BAHIA BLANCA.- El Concejo Deliberante de esta ciudad inició ayer los trámites para suspender y, eventualmente, remover al intendente kirchnerista Rodolfo Lopes, involucrado en una causa en la que se investiga si incurrió en admisión de dádivas, malversación de bienes públicos, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Por 17 votos a favor y 7 en contra, el cuerpo legislativo local creó una comisión investigadora que tendrá por objeto revisar el expediente que se instruye en la Justicia, recabar otras pruebas y testimonios y evaluar la posibilidad de separar a Lopes de su cargo.
Lopes es el tercer funcionario kirchnerista que enfrenta un proceso de este tipo en menos de cuatro meses. En diciembre, la Legislatura de Tierra del Fuego destituyó al gobernador Jorge Colazo. Hace una semana, lo mismo ocurrió con Aníbal Ibarra en la Capital.
La base de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Gustavo Zorzano es una serie de escuchas telefónicas realizadas al intendente y a otros funcionarios municipales que comenzaron en los días previos a las últimas elecciones legislativas, por lo que se presume que la plata que Lopes cobró de tres empresas del polo petroquímico -a través de firmas locales que emitieron facturas presuntamente apócrifas- sirvió para solventar gastos relacionados con la campaña.
Lopes no fue candidato, pero se puso al frente de la campaña del Frente para la Victoria (FPV) local, que llevó en su boleta a la senadora Cristina Kirchner.
Ayer, el intendente del Partido de la Costa, Juan de Jesús, confirmó otra irregularidad: admitió que Lopes le había prestado el auto oficial de la municipalidad bahiense para realizar un viaje personal a Bariloche.
Al justificar el voto positivo de los diez concejales radicales, el presidente del bloque, Carlos Ocaña, señaló: "No podemos negar que estamos ante un tema de gravedad institucional. Este Concejo tiene la obligación de intervenir".
La propuesta tuvo también apoyo de los siete ediles del PJ (duhaldistas y kirchneristas no felipistas). Su titular, Esteban Obiol, dijo que los hechos investigados "alteran la tranquilidad de los ciudadanos" y pidió preservar "la gobernabilidad y el funcionamiento de las instituciones".
La defensa de Lopes estuvo a cargo de la bancada del FPV. "El principio de inocencia nos obliga a esperar los tiempos de la Justicia", reclamó Fabián Lliteras, quien centró su argumentación en que la ley orgánica de municipalidades sólo permite suspender al intendente si ya tiene condena firme, si se le dicta prisión preventiva o si lo que se investiga son faltas que no constituyen un delito perseguido por la Justicia.
"No queda aquí resquicio para la comisión investigadora", concluyó. Lliteras anticipó que el gobierno recurrirá a la Corte Suprema bonaerense: "Nos obligan a interponer ante la Justicia un conflicto de poderes".
Ayer también se resolvió que la comisión quedará integrada con 4 concejales de la UCR, 3 del PJ y 3 del FPV, por lo que la oposición seguirá teniendo los dos tercios de los votos.
Por Oliver Galak
Enviado especial
