico de la Comuna, a efectos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Disponía lineamientos aplicables a seis áreas predefinidas: estructura y centralidades; transporte y movilidad; hábitat y vivienda; espacio público; producción y empleo; y patrimonio urbano.
Con el fin de conseguir fondos para la urbanización de las villas se desafectaban del dominio público 70 hectáreas de inmuebles que se transferían en fideicomiso a Corporación Buenos Aires Sur para su posterior venta, cuyos fondos se destinarían a la urbanización de las villas. Espacios verdes pertenecientes al Parque de las Victorias, al Parque de la Ciudad, al Parque Roca y al Autódromo destinados a emprendimientos comerciales y actividades denominadas genéricamente de espectáculos, turismo, recreación, paseos y deportes. Esta decisión ignora que la tierra urbana es un bien finito, que aumenta el precio de su valor por tal condición. Más que ningún otro en la historia de la ciudad, el gobierno del Pro se ha desprendido de bienes públicos para financiar proyectos cuasi privados, descapitalizando a la ciudad de Buenos Aires de su patrimonio.
En el proyecto original se supeditaba la urbanización de las villas a la venta de tierras por parte del fideicomiso desatendiendo leyes ya existentes de urbanización de villas, como la ley 148 (de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios); la 1770, de urbanización de villa 20, la ley 1333 que declara la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo o la ley 177, de complejos habitacionales.
Hay que tener en cuenta que la Comuna 8, integrada por Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, es una de las zonas más conflictivas de la ciudad por la cantidad de asentamientos que conforman una verdadera topografía de la precariedad. Abarca un enorme predio de 2.200 hectáreas al sudoeste de la ciudad, habitado por 190.000 personas. Allí están radicados los complejos habitacionales de Lugano I y II, el Barrio Piedrabuena y la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de toda la Capital: Villa 20, Villa 3, Villa 15, Villa 16, Villa 17, Villa Francisco, Ciudad Oculta, Barrio Fátima, Villa Los Piletones, Villa Calacita, Asentamiento Los Pinos, Barrio la Esperanza y Barrio Scapino.
El área tiene, paradójicamente, la mayor concentración de tierra deshabitada: el Velódromo, el Autódromo, el Parque Indoamericano y el Parque Roca.
Allí mismo, en lugar de aprovechar las zonas deshabitadas como pulmón de la ciudad (que ha visto reducido sus espacios verdes a 1,9m2 por habitante, cuando la OMS recomienda no menos de 12m2), el ejecutivo porteño ha planificado una serie de emprendimientos que conllevan la gentrificación (3) de un área que se ha constituido en un verdadero polvorín en materia social. El primer estallido fue la ocupación del Parque Indoamericano. Precisamente en esa zona, tal como ya se hizo con gran parte de los barrios porteños dividiéndolos arbitrariamente en polos de aglomeración empresaria, se planificaron perímetros de concentración productiva mediante exenciones impositivas y la captura de la plusvalía por parte de las corporaciones. Por diez años y quince años (empresas de capital nacional o micro, pequeña o mediana empresa) quedan exentas del impuesto sobre los ingresos brutos, de Sellos, Inmobiliarios, en el pago del Derecho de Delineación y Construcción.
Los pretextos para otorgar incentivos fiscales fueron la creación de un Distrito del Deporte, un Distrito Biotecnológico y la Villa Olímpica para los Juegos internacionales de la Juventud 2018. Además de eso, el ejecutivo fue avanzando sobre la Comuna aprovechando oportunidades propicias para evadir instancias de control como lo fue el paquete de leyes aprobadas a finales de 2012 por el Pro y la oposición kirchnerista, conocido como “Pacto Pro-K” en las redes sociales. En aquella oportunidad se dispuso la concesión por treinta años de 37,5 de las 40 hectáreas del Parque Roca –espacio hasta entonces destinado a actividades deportivas y recreativas– a la Federación de Transporte para levantar una «terminal» de camiones de larga distancia que incluye exenciones impositivas, una estación de servicio, un restaurante y un hotel. Asimismo, en abril de 2014, se le confirió a través de un irregular sistema de leasing a la empresa TEBA, actual operador de la Terminal de Retiro, un predio de 38 mil metros cuadrados para construir una segunda terminal de ómnibus. El dueño de la empresa TEBA, Jaime Otero, tiene una larga serie de incumplimientos denunciados por la Auditoría General de la Nación además de pagarle el departamento que habitaba Ricardo Jaime en Buenos Aires. (4)
El Plan Integral de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, dentro de la cual se encuentra la Comuna 8, requerido por la Corte Suprema en la famosa causa «Mendoza» nunca fue elaborado ni presentado ante la justicia. Este plan debería discutirse previamente a todas las políticas urbanas que el GCBA está llevando a cabo en el sur de la ciudad. Además, el Plan Maestro por la Comuna 8 jamás fue debatido en la Comuna ni en el Consejo Consultivo. No se realizaron audiencias públicas convocadas con difusión amplia, ni se previó la participación de los órganos de representación de las villas (Ley 148).
Frente a la fuerte oposición al proyecto, el Pro lo modificó radicalmente para conseguir los votos necesarios para su aprobación. Fue así que el 5 de diciembre de 2013 se aprobó en primera lectura el proyecto de ley Nº 3257-D-2012 con un contenido más acotado que la versión original y muy distinto en lo que respecta a la urbanización de las villas. Incluso dejó de llamarse Plan Maestro para la Comuna 8 para ser llamado “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En esta nueva versión del plan se incorporan al Código de Planeamiento Urbano la zonificación caratulada como BARRIOS NUEVOS estableciendo excepciones a las normas generales del Código de Planeamiento Urbano y al de Edificación respecto al ancho de las calles, tipología edilicia y parcelamiento.
El proyecto autoriza la adopción de medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores del polígono y sin exigir el plano de obra registrado.
Del proyecto nuevo desaparecieron todas las tareas que antes le competían al Estado: el saneamiento ambiental, apertura de calles y pasajes, el programa de viviendas colectivas o individuales, la adecuación de la trama espontánea existente a fin de preservar su identidad según la normativa vigente, la provisión de equipamiento urbano y comunitario, la regularización dominial y posterior venta a sus actuales ocupantes. En el texto actual, el Pro vuelve a retomar el espíritu de privatización de la precariedad del Barrio Inta y lo aplica a todas las villas de la Comuna 8.
IV. Conclusiones
- Mediante la entrega de títulos de propiedad el Pro deja la cuestión de las villas a cargo del mercado inmobiliario, desentendiéndose de toda responsabilidad, sobre todo la de realizar obras de infraestructura y adecuación de las viviendas.
- El ejecutivo porteño se deshace de toda función inherente al Estado dejando que el mercado ingrese en los territorios, compre inmuebles que antes eran de dominio público y construya nuevos barrios. Este proyecto de ley es la herramienta institucional que autorizará al Pro a soslayar los inconvenientes legales para poder parcelar y escriturar en las villas.
- El Estado deja de comportarse como garante del derecho a la vivienda, a un hábitat adecuado, del Derecho a la Ciudad, tal como lo prescribe la Constitución de la Ciudad. Su función se limitará a la entrega de títulos de propiedad a sabiendas que el mercado comprará las tierras que actualmente ocupan las villas y hará que las familias por necesidad vendan sus inmuebles y abandonen sus territorios. Tierras que tendrán un muy bajo valor por la ausencia de adecuada infraestructura de servicios en las villas, deficiencia edilicia de las viviendas y baja capacidad constructiva establecida por la zonificación. Con ello repite una ley nefasta de la dictadura militar que permitió la construcción de miles de barrios cerrados en el conurbano bonaerense: La denominada “Ley de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires”, sancionada el 24 de octubre de 1977 por el gobernador de facto General Ibérico Saint Jean, que dejaba sin efecto la prohibición del loteo y la venta de terrenos que carecieran de servicios.
- Es evidente que no habrá solución habitacional para todas las familias que viven en las villas. Al otorgase títulos dominiales sólo a los “propietarios” quedan afuera los inquilinos y una solución para todos los hogares que viven hacinados en un casa. Lo único que importa es que el inmueble se transforme en una mercancía.
- La entrega de los títulos de propiedad sin garantizar la adecuación de la infraestructura barrial, la integración de la trama urbana constituye una titularización de la precariedad. Precariedad que no resistirá los embates del poder económico que terminará despojando a las familias de las villas de sus territorios.
- El GCBA no ha remitido a la Legislatura ningún plan de urbanización integral como lo exige la ordenanza Nº 4873. No ha cumplido con la ley Nº 148. Este proyecto de ley va en dirección contraria a lo que estas leyes han establecido. Las luchas villeras han conquistado el derecho a elaborar proyectos de urbanización para cada una de las villas en forma participativa. Han logrado que estos proyectos abarquen todas las dimensiones necesarias para lograr la integración de la trama urbana e igualdad en el acceso a los servicios públicos y a los bienes comunes antes de avanzar en procesos de regularización dominial. Este proyecto da vuelta todo este proceso, avanza con la entrega de títulos de propiedad sin dar ninguna garantía de que se cumplirán los otros pasos. El caso paradigmático es la villa 19 donde luego de varios años de avance con la entrega de títulos de propiedad no se ha elaborado un proyecto de urbanización participativo, no se han realizado las obras de infraestructura necesarias ni brindado una solución habitacional para cada una de las familias de la villa incluyendo a los inquilinos.
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