La magistrada sobreseyó a todos los músicos del delito de presunto cohecho, del que los había acusado el padre de una de las víctimas del incendio, quien consideró que el grupo era socio de Chabán en la organización de recitales, y por lo tanto, co-responsable de los pagos irregulares a policías.
La denuncia del abogado José Antonio Iglesias, quien perdió a su hijo en el incendio, señalaba que el grupo y el ex gerente de la discoteca se repartían las utilidades de los shows en una proporción de 30 y 70%, respectivamente.
Uno de los «gastos» habría sido, según Iglesias, el dinero entregado a los comisarios de la seccional 7ª, con jurisdicción en República Cromañón, hecho por el que Chabán y su segundo, Raúl Villarreal, se encuentran procesados, al igual que dos ex titulares de la comisaría.
Crotto destacó en su fallo, que el representante del grupo musical, Diego Argañaraz, señaló cuando fue indagado en 2005 que los gastos por servicio de «policía adicional» le eran informados por el gerente después de los recitales.
Ese rubro, a su juicio, consistía en el pago de 300 pesos a un patrullero que se ubicaba a las puertas del local, los que eran abonados por Villarreal.
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Sin embargo, con respecto a la banda «nada permite afirmar que todos o alguno de sus integrantes conociera que la entrega dineraria por parte de Chabán y Villarreal fuera espuria. Es decir, que fuera una retribución por la omisión de control».
La magistrada añadió como elemento de prueba los dichos del manager de otro grupo, quien coincidió con su colega de Callejeros en cuanto a que «el gasto de Policía era un servicio adicional que Chabán contrataba para cada presentación».
Además, subrayó Crotto, otros testigos afirmaron que los músicos nunca se entrevistaban con la Policía, sino que esos contactos eran exclusivamente del gerente de la discoteca y su segundo.
El sobreseimiento beneficia a Diego Argañaraz, Patricio Santos Fontanet, Juan Alberto Carbone, Daniel Cardell, Maximiliano Djerfy, Christian Torrejón, Elio Delgado y Eduardo Vázquez, quienes se encuentran procesados por presunto estrago doloso por su supuesta responsabilidad en el incendio del local.
Chabán y Villarreal comparten esa imputación, a la que se suma la de cohecho activo, por el pago ilegal de dinero a la policía.