Fuentes del bloque kirchnerista confirmaron a LA NACION que el Ejecutivo establecerá, por medio de otro decreto, la prohibición de transferir el 90% de las acciones a cargo del Estado en la nueva sociedad. Esa era, precisamente, la condición establecida por el Bloque Peronista Federal, que encabeza José María Díaz Bancalari (PJ-Buenos Aires), para apoyar la iniciativa.
Los dictámenes que tiene previsto aprobar hoy la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, que encabeza el kirchnerista Edgardo Depetri (FV-Buenos Aires), no serán aprobados en el recinto sin los reclamos de los bloques opositores, que piden la presencia del ministro de Planificación, Julio De Vido, para señalarle "severas irregularidades" en la estructura jurídica que el Ejecutivo aplicó a la empresa. Por su parte, el Senado tiene previsto respaldar hoy el decreto de rescisión del contrato con Aguas Argentinas, tal como lo hicieron los diputados la semana última.
Las críticas
En la oposición, las críticas se mantienen. Para ARI, de Elisa Carrió, la figura de la sociedad anónima que establece el decreto "tiene como única finalidad evadir los controles del Estado y parlamentarios" sobre AySA, según dijo a LA NACION el jefe de esa bancada en la Cámara baja, Eduardo Macaluse (Buenos Aires). Para el diputado, el Gobierno tendrá absoluta potestad para hacer y deshacer en la empresa en materias muy sensibles, como el plan de inversiones y la adjudicación de las futuras obras, sin que sus actos puedan ser fiscalizados.
El senador radical Gerardo Morales (UCR-Jujuy) reclamó la sanción de una ley de creación de la nueva empresa y que "contemple el acta constitutiva y los estatutos" que deberían regirla. "Además, el control de una empresa de esta envergadura debe estar en el Congreso", agregó Morales, que pretende que el Gobierno someta a la opinión del Parlamento el plan de acción y el presupuesto de AySA. Esa es la postura que llevará la UCR en el debate de la Cámara baja.
El senador Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta) objetó el hecho de que "las provincias terminen haciéndose cargo de las inversiones para la Capital y el Gran Buenos Aires", ya que las inversiones serán financiadas con fondos públicos.
"Es imposible expedirse sin conocer el plan de acción de la empresa. Es imprescindible que el ministro De Vido venga a la comisión a dar explicaciones", reclamó el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital). Su colega demoprogresista Luis Galvalisi (Capital) reclamó que el ministro de Planificación explique "cómo, quién y con qué herramientas regulatorias se controlará a la flamante empresa estatal".
