Testigos del hecho aseguraron que Neris Bouvet y Marcelo Fernández, propietarios de una estación de servicio y de un restaurante de la ciudad, respectivamente, que habían denunciado a los asambleístas por los perjuicios económicos que les ocasionaba el bloqueo, encabezaron la riesgosa decisión de despejar por su cuenta la ruta 135, que vincula Colón con Uruguay.

Fernández advirtió que si en horas de la noche los ambientalistas volvían a interrumpir el paso fronterizo, ellos retornarían hoy y volverían a habilitarlo, y aconsejó a los comerciantes de Gualeguaychú que procedieran del mismo modo con los vecinos que cortan la ruta 136, que conecta con Fray Bentos, donde se instalarán las dos plantas papeleras que provocan una crisis diplomática con el gobierno de Montevideo.

Bouvet, que había denunciado las pérdidas que tiene su despacho de combustibles, a tres cuadras del piquete, dijo que se reunió con comerciantes de la zona, a las 9. "De inmediato decidimos venir acá, a la trinchera… A limpiar la ruta, en una palabra. Hacer lo que tenía que hacer otra gente", dijo.

Debilitados

Para la asambleísta Marina Páez se trató de un comerciante y varios seguidores que actuaron de manera "intimidatoria", y aprovecharon "uno de los horarios más flojos" del piquete para quitar las barricadas y prenderlas fuego. A su lado, la militante Silvia Echevarría los calificó de "matones".

Acompañados por unos 30 empleados y jóvenes, los comerciantes irrumpieron a las 9.30 en el piquete de una manera que los testigos llamaron "intempestiva" y comenzaron a cortar alambres con tenazas, y a apilar palos para luego encenderles fuego antes de que llegara la Gendarmería.

Lo hicieron sin violencia, y ante los seis asambleístas que hacían guardia en una carpa, a metros del puente internacional, y que, ante la sorpresa y la diferencia numérica, no atinaron siquiera a ofrecer resistencia.

Los manifestantes de Colón se habían dividido antenoche: mientras un grupo de "históricos" de la Asamblea Ciudadana quería liberar el tránsito, como lo habían solicitado los gobiernos nacional y provincial, otros, argumentaron en favor de mantenerse sobre la ruta, y su posición se había impuesto en las dos últimas votaciones.

La oportunidad fue poco propicia, porque en ese mismo instante uno de los más activos militantes de la asamblea, Carlos Serrati, del grupo de los "blandos", había llegado al lugar con el abogado Miguel Angel Martínez con un documento que informaba a los manifestantes que la Asamblea Ciudadana se retiraba del corte de ruta.

"Era un montón de gente, yo había quedado sobre el auto mirando el reloj porque había llevado a Serrati al lugar, y todos nos sorprendimos con la irrupción de estos vecinos en varias camionetas", narró el abogado Martínez a LA NACION. El letrado dijo que la asamblea condenó más tarde "el acto de violencia" ejercido para desalojar a los manifestantes, y admitió que el organismo ambientalista no tiene jefes ni personería jurídica.

El jefe de sección de Gendarmería Nacional en Colón, segundo comandante Antonio Bogado, dijo que fueron tres camionetas con treinta personas que actuaron sin violencia.

Por Daniel Tirso Fiorotto
Para LA NACION

"Que prime la calma"

Colombi cruzó la Cordillera acompañado por su ministro de la Producción, Alfredo Aún, y por el director de Recursos Forestales de la provincia de Corrientes, Luis Mestres, uno de los funcionarios que con más énfasis fijaron posición en favor de la radicación de una papelera en territorio provincial en función de la necesidad que "tiene Corrientes de industrializar su madera".

Mestres se mantiene en el cargo desde la gestión del anterior gobernador Ricardo Colombi -primo del actual-, que llegó a protagonizar un duro cruce con el gobierno entrerriano por la decisión correntina de permitir la instalación de plantas procesadoras de pasta celulosa "en tanto se cumplan los requisitos ambientales estipulados por la ley vigente".

La postura oficial de Corrientes no sólo ha sido sostenida por la actual administración, sino que derivó hacia un paso concreto para plasmar el viejo proyecto que Bosques del Plata (del grupo CMPC) tiene en carpeta para el aprovechamiento de las 60.000 hectáreas de pinos y eucaliptos que esa empresa posee en la costa correntina del río Uruguay.

La idea de instalar una papelera en territorio argentino es evaluada por el holding chileno CMPC desde 1992, pero fue aplazada hasta mediados de la década en curso por razones estratégicas que el gobierno provincial ha decidido revisar con la mirada puesta en los próximos cuatro o cinco años, cuando la cuenca forestal de la provincia llegue a un punto de desarrollo ideal para abastecer a la industria del papel.

No es la primera vez que Colombi se pronuncia en favor de la instalación de una planta papelera en su provincia. El primer contacto del gobernador Colombi con los posibles inversores chilenos fue por medio de la presidenta del país vecino, Michelle Bachelet, durante la visita que ésta hizo a la Argentina el mes pasado. En esa oportunidad el mandatario correntino, tras participar de un desayuno de trabajo en la embajada chilena, anunció que viajaría al país trasandino para estimular inversiones en el rubro forestal.

Desde Chile, el mandatario señaló ayer que "estamos mostrando las posibilidades que ofrece nuestra provincia para acoger capitales interesados en la actividad industrial" y resaltó que fue invitado a recorrer instalaciones "por una empresa que tiene inversiones importantes en nuestra provincia".

José Luis Zampa